El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que su partido no protegerá a nadie que haya cometido irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que pidió aclarar los señalamientos que involucran a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y a proveedores del organismo.

“Morena no va a cubrir a nadie, no va a meter las manos por nadie que haya cometido irregularidades”, declaró el legislador, quien señaló que la información que ha salido a la luz es delicada y debe investigarse.

En conferencia con medios, Monreal advirtió que es necesario esclarecer los hechos sin poner en riesgo la legitimidad del INE y pidió no responsabilizar a ninguna persona sin pruebas.

“Eso le corresponde al órgano interno de control o a la Auditoría Superior de la Federación o incluso a la UIF, porque se ha filtrado también que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ha bloqueado cuentas relacionadas con empresarios proveedores del INE. Todo esto se tiene que aclarar.”, señaló.

transparencia del INE y anunció este sábado cambios en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa, tras la investigación iniciada de oficio por la ASF.

“El INE colaborará con la ASF en todo lo que requiera, igual que con su Órgano Interno de Control, al que ya se remitieron los antecedentes”, se lee en un comunicado publicado este 24 de octubre.

¿Pueden Diputados pedir la renuncia de Guadalupe Taddei?

Sobre la posibilidad de que Taddei deje el cargo en medio de la polémica, Monreal explicó que la Cámara de Diputados no tiene facultades para exigir su renuncia una vez que fue designada.

Recordó que los diputados son responsables de nombrar a los consejeros electorales y a la presidenta del INE, pero aclaró que esto no les permite solicitar después su salida.

“Nosotros no tenemos capacidad jurídica para pedirle renuncia”, señaló.

El legislador agregó que la permanencia de Taddei debe evaluarse con base en las pruebas que existan y en los resultados de las investigaciones.

La arquidiócesis católica de Nueva York ultima un acuerdo para pagar más de 800 millones de dólares a unas 1 mil 300 personas que denunciaron abusos sexuales cometidos por miembros del clero y responsables laicos, informó este sábado The New York Times.

Los abogados de los demandantes comunicaron el viernes a sus clientes que todos los denunciantes habían aceptado una propuesta revisada, según el periódico.

Sin embargo, el portavoz de la arquidiócesis, Joseph Zwilling, señaló esa noche que las partes todavía trabajaban para cerrar el pacto.

“Aún no hemos llegado a ese punto”, declaró Zwilling al diario, mientras la abogada Trusha Goffe, del despacho Jeff Anderson & Associates, aseguró en un correo citado por el Times que todos los sobrevivientes habían aceptado las nuevas condiciones.

Según el periódico, los demandantes podrían optar por un pago único de al menos 250 mil dólares o por una indemnización mayor, determinada tras evaluar los abusos denunciados en cada caso.

Los abogados advirtieron a sus clientes que, sin un acuerdo, la arquidiócesis probablemente se declararía en bancarrota, lo que podría reducir las indemnizaciones y prolongar los litigios, añadió el Times.

El marco inicial del pacto había sido anunciado el 1 de mayo por Jeff Anderson & Associates.

La arquidiócesis de Nueva York podría indemnizar con 800 millones de dólares a 1 mil 300 personas. foto: IStock

En aquel comunicado, el despacho explicó que la propuesta contemplaba aportar 800 millones de dólares a un fondo para unos 1 mil 300 sobrevivientes que presentaron demandas al amparo de la Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York.

La propuesta de mayo preveía un primer desembolso de unos 615 millones y otro de 185 millones en aproximadamente quince meses, además de permitir a los demandantes buscar compensaciones adicionales por parte de las aseguradoras.

También exigía mantener actualizada una lista pública de clérigos con acusaciones creíbles de abuso y entregar a la Universidad de Iona documentación relacionada con esas denuncias, según el despacho.

Por su parte, el arzobispo Ronald Hicks reconoció entonces, en un mensaje publicado el mismo día, que la institución había vendido la mayoría de sus propiedades inmobiliarias y reducido personal y otros gastos para reunir recursos destinados a indemnizar a las víctimas.

Hicks explicó entonces que las negociaciones contaban con la mediación del juez Daniel J. Buckley y que cualquier acuerdo global requería la participación de todos los afectados antes de comenzar los pagos.

El arzobispo sostuvo que el objetivo era ofrecer compensaciones sin someter a los sobrevivientes a litigios prolongados y dolorosos ni recurrir a un procedimiento de bancarrota de la arquidiócesis. EFE

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China rechazó las acusaciones de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica sobre supuestas prácticas coercitivas de mineras chinas en Nicaragua y su vínculo con el aumento de la minería ilegal en territorio costarricense y aseguró que esas empresas no operan en la frontera ni en zonas cercanas, mientras que el gobierno nicaragüense respaldó la declaración de Beijing.

En un pronunciamiento, la Embajada de China en Nicaragua hizo mención a una publicación en la plataforma X de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, que, señaló, «acusa sin fundamento a empresas mineras chinas en Nicaragua de recurrir a prácticas coercitivas y vinculan sus actividades con la minería ilegal en Costa Rica».

«Cabe señalar que las empresas chinas no realizan actividades mineras en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica ni en las zonas aledañas», sostuvo la delegación diplomática china, y afirmó que «las acusaciones formuladas por la parte estadounidense carecen de fundamento fáctico y confunden deliberadamente cuestiones distintas, por lo que resultan irresponsables».

Declaración en la página oficial de la Embajada China en Nicaragua. Foto: Captura de pantalla

La legación china instó a la parte estadounidense «a respetar los hechos, abandonar las acusaciones infundadas y dejar de utilizar la cuestión minera para desacreditar la cooperación entre China y Nicaragua».

«China se opone a cualquier intento de difamar a las empresas chinas mediante afirmaciones carentes de pruebas», remarcó.

El viernes, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica afirmó que la «minería china en Nicaragua implica un costo para Costa Rica».

«Empresas mineras chinas en Nicaragua suelen emplear tácticas abusivas, como obligar a los mineros artesanales a vender su oro por debajo del precio de mercado«, aseguró, a la vez que indicó que como resultado de estas tácticas coercitivas de las empresas mineras chinas, cada vez más mineros nicaragüenses cruzan la frontera para ingresar a Costa Rica y extraer oro ilegalmente.

La embajada estadounidense en Costa Rica también resaltó que «esta actividad ilegal ejerce una presión creciente en la frontera norte de Costa Rica» y dijo que «Estados Unidos respalda a Costa Rica en la protección de su frontera y en la lucha contra la minería ilegal y el tránsito fronterizo ilegal vinculado a esta actividad».

El gobierno de Nicaragua por su parte calificó de «afirmaciones falsas» lo dicho por la Embajada de EU en Costa Rica en relación a las empresas mineras chinas que trabajan en Nicaragua, y expresó su respaldo a la declaración de Beijin «por su contundencia y veracidad».

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expresó en febrero pasado su preocupación por una eventual «invasión» de mineros ilegales provenientes de Nicaragua, debido a las concesiones mineras que ese país ha otorgado a empresas chinas en sitios cercanos a la frontera bilateral.

El gobierno sandinista ha otorgado entre 2021 y junio de 2026 concesiones mineras en 84 lotes a 22 empresas chinas que ocupan un total de 1.277.389,38 hectáreas, lo que representa el 10% del territorio nicaragüense que incluye áreas protegidas y territorios indígenas y/o afrodescendientes, según registros de la ONG ambientalista Fundación del Río.

El gobierno de Costa Rica impulsa en el Congreso un proyecto de ley para reactivar la minería de oro y otorgar concesiones a empresas en Las Crucitas, donde las autoridades policiales detienen constantemente a mineros ilegales, muchos de ellos nicaragüenses.

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am/mcc