Nacionales
‘Quitar escuelas militarizadas afecta a casi 13 mil alumnos’
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La decisión del gobierno federal de desaparecer las escuelas militarizadas del país dejará en incertidumbre a al menos 12 mil 813 estudiantes, mientras persiste un vacío jurídico sobre qué prácticas están permitidas en estos modelos educativos y cuáles deben sancionarse.
Un análisis de la Iniciativa de educación con equidad y calidad (IEEC) de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, advierte lo anterior y señala la necesidad de establecer reglas claras para diferenciar entre abusos y ejercicios de disciplina positiva o legítima.
El estudio establece que no puede asumirse que toda forma de educación militar o castrense implica abusos.
“La disciplina positiva o legítima es el fomento de la autorregulación, la puntualidad, la responsabilidad, el trabajo en equipo y la convivencia pacífica. Las bandas de guerra o equipos representativos deportivos con arraigo en secundarias y bachilleratos tecnológicos pueden ser ejemplos positivos de esta disciplina”, dice el documento.
La IEEC considera necesario que la Secretaría de Educación Pública (SEP) atienda el vacío normativo con reglas claras sobre las prácticas permitidas y evite estigmatizar ejercicios de disciplina positiva o legítima que quizá de manera equivocada son asociados socialmente con lo “militar”.
El estudio fue elaborado tras la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, en un campamento de verano de una academia militarizada privada en Tamaulipas.
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La investigación sostiene que el problema no se limita a las denuncias de maltrato que existen en las escuelas, no sólo en las militarizadas; también señala la falta de coordinación entre la SEP federal, las secretarías estatales y sus órganos municipales para la supervisión de los planteles.
También advierte una contradicción entre la postura actual de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que afirma que la educación militarizada no está permitida por la ley.
Marco Fernández, investigador de la IEEC, señala que hay preocupación porque en los argumentos de la autoridad se asume de manera equivocada que una opción militarizada implica el uso de violencia como parte del modelo educativo.
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“Una opción militarizada no implica el uso de la violencia como parte del modelo educativo, eso es completamente falso”, sostuvo.
Según la revisión realizada por la IEEC al Formato 911 del ciclo escolar 2024-2025 y al Catálogo de centros de trabajo, se identificaron 59 servicios educativos militarizados en los tres niveles educativos. De ellos, 55 reportaron matrícula y cuatro no se encontraban activos.
Los planteles con estudiantes inscritos se distribuyen en 18 de los 32 estados y concentran una matrícula de 12 mil 813 alumnos. La oferta está integrada por 18 escuelas de educación básica, 36 de educación media superior y una institución de educación superior.
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El análisis advierte que la discusión pública se ha concentrado en las academias privadas, pero los datos muestran una realidad distinta. Aunque 30 de las escuelas son privadas, sólo atienden a mil 498 estudiantes, equivalentes a 11.7% de la matrícula total. En contraste, 25 planteles públicos concentran 11 mil 315 alumnos, es decir, 88.3% de todos los estudiantes registrados en la modalidad pública, por lo que son responsabilidad directa de las secretarías de Educación estatales.
Fernández explica que varios de los planteles públicos utilizan estrategias de formación que incluyen opciones técnicas como ciberseguridad y actividades como bandas militares dentro de los bachilleratos públicos militarizados, en particular en Nuevo León y Guanajuato.
“Los planteles públicos utilizan la estrategia de ejercicio del fomento incluso de bachilleratos tecnológicos a través de opciones técnicas como la ciberseguridad y el fomento de bandas militares como parte de la formación en los planteles de bachillerato público militarizado”, señaló.
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De los 12 mil 813 estudiantes identificados, 11 mil 714 cursan bachillerato, lo que equivale a 91.4% de toda la matrícula nacional militarizada. En educación básica se contabilizaron 850 alumnos y en educación superior, 249.
El estudio también encontró una fuerte concentración territorial. Nuevo León y Guanajuato reúnen 18 escuelas, equivalentes a casi una tercera parte de todos los planteles identificados, y concentran 9 mil 36 estudiantes, es decir, 70.5% de la matrícula nacional.
El análisis advierte que detrás de este modelo educativo existen motivaciones distintas en los sectores público y privado. Mientras que en escuelas particulares persiste la demanda de familias que buscan una educación que funcione como un “correctivo” para el comportamiento de sus hijos, en el ámbito público el argumento recurrente para impulsar los bachilleratos militarizados ha sido prevenir el reclutamiento delictivo de jóvenes en territorios con altos niveles de marginación.
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Fernández asegura que en planteles de Nuevo León y Guanajuato se observan mejoras en aprendizajes de comprensión lectora, matemáticas y ciencias, así como en mentalidad de crecimiento.
Novatadas, abusos físicos y mentales, amenazas, bullying y hasta decesos han marcado a las llamadas escuelas militarizadas que operaban en distintas partes del país y que la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió clausurar tras la muerte de una alumna de 13 años en un plantel de Ciudad Madero, Tamaulipas.
En abril de 2025, un menor de 13 años de edad, llamado Érick, murió en un campamento militar organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, con sede en la Ciudad de México, en un predio de la comunidad de Felipe Neri, municipio de Tlalnepantla, en el norte del estado de Morelos.
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Erika Torbellín, madre del menor, contó que pagó una cuota de recuperación de mil 800 pesos y que el viernes 25 de abril de 2025, alrededor de las 14:00 horas, recibió una llamada de los organizadores para informarle que su hijo estaba “un poquito mal” y que había sido hospitalizado.
Al llegar al hospital en Cuautla fue informada de que su hijo había fallecido y que incluso ya no presentaba signos vitales cuando arribó al centro hospitalario. Las autoridades educativas le comunicaron que su hijo se había desvanecido durante el entrenamiento; sin embargo, en la necropsia se informó que la causa de muerte fue por estallamiento de vísceras.
En Puebla, la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza (AMIZ) que opera en la capital fue señalada de permitir abusos contra sus estudiantes.
En diversos videos y testimonios difundidos por medios locales, exestudiantes revelaron que los disciplinaban con una tabla a la que llamaban La Corregidora.
La academia, tras la orden presidencial de cerrar ese tipo de colegios, eliminó sus anuncios oficiales en la fachada y los directivos anunciaron que seguirían operando bajo otro formato e incluso ofrecieron devolver colegiaturas.
La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora informó que actualmente no existen escuelas con un modelo militarizado incorporadas oficialmente al sistema educativo estatal.
En 2025 el Centro de Estudios de Educación Militarizada en Ciudad Obregón cerró tras incumplimientos normativos y de un caso de agresión contra uno de sus estudiantes. Foto: Especial
Sin embargo, en 2025 el Centro de Estudios de Educación Militarizada (CEDEM), en Ciudad Obregón, cerró sus puertas luego de incumplimientos normativos y de un caso de agresión en contra de uno de sus estudiantes.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves de presunta violencia y novatada documentados en un plantel de este tipo en la entidad.
Un joven fue sometido por siete compañeros, quienes lo golpearon, amarraron y humillaron por no portar las botas requeridas por la institución.
Videos que luego se difundieron en redes sociales muestran al estudiante inmovilizado, con los pies sujetos con cinta mientras era agredido por otros alumnos, sin que se observara la intervención de personal docente o autoridades escolares.
En 2025 el Centro de Estudios de Educación Militarizada en Ciudad Obregón cerró tras incumplimientos normativos y de un caso de agresión contra uno de sus estudiantes. Foto: Especial
La madre del menor afirmó que su hijo sufrió lesiones físicas, presentó miedo después de la agresión y fue nuevamente confrontado con los mismos compañeros tras el incidente.
En Aguascalientes, Luis, exalumno del Bachillerato General Militarizado José María Chávez, señaló que le fue difícil ser alumno en ese plantel, en donde imponen la educción con regaños o golpes, y obligan a los alumnos a matar animales para comerlos crudos, como parte del adiestramiento militar que brindan.
Se aplicaba “mano dura”. “Si no hacías algo bien, te tocaban a veces golpes, te tocaba el regaño, la humillación. Decían que si no aguantábamos mejor nos saliéramos, que éramos unas gallinas o que las niñas aguantaban más que nosotros o cosas así”, comentó.
A los 15 años de edad ingresó al Bachillerato General Militarizado, del que egresó en julio de 2025, pero dice que no todos los que ingresaron junto con él aguantaron; al menos 10 se fueron. Con información de Justino Miranda, Edgar Ávila, Amalia Escobar y Gabriela Martínez
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, Tania Contreras López, confirmó que en el caso del feminicidio de Dafne Zapata Quintos hay más denuncias relacionadas con hechos sucedidos en la Academia Militarizada Doenitz.
Previamente a la ceremonia cívica de Honores a la Bandera, la magistrada fue entrevistada sobre la situación actual.
“En este momento tenemos conocimiento de que existen más de cinco denuncias que están relacionadas con señalamientos de lo que aconteció ese día en esa institución”, respondió.
Y agregó: “Hay diversas denuncias. Ustedes comprenderán que la limitación de la información tiene que ver, y yo agradezco el respaldo de medios tan serios que entienden y que comprenden que la limitación de la información tiene que ver precisamente con llevar a los responsables en su oportunidad a que rindan cuentas por los hechos cometidos”, respondió.
Contreras López mencionó que “las denuncias dependen del delito del que se está haciendo del conocimiento a la autoridad; hay otras denuncias de otras personas, de otros jóvenes, menores también tal vez, pero que señalan a otros responsables”.
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Hasta el momento del percance, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua no tenía ningún registro oficial de llegadas y salidas de los agentes de la CIA que murieron en el accidente registrado el 19 de abril pasado.
De acuerdo con las diligencias que hicieron los integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) en campo y concentradas en la orden de aprehensión del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui, la FGE omitió informar al Ejército y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que los agentes estaban en territorio nacional, participarían en el operativo y realizaban labores de capacitación en manejo de drones a personal de seguridad estatal.
“Dentro de la SSPC no obra expresión documental referente a la autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad a favor de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, respecto a reuniones, intercambio de información llamadas telefónicas o comunicaciones con agentes extranjeros; y menos que esa institución de procuración de justicia haya rendido informe alguno al respecto, tal como se encuentra previsto en el artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional”, señala el informe brindado por la dependencia.
El expediente además detalla que la FGE aseguró no contar con bitácoras de registro de entrada y salida de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, dirigida en ese momento por Guillermo Zuany Portillo.
La FGE dijo no contar con bitácoras de entrada y salida a la fiscalía especializada.
“Respecto a las bitácoras de ingreso a las instalaciones que solicita se hace de su conocimiento que en esta fiscalía especializada no se lleva a cabo un registro de bitácoras de ingreso alguna, por lo que no se cuenta con información que documente dicho rubro”, señala el oficio FGR-19S/244/2026.
Aunque entregó los videos de tres cámaras de seguridad donde se ven las puertas de acceso al edificio, los videos de 24 horas de grabación continua se pierden en algún momento, debido a “un corte de energía eléctrica”.
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Sobre las cámaras de seguridad y videovigilancia del acceso a las instalaciones de la fiscalía especializada, correspondientes del 1 de febrero al 19 de abril de 2026, el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Fiscalía General del Estado entregó el oficio FGE-8C/331/2026 y un disco duro externo marca ADATA, con capacidad de 2 TB y número de serie 1P4721029995, el cual contiene los videos de las cámaras en cochera uno, cochera dos y entrada trasera.
“Correspondiente al periodo del 14 de marzo al 19 de marzo 2026 en modalidad continua de 24 horas, indicando que con motivo de un corte de energía eléctrica del periodo del 3 al 6 de marzo de 2026 no fue posible la generación de almacenamiento de dicho periodo”, señala el oficio vaciado en la diligencia.
Según las diligencias presentadas en la orden de aprehensión, de la cual EL UNIVERSAL tiene una copia, el Ejército sí participó en el operativo de la Sierra de Chihuahua donde se encontró el narcolaboratorio, pero no en su ejecución. La fiscalía de Chihuahua solicitó su ayuda como protección perimetral y nunca fueron informados de la presencia de agentes extranjeros.
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“El 13 de abril de 2026, el fiscal general de Chihuahua, a través de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, durante la reunión de coordinación estatal “Chihuahua, para la Construcción de la Paz, solicitó a la comandancia de la 42/a Zona Militar (Hidalgo del Parral, Chih.) que personal militar proporcionara seguridad periférica a elementos de esa dependencia a inmediaciones del ejido El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, por contar con información respecto a posibles laboratorios utilizados para la elaboración de drogas sintéticas en esa área.
“Por lo anterior, la finalidad y participación del personal militar fue únicamente para proporcionar seguridad externa en el ejido El Pinal del 16 al 18 de abril 2026, del municipio de Guachochi al municipio de Morelos, Chihuahua”, señala el informe entregado por el Ejército a la FGR.
En cuanto a la SSPC, además de negar que la fiscalía le haya informado de la presencia de los agentes de la CIA, en sus propios registros no se tiene ninguna información sobre su posible ingreso a territorio nacional ni el tipo de trabajos o asesorías que realizaban.
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“Se desconoce la calidad de las personas Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, ya que esta secretaría no suscribió acuerdo alguno con la Secretaría de Relaciones Exteriores para resolver respecto de la acreditación y circunscripción territorial de los señores enunciados, como lo establece el segundo párrafo del artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional.
“Por cuanto hace al numeral 2, esta institución de seguridad pública no cuenta con registro de alguna autorización para que las personas extranjeras Johnston III y Dudley Black pudieran internarse temporalmente en territorio nacional para fines de intercambio de información”, precisó la Secretaría de Seguridad.
En el parte entregado por el Instituto Nacional de Migración (INM) a la FGR, el instituto niega a su vez tener información y registros de la entrada de los cuatro agentes a territorio nacional.
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Del único que se tiene registro fue de Richard Leiter Johnston III, su ingreso al Aeropuerto Internacional de Chihuahua el 13 de abril de 2026 a las 11:18 horas. En cuanto a John Dudley Black no hubo registro. Ambos murieron en el accidente.
Respecto a ambos, en el oficio CNI/DG/AJ/256/26, de 30 de abril de 2026, signado por el encargado del área jurídica del Centro Nacional de Inteligencia, informó que no cuenta con datos de domicilio, datos de identificación (pasaporte) actividades, despliegue territorial, red de vínculos, números telefónicos ni con correos electrónicos.
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Viggiano es dueña de terreno en San Miguel de Allende; exclusivo fraccionamiento cuenta con viñedo y campo de golf
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La senadora y secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano Austria, adquirió también una propiedad en condiciones poco transparentes. Ahora se trata de un terreno en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, comprado a precio de remate.
Según su propia declaración patrimonial correspondiente a 2025 y de acuerdo con el certificado de gravámenes expedido por la Secretaría de Gobierno del estado de Guanajuato y suscrito por Magdalena García Méndez, registradora pública suplente, con fecha 22 de septiembre de 2026, del cual EL UNIVERSAL tiene copia, la política hidalguense realizó la compra en el exclusivo Club de Golf Zirándaro.
El documento revela que la legisladora priista es propietaria del lote 12, manzana 7, con una superficie registrada de 312.24 metros cuadrados, mismo que está declarado con un precio de adquisición de un millón 310 mil pesos, en julio de 2025, equivalente a 4 mil 163 pesos por metro cuadrado, cuando en realidad el precio real del metro cuadrado en ese lujoso lugar es de 6 mil pesos.
Sin embargo, el valor real de dicho terreno es de cuando menos un millón 900 mil pesos, de acuerdo con un estudio de mercado realizado sobre predios similares publicados en el mismo fraccionamiento, por lo que existe una discrepancia fiscal de alrededor de 600 mil pesos.
Además de un campo de golf ejecutivo y academia de golf, el exclusivo fraccionamiento con acceso controlado donde se ubica el terreno de Carolina Viggiano tiene lagos artificiales y áreas verdes.
La propiedad fue suscrita en el Registro Público estatal a nombre de Alma Carolina Viggiano Austria.
El sitio web oficial describe al complejo como “un desarrollo residencial único en San Miguel de Allende, con viñedos, áreas verdes y un campo de golf de nueve hoyos. Más que un terreno, es una inversión en estilo de vida”.
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Destaca que “a sólo 10 minutos de San Miguel de Allende, Zirándaro ofrece terrenos residenciales en un fraccionamiento ya habitado, con infraestructura de primer nivel, paisajismo diseñado para armonizar con el entorno y amenidades exclusivas.
“Aquí tu inversión se convierte en más que un terreno: es la oportunidad de formar parte de una comunidad en crecimiento con espacios naturales y un campo de golf dentro del desarrollo”.
En tanto, el gobierno municipal promueve a San Miguel de Allende como “una joya colonial en el corazón de México. Sus calles empedradas llenas de historia y cultura, así como su arquitectura, te transportan en el tiempo. San Miguel es reconocida por su arte, su cultura su gastronomía y su romance.
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“Es más que un destino turístico, es una experiencia que cautiva todos los sentidos y deja una huella imborrable en el corazón de quienes la visitan”.
San Miguel de Allende es considerada de alto costo en comparación con el resto de Guanajuato.
La adquisición de este terreno se suma a la realizada en diciembre de 2025, cuando la secretaria general del PRI compró un departamento en el complejo residencial Puerta Alameda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual ha negado rotundamente que fuera de su propiedad, pero que de acuerdo con documentos y registros oficiales también adquirió de manera sospechosa a un valor menor al precio de mercado.
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Cabe recordar que ya hay diversos señalamientos contra la senadora por haber adquirido dos terrenos en el exclusivo Club de Golf Pachuca a precios por debajo de su valor real, cuando además vendió a una empresa facturera un terreno en Zempoala, Hidalgo, por el cual obtuvo una utilidad de 800%, según cálculos conservadores.
EL UNIVERSAL publicó que la senadora vive desde hace años en en Lomas de Chapultepec, en una casa de 40 millones de pesos, además de que adquirió un departamento en Puerta Alameda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
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Por segunda ocasión, trabajadores sindicalizados del IMSS salieron a las calles para rechazar la contrapropuesta de incremento salarial de 8% anunciada por el director del instituto, Zoé Robledo Aburto, y, ante la falta de solución a sus demandas, anunciaron una megamarcha nacional a llevarse a cabo el próximo 30 de octubre con el fin de “parar a México”.
Alrededor de las 16:00 horas, los trabajadores partieron del Centro Médico Nacional Siglo XXI rumbo a Paseo de la Reforma, donde exigieron la destitución inmediata del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández, además de un aumento salarial de 10%, un plan de acción para atender el desabasto de medicamentos y la falta de personal médico, así como la realización de un congreso nacional extraordinario.
Entre consignas como “¡La base unida jamás será vencida!”, “¡Fuera Olivos!”, “¡No que no, sí que sí ya volvimos a salir!”, “¡Olivos, entiende, la base no se vende!”, “¡Después de trabajar venimos a luchar!”, los inconformes denunciaron un intento para desestabilizar el movimiento con la contrapropuesta de incremento salarial anunciada por Robledo Aburto y acusaron represión por parte de los directivos de las unidades médicas hacia el personal médico que ha salido a manifestarse.
Los trabajadores sindicalizados rechazaron la propuesta del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. FOTO: GARIEL PANO. EL UNIVERSAL
Aunque los trabajadores del sector salud negaron que vayan a llamar a una huelga nacional o a un paro de labores indefinido, aseguraron que van a intensificar sus protestas a lo largo del país con bloqueos viales para lograr ser escuchados. Además, aseveraron que ningún intento de desestabilizar el movimiento va a prosperar, porque hay unidad.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Jazmín Piñón, auxiliar de enfermería general en el IMSS, consideró que “como ya sabían de la marcha, la propuesta fue un anuncio para calmarla y desestabilizarla, porque finalmente hay intereses del instituto, el sindicato y el gobierno.
“Fue para desestabilizarnos y decir: ‘ya les dimos su aumento y con eso los vamos a calmar’, pero no nada más es el salario, es la falta de insumos, de personal médico y que el secretario que tenemos no nos respalda. Es para que estuviera con nosotros, lo cual es todo lo contrario, porque se ha escondido y no se ha visto el apoyo”, dijo.
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La propuesta de 8% de aumento salarial fue rechazada por los trabajadores del Seguro Social, que piden la renuncia de Zoé Robledo. FOTO: GARIEL PANO. EL UNIVERSAL
Relató que ella y otros compañeros que forman parte del movimiento han padecido represión por parte de jefes y supervisores de las unidades médicas, “porque nos presionan, porque dicen: ‘tú eres la que está saliendo a marchar, la que está convocando a los compañeros’. Ellos dicen que no, pero la realidad es otra y sí estamos viviendo represión por parte de las autoridades de las unidades.
“Nosotros a lo que vamos es a trabajar y el que va a trabajar no tiene miedo a nada. Tenemos derecho a manifestarnos, a decir nuestras inconformidades y si trabajamos no tenemos por qué tener miedo a que haya represalias por parte de las autoridades”, manifestó.
Piñón descartó una tregua inmediata y advirtió que seguirán las movilizaciones hasta que se cumplan a cabalidad sus exigencias, “pues aún no hay una fecha en la que digamos ‘ya hasta aquí llegamos’, todavía no sabemos, pero vamos a continuar hasta que hagan caso a las peticiones que estamos solicitando”.
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Antes de la conclusión de la protesta, la base trabajadora rechazó que algún partido político forme parte del movimiento, luego de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, y una comitiva de diputados albiazules acudieron a un mitin al plantón ubicado en las oficinas centrales del instituto.
Los trabajadores de la salud exigieron la salida del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Rafael Olivos Hernández. Foto: GARIEL PANO/EL UNIVERSAL
Como parte de los acuerdos, los trabajadores establecieron la realización de bloqueos intermitentes en intervalos de 10 minutos a las afueras del Hospital La Raza y el Centro Médico Siglo XXI a partir hoy a las 15:00 horas, así como la toma parcial de cada uno de los 37 edificios de las dirigencias sindicales.
Anunciaron una red nacional en defensa de los trabajadores y amenazaron con huelgas de hambre en caso de represión.
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