Nacionales
Se les pierden 5 mil homicidios; llega subregistro a 17%
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En 2025, cuando el gobierno federal informó una baja en el número de homicidios en el país, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no contabilizó 5 mil 140 homicidios dolosos que sí aparecen en la más reciente Estadística de Defunciones Registradas (EDR) a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En un cruce de información comparando cifras reportadas por el SESNSP con las de Inegi, se detalla que en 2025 el secretariado registró 24 mil 348 homicidios con base en el número de carpetas de investigación, subregistro de 17%, con los 29 mil 488 que dio a conocer Inegi con base en los certificados y actas de defunción.
El tema, incluso lo reconoció ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera en Palacio Nacional, e instruyó a distintos funcionarios revisar junto con Inegi el contraste en la cifras dadas a conocer por una y otra institución.
En su análisis, el investigador y demógrafo de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, señala que si bien las mediciones son distintas, deberían parecerse: un certificado que dice homicidio debería implicar una carpeta de investigación.
Indicó que llama la atención que 2025, año que las autoridades consignan como el de mayor reducción de homicidios, sea también el de mayor subregistro con respecto al Inegi, pues 5 mil 140 homicidios más en las cifras del instituto con las del secretariado es una diferencia de más de 17 puntos porcentuales.
“Nunca una diferencia tan grande. En 2019 era de 2.6%, y aún en 2024 fue de casi 8%. Nunca una diferencia de 17%”, añade el investigador universitario.
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Esto tiene implicaciones en cómo se miden los avances en materia de homicidios. Según el SESNSP, la tasa de homicidios en 2025 (18.3 por cien mil) cae casi 22% respecto a 2024, y de acuerdo con Inegi, la tasa en 2025 (22.1 por cien mil) cae casi 13%. También se refleja en el promedio de homicidios diarios en 2025: 67 para el SESNSP vs 81 para Inegi.
Sin embargo, el análisis de Hernández Bringas indica que esas diferencias sólo se refieren al promedio nacional. La situación no es homogénea en los estados.
“Hay estados en los que la brecha con Inegi es muy considerable. Llama la atención Zacatecas, donde supuestamente hubo mayor avance en cifras oficiales (70%), pero que presenta un subregistro de 45% con respecto al Inegi. Quintana Roo, 44%; San Luis Potosí, 42%, y Estado de México, 40%. En general, 16 estados están por encima del promedio nacional (17%)”.
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En cambio, agrega, hay entidades donde las diferencias son muy menores o incluso inversas: Morelos (0%), Ciudad de México (9%), Veracruz (8%) y Oaxaca (12%).
Incluso, el demógrafo refiere que hay 10 entidades que concentran 85% de las víctimas, según Inegi y que no están en SESNSP (4 mil 386 de los 5 mil 140 crímenes), siendo el Estado de México donde Inegi registra mil 38 asesinados más que no aparecen en los datos del secretariado; Guanajuato, 775; Sonora, 484; Chihuahua, 442; Baja California, 373; Nuevo León, 346; Michoacán 291; Quintana Roo 242; Sinaloa 229, y Jalisco, 166.
Héctor Hernández Bringas agregó que la pregunta es por qué hay 5 mil 140 actas de defunción que consignan homicidios y que no están en carpeta de investigación. “Sin duda ello genera suspicacias. Existen incentivos en las fiscalías locales por reclasificar homicidios en otras categorías como homicidios culposos, suicidios u otros delitos contra la vida”.
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*Tiene como fuente los certificados y actas de defunción. **Hace sus mediciones a partir de carpetas de investigación. Fuente: Inegi y SESNSP.
Detalla que el Inegi hace revisiones o confrontas y logra rescatar algunos casos de evidentes homicidios que fueron mal clasificados. Pero no recupera todos.
Entre las sospechas más evidentes está la que ha establecido la organización México Evalúa: los homicidios se reclasifican a la categoría de “otros delitos contra la vida”.
El académico expuso que lo más preocupante es: “sucesos locales que dañan la integridad física, pero cuyas características técnicas varían según el código penal de cada estado”, es un cajón de sastre donde puede caber todo, incluso homicidios ocultos.
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Algunos de los estados con más brecha tienen altos niveles de registro en esa categoría. Lo cierto es que muchas fiscalías estatales pueden actuar con discrecionalidad al respecto. Sin duda hay un incentivo político para la reclasificación de los homicidios, concluye Hernández Bringas.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno mantiene una mesa de trabajo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para revisar la diferencia entre las cifras de homicidios dolosos registradas durante 2025, luego de que ambos organismos reportaran cantidades distintas de víctimas.
Al ser cuestionada sobre las razones de esta discrepancia durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo explicó que las cifras del gabinete de seguridad tienen como fuente principal los reportes de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República (FGR), que informan diariamente sobre las carpetas de investigación iniciadas por homicidios dolosos y el número de víctimas registradas en cada una.
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Detalló que, cuando ocurre un asesinato, la fiscalía correspondiente debe abrir una carpeta de investigación, independientemente de que se trate de un hecho relacionado con la delincuencia organizada, una riña u otra circunstancia.
En el caso de los delitos del fuero común intervienen las fiscalías estatales, mientras que los de competencia federal son investigados por la FGR.
“Los datos del gabinete de seguridad que presentamos aquí vienen de los datos de las fiscalías estatales y de la FGR. Cuando hay un homicidio doloso, sea por riña, sea por delincuencia organizada o por alguna otra situación, necesariamente se abren carpetas de investigación”, indicó.
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Precisó que las fiscalías de los 32 estados reportan diariamente sus registros al secretariado ejecutivo y estos datos son sometidos a revisiones semanales para actualizar las estadísticas.
Agregó que, al concluir cada mes se otorgan alrededor de 10 días adicionales para que las fiscalías entreguen cifras definitivas.
En contraste, expuso que la metodología del Inegi parte de los registros administrativos relacionados con las defunciones, particularmente de los certificados médicos de fallecimiento, elaborados por médicos legistas o personal médico, así como de las actas de defunción expedidas por los registros civiles de cada entidad.
Sin embargo, continuó, en el caso de 2025 se identificó una diferencia entre ambas estimaciones mayor a la observada en años anteriores, situación que también forma parte de la revisión que mantienen las instituciones.
“Entre la cifra preliminar y definitiva, en este caso en 2025, de los propios datos del Inegi hubo una diferencia mayor a la que había venido en los años anteriores. Entonces, lo que estamos es en una mesa de trabajo para ver por qué se dio esta situación”, indicó.
La Mandataria federal agregó que el análisis se realiza estado por estado para identificar las diferencias entre los homicidios reportados por las fiscalías y aquellos que posteriormente aparecen en los registros civiles utilizados por el Inegi.
Ante la pregunta de si los resultados de esta revisión serán dados a conocer públicamente, la Presidenta respondió que sí y aseguró que se informará sobre las conclusiones de las mesas de trabajo.

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dmt
Legisladores del PAN y PRI en el Congreso de la Unión pidieron que la Secretaría Anticorrupción investigue a fondo el conflicto de interés, pagos en exceso y adeudos millonarios de la empresa Broxel con 39 dependencias gubernamentales.
Además, solicitaron que se hagan públicos los resultados de las investigaciones de lo que llamaron un modus operandi de Morena para desviar recursos, por la similitud que existe con la adjudicación “a modo” de contratos en el Instituto Nacional Electoral (INE).
En entrevista con EL UNIVERSAL, el senador Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado, pidió que se investigue a fondo a la empresa dedicada a la dispersión de recursos a través de monederos electrónicos y vales electrónicos de despensa.

La empresa Broxel emitió los monederos electrónicos que fueron repartidos a los 254 diputados federales de Morena. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
“Esto tiene que investigarse y desde el Senado vamos a pedir la información que se requiera puntualmente. Tiene que ser público cuáles son las razones, no vaya a pasar otro escándalo como el del INE, que al final de cuentas tuvieron que aceptar todas las transas y corruptelas que se hicieron, pero sin adelantar juicios de valor, creo que es muy importante que se investigue y se llegue a las conclusiones necesarias en caso de que existan estas irregularidades”, manifestó.
El líder priista señaló que en el actual régimen se han presentado varios casos similares, en los que se involucran integrantes de Morena con empresarios afines, en presuntos actos de corrupción.
“Este gobierno de Morena va de escándalo en escándalo, si no es el huachicol fiscal, es Mario Delgado con Julio Carmona, Sergio Carmona, si no es Andy López Beltrán, es Amílcar Olán, y ahora el tema de Taddei, Morena y el INE. El manto de impunidad de Morena, ya se les está acabando ese manto, ya está más chiquito con tanto escándalo”, subrayó Añorve Baños.
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Por su parte, el diputado Federico Döring, vocero del PAN en la Cámara de Diputados, dijo que su partido pedirá que se investigue a fondo a Broxel “y sus nexos oscuros con el gobierno”.
Solicitó a la Secretaría Anticorrupción un informe detallado sobre las operaciones financieras, personalidades jurídicas y acuerdos comerciales entre la empresa Broxel e instituciones del gobierno federal y la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro, porque “los diputados de Morena replican esquemas del taddeismo”.
“Tantos contratos, tanto amor, tanto apoyo a Broxel sólo se explica por las complicidades de los hermanos Siliceo. Es evidente que es el mismo modus operandi de Morena por todos lados, como Amilcar y Andy, como Hernández Casillas y Taddei, como Broxel y el gobierno de Morena”, expresó en entrevista con EL UNIVERSAL.
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El diputado Döring afirmó que las acusaciones contra Broxel forman parte de un modus operandi de Morena, aplicado en otros casos que involucran desvío de recursos, donde participa un entramado de empresas y personas afines al régimen.
“Usan empresas afines, usan empresarios comprometidos con el proyecto partidista para llenarlos de contratos y llenarse los bolsillos de dinero desviado, roban para promover el bienestar de los militantes de Morena”, dijo.
La diputada Paulina Rubio (PAN) aseguró que el gobierno federal sólo anuncia investigaciones “para crear la precepción de que algo se hace”, pero no castiga a los culpables.
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“En México estamos hartos de sus anuncios de investigaciones y que tengan todas las pruebas y los señalamientos necesarios para proceder, y tengamos que conformarnos con estos petardazos de alegría, en donde se habla de investigaciones y de señalamientos sin que se pueda llegar a los culpables y sin que se pueda ejercer la justicia necesaria”, dijo.
Refirió que un caso emblemático es el del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, en el que existen pruebas en su contra, por las que se congelaron sus cuentas bancarias, pero al final se las regresaron.
“Ahí tenemos el claro ejemplo de lo que está sucediendo con Rubén Rocha Moya, un gobernador señalado por sus vínculos con el crimen organizado, y hoy (ayer) amanecemos con la noticia de que tiene cuentas descongeladas, mientras se llenaron la boca anunciando el congelamiento de cuentas, así como lo hicieron con el congelamiento de cuentas de Guadalupe Taddei, pero cuando se llega al descongelamiento no dicen ni pío”, comentó.
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Este rotativo dio a conocer la semana pasada que la empresa Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V. también emitió los monederos electrónicos que fueron repartidos a los 254 diputados federales de Morena.
Sólo en 2025 Servicios Broxel obtuvo contratos por más de 10 mil millones de pesos con la administración pública federal.

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dmt
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Ryan Wedding, narco canadiense, con gustos excéntricos; Ducati 1971 y Honda 1987, entre su colección de 62 motocicletas
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El capo y exatleta olímpico Ryan James Wedding poseía 62 motocicletas, todas de modelos clásicos, exclusivos y de alta gama, con precios que rondan hasta los 2.5 millones de pesos. La colección también incluía modelos de competencia, que van de los años 60 al 2020, entre las que destacan: Ducati, Honda, Kawasaki, MV Agusta, Suzuki y Yamaha.
Uno de los criminales más buscados por Estados Unidos era dueño de una motocicleta de pista (deportiva) marca Ducati modelo 1971, además de otro modelo marca Honda de 1987, considerada “una de las motocicletas de pista más icónicas y avanzadas de la historia del Mundial de 500cc (MotoGP)”.

Motocicleta de pista marca Ducati, serie 454774, modelo 1971: Motocicleta clásica Ducati de pista (deportiva) fabricada en el año 1971 y que destaca por su autenticidad y originalidad. Foto: Indep
El canadiense también poseía una Ducati, Desmosedici GP8 modelo 2008, descrita como una “icónica motocicleta de competición desarrollada para el Campeonato Mundial de MotoGP”, así como la Ducati 996 Superbike modelo 2001, con un título del Campeonato Mundial de Superbikes, ganado por el reconocido piloto australiano Troy Bayliss.
Todas fueron decomisadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y 57 de ellas, subastadas durante la semana por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), por un monto de casi 71 millones de pesos. Las cinco restantes se subastarán el próximo 27 de noviembre. El gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad, informó sobre este incautamiento histórico en diciembre de 2025.
Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum entregó un cheque por 40 millones 228 mil 799.34 pesos, obtenidos de la subasta, para la construcción del Proyecto Integral para el desarrollo del Conservatorio de Música y Centro Cultural de Tultepec, en el Estado de México.
“Participaron, además, instancias y personajes del mundo de los deportes de todo el mundo, extranjeros que vinieron, coleccionistas muy especiales, que incluso dieron conferencias de prensa para cadenas internacionales, donde mencionan que muchas de estas motocicletas van para museos en otras partes del mundo”, destacó Mónica Fernández Balboa, directora del Indep.
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Motocicleta marca Ducati 996, Superbike, modelo 2001: El Indep aseguró que destaca por su diseño de culto, su chasis multitubular de acero y su palmarés en competición, incluyendo el título del Campeonato Mundial de Superbikes ganado ese año por el piloto australiano Troy Bayliss. Foto: Indep
Ryan Wedding nació el 14 de septiembre de 1981 en Thunder Bay y de acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), creció en una familia de deportistas. Desde temprana edad comenzó su trayectoria en el snowboard, deporte de alto rendimiento, y ganó distintos premios locales. Años más tarde representó a Canadá durante los Juegos Olímpicos de Salt Lake City (Utah) 2002. Tras su participación en la disciplina eslalon gigante paralelo, terminó en el lugar número 24 y posteriormente se retiró.
Medios estadounidenses reportan que tras su retiro, comenzó a cultivar marihuana, por lo que autoridades lo capturaron en 2008 y recibió cuatro años de prisión. Al salir, comenzó a liderar una organización criminal y huyó a México, donde fue detenido el viernes 23 de enero pasado.
Kash Patel, director del FBI, informó sobre el arresto y destacó la participación del HRT del FBI (Equipo de Rescate de Rehenes), al CIRG (Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos) y la aviación del gobierno de EU. Sin embargo, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch aseguró que el canadiense se había entregado «voluntariamente» a las autoridades estadounidenses.
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Motociclista de pista, marca Ducati, marca Honda, serie ELF4-001, modelo 1987. Una de las motocicletas de pista más icónicas y avanzadas de la historia del Mundial de 500cc (MotoGP) Foto: Indep
En marzo de 2025 entró a la lista de 10 criminales fugitivos más buscados y el 19 de noviembre, el FBI aumentó la recompensa de 10 a 15 millones de dólares y ofreció recompensas adicionales a quien brindara información de su localización, luego de que Wedding fuera acusado de ordenar el asesinato de un testigo federal en enero de ese año.
Durante una conferencia de prensa, funcionarios de Estados Unidos y Canadá describieron a Wedding, —conocido también como: “James Conrad King”, “Jesse King”, “Gigante”, “Public Enemy”, “Boss”, “Buddy”, “Grande”, “El Jefe” y “El Toro”—, como un narcotraficante comparable a capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Pablo Escobar. La ex fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que la operación de Wedding generaba más de mil millones de dólares anuales en ingresos por tráfico de drogas ilegales.
Recientemente, la Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Central de California informó que una red de sobornos, que implica a funcionarios públicos mexicanos, palabras clave a las autoridades, incluyendo militares de México, y filtraciones, protegió al exatleta olímpico canadiense.
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Se menciona una acusación formal de dos cargos contra Édgar Aarón Vázquez Alvarado, de 42 años, alias “El General” o “Mini”, quien fue abatido a tiros la semana pasada por fuerzas federales.
La acusación señala que este «se presentó como fundador y jefe de El Cártel Nuevo Imperio, una violenta organización criminal que operaba principalmente en la Ciudad de México”, pues traficaba cocaína para la organización criminal de Wedding y proporcionaba a sus miembros palabras clave que se alternaban a diario.
Detalla que «desde octubre de 2024 hasta enero de 2026, Vazquez ayudó a Wedding a eludir la detección por parte de las fuerzas del orden estadounidenses». Además, Roberto Gómez, de 51 años —alias “Rob Flores”, “Fat Boy” o “Rooster”—, ciudadano estadounidense, operó como proveedor intermediario de narcóticos para múltiples organizaciones criminales transnacionales, incluida la de Wedding, entre 2016 y 2026.
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Motocicleta marca Ducati, Desmosedici GP8, modelo 2008. Icónica motocicleta de competición desarrollada para el Campeonato Mundial de MotoGP. Foto: Indep
Por otro lado, la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Los Ángeles informó el 5 de noviembre pasado sobre la detención en Colombia de Luis Benítez Alcántara, un juez federal mexicano acusado de recibir sobornos por dos millones de dólares para favorecer a la red de Ryan Wedding y a sus asociados, detenidos por cargos de narcotráfico.

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Publican «Ley Antimemes» en el Diario Oficial de la Federación; estos son los años de cárcel y multas
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En su edición vespertina de este viernes 13 de noviembre, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocida como «Ley Antimemes».
Así, se impondrá cárcel de tres a siete años y multa de mil a 10 mil días a quien publique una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre.
El decreto publicado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indica que se impondrá prisión de tres a siete años y de mil a 10 mil días multa a quien venda u ofrezca en venta los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública (SEP).
También al editor, productor o grabador que produzca más ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, que los autorizados por el titular de los derechos, o a quien use, a escala comercial y sin la autorización correspondiente, obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor.
Además, se impondrá prisión de cuatro a 10 años y de dos mil a 20 mil días multa a quien produzca, reproduzca, introduzca al país, exporte, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende, a escala comercial, copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor.
Igual pena se impondrá a quienes, a sabiendas y de cualquier forma, aporten o provean materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de dichas obras, o suministren recursos económicos o de cualquier especie, con el fin de financiar la realización de las conductas descritas en esta fracción.
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Asimismo, a quien fabrique, a escala comercial, un dispositivo o sistema para desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación, sin perjuicio de la pena que corresponda por otros delitos.
Y a quien grabe, transmita o haga una copia total o parcial de una obra cinematográfica protegida, exhibida en una sala de cine o lugar que haga sus veces, sin la autorización del titular del derecho de autor o derechos conexos.
Se impondrá cárcel de dos a seis años y de mil a 100 mil días multa a quien venda u ofrezca en venta, a escala comercial, a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos copias de obras, fonogramas, videogramas o libros a que se refiere la fracción I del artículo 424 Bis del Código.
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Si la venta o la oferta en venta se hace en establecimientos comerciales, locales fijos, puestos temporales o semifijos, de forma física o empleando medios electrónicos; o si dicha actividad se ejecuta de manera organizada, sistemática o reiterada, se impondrá la pena de cuatro a 10 años de prisión y de dos mil a veinte mil días multa.
Destaca que se impondrá prisión de tres a siete años y de mil a 10 mil días multa al que explote una interpretación o una ejecución, sin derecho y a escala comercial.
Contempla cárcel o multa a quien fabrique, modifique, introduzca al país, exporte, distribuya, venda o arriende un dispositivo o sistema para descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.
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Y a quien realice cualquier acto, a escala comercial, con la finalidad de descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.

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dft/bmc




