La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció ayer, con carácter de jurisprudencia, que, tras el divorcio, los integrantes de un matrimonio tienen derecho sobre propiedades adquiridas a crédito previo al enlace nupcial por bienes separados.

A propuesta de la ministra Yasmín Esquivel y por unanimidad de votos, ministros y ministras dijeron que con esta decisión se reconoce la labor de cuidado y trabajo doméstico que desempeña uno integrante del matrimonio.

Explicaron que el trabajo doméstico es generador de riqueza al facilitar al otro que se desarrolle profesionalmente, que tenga un ingreso económico fijo para mantener el hogar y generar un patrimonio.

¿Cómo se calcula la compensación económica tras un divorcio?

Agregaron que esta compensación económica busca resarcir el desequilibrio patrimonial asociado a la distribución de las tareas de cuidado, pues quien dedicó mayor tiempo al hogar puede enfrentar menores oportunidades de desarrollo profesional, obtención de ingresos y formación de un patrimonio propio.

¿Qué determinó la SCJN sobre los bienes adquiridos a crédito antes del matrimonio?

Ministros y ministras precisaron que su resolutivo no modifica la titularidad del bien ni las obligaciones del financiamiento, ni convierte la propiedad individual en un patrimonio común, pues la autoridad judicial deberá verificar si se cumple con todos los requisitos. “Es un reconocimiento al valor económico de las labores de cuidado y crianza”, dijo el ministro Giovanni Figueroa.

La decisión se tomó al resolver una contradicción de criterios de dos tribunales, uno de Veracruz y otro de Aguascalientes. Dos mujeres reclamaron una parte proporcional de un inmueble adquirido por la persona con la que contrajeron matrimonio, de la cual se separaron posteriormente.

Un tribunal le negó el derecho de compensación en relación con el inmueble; otro tribunal dijo que la persona querellante sí tenía derecho sobre la propiedad en forma proporcional al monto cubierto durante el tiempo que duró el matrimonio. La contradicción llegó a la SCJN donde se resolvió el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es decir, es obligatorio para todos los jueces del país.

En otros temas, ministros y ministras reafirmaron la protección de niñas víctimas de violencia sexual al negar el amparo a una mujer indígena que, junto con su pareja, vejaron a sus hijos y para evadir la responsabilidad penal alegó que el juicio no cumplió con la perspectiva de género e interculturalidad.

Y en otro caso la SCJN determinó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sí puede actuar legalmente en representación de la Secretaría de Hacienda para impugnar resoluciones por la no vinculación a proceso de personas acusadas por contrabando.

El grupo parlamentario de Morena designó a la senadora Guadalupe Chavira de la Rosa como nueva presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, cargo que estaba vacante desde septiembre pasado cuando el senador Enrique Inzunza notificó oficialmente su decisión de dejar de pertenecer a esta bancada del Senado de la República.

Esta designación se hizo pública este martes, a seis meses de que se diera a conocer que el Departamemto de Justicia de Estados Unidos acusó a 10 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa de posibles nexos con el crimen organizado, entre ellos el hoy gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez.

El nombramiento de Chavira de la Rosa se hizo hasta ahora debido a que el coordinador del grupo parlamentario mayoritario, Ignacio Mier Velazco, determinó esperar hasta que retornaran a su escaño los senadores de Movimiento de Regeneración Nacional que pidieron licencia con la finalidad de buscar alguna coordinación de la autollamada Cuarta Transformación (4T) y que no la obtuvieron.

Por otra parte, se designó a la senadora Elizabeth Fiesco como nueva presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, cargo que quedó libre pues quien lo ostentaba, el senador Oscar Cantón Zetina, fue nombrado vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena.

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El Comité de Ética de la Cámara de Diputados comenzó con la revisión de la denuncia presentada por Movimiento Ciudadano (MC) en contra del diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, después del altercado que tuvo la semana pasada con el dirigente nacional emecista, Jorge Álvarez Máynez.

Así lo informó el presidente de dicho órgano legislativo, Jaime Humberto Pérez Bernabe, en entrevista con medios de comunicación al término de una sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Detalló que todos los integrantes del Comité ya tienen en sus manos la determinación técnica del área respectiva, sin embargo, explicó que se decretó un receso para cuidar los plazos legales.

«No se ha iniciado de manera formal, por eso decreté un receso. Pronto nos volveremos a reunir para llegar a los puntos adecuados e iniciar lo que determinen, sin inculpar a nadie, sino lo que determinen lo que ambas partes nos empiecen a presentar», explicó.

Con referencia a la carta enviada por el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Pérez Bernabe dijo que el documento no influye en las decisiones del órgano de control interno.

«No, en lo absoluto, porque aquí hay que diferenciar algo… Nos fue remitida nada más para conocimiento, pero no influye en lo absoluto en la determinación de no proseguir o no continuar esta reunión».

Finalmente, informó que prevé convocar a una nueva sesión la próxima semana con la intención de reanudar formalmente los procedimientos.

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