Efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Quintana Roo a Robert Skojo “Rob”, identificado como líder del grupo criminal “Los Hells Angels”, relacionado con actividades de crimen organizado, extorsión y narcotráfico, y con zona de operación en dicha entidad.

Los elementos le aseguraron tres armas de fuego, dos vehículos de lujo, un kilo de marihuana y un teléfono celular.

Por medio de un comunicado el Gabinete de Seguridad del gobierno de México indicó que derivado del cumplimiento de órdenes de cateo en tres domicilios en Cancún Skojo fue arrestado.

Posteriormente se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Robert Skoja «Rob», líder de la agrupación criminal «Los Hells Angels», arrestado en Cancún, Quintana Roo. Foto: X @GabSeguridadMX

En este operativo participaron integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo (SSC QROO).

El Gabinete de Seguridad resaltó que estas acciones de colaboración interinstitucional se realizan con el objeto de contribuir a la desarticulación de estructuras criminales y combatir la impunidad en la entidad.

Las dependencias refrendaron su compromiso de mantener una coordinación con las instituciones de seguridad y procuración de justicia, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho, la seguridad y el bienestar de las familias.

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El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Pablo Albán, exigió al gobierno mexicano aclarar quiénes son las 16 mil personas desaparecidas que asegura haber localizado a lo largo del último año, si fueron reunidas con sus familiares o si éstos recibieron información acerca de su paradero, y advirtió que aún quedan más de 120 mil personas por encontrar.

Después de que su reconocimiento a los avances reportados por México fuera difundido como una felicitación al gobierno federal, Albán precisó que estas cifras deben verificarse y que aún cuando las localizaciones sean ciertas, no pueden emplearse con el objetivo de dejar de lado la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

“Para que no se tergiversen mis palabras ayer ante la Tercera Comisión de la Asamblea General: si es verdad que los esfuerzos de México han permitido la localización de 16000 personas desaparecidas en el último año es algo que hay que felicitar”, escribió mediante su cuenta de X.

Pero estableció tres precisiones sobre el alcance de sus declaraciones y la obligación de las autoridades mexicanas de continuar con las labores de búsqueda:

La primera consiste en conocer la identidad de las personas reportadas como localizadas y determinar si regresaron con sus familias o si, cuando menos, sus familiares fueron debidamente informados.

La segunda es que las cifras oficiales no modifican la magnitud de la crisis, porque de confirmarse las 16 mil localizaciones, todavía permanecerían más de 120 mil personas pendientes de encontrar.

La tercera se refiere al papel de las familias buscadoras y a la intervención del propio Comité de Naciones Unidas.

Juan Pablo Albán sostuvo que si los resultados anunciados por el gobierno mexicano son correctos, deben reconocerse también los esfuerzos de las familias y la activación del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Afirmó que dichos avances no eximen a la Asamblea General de examinar la situación de México y, de ser necesario, adoptar medidas en respuesta a la decisión de su Comité de remitirle el caso.

El pronunciamiento se dio un día después de que Albán presentara su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, Estados Unidos, donde reconoció los esfuerzos de México para localizar a personas desaparecidas, pero insistió en la necesidad de mantener la cooperación internacional.

Durante esa sesión, el presidente de este Comité recordó que el organismo identificó indicios fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, así como de la persistencia de su práctica en el país.

Precisó que esa determinación no significa que se haya establecido la responsabilidad internacional del Estado mexicano ni que el Comité contra la Desaparición Forzada haya encontrado una política federal dirigida a cometer desapariciones forzadas.

El artículo 34 de la Convención permite al Comité llevar de manera urgente una situación a la atención de la Asamblea General cuando recibe información con indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se practican generalizada o sistemáticamente en un Estado parte.

El propósito de este procedimiento es que Naciones Unidas examine la situación y valore posibles medidas de cooperación y asistencia internacional para atender las desapariciones, fortalecer las investigaciones y apoyar a las víctimas.

El gobierno mexicano, sin embargo, reiteró su rechazo a la interpretación del Comité acerca del alcance y la aplicación de ese artículo.

Durante la sesión, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, sostuvo que México no tolera ni consiente la desaparición de personas y defendió las acciones emprendidas para fortalecer los mecanismos de búsqueda.

La revisión ha generado inquietud entre colectivos de familiares de desaparecidos, que han cuestionado la falta de información sobre los criterios de selección de los especialistas y han exigido garantías de que ninguna persona sea excluida injustificadamente del registro.

En su aclaración de este miércoles, Albán insistió en que los resultados anunciados por México no eliminan la responsabilidad de la Asamblea General de analizar la situación que el Comité puso en su conocimiento.

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Jorge Romero, dirigente del PAN, quiso ‘colgarse’ de las protestas de los trabajadores del IMSS y terminó ‘funado’ por los manifestantes quienes lo corrieron al grito de “ratero”.

Romero y legisladores del PAN llegaron a las afueras de las oficinas del IMSS ubicadas en Paseo de la Reforma y criticaron la falta de medicinas y las malas condiciones en los hospitales.

“Los trabajadores de la salud no pueden seguir enfrentando esta crisis sin los recursos necesarios para atender a las familias. Desde @AccionNacional exigimos mejores condiciones laborales y que Zoé Robledo renuncie por su incapacidad”, publicó en su cuenta de X.

Pero su presencia fue rechazada por los trabajadores del IMSS, quienes acusaron al PAN de quererse ‘colgar’ de las protestas de este miércoles 21 de octubre.

cuentas individuales administradas por Afores para las futuras jubilaciones.

IMSS propone aumento de 8%; trabajadores lo rechazan

Zoé Robledo hizo el anuncio este miércoles 21 de octubre, tras mesas de negociaciones con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

“Se aprobó un incremento adicional para que pase de 6.8 por ciento a 8 por ciento, compuesto por 4 por ciento al salario tabular y 4 por ciento a la ayuda para pago de renta de casa habitación”, detalló en conferencia de prensa.

Robledo también aseguró que se basificará a 10 mil 939 trabajadores eventuales que fueron contratados por el IMSS durante la pandemia de COVID-19. La medida, destacó, “permitirá fortalecer los servicios de urgencias, hospitalización, cirugía, consulta y farmacia”.

No obstante, la propuesta fue considerada como “una burla”, dijo Rafael Soto, enfermero del Centro Médico Siglo XXI y uno de los voceros de los trabajadores del IMSS.

“Les queremos decir a todos los compañeros del país que la lucha se mantiene, que los edificios que tenemos tomados se mantienen tomados y que nos preparamos para continuar con las movilizaciones, iniciando hoy en el Centro médico Nacional Siglo XXI”, sostuvo.

Con información de Fernando Merino