Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) incluyen un esquema de adjudicaciones que vincula a un conglomerado de siete empresas que, además de haber sido beneficiadas por el órgano electoral a cargo de Guadalupe Taddei Zavala, también han obtenido contratos por más de mil millones de pesos en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de al menos 13 estados de la República.

Las indagatorias documentan que la relación de este grupo corporativo —liderado por el empresario José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo Francisco Hernández Casillas— con la actual consejera presidenta del INE se remonta al año 2014, cuando Taddei era titular del instituto electoral del estado de Sonora (2014-2021).

Fue en marzo de 2024 cuando la ASF detectó irregularidades entre la adjudicación directa que el INE le otorgó a la empresa Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., por un monto de 63 millones 241 mil pesos para la producción y distribución de materiales de simulacro del proceso electoral federal 2023-2024.

Derivado de las fiscalizaciones de la ASF, se investigan irregularidades por 514 mdp por parte de cuatro empresas del corporativo de los hermanos Hernández Casillas. Foto: Especial

Entre los hallazgos, se detectó una triangulación de recursos hacia otras empresas, motivo por el que la UIF inició una indagatoria.

Así, se identificó una red de al menos siete empresas vinculadas operativamente a los hermanos Hernández Casillas, las cuales se postulaban como competidoras en diversas licitaciones para asegurar los fallos a su favor.

Se trata de Cajas Graf, S.A. de C.V., proveedora de paquetes y cajas electorales a nivel estatal y federal; Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., dedicada a la producción de documentación electoral y materiales con candados de seguridad; Corporativo Zeg, S.A. de C.V., utilizada para contratos de impresión de boletas y actas de escrutinio; Seriplast de México, dedicada a la manufactura de insumos plásticos; Diseño Reconstrucción y Comunicación, dedicada a realizar estudios de mercado; así como las personas morales Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.

Fuente: ASF y UIF

Los registros de auditoría señalan que este grupo de empresas acumula contratos consolidados por más de mil millones de pesos en el ámbito local, con presencia documentada en al menos 13 estados.

Las investigaciones revelan que las empresas comenzaron a participar en licitaciones para obtener contratos electorales desde 2014, cuando Guadalupe Taddei trabajó en el Instituto Electoral de Sonora. Destaca el contrato IEEPC/LP/0- 03/2017 por 46 millones 879 mil 383.92 pesos, adjudicado a este grupo corporativo.

A partir de ese momento, el conglomerado comenzó a recibir contratos con OPLE de otras entidades. En 2018, la empresa Cajas Graf obtuvo el contrato 1/LPN/OPLEV- 401A02-001/2018 con el Instituto Electoral de Veracruz por 141 millones 775 mil 200 pesos para llevar a cabo el suministro de 12 mil paquetes electorales.

En Jalisco (IEPC Jalisco), la UIF documentó el contrato LPN-E-04-2024 asignado a Cajas Graf por un monto de 102 millones 160 mil 915.80 pesos; en Hidalgo (IEEH), se tiene cuenta de dos registros a favor de Cajas Graf, el primero bajo el procedimiento LP-IEE-002-2021 por 68 millones 980 mil 163.28 pesos y el segundo con el folio IEEH-DA-2022-085 por 65 millones 981 mil 373.62 pesos.

En 2021, el Instituto Electoral de Oaxaca (IEEPCO) otorgó una adjudicación directa a Corporativo Zeg por 32 millones de pesos, y posteriormente dio otra licitación por 36.09 millones de pesos a la misma empresa. Cabe destacar que, en este caso, los contratos se autorizaron durante la gestión de la entonces secretaria ejecutiva del órgano local, Iliana Araceli Hernández Gómez, cercana a Guadalupe Taddei y quien desde abril de 2026 es directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE.

Las autoridades federales también detectaron el contrato con folio DRM-017/21 que el Instituto Electoral de Chihuahua entregó a dicho conglomerado empresarial por un total de 33 millones 881 mil 653.52 pesos derivado de una licitación pública; en Quintana Roo (IEQROO) se avaló el contrato IEQROO/LPN/07/2022 por un importe de 29 millones 802 mil 439.28 pesos; en Sinaloa (IEES), se entregó una adjudicación directa por un monto de 27 millones 762 mil 525.50 pesos, y en Campeche (IEEC) se identificó el folio DEAPPAP/010/2021 por un valor de 24 millones 180 mil 207.54 pesos.

Las indagatorias revelan que en Aguascalientes (IEE Aguascalientes), durante el proceso electoral de 2024, Formas Finas y Materiales aseguró un contrato cercano a los 17 millones de pesos al presentarse de manera única en la fase de propuesta económica.

El órgano electoral del Estado de México (IEEM) otorgó, en marzo de 2023, la licitación IEEM/LP- N/03/2023 a Corporativo Zeg y Formas Finas y Materiales, que obtuvieron contratos por 8 millones 269 mil 76.82 pesos y 3 millones 6 mil 351 pesos, respectivamente.

En Querétaro, el Instituto Electoral (IEEQ) aprobó una asignación por 8 millones 644 mil 86.84 pesos destinada expresamente a la producción de material electoral para la jornada y etapas posteriores del proceso 2020-2021; mientras que en Zacatecas (IEEZ) se registraron contratos individuales por 2 millones 4 mil 234.95 pesos.

Dichos contratos son los más destacados, pero Cajas Graf acumula 22 contratos con 13 institutos estatales por un total de 586.3 millones de pesos, mientras que Formas Finas y Materiales registra 15 contratos en 11 entidades federativas, equivalentes a 540.1 millones de pesos.

Investigan tráfico de influencias y conflicto de intereses

Derivado de las fiscalizaciones de la Auditoría Superior de la Federación, se investigan presuntas irregularidades por 514 millones de pesos por parte de Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, y Cajas Graf.

Las indagatorias ministeriales y administrativas analizan presuntas conductas de tráfico de influencias y conflicto de intereses. Entre ellas, se tiene documentado el caso de Jesús Octavio García González, quien fungió como representante jurídico de las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg, y posteriormente asumió la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, área central en la validación y autorización de las compras institucionales.

De igual forma, se integró a la indagatoria la relación personal entre el empresario José Alfredo Hernández Casillas con Guadalupe Taddei Zavala.

Adicionalmente, la fiscalía mantiene una línea de investigación sobre Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del INE, por la recepción de transferencias bancarias directas provenientes de las cuentas de Cajas Graf y Corporativo Zeg, registradas bajo los conceptos de préstamos y viáticos.

Te puede interesar

Morena y oposición exigen investigar a Taddei; piden esclarecer presuntas irregularidades en el INE

¿Qué sigue tras la renuncia de Taddei al INE?; así será el proceso para elegir a su sucesor

Taddei, víctima de campaña neofascista: Noroña; «Que dé un paso al costado», dice senador Manuel Huerta

Dirigentes nacionales y legisladores federales de oposición del PRI y el PAN consideraron que la renuncia de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei es “insuficiente” y demandaron que haya castigo, “no más impunidad” en el órgano electoral y que la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación investiguen.

¿Qué dijo la oposición sobre la renuncia de Guadalupe Taddei?

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, consideró que el caso es una lección para Morena.

“Las instituciones democráticas no pueden convertirse en espacios para colocar perfiles afines o empleados al servicio del gobierno de Morena”, criticó.

La senadora tricolor Claudia Anaya afirmó que el asunto no debe quedar en la renuncia, sino “que no haya impunidad”; resaltó que fue la primera mujer en presidir el organismo, y ahora será la primera en dejarla por escándalos.

Lilly Téllez, senadora panista, recordó que hace dos años pidió la comparecencia de Taddei por otro caso de corrupción, cuando dio un contrato a la empresa inmobiliaria, Altasierra, presuntamente perteneciente a la familia del gobernador morenista de Sonora, Alfonso Durazo.

La vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, consideró que “la renuncia anunciada de Taddei era impostergable; su permanencia en el INE era políticamente insostenible”, pero remarcó que “no basta con irse, exigimos investigar los señalamientos, esclarecer responsabilidades, garantizar una sucesión transparente y blindar al INE de cualquier injerencia política”.

El también vicecoordinador panista, Héctor Saúl Téllez, acusó que “Morena promovió a Taddei y llegó la corrupción rapaz al INE”, por lo que “debe pagar el costo político”. Coincidió en que “la renuncia no debe significar impunidad, la ASF debe llegar a fondo en las investigaciones y la FGR debe iniciar una averiguación previa de oficio”.

Dijo que “ambas instituciones deben arrojar conclusiones que permitan sanciones ejemplares”. Además –resaltó– “en la Cámara de Diputados tenemos el gran reto de encontrar el mejor perfil para devolver al INE su integridad”.

El diputado Emilio Suárez, representante del PRI ante el INE, dijo que “hay un consenso entre las distintas figuras políticas” para exigir que Taddei aclare los hechos contrarios a la ley y que haya sanciones.

Monterrey, Nuevo León.— La atención médica privada se convirtió en una alternativa para derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con dificultades para obtener citas y medicamentos en Nuevo León.

Es el caso de Francisco Leyva, de 52 años, habitante de Apodaca y adscrito a la Unidad de Medicina Familiar 67.

Siendo un paciente con diabetes, ante la falta de insulina, busca atención en un centro médico particular. Paga 250 pesos por consulta y alrededor de 500 pesos por atención y algunos medicamentos.

“No me sobra el dinero. Esos 500 pesos hacen falta en la casa, pero prefiero gastarlos para cuidar mi salud antes que esperar a que se complique la diabetes”, señaló.

En Nuevo León hay cerca de mil establecimientos privados de salud a los que la población puede acudir para recibir atención médica, entre hospitales, clínicas y consultorios adyacentes a farmacias.

De acuerdo con las Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares (ESEP) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la entidad cuenta con 72 hospitales privados con servicio de hospitalización.

A estos se suman 198 clínicas de consultorios médicos, según un directorio basado en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), y 692 consultorios adyacentes a farmacias, conforme a la Clave Única de Establecimientos de Salud.

Otro caso es el de María González, de 43 años, quien es derechohabiente del IMSS y cuenta con un seguro de gastos médicos mayores contratado por su esposo.

Aunque tiene acceso a ambos servicios, prefiere acudir a hospitales particulares por la rapidez de las consultas y la atención especializada.

“La atención es rápida y los médicos te revisan con detenimiento. Aunque tenemos seguro privado, muchas veces los medicamentos los pagamos por nuestra cuenta, pues no los cubre la póliza. Prefiero atenderme ahí que esperar cita en el IMSS”.

Te puede interesar

¿En dónde se atienden los mexicanos sus enfermedades?; 30% de pacientes del IMSS recurren a atención privada

Temen que Corte deseche amparos sobre modalidad 40

Mano derecha de Lemus posee concesión de agua igual a 36 albercas olímpicas; deja el cargo