El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó que tenga previsto abandonar el gobierno del presidente Donald Trump y aseguró que su intención es permanecer en la administración hasta el final del mandato, en medio de versiones sobre una posible salida del cargo.

En una entrevista con The New York Times, publicada este jueves, 5 de noviembre, Rubio rechazó los reportes que apuntaban a que estaba considerando dejar el gobierno y afirmó que continuar trabajando con Trump hasta que concluya su periodo presidencial “siempre ha sido mi plan”.

“No sé de dónde salen estas cosas, para ser honesto”, respondió al ser cuestionado sobre las versiones de su posible salida. “Me encanta el trabajo que estoy haciendo”, agregó.

Rubio, quien además de encabezar el Departamento de Estado se desempeña como asesor de Seguridad Nacional, también evitó hablar sobre sus aspiraciones políticas rumbo a las elecciones presidenciales de 2028.

vicepresidente JD Vance en caso de que decida competir por la candidatura republicana en los próximos comicios presidenciales. En mayo pasado, durante una entrevista con NBC News, Rubio lo describió como un buen amigo y aseguró que sería un candidato extraordinario.

“Si JD se postula a la presidencia, creo que sería un candidato fenomenal. Lo he dicho públicamente y lo repetiré: seré la primera persona en apuntarme y apoyarlo”, declaró entonces.

Rubio evita pronunciarse sobre críticas de JD Vance

Las declaraciones de Rubio ocurren después de que Vance publicara un análisis sobre los resultados electorales del miércoles, en el que responsabilizó a la guerra con Irán por el revés de los republicanos. El vicepresidente también señaló que parte del electorado del partido se había distanciado de la política de la administración respecto a Israel y de sus mensajes sobre la economía.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Vance, Rubio evitó pronunciarse directamente y sostuvo que no estaba “realmente involucrado en la política interna”.

Sin embargo, el domingo pasado, Trump invitó a Rubio a subir al escenario durante un mitin político en Kansas, donde elogió su trabajo e incluso bromeó con que tendría que despedirlo porque se había vuelto “demasiado popular”.

Durante su intervención, Rubio defendió las decisiones del presidente y reconoció que el aumento de los precios de la gasolina no era un tema del que pudieran presumir durante una campaña electoral.

Aun así, sostuvo que Trump merecía reconocimiento por tomar decisiones que consideraba necesarias, aunque no fueran populares entre los votantes.

“En última instancia, ese es el precio del liderazgo: la disposición a hacer cosas que pueden no ser políticamente populares o convenientes, pero que son necesarias para tu país y su futuro a largo plazo”, afirmó.

Washington. Estados Unidos ejecutó este jueves a tres presos en una misma jornada en Indiana, Florida y Alabama, todos mediante inyección letal, en un día en que Florida igualó su récord anual de penas capitales, establecido en 2025.

Las tres ejecuciones se producen en medio de un debate nacional sobre las condiciones en las que se aplica la pena de muerte, tras la fallida ejecución de Christa Pike en Tennessee, que sobrevivió a dos dosis de pentobarbital, y la finalmente abortada transmisión en directo de la ejecución por fusilamiento del militar Nidal Malik Hasan.

En el caso de Indiana, Jeffrey Weisheit fue condenado a muerte por iniciar en 2010 un incendio que mató a los dos hijos de su novia, de ocho y cinco años.

La inyección letal comenzó poco después de la medianoche y el recluso fue declarado muerto a las 00:45 horas (5:45 GMT) en la Prisión Estatal de Indiana.

Esta foto, proporcionada por el Departamento Correccional de Indiana, muestra a Jeffrey Weisheit. Departamento Correccional de Indiana vía AP

En Florida, Jesse Guardado, de 64 años, fue ejecutado a las 18:13 hora local (23:13 GMT), tras recibir una inyección de tres fármacos en la prisión estatal de Starke.

Guardado había sido condenado por apuñalar mortalmente en 2004 a Jackie Malone, una mujer de 75 años que lo había ayudado a conseguir trabajo y alojamiento tras salir de prisión. Antes de recibir la inyección, pidió disculpas a la familia de la víctima y a sus propios familiares.

La ejecución fue la decimonovena en Florida este año, con lo que el estado igualó el récord que estableció en 2025 bajo el mandato del gobernador republicano Ron DeSantis.

Fotografía de expediente carcelario cedida por el Departamento de Correccionales de Florida donde aparece Jesse Guardado, de 64 años. Foto: EFE/Departamento de Correccionales de Florida

Una hora después, Alabama ejecutó a Michael Taylor, de 54 años, declarado muerto a las 18:10 hora local (00:10 GMT del viernes) en el centro penitenciario William C. Holman, en Atmore.

Taylor fue condenado por matar a golpes con una barra de metal a Ivan y Lucille Moore, una pareja de 83 y 79 años, durante un robo en su casa en 1991, cuando tenía 19 años.

Sus abogados habían pedido que se le conmutara la pena por cadena perpetua y cuestionaron el cambio del método de ejecución, ya que Taylor había elegido previamente el uso de nitrógeno, pero un juez declaró inconstitucional ese procedimiento.

Esta fotografía sin fecha, facilitada por el Departamento Correccional de Alabama el jueves 5 de noviembre de 2026, muestra a Michael Taylor. Foto: Departamento Correccional de Alabama vía AP

Con estas tres ejecuciones, Estados Unidos suma 35 penas capitales en lo que va de año, de las cuales 19 corresponden a Florida, que concentra más de la mitad del total nacional.

La jornada supone la segunda ocasión este año en que tres personas son ejecutadas en Estados Unidos en un mismo día. Antes de 2026, la última vez que había ocurrido fue en enero de 2010.

En contraste, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este jueves que conmutará las penas de muerte de los 548 presos del corredor de la muerte del estado por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, en una de las mayores medidas de este tipo en la historia de Estados Unidos.

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Un juez ordenó a la primera dama de Colombia publicar, en un lapso de 48 horas, las cuentas detalladas de las donaciones que recibió su fundación para atender a las víctimas de un devastador terremoto, según el fallo obtenido por la AFP el jueves.

Ana Lucía Pineda, esposa del presidente derechista Abelardo de la Espriella, está a cargo de buena parte de las contribuciones de privados para atender a cientos de miles de afectados y reparar los daños por el sismo de 7.4 grados ocurrido el 10 de agosto.

El juez ordenó a su fundación Luz y Sonrisas entregar un «informe de gestión» en el que detalle «de manera clara, precisa, congruente» qué ha hecho con los aportes que «recibió, administró, canalizó o distribuyó», de acuerdo con el documento.

Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia durante una jornada de entrega de silla de ruedas en Barranquilla y Riohacha, Colombia. (05/11/2026). Foto: Fundación Colombia Luz y Sonrisas

La fundación, creada poco después de la elección del mandatario, informó en octubre haber recibido más de 17 millones de dólares.

Pero la oposición y algunos medios locales cuestionan que las donaciones anunciadas por De la Espriella en sus redes sociales suman más de 200 millones de dólares.

Además aseguran que casi tres meses después las ayudas no están llegando a las zonas más afectadas en el oeste del país, donde las pérdidas se estiman en unos 9 mil 500 millones de dólares.

La decisión responde a un recurso judicial interpuesto por el senador izquierdista Alejandro Ocampo.

«Ahora vamos a saber dónde está la plata», dijo el congresista en un video en X.

El informe presentado por Pineda indica que 48 mil personas recibieron ayuda humanitaria, sin especificar de qué tipo.

Tampoco detalla el dinero ejecutado en los lugares donde miles de viviendas, escuelas y hospitales quedaron en ruinas.

Pineda aseguró en una entrevista con Telecaribe que los recursos no se utilizaron «porque las ayudas humanitarias fueron suficientes». Agregó que el dinero se utilizará en una segunda fase de reconstrucción.

Una rescatista del Ejercito de Colombia da indicaciones a un grupo de voluntarios que realiza labores de búsqueda en edificaciones destruidas por el terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto en Pereira, Colombia. Foto: EFE

El 31 de octubre, la primera dama inauguró unas vallas en un municipio del departamento de Caldas (oeste), pero no entregó casas ni ayudas, lo que le generó críticas.

«Cuando el gobierno dice que recojan en una fundación privada, ya ese dinero entra al escrutinio público», agregó Ocampo.

El fuerte terremoto dejó más de 330 muertos y destruyó más de 30 mil viviendas.

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