El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Pablo Albán, exigió al gobierno mexicano aclarar quiénes son las 16 mil personas desaparecidas que asegura haber localizado a lo largo del último año, si fueron reunidas con sus familiares o si éstos recibieron información acerca de su paradero, y advirtió que aún quedan más de 120 mil personas por encontrar.

Después de que su reconocimiento a los avances reportados por México fuera difundido como una felicitación al gobierno federal, Albán precisó que estas cifras deben verificarse y que aún cuando las localizaciones sean ciertas, no pueden emplearse con el objetivo de dejar de lado la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

“Para que no se tergiversen mis palabras ayer ante la Tercera Comisión de la Asamblea General: si es verdad que los esfuerzos de México han permitido la localización de 16000 personas desaparecidas en el último año es algo que hay que felicitar”, escribió mediante su cuenta de X.

Pero estableció tres precisiones sobre el alcance de sus declaraciones y la obligación de las autoridades mexicanas de continuar con las labores de búsqueda:

La primera consiste en conocer la identidad de las personas reportadas como localizadas y determinar si regresaron con sus familias o si, cuando menos, sus familiares fueron debidamente informados.

La segunda es que las cifras oficiales no modifican la magnitud de la crisis, porque de confirmarse las 16 mil localizaciones, todavía permanecerían más de 120 mil personas pendientes de encontrar.

La tercera se refiere al papel de las familias buscadoras y a la intervención del propio Comité de Naciones Unidas.

Juan Pablo Albán sostuvo que si los resultados anunciados por el gobierno mexicano son correctos, deben reconocerse también los esfuerzos de las familias y la activación del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Afirmó que dichos avances no eximen a la Asamblea General de examinar la situación de México y, de ser necesario, adoptar medidas en respuesta a la decisión de su Comité de remitirle el caso.

El pronunciamiento se dio un día después de que Albán presentara su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, Estados Unidos, donde reconoció los esfuerzos de México para localizar a personas desaparecidas, pero insistió en la necesidad de mantener la cooperación internacional.

Durante esa sesión, el presidente de este Comité recordó que el organismo identificó indicios fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, así como de la persistencia de su práctica en el país.

Precisó que esa determinación no significa que se haya establecido la responsabilidad internacional del Estado mexicano ni que el Comité contra la Desaparición Forzada haya encontrado una política federal dirigida a cometer desapariciones forzadas.

El artículo 34 de la Convención permite al Comité llevar de manera urgente una situación a la atención de la Asamblea General cuando recibe información con indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se practican generalizada o sistemáticamente en un Estado parte.

El propósito de este procedimiento es que Naciones Unidas examine la situación y valore posibles medidas de cooperación y asistencia internacional para atender las desapariciones, fortalecer las investigaciones y apoyar a las víctimas.

El gobierno mexicano, sin embargo, reiteró su rechazo a la interpretación del Comité acerca del alcance y la aplicación de ese artículo.

Durante la sesión, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, sostuvo que México no tolera ni consiente la desaparición de personas y defendió las acciones emprendidas para fortalecer los mecanismos de búsqueda.

La revisión ha generado inquietud entre colectivos de familiares de desaparecidos, que han cuestionado la falta de información sobre los criterios de selección de los especialistas y han exigido garantías de que ninguna persona sea excluida injustificadamente del registro.

En su aclaración de este miércoles, Albán insistió en que los resultados anunciados por México no eliminan la responsabilidad de la Asamblea General de analizar la situación que el Comité puso en su conocimiento.

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dft

Jorge Romero, dirigente del PAN, quiso ‘colgarse’ de las protestas de los trabajadores del IMSS y terminó ‘funado’ por los manifestantes quienes lo corrieron al grito de “ratero”.

Romero y legisladores del PAN llegaron a las afueras de las oficinas del IMSS ubicadas en Paseo de la Reforma y criticaron la falta de medicinas y las malas condiciones en los hospitales.

“Los trabajadores de la salud no pueden seguir enfrentando esta crisis sin los recursos necesarios para atender a las familias. Desde @AccionNacional exigimos mejores condiciones laborales y que Zoé Robledo renuncie por su incapacidad”, publicó en su cuenta de X.

Pero su presencia fue rechazada por los trabajadores del IMSS, quienes acusaron al PAN de quererse ‘colgar’ de las protestas de este miércoles 21 de octubre.

cuentas individuales administradas por Afores para las futuras jubilaciones.

IMSS propone aumento de 8%; trabajadores lo rechazan

Zoé Robledo hizo el anuncio este miércoles 21 de octubre, tras mesas de negociaciones con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

“Se aprobó un incremento adicional para que pase de 6.8 por ciento a 8 por ciento, compuesto por 4 por ciento al salario tabular y 4 por ciento a la ayuda para pago de renta de casa habitación”, detalló en conferencia de prensa.

Robledo también aseguró que se basificará a 10 mil 939 trabajadores eventuales que fueron contratados por el IMSS durante la pandemia de COVID-19. La medida, destacó, “permitirá fortalecer los servicios de urgencias, hospitalización, cirugía, consulta y farmacia”.

No obstante, la propuesta fue considerada como “una burla”, dijo Rafael Soto, enfermero del Centro Médico Siglo XXI y uno de los voceros de los trabajadores del IMSS.

“Les queremos decir a todos los compañeros del país que la lucha se mantiene, que los edificios que tenemos tomados se mantienen tomados y que nos preparamos para continuar con las movilizaciones, iniciando hoy en el Centro médico Nacional Siglo XXI”, sostuvo.

Con información de Fernando Merino

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta conocida como «Ley Antimemes», la cual reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

En medio de pancartas con la leyenda de “Censura de Morena” imágenes con memes alusivos a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena, y carteles de lápidas con la leyenda “aquí murió la libertad de expresión”, la reforma fue aprobada por mayoría de 312 votos por parte de Morena, PT y PVEM, así como 119 sufragios en contra del PAN, PRI y MC.

La minuta establece penas de hasta 5 años de prisión por el uso de identidad gráfica institucional con la intención de inducir al error o al engaño para cometer un ilícito.

En el debate, el diputado del PAN, Israel Damián Retes, aseguró que lo que realmente busca la reforma “es censurar a los mexicanos”.

“Aquí en la Cámara de Diputados hay una tentación autoritaria que debemos frenar, diputadas y diputados, tratar la crítica ciudadana como una amenaza de Estado. Todo esto en medio de una ola de periodistas asesinados, mientras quienes ejercen el periodismo necesitan protección y los políticos de Morena quieren protección contra las caricaturas”, denunció.

El congresista, sostuvo que la redacción de la reforma es ambigua y abre la puerta a la censura, por lo que retó a integrar un párrafo expreso en el que se puntualice que los cambios legales no afectarán a quienes publiquen memes o realicen trabajo periodístico.

“Dicen que no quieren censurar, pero entonces está muy sencillo. ¿Por qué no aceptar una protección expresa en la ley para proteger el periodismo y los memes? Es un párrafo, son dos líneas, ¿le entran? Porque el peligro no está solamente en una condena, está en la amenaza de una denuncia, en el miedo que termina por callar ciudadanos”, aseveró.

Por parte del PRI, el diputado Emilio Suarez Licona, dijo que la ambigüedad del artículo 403 bis de la Ley de Propiedad Intelectual, “puede conducir a la censura y autocensura en creadores de contenidos, caricaturistas, comediantes y cualquiera que haga sátira política”.

La bancada de Morena, PT y PVEM defendieron el proyecto; explicaron que se imponen penas de 1 a 5 años de prisión y multas de mil a diez miel UMA a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore —a escala comercial— la identidad gráfica institucional, logotipos, emblemas, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno con la intención de inducir al error o engaño para cometer un ilícito.

El diputado de Morena, Julio César Moreno, aseguró que lo que realmente garantiza la reforma es “proteger el talento, la creatividad y el trabajo de millones de mexicanas y mexicanos que todos los días crean, inventan, producen e innovan”.

“Estamos hablando de una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que actualmente el Código Penal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para combatir con mayor eficacia la piratería y la falsificación, porque detrás de una marca, una canción, un libro, una película o una tecnología hay trabajo, conocimiento, esfuerzo y muchas veces años de dedicación que merecen ser protegidos”, aseveró.

Tras su aprobación en lo general, se procedió al debate en lo particular.

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