Un cerro de documentos, contratos, auditorías, testimonios, fotografías, videos y grabaciones ha puesto bajo la lupa la gestión de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE), pero aún no es investigada por alguna autoridad por delitos relacionados con el abuso de sus funciones al frente al organismo autónomo.

De acuerdo con especialistas, investigaciones periodísticas que sumaron medios como EL UNIVERSAL, Reforma y Latinus han aportado elementos que, vistos en conjunto, son suficientes para probar una red de corrupción entre proveedores, funcionarios, familiares y colaboradores difícil de ignorar para cualquier autoridad.

Para Gustavo López Montiel, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, la inacción por parte del gobierno emanado de Morena en el escándalo del INE es evidente y retrasa la posibilidad de que funcionarios y proveedores involucrados rindan cuentas y paguen por sus actos de corrupción.

“Si bien desde varios espacios dentro de Morena han pedido que haya investigaciones, creo que hacer una investigación real generaría culpas y, obviamente, eso va a tener un costo político para el proyecto de la 4T.

“En buena medida buscaron deslindarse de Taddei, pero creo que el deslinde no es suficiente y creo, también, está muy bien posicionada la idea —en la opinión pública— de que Morena colonizó al instituto y, en ese sentido, es muy complicado que no se vinculen con el escándalo”, dijo.

Una de las pruebas más contundentes sobre el “clan Taddei” han sido los contratos y procesos de licitación que EL UNIVERSAL ha publicado en las últimas semanas, que involucran a empresas ligadas al conglomerado de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, donde se simulaba competencia entre las firmas de ellos mismos.

Los negocios incluyen a las empresas Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast México y otras firmas dedicadas a la producción de material electoral en el Estado de México y Monterrey.

Este grupo acumuló más de mil millones de pesos en contratos con al menos 13 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Según lo que EL UNIVERSAL dio a conocer, las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se remontan a 2014, cuando Taddei encabezaba el entonces Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora.

Entre los contratos documentados destaca uno de 2017, identificado con el folio IEEPC/LP/0-03/ 2017, por 46 millones 879 mil 383.92 pesos. También aparecen adjudicaciones en Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa y Campeche.

La investigación publicada por EL UNIVERSAL el 28 de octubre fue más allá de los montos: identificó funcionarios que trabajaron con Taddei o llegaron a cargos electorales durante su trayectoria y posteriormente participaron en organismos donde se contrataron empresas del grupo Hernández Casillas.

Entre ellos aparecen Nery Ruiz Arvizu en Sonora, Iliana Araceli Hernández Gómez en Oaxaca, y funcionarios vinculados con los organismos electorales de Veracruz, Estado de México y Quintana Roo.

Más investigaciones de EL UNIVERSAL han documentado que, durante 2025, el INE y varios OPLE entregaron contratos por más de 123 millones de pesos a Cajas Graf, Litho Formas y Corporativo Zeg para la producción de materiales de la elección judicial. Las empresas están ligadas a los negocios de los Hernández Casillas.

Grabaciones difundidas por Latinus y las investigaciones de Reforma añadieron un elemento que hasta entonces no se encontraba en los expedientes públicos de contratación: la relación personal entre Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas.

El 22 de octubre, Reforma publicó imágenes de reuniones entre ambos. Entre ellas, una celebración por el cumpleaños de Taddei en junio de 2025 y un brindis navideño organizado en diciembre por Hernández Casillas, después de que se asignara el contrato para la producción de la credencial para votar, por un monto máximo de mil 173 millones de pesos.

En ese encuentro fueron identificados funcionarios del INE, entre ellos Mario Alfonso Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios, y Emma Patricia García, de Recursos Financieros.

La presencia de funcionarios responsables de áreas relacionadas con las contrataciones en reuniones privadas con un proveedor del instituto abrió cuestionamientos sobre la separación entre sus responsabilidades públicas y sus relaciones personales.

El 23 de octubre, Latinus difundió un video grabado en París, Francia, en el que aparece Hernández Casillas junto a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la entonces presidenta del INE, en una suite del hotel Le Meurice. En la grabación, el empresario brinda y le dice: “¡París a tus pies, chamaquito!”.

El 29 de octubre, Latinus presentó grabaciones en las que Hernández Casillas habla sobre funcionarios del INE, personas incorporadas a distintas áreas del organismo y sus relaciones con Taddei.

La investigación más reciente de Latinus, difundida el 2 de noviembre, elevó la gravedad de los señalamientos. En el video aparece Taddei sentada frente a José Alfredo Hernández Casillas, quien revisa cifras anotadas en una libreta y habla de los montos que, según sus cálculos, les corresponderían por negocios relacionados con la credencial para votar.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe determinar si las presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la gestión de Guadalupe Taddei ameritan la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Una vez realizada esa auditoría, si hay un asunto penal, pues se presenta a la Fiscalía General de la República. Si hay un asunto administrativo, se presenta al Tribunal Superior de Justicia Administrativa”, explicó en conferencia.

La Presidenta dijo que la reforma de 2014 concentró el poder en el INE. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Respondió a cuestionamientos sobre contratos por más de mil 800 millones de pesos otorgados a personas cercanas a Taddei y al exhorto de legisladores, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar, para que la exdirectiva enfrente consecuencias penales.

Sheinbaum indicó que el titular de la ASF, Aureliano Hernández, presentó el viernes un informe ante la Cámara de Diputados sobre los avances de las auditorías al INE.

Añadió que se investigará al organismo desde antes de la llegada de Taddei, en 2023, lo que incluye la gestión de Lorenzo Córdova.

“Quien haya cometido actos de corrupción, que sea sancionado por las instancias que tienen que sancionarlo, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República, si es el caso”, sostuvo.

La Titular del Ejecutivo también defendió la necesidad de revisar los cambios al sistema electoral aprobados desde 1988 y acusó que la reforma de 2014, impulsada por los partidos del Pacto por México, concentró poder en el INE al otorgarle a sus consejeros la facultad de nombrar a los integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales.

“Esto que dicen que recientemente hubo una reforma que le dio muchos poderes a la presidenta [Taddei], puede criticarse esa reforma del INE, pero la verdadera concentración de poder en el Instituto Nacional Electoral se dio en 2014”, dijo Sheinbaum.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, informó que las 10 consejerías en activo del organismo presentarán, a más tardar hoy, una vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por las irregularidades encontradas en la gestión de Guadalupe Taddei.

En un encuentro con medios, Cruz dijo que los 10 consejeros estaban de acuerdo en dar vista a la FGR para deslindar responsabilidades no sólo contra Taddei, sino contra otros funcionarios de los 30 que ya han presentado su renuncia y eran ligados a la expresidenta del INE.

“Las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente y dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades a quien corresponda, porque puede ser que no sólo se investigue a una persona, sino a varios funcionarios”, afirmó.

Las 10 consejerías del INE buscan deslindar responsabilidades ante la FGR. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

La consejera presidenta dijo que la FGR es la autoridad competente para hacer pagar por probables responsabilidades no sólo a la exconsejera presidenta, sino a quien ocupó la Secretaría Ejecutiva, antes Claudia Arlett Espino y ahora Roberto Félix, ambos cercanos a Taddei; otros en direcciones y subdirecciones impuestos por la expresidenta.

“No podemos presentar nombres, más bien es en la generalidad, porque puede y debe abarcar a cualquier colaborador que pueda estar con algún indicio y o señalamiento”, mencionó Blanca Cruz.

Hasta ayer sumaban 30 las bajas de personal cercano a la expresidenta Guadalupe Taddei, informó el propio INE.

A través de un comunicado, las 10 consejerías en activo confirmaron que continúan el análisis de pedir la renuncia a más miembros de la Junta General Ejecutiva y del personal de primer nivel.

“La revisión comprende la Junta General Ejecutiva y los cargos de primer nivel, incluidos aquellos relacionados con la oficina de la expresidenta. También abarca las relaciones funcionales y los procesos de contratación”, señalaron.

Al menos 17 personas de la oficina de la expresidenta, incluido el jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna, han presentado su renuncia. A ellos se sumó Sergio Uzeta Murcio, coordinador de Comunicación Social.

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Luego de que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados reconoció la repartición de monederos electrónicos entre sus legisladores y argumentó que se trata de una prerrogativa a la que tienen acceso todos los grupos parlamentarios, partidos de oposición rechazaron contar con dicho beneficio.

Además, exigieron una investigación al uso y reparto de las tarjetas marca Broxel, precargadas con 10 mil pesos cada una.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, aseguró que su bancada nunca ha recibido dicha prerrogativa: “No no, para nada, ojalá que me digan dónde y voy a buscarla”.

Exigió una investigación contra Morena para aclarar de dónde vienen esos recursos: “Tendría que aclarar la bancada de Morena, nosotros no tenemos conocimiento respecto a ese tipo de beneficios”.

Laura Ballesteros, del mismo partido, advirtió que “el buen juez por su casa empieza”.

“La discusión no es si les dieron tres tarjetas o cinco, o dos de mil pesos o de 100 mil. La discusión es ¿por qué se les dan? Al final del día hemos discutido los privilegios de los legisladores que van desde este tipo de tarjetas hasta que vengan a cobrar sin que vengan a trabajar. Con qué autoridad moral vamos a cuestionar al INE si aquí no podemos transparentar nuestra propia casa, me parece que es importante que se pongan a debate los privilegios y las prerrogativas de los legisladores”.

La diputada federal del PAN y expresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Kenia López Rabadán negó categóricamente que su grupo parlamentario reciba tarjetas como prerrogativa, tal y como lo hace el grupo parlamentario de Morena.

“La respuesta categórica es no, en el PAN no tenemos acceso a esas tarjetas que están mencionadas en la primera plana de hoy de EL UNIVERSAL; los legisladores panistas no tenemos acceso a ese tipo de instrumentos que, al parecer, se han distribuido en el grupo mayoritario de Morena”, declaró.

La congresista dijo que este tipo de beneficios, de los que no se conoce el origen, deterioran la figura del legislador.

“La figura legislativa está, lamentablemente, muy deteriorada; hay ejemplos lastimosos de legisladores que se han enriquecido ilegalmente o injustificadamente, hemos visto la mansión de [Gerardo Fernández] Noroña, hemos visto la prepotencia de [Enrique] Inzunza. Y este tipo de instrumentos demuestran que hay que corregir el rumbo de los legisladores en el Congreso y en el Poder Legislativo”, expresó.

López Rabadán consideró que la forma en que Morena distribuyó dicho recurso “lo que menos garantiza es transparencia y rendición de cuentas”.

“Y eso es terrible en términos legales y también en términos éticos. Con este tipo de acciones se abona a esa forma poco transparente de los servidores públicos y yo creo que México merece saber en estricto sentido cuánto gana un legislador y que pague impuestos de ese dinero”, agregó.

Asimismo, solicitó que, “por el bien del Congreso y del país”, se aclare el origen de esos recursos.

“Por la máxima publicidad del erario es necesario que se transparente el recurso que se ha asignado a través de estas tarjetas, y además para que haya transparencia y para que haya certeza del pago de impuestos de las mismas me parece que es algo obligado para el legislador que hace leyes y no debería de violarlas”, expresó.

Por parte del PRI, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar llamó a una investigación con total transparencia: “Sería sano que se hiciera una investigación, que se aclararan y que se visualizara en dónde están esos recursos, a dónde fueron destinados y con qué origen y por qué ese tipo de privilegios. Nosotros no hemos tenido ningún privilegio de ese tipo, nosotros estamos totalmente adecuados, inclusive, con una situación de transparencia. Lo que percibimos es nuestro propio salario y nada más, y no este tipo de privilegios”.

No sólo las bancadas de oposición rechazaron ser beneficiarios de dichas prerrogativas, incluso las bancadas “hermanas” de Morena, PT y PVEM, negaron tener acceso a las tarjetas.

El diputado del Partido Verde y presidente de la Cámara Baja, Raúl Bolaños Cacho Cué, aseguró que en su grupo parlamentario no reciben tarjetas como prerrogativa, y recomendó la apertura de una investigación por parte de la Contraloría Interna de San Lázaro.

“Entiendo que ya se abrió la indagatoria y yo me sumaría a esos llamados. En el caso personal, no como presidente de la Mesa [Directiva], tampoco tengo conocimiento de dichas prerrogativas. Sé que hay diversos incisos por apoyos legislativos para asistencia, para atención ciudadana, pero entiendo que ya hasta el administrativo de Morena respondió; serán ellos los que deban aclararlo y, si es necesario, que la Contraloría de la Cámara entre. Que sea la Contraloría, que se hagan las indagatorias y que se explique, hay que explicar ese tipo de cosas para tener claridad”, detalló.

En tanto, la diputada Margarita García, del PT, aseguró que —salvo el aguinaldo— en su bancada no reciben la mencionada prestación. “A nosotros no nos lo dan, nosotros no sabemos de esa tarjeta, porque a nosotros todo lo que nos dan extra es el aguinaldo, que son como 75 mil pesos, pero esos extras de las tarjetas no, incluso yo me pregunto cuando veo estas notas: ¿Cómo es posible que a Morena sí le dan eso y a los demás no?”.

Este martes, EL UNIVERSAL dio a conocer el reparto de tarjetas marca Broxel, precargadas con 10 mil pesos cada una, a los 254 diputados de Morena.

En respuesta, el grupo parlamentario guinda aseguró que se trata de una prerrogativa legal “a la que tienen acceso todos los grupos parlamentarios”.

Morena en la Cámara de Diputados aseguró que los monederos electrónicos marca Broxel que fueron repartidos a sus legisladores “son legales” y forman parte de las prerrogativas que se les dan a todos los grupos parlamentarios.

Luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer el reparto de cinco tarjetas precargadas con 10 mil pesos cada una a los 254 congresistas del partido guinda, el coordinador administrativo, Faruk Miguel Take, reconoció a nombre del grupo parlamentario la entrega de dicho beneficio, pero aseguró que no fueron cinco tarjetas por diputado, sino tres.

En el monedero electrónico se adelantaron 30 mil pesos de las prerrogativas de fin de año de cada legislador, justificó Morena. Foto: Especial

Asimismo, sostuvo que las tarjetas forman parte de las prerrogativas ordinarias que reciben los 500 diputados.

“Estos recursos forman parte de las prerrogativas ordinarias que por ley se asignan a los 500 legisladores de los diversos grupos parlamentarios para la realización de sus tareas complementarias de gestión parlamentaria, administrativa y de representación popular”, dijo.

Agregó que “dichas prerrogativas son legales y se distribuyen de manera igualitaria entre los integrantes de los diversos grupos parlamentarios, los cuales determinan la modalidad de entrega de las mismas”.

En el caso de la fracción parlamentaria de Morena, “se adelantaron 30 mil pesos de las prerrogativas de fin de año de cada legislador y legisladora a través de monederos electrónicos, para su mayor seguridad y transparencia”, añadió.

A dos meses de que arranquen las precampañas para las elecciones de 2027, los 254 diputados federales de Morena recibieron cinco monederos electrónicos con saldos precargados de 10 mil pesos cada uno. El gasto no está considerado en las prerrogativas de los legisladores.

Las tarjetas son de la marca Broxel, de la modalidad “Tengo Negocios”, que sirve para la gestión de viáticos y gastos empresariales.

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El Senado aprobó las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, conocidas como ‘Ley Antimemes’, que establecen nuevas obligaciones para los proveedores de servicios de internet respecto al retiro de contenidos que utilicen obras protegidas sin autorización. La reforma contempla multas de hasta 4.6 millones de pesos para quienes incumplan con estas disposiciones.

El dictamen fue avalado con 72 votos a favor de legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que 37 senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra.

La modificación establece que los proveedores de servicios de internet deberán retirar de las plataformas digitales materiales que utilicen, sin autorización de sus titulares, voz, imágenes, música, obras literarias o artísticas, películas y cualquier otro tipo de contenido audiovisual. Las disposiciones también contemplan materiales generados o modificados mediante Inteligencia Artificial (IA), como memes y parodias que incorporen obras protegidas por derechos de autor.

¿Qué establece la ‘Ley Antimemes’?

La reforma al artículo 114 Nonies de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que los proveedores de servicios de internet podrán ser considerados responsables de las infracciones cometidas por sus usuarios cuando incumplan las obligaciones previstas en el artículo 114 Octies.

senadora del PRI, Carolina Viggiano, defendió el humor y la sátira como parte de la expresión de los mexicanos y sostuvo que la legislación no debe impedir que las personas se rían de las situaciones que ocurren en el país.

“A los mexicanos nos gusta reírnos, incluso hasta de nuestras desgracias, y eso no nos lo van a prohibir”, señaló.

El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, cuestionó que, bajo el argumento de actualizar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y proteger los derechos de autor, se puedan vulnerar otras garantías.

“Las medidas de retiro de contenido podrían implementarse de manera abusiva de tal suerte que terminen sirviendo para la competencia desleal o incluso para coartar la libertad de expresión”, afirmó.

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con la posibilidad de que las medidas contra usuarios reincidentes terminen afectando a otras personas que comparten una misma conexión de internet.

El senador priista Gabriel Elizondo advirtió que una sanción podría dejar sin servicio a familias completas, aunque solamente uno de sus integrantes hubiera cometido una infracción.

“Hay familias que comparten una sola conexión de internet, los hijos la necesitan para estudiar, los padres para trabajar y muchas personas para sacar adelante sus negocios. ¿Se imaginan que por una sola infracción de una sola persona, toda una familia quede sin internet? No podemos terminar afectando a personas que no estén involucradas”, expresó.

En tanto, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, fue cuestionado sobre cómo los proveedores de internet podrían retirar contenidos de plataformas digitales, cuando el acceso para modificar o eliminar las publicaciones corresponde a sus creadores y a las propias plataformas.

La aprobación de la reforma ocurre después de que Morena y sus aliados consiguieron avanzar con el dictamen en la Cámara de Diputados. Con el aval del Senado, el proyecto fue turnado al Poder Ejecutivo.