Sin ningún cambio y en los mismos términos en que fueron aprobados por la Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios legislativos, Primera, del Senado, aprobaron en lo general y en lo particular, los dictámenes de las Minutas con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos (LFD), de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y por la que se expide la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el Ejercicio Fiscal 2027.

En reunión extraordinaria y luego del análisis discusión, ambas comisiones avalaron por mayoría aumentos a diversos servicios migratorios, financieros y de telecomunicaciones, así como limitar deducciones y pérdidas fiscales de las empresas, el combate al contrabando de combustibles automotrices y la condonación de multas y recargos para todos los deudores fiscales.

Además, autorizaron al gobierno federal ingresos por 10.6 billones de pesos, un endeudamiento interno de 1.7 billones de pesos y externo por 13 mil 500 millones de dólares así como un déficit fiscal de 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los dictámenes fueron avalados sin ningún cambio y en los mismos términos en que fueron aprobados por la Cámara de Diputados. Foto: Andrea Murcia Monsivais

Durante la discusión, el PAN en voz de Imelda Sanmiguel Sánchez, integrante de la Comisión de Hacienda, expuso las razones por las cuales no acompañaron el paquete de ingresos para el 2027.

Recriminó que no se tomaron en cuenta las propuestas puntuales de su partido para beneficiar al campesino, industria auto y pequeños y medianos empresarios. “El Senado no es una mera oficialía de partes”, expresó.

Señaló que la LIF trae más endeudamiento para pagar deuda, con lo cual el partido de Morena la duplicó al recordar que antes sumaba 10.5 billones de pesos, monto que creció hoy a más de 22 billones de pesos.

“La deuda debe convertirse en más infraestructura y bienestar y no para endeudar a las nuevas generaciones. Seguimos gastando en los berrinches de la 4T”, manifestó.

Aseguró que la Ley de Ingresos trae gasolinazos, contrario a lo que dicen, por lo cual los tachó de ser “una bola de mentirosos”.

PAN acusa endeudamiento. Foto: iStock

La morenista Olga Patricia Sosa, de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, refutó lo afirmado por los senadores de oposición.

Si bien respetó los puntos de vista de los legisladores que la antecedieron para posicionarse en contra, mostró su desacuerdo porque ellos fueron los que apodaron a los jóvenes como “Ninis”, mientras que el partido en el poder les da recursos para capacitarse con Jóvenes Construyendo el Futuro.

Enfatizó que, con los cambios propuestos, se busca mayor recaudación sin elevar las tasas de los impuestos para apoyar a quién menos tiene con la ampliación del Régimen Simplificado de Confianza (Resico), a favor del emprendedor porque tendrá más espacio para crecer.

“Se mantiene el rumbo de la 4T: Recaudar mejor por los que menos tienen”, afirmó.

Por el PAN, Mayuli Latifa Martínez, de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, expuso que el turismo es una actividad preponderante para México, y para Quintana Roo el 100%.

“No hay manera de sobrevivir, de ahí el aumento del pago de derechos con el cobro a turistas extranjeros, no lo necesitamos”, esgrimió.

Recordó que la naturaleza del pago de ese derecho, fue para la promoción turística en 1998: el 70% de lo recaudado se iba para la promoción turística y hoy 57% Sedena, 15% Instituto Nacional de Migración y el resto a la Tesorería de la Federación y cero para la promoción turística. “Por eso estamos en contra”, reiteró.

Por Morena, la senadora Araceli Saucedo, de la Comisión de Hacienda, defendió la minuta relacionada con la LIF, ya que los ingresos públicos no son solamente cifras sino la base fundamental para financiar infraestructura y programas sociales con recursos totales por más de 10 billones de pesos.

“No se trata de recaudar más sino fortalecer las finanzas públicas. Destaca el fortalecimiento de la recaudación, cerrar espacios al incumplimiento y modernizar las herramientas de recaudación”, puntualizó.

«Para eso necesitamos un SAT fuerte, para ampliar la capacidad del Estado mexicano», aseveró al mencionar que en la Ley de Ingresos se establece la obligación de la Secretaría de Hacienda de presentar el 31 de junio un estudio de ingreso-gasto análisis para conocer la contribución, beneficios e impacto de cada familia.

De esta manera, ponderó, la responsabilidad fiscal no termina cuando recauda el Estado sino ver el beneficio de la población.

Así, aseguró, que se van a destinar recursos a la salud, pensiones y para la adquisición de vacunas y para el fondo de pensiones para el bienestar.

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am/mcc

A unos días de que se de a conocer el resultado de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Guardia Nacional (GN) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información para el combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI).

La secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por medio de la GN proporcionará a la unidad antilavado de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), información contenida en sus bases de datos y registros que resulten útiles para el ejercicio de sus atribuciones.

En tanto la UIF, por su parte, podrá generar y compartir productos de inteligencia derivados de los reportes y avisos que recibe de los sujetos obligados, conforme a la legislación aplicable y a los mecanismos que acuerden ambas instituciones.

Así lo dio a conocer la SHCP en un comunicado en el que se destaca que dicho instrumento permitirá establecer mecanismos para el intercambio oportuno y eficaz de información y documentación que contribuya a identificar elementos constitutivos de ORPI y otras conductas relacionadas, así como fortalecer la identificación y el monitoreo del beneficiario final de bienes o recursos que pudieran tener un origen ilícito.

Se establece que para el intercambio se realizará bajo criterios de legalidad, seguridad, integridad y estricta confidencialidad.

Lo anterior porque hay obligaciones específicas para proteger los datos personales y la información reservada o confidencial, así como restricciones para su empleo fuera de los fines institucionales que dieron origen a su intercambio.

Incluye capacitación en materia de análisis operativo y estratégico, así como la integración de un grupo de trabajo encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones derivadas del convenio.

Con ello, Hacienda afirmó que se refrenda el compromiso de ambas dependencias para fortalecer la coordinación interinstitucional y las capacidades de inteligencia financiera para prevenir y detectar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en congruencia con los estándares y recomendaciones del GAFI.

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) limitó el salario con el que los trabajadores pueden incorporarse a la Modalidad 40, al establecer que podrán hacerlo con el último salario al causar baja con un patrón o hasta ese importe más una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El cambio quedó establecido en un acuerdo del Consejo Técnico del IMSS publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que también cierra el paso a los pagos retroactivos, ya que dispone que las nuevas incorporaciones se realicen exclusivamente a partir de la fecha de la solicitud.

Sin embargo, el especialista en seguridad social Ricardo Martínez Rojas advirtió que los cambios del Consejo Técnico “están fuera del marco legal”. Tendrían que primero modificar la ley”.

¿Por qué los cambios en la Modalidad 40 son ilegales?

El director del despacho legal De La Vega & Martínez Rojas sostuvo que el Consejo Técnico no puede restringir mediante un acuerdo las condiciones previstas en la ley, que permite calcular la pensión de cesantía en edad avanzada y vejez con base en el promedio de los salarios correspondientes a las últimas 250 semanas cotizadas.

persona se incorpore a la continuación voluntaria (Modalidad 40) con un salario distinto al que tenía cuando causó baja, sujeto a las disposiciones aplicables, por lo que limitarlo al último salario registrado más una UMA podría impedir que los trabajadores mejoren su promedio salarial mediante las aportaciones realizadas durante cinco años en la Modalidad 40.

El especialista consideró que cualquier modificación que restrinja los derechos de los asegurados debe realizarse mediante una reforma legal y aplicarse hacia adelante, sin perjudicar a quienes ya están inscritos ni alterar las condiciones bajo las cuales cotizan.

Advirtió que aplicar las nuevas reglas a trabajadores que ya pagan cuotas con un salario superior podría constituir una aplicación retroactiva en perjuicio de sus derechos, prohibida por la Constitución.

El acuerdo del Consejo Técnico establece, como medida temporal, que las personas inscritas en la Modalidad 40 al momento de su entrada en vigor conservarán las condiciones actuales hasta que concluya el periodo contratado. También reconoce las semanas y los salarios efectivamente pagados para el cálculo de sus futuros derechos pensionarios.

El especialista estimó que el IMSS puede tener argumentos para impedir que una persona pretenda contratar retroactivamente la continuación voluntaria por periodos en los que no estuvo asegurada bajo esa modalidad.

Sin embargo, sostuvo que la ley contempla mecanismos para recuperar derechos cuando una persona vuelve a cotizar en el régimen obligatorio y cumple los requisitos correspondientes.

Por ello, advirtió que el Consejo Técnico no puede modificar mediante acuerdos administrativos las condiciones establecidas en la legislación para recuperar esos derechos.

El acuerdo también ordena analizar durante los próximos seis meses el efecto financiero de la Modalidad 40 y, con base en los resultados, elaborar una propuesta de modificación normativa que deberá someterse a consideración del propio Consejo Técnico.

Martínez consideró que cualquier ajuste posterior deberá apegarse a la ley o acompañarse de las reformas legales necesarias, sin afectar retroactivamente a los asegurados.

En cuanto a la obligación de realizar las nuevas inscripciones exclusivamente por medios digitales, reconoció que la modernización administrativa puede reducir la burocracia, aunque advirtió que su implementación debe considerar las dificultades que enfrentan algunos trabajadores para utilizar estos sistemas.

Lo nuevo del acuerdo del IMSS, publicado el 21 de octubre de 2026

¿Qué cambia exactamente?

1. Se limita el salario para nuevas incorporaciones o contrataciones posteriores.

Antes era posible elegir un salario de cotización superior al que se tenía al dejar de trabajar, hasta el límite legal aplicable. Con el nuevo acuerdo, el salario será el último registrado al causar baja o hasta ese importe más una UMA, sin que sea inferior al salario mínimo general.

2. Se establece expresamente que no habrá nuevas altas retroactivas.

El aseguramiento comenzará exclusivamente a partir de la fecha en que se presente la solicitud. Esto impide utilizar una fecha anterior para iniciar una nueva incorporación.

3. La inscripción deberá realizarse exclusivamente por medios digitales.

El IMSS deberá ajustar sus sistemas para que los nuevos registros se tramiten mediante mecanismos digitales que permitan verificar y rastrear los movimientos afiliatorios.

4. Quienes ya están inscritos conservan temporalmente sus condiciones actuales.

Podrán permanecer en la Modalidad 40 bajo las condiciones vigentes hasta que concluya el periodo contratado. Sin embargo, el acuerdo no garantiza que puedan renovar o volver a contratarla con las mismas condiciones.

5. Se abre la puerta a nuevas modificaciones.

El IMSS deberá analizar el impacto financiero de la Modalidad 40 en un plazo de seis meses y, posteriormente, elaborar una propuesta de modificación normativa. Por ahora, el acuerdo no elimina esta modalidad.