Nacionales
Vinculan a proceso a cuatro sujetos con armamento en Arizpe, Sonora; reciben prisión preventiva oficiosa
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Un juez vinculó a proceso a Nolberto “N”, Juan “N”, Marco “N” y Daniel “N”, por su probable participación en la comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud.
El juzgador les impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
Esto luego que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron a los sujetos en inmediaciones de una zona de la sierra de Sonora, dentro del municipio de Arizpe.

Arma decomisada en Avispe, Sonora. Foto: cortesía FGR
Los uniformados les aseguraron siete armas de fuego, 393 cartuchos para arma de fuego de diversos calibres, 44 cargadores de diversos calibres, casquillos.

Armas decomisadas en Arizpe, Sonora. Foto: cortesía FGR
También chalecos, tres lanzagranadas, cuatro vehículos y 19 gramos de marihuana.

Uno de cuatro vehículos decomisados en Arizpe, Sonora. Foto: cortesía FGR
En la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora presentó los datos de prueba ante el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal.
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Decomiso en Arizpe, Sonora. Foto: cortesía FGR

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em/apr
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Nacionales
PAN exige investigar contratos electorales en todo el país, tras escándalo del clan Taddei; pide transparencia en el INE
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El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, reiteró la exigencia de investigar a fondo las presuntas irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), ante la información que vincula a empresas proveedoras de materiales electorales con adjudicaciones realizadas en distintos estados del país.
En un comunicado, el dirigente panista sostuvo que la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del instituto no debe significar el cierre de las investigaciones, particularmente ante los nuevos elementos relacionados con contrataciones millonarias, posibles conflictos de interés y vínculos entre funcionarios y empresarios.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, las empresas señaladas en el caso Taddei obtuvieron contratos por aproximadamente mil 803 millones de pesos en organismos electorales de al menos 17 entidades federativas, lo que ha ampliado los cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación y supervisión de los recursos públicos destinados a la organización electoral.
Entre las compañías mencionadas se encuentran Cajas Graf y Formas Finas y Materiales, relacionadas con el grupo empresarial de José Alfredo Hernández Casillas, cuyos contratos forman parte de las investigaciones y revisiones de las autoridades competentes.
Acción Nacional consideró indispensable esclarecer si existieron adjudicaciones irregulares, simulación de competencia, conflictos de interés o cualquier otra conducta que pudiera constituir una responsabilidad administrativa o penal.
Romero Herrera reiteró que la denuncia de hechos presentada por Acción Nacional ante la Fiscalía General de la República (FGR) debe permitir identificar a todos los posibles involucrados, así como determinar si existieron responsabilidades de funcionarios y particulares.
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“No puede quedarse el Instituto Nacional Electoral solamente con una sustitución de su titular y ya, y darle vuelta a la hoja como si no hubiera pasado nada”, sostuvo el dirigente nacional panista.
También cuestionó el respaldo político que Guadalupe Taddei recibió del expresidente Andrés Manuel López Obrador y los vínculos de integrantes de su familia con gobiernos de Morena, y reiteró que Acción Nacional considera que el oficialismo debe asumir su responsabilidad política por las decisiones que respaldó durante su administración.
Insistió en que el esclarecimiento de estos hechos debe acompañarse de mayores mecanismos de transparencia y vigilancia, particularmente en las adquisiciones de boletas, materiales electorales y otros insumos utilizados para organizar los comicios.
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“Estamos muy preocupados de que si se simularon contrataciones pretendan simular elecciones. Tenemos que blindarlas”, advirtió Jorge Romero.
Finalmente, reiteró que la investigación de las presuntas irregularidades y el proceso de designación de la nueva presidencia del INE deben atenderse con transparencia, legalidad e independencia para garantizar que la autoridad electoral actúe con imparcialidad y respete la voluntad ciudadana rumbo a las elecciones de 2027.

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em/apr
Destacados
Luis Carlos Ugalde responde a acusaciones de fraude electoral en 2006: ‘¿Dónde están las pruebas?’
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El expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, rechazó los señalamientos que lo responsabilizan de ejecutar un supuesto fraude electoral en los comicios presidenciales de 2006, en los que Felipe Calderón obtuvo la victoria frente a Andrés Manuel López Obrador.
A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, Ugalde respondió a las acusaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo señaló como el ejecutor de un fraude presuntamente fraguado por el entonces presidente Vicente Fox y Calderón para impedir el triunfo del candidato de la izquierda.
El exconsejero electoral sostuvo que han transcurrido 20 años desde aquella elección y que las acusaciones sobre su actuación al frente del organismo electoral deben sustentarse con evidencias. También recordó que las impugnaciones de los partidos fueron revisadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), autoridad que declaró válida la elección.
“¡Atribuirme personalmente la ejecución de un fraude exige algo más: demostrar cómo habría ocurrido y presentar pruebas concretas!”, planteó Ugalde en su posicionamiento.
Vicente Fox, sostuvo que las declaraciones del exmandatario contribuyeron a deteriorar el ambiente político de aquella elección, pero rechazó que el entonces presidente de México tuviera el control del organismo electoral o participara en el conteo de los sufragios.
“Una cosa era lo que quería Vicente Fox y otra muy distinta las decisiones del IFE. Su actitud arrogante contribuyó a deteriorar el ambiente de aquella elección, pero Fox no controlaba al IFE ni participó en el conteo de los votos”, afirmó.
¿Qué respondió Morena a Ugalde?
En el mismo mensaje de Ugalde en X, Morena le respondió a través de su presidenta de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández, quien le dijo al exdirigente del IFE que siempre será recordado como el principal cómplice de uno de los fraudes electorales más dolorosos de la historia.
“Por más palabrería que pronuncies hoy. Además de que se vulneró el voto, la imposición de Felipe Calderón como presidente costó sangre, dolor, crecimiento de los grupos delictivos, violaciones a lo derechos humanos y el inicio de décadas de violencia en México”, escribió Citlalli Hernández.
La controversia se reactivó después de una entrevista del expresidente Vicente Fox con el medio digital The Objective, en la que habló sobre su intervención política para favorecer al PAN y evitar que López Obrador llegara a la Presidencia.
El 3 de noviembre, durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum retomó esas declaraciones y sostuvo que confirmaban la existencia de un fraude electoral en 2006. Un día después, señaló directamente a Ugalde como el ejecutor de la operación que, según su interpretación, buscó imponer a Felipe Calderón.
Nacionales
Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, rechaza acusaciones de fraude en 2006; exige pruebas ante señalamientos
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En medio del escándalo de corrupción que involucra a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, el expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, rechazó los señalamientos de Morena, que lo acusa de haber perpetrado un supuesto fraude en la elección presidencial de 2006.
En un video publicado en redes sociales, Ugalde afirmó que se trata de acusaciones sin sustento y recordó que han pasado 20 años desde aquella elección, cuyos resultados, dijo, ya fueron examinados por el Tribunal Electoral, autoridad independiente del IFE y del Gobierno, que valoró las pruebas presentadas y declaró válida la elección.
«Atribuirme personalmente la ejecución de un fraude exige algo más, demostrar cómo habría ocurrido y presentar pruebas concretas», señaló.
El exconsejero presidente sostuvo que el IFE de 2006 no era una oficina personal, sino un órgano colegiado integrado por nueve consejeros, vigilado por todos los partidos políticos y respaldado por el servicio profesional electoral en todo el país, con más de 900 mil ciudadanos seleccionados mediante sorteo para recibir y contar los votos en las casillas.
«¿Dónde están las instrucciones que supuestamente di? ¿Dónde están las grabaciones, los correos electrónicos o los testimonios que demuestren mi participación?», cuestionó.
Ugalde calificó las recientes declaraciones del expresidente Vicente Fox, en las que asegura que “yo hice ganar a Felipe Calderón”, como «irresponsables y erráticas», mismas que dijo, han alimentado la confrontación y la confusión. Aclaró que una cosa era lo que quería Fox y otra distinta las decisiones del IFE, ya que el exmandatario no controlaba al instituto ni participó en el conteo de votos.
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Luis Carlos Ugalde aclaró que actualmente no es diputado, senador, gobernador ni forma parte de partido político alguno, sino un ciudadano con derecho a expresar sus opiniones y vivir en libertad con su familia.
Afirmó que, como expresidente del IFE, está sujeto al escrutinio público y seguirá rindiendo cuentas, porque ello contribuye a fortalecer la democracia, pero advirtió que ello no implica aceptar acusaciones personales sin pruebas.
«Frente a estos señalamientos podría guardar silencio o responder con la misma lógica de descalificar, pero elijo otra vía, responder con hechos y defender el derecho de cualquier persona a disentir sin ser acusado desde el poder», dijo.
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Advirtió que cuanto mayor es el poder de una autoridad, mayor debe ser su responsabilidad para ejercerlo con prudencia y respeto, y recalcó que una democracia se deteriora cuando quienes ejercen el poder utilizan su capacidad de comunicación para intimidar o vulnerar a ciudadanos que no cuentan con los mismos medios de defensa.

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