En fast track y sin debate, el pleno del Senado aprobó la autorización solicitada por la presidenta Claudia Sheinbaum para que se permita el ingreso a territorio nacional de 28 elementos armados, pertenecientes al Equipo 4 de los Navy SEAL’s.

Durante la sesión ordinaria y previa aprobación en comisiones, se aprobó por 83 votos a favor y cinco en contra el ingreso de los marines armados para que participen en la actividad de entrenamiento Evento SOF 19 que se llevará a cabo del 29 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027.

Lo anterior en las instalaciones del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México en Donato Guerra, Estado de México y en el Sector Naval de Puerto Cortés, Isla Margarita, Baja California Sur.

En menos de 24 horas que recibió la solicitud presidencial se autorizó el permiso con el argumentó que el evento tiene como objetivo mejorar las capacidades de las Fuerzas Especiales de México, fortalecer la compatibilidad operativa, promover programas integrales que incrementen las habilidades y capacidades operacionales.

“Enfocándose en el combate cercano en interiores, procedimientos de reacción a contacto, medicina táctica, patrullaje urbano, brecheo/exploración y detección de explosivos, técnicas de francotirador, enganche y abordaje de embarcaciones, y operaciones de interdicción marítima”, destaca el oficio que fue turnado a comisiones para su análisis.

El Equipo 4 de los Navy SEAL’s participará con 28 elementos, mismos que impartirán adiestramiento a 87 elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales y de la Unidad de Inteligencia Naval, e ingresarán a territorio nacional a bordo de una aeronave tipo «Hércules C-130» de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América con equipo táctico, municiones y armamento orgánico, aterrizando en la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur.

El personal de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México recibirá y trasladará al Equipo 4 de los Navy SEAL a las instalaciones del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México en Donato Guerra, Estado de México, y al Sector Naval de Puerto Cortés en Isla Margarita, Baja California Sur.

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El Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Jorge Herrera Borunda, consideró que “en escasos seis meses” habrá resultados de las investigaciones por nepotismo y conflictos de intereses al interior del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista con medios de comunicación, señaló que en dichas resoluciones que serán emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se conocerá si la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, incurrió o no en conflicto de interés al otorgar contratos del órgano electoral a empresas cercanas.

“Estamos estrenando las nuevas facultades de la Auditorías Superior para que no pase lo que pasaba antes con las investigaciones, que tenías que esperar a que se hiciera una auditoría y se acabara la auditoría, que se pudiera dar oportunidad al ente auditado que aclarara, pasaban otros 120 días, luego pasaba el área de investigación, te ibas a tres años antes de que se presentara una denuncia administrativa en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o tres años antes de que se presentara una denuncia penal… Por primera vez en la historia de México están actuando los órganos externos de manera oportuna en una investigación que yo siento que en escasos seis meses estará dando resultados”, aseveró.

Este miércoles, la junta directiva de la Comisión de Vigilancia, sostuvo un encuentro para definir como se desarrollará la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, a desarrollarse el próximo viernes.

“El día de ayer le giré un oficio al OIC citándolo a las 9 de la mañana de este viernes. Hablé con él por teléfono previo a que nos contestara y de manera económica me dijo que sin ningún problema que él viene y compadece. Al mismo tiempo invitamos a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción porque también querían participar. Entonces vamos a hacer una comparecencia en comisiones unidas”, detalló.

Herrera Borunda, aseguró que la investigación al INE debe ser exhausta, pues reconoció que, desde hace más de 20 años, se conoce de oligopolios que reciben contratos con órganos electorales locales.

“Siento que el material electoral en general, no de ahorita, estoy hablando más de 20 años, hay oligopolios. Son muy pocas las empresas que participan, si vemos cómo está en los OPLES, no hay más de cinco empresas que tienen los contratos, y eso yo creo que ha generado una distorsión en el mercado. No tengo todavía las pruebas, espero que las puedan conseguir las autoridades competentes. Pero lo sospecho donde se han inflado estratosféricamente los costos. Al haber costos tan elevados, siento que el incentivo corruptor es muy grande. Y tal vez este tema va más allá del INE, va más allá de un periodo. Estamos hablando de un tema sistémico de hace muchos, muchos años y muchas, muchas administraciones”, sentenció.

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Un Tribunal de Enjuiciamiento ordenó el pago de 19 millones de pesos a Jorge “N”, como reparación del daño por la afectación causada al pez totoaba macdonaldi, la vaquita marina y el ecosistema.

Además, se le dictó sentencia condenatoria de cuatro años de prisión por daño a la Biodiversidad, y afectación al Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera y Delta del Río Colorado.

La sentencia emitida fue catalogada como un «hito» por la Fiscalía General de la República (FGR), que manda un mensaje muy claro para quienes atenten contra el medio ambiente y la biodiversidad del país.

La institución ministerial explicó que el 10 de diciembre de 2019, elementos del Ejército y Policía Estatal detuvieron en Sonora, a Jorge “N” en posesión de 35 envoltorios que contenían 41 vejigas natatorias de totoaba (Totoaba macdonaldi), ocultos en un vehículo con placas de California, Estados Unidos, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Luego de que el asunto fuera turnado al Tribunal de Enjuiciamiento, se desarrolló la etapa de juicio oral respectiva, en la que se dictó el fallo condenatorio mencionado en contra del acusado y el monto para asegurar una reparación integral por la afectación al pez totoaba macdonaldi, la vaquita marina y el ecosistema, afirmó la FGR.

Por tráfico de vejigas de totoaba, sujeto deberá pagar 19 mdp y una pena de 4 años de prisión. Foto: FGR

Destacó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) participó como coadyuvante de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente (FEIDA), adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), así como parte ofendida y parte técnica desde la integración de la investigación hasta la emisión de la sentencia.

Refirió que la Profepa aportó en coadyuvancia, la asesoría jurídica y la dictaminación técnica que permitió, entre otras cosas, acreditar el daño ambiental en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado y la finalidad comercial de la conducta.

La Fiscalía General de la República agregó que continuará trabajando con la Profepa en coordinación, a fin de generar carpetas de investigación sólidas que lleven a sentencias contundentes.

Paralelamente, subrayó, la Profepa y el sector ambiental trabajan para reforzar el marco normativo, con el objetivo de elevar los castigos y las sanciones para este tipo de delitos.

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