El Senado de la República retiró de su página de internet 10 años de información sobre el manejo de recursos públicos, correspondientes al periodo 2014-2024, incluidos datos sobre el destino de 10 mil 200 millones de pesos, denunció Artículo 19, que acusó a la Cámara alta de incumplir sus obligaciones legales de transparencia.

La organización señaló en un comunicado que la información fue eliminada la semana pasada del portal de datos administrativos del Senado y sustituida por un aviso que remite a los ciudadanos a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), bajo el argumento de cumplir con el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin embargo, sostuvo que esa disposición únicamente obliga a las instituciones públicas a colocar en sus portales un enlace directo a la PNT y un buscador, sin autorizar la eliminación de los archivos administrativos que ya estaban disponibles para consulta.

La documentación retirada incluía información sobre el ejercicio presupuestal del Senado durante una década. Su eliminación, advirtió la organización, impide consultar directamente los antecedentes del gasto legislativo y dificulta conocer el destino de los recursos públicos.

Además, denunció que el Senado ya mantenía sin publicar información desglosada de los ejercicios fiscales 2025 y 2026, relacionada con contratos de licitaciones públicas, compras, inversiones, recursos entregados a los grupos parlamentarios, nóminas completas y gastos mensuales en salarios, materiales y servicios.

Señaló que estas omisiones impiden comparar el ejercicio presupuestal entre distintos años, conocer las modificaciones en la administración de los recursos e identificar posibles irregularidades.

Explicó que los lineamientos de transparencia obligan a las instituciones a actualizar la información cada tres meses y conservar determinados registros, como los relacionados con salarios, prestaciones, subsidios y programas públicos, durante el ejercicio fiscal vigente y los dos anteriores, como mínimo.

También recordó que cuando un documento contiene información reservada o confidencial, las autoridades deben elaborar versiones públicas en lugar de retirarlo por completo.

Sostuvo que la antigüedad de los archivos no justifica su eliminación, pues la información histórica permite vigilar el manejo del presupuesto y exigir cuentas a las autoridades.

Advirtió que este caso se suma a otras prácticas de opacidad documentadas recientemente, entre ellas la filtración de datos personales de solicitantes de información, la ausencia de algunas autoridades en la Plataforma Nacional de Transparencia y el aumento de respuestas incompletas a solicitudes ciudadanas.

También cuestionó las consecuencias de la reforma de transparencia de 2025, mediante la cual desapareció el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo autónomo encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información.

Según Artículo 19, el nuevo esquema coloca a las instituciones públicas en una situación de conflicto de interés, debido a que las autoridades garantes forman parte de las propias estructuras gubernamentales.

En el caso del Senado, explicó, las denuncias ciudadanas por incumplimientos de transparencia deben ser atendidas por una autoridad garante perteneciente a la propia Cámara Alta.

Recordó que los estándares internacionales de derechos humanos recomiendan contar con órganos especializados y autónomos para garantizar el acceso a la información y supervisar a las autoridades.

Ante la eliminación de los registros administrativos, Artículo 19 exigió a Transparencia para el Pueblo aplicar las medidas de apremio y sanciones previstas en la legislación por incumplimiento de las obligaciones de transparencia.

«No se puede eliminar información bajo el argumento de que es antigua, porque la temporalidad de los datos no es condicionante para su publicación y consulta», sostuvo.

Insistió en que el acceso a los archivos públicos resulta indispensable para fiscalizar el gasto gubernamental y prevenir la discrecionalidad en el manejo de los recursos.

«El derecho a la información pública no tiene fecha de caducidad», dijo.

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aov/bmc

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó Morena debe hacerse responsable del desastre en el Instituto Nacional Electoral (INE), luego que quedó al descubierto el entramado de corrupción encabezado por Guadalupe Taddei, quien se vio obligada a renunciar a la presidencia del Consejo General.

En declaraciones a los medios de comunicación, dijo que Taddei y Morena construyeron una estructura de corrupción y tráfico de influencias dentro del INE con el propósito de intervenir en los comicios de 2027, por lo que exigió investigar las irregularidades durante la gestión de la expresidenta.

“Yo lo he dicho y le he señalado y lo digo desde este Senado de la República, hay que llamar las cosas por su nombre, no son hechos aislados, no es que fue un funcionario de segundo nivel, no, era la presidenta del INE en ese entonces, era todo su equipo cercano.

“Eran el representante de Morena, eran los proveedores, entonces lo que construyeron fue una estructura criminal delictiva ante el hecho más grotesco que se ha dado de tráfico de influencias y de corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral”, afirmó.

El dirigente priista sostuvo que la salida de Taddei no debe significar el cierre de las investigaciones sobre la asignación de contratos, las relaciones con proveedores y la presunta colocación de funcionarios vinculados con intereses políticos.

“No se le puede dar carpetazo, se tiene que seguir investigando”, advirtió al señalar que existen señalamientos e investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación que deben esclarecerse y determinar si hubo responsabilidades administrativas o penales.

Afirmó que la presunta estructura de negocios no se limitaba a las oficinas centrales del INE, sino que tendría presencia en más de 20 entidades federativas, mediante contratos y nombramientos en áreas administrativas y de fiscalización.

El priista vinculó estas acusaciones con la organización de las elecciones de 2027 y señaló directamente a Morena de intentar controlar áreas estratégicas del organismo electoral.

También cuestionó la relación entre el representante morenista ante el INE y antiguos colaboradores cercanos de Taddei, al considerar que esos vínculos ameritan una investigación.

Moreno Cárdenas anunció que la próxima semana volverá a viajar a Estados Unidos para denunciar estos hechos ante instancias internacionales para exponer la pérdida de autonomía del árbitro electoral.

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A través de un video hecho con inteligencia artificial (IA), el Partido Acción Nacional (PAN) calificó a diferentes figuras de o cercanas a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como corruptas.

En el material, publicado en redes sociales con la descripción «Podrán cambiar de máscara pero Morena tiene un mismo rostro: Corrupción», aparecen diferentes morenistas acusados de corrupción, huachicol, narcotráfico, nexos con el crimen organizado, entre otras.

Quienes salen son:

• Adán Augusto López, senador morenista
• Alfonso Durazo, gobernador de Sonora
• Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas
• Ana Gabriel Guevera, exdirectora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)
• Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, exsecretario de organización de Movimiento de Regeneración Nacional
• Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México
• Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE)
• Jorge Amílcar Olán Aparicio
• José Ramón López Beltrán
• Marina del Pilar, gobernadora de Baja California
• Mario Delgado, secretario de educación pública
• Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa

Cabe decir que dicha publicación se da en el contexto de las acusaciones contra el exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral por corrupción y conflicto de interés, mediante los cuales favoreció al contratista José Alfredo Hernández Casillas.

Las mismas derivaron en el anuncio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la apertura de una investigación de oficio al INE, Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), funcionarios, compañías y contratistas relacionados al caso, la renuncia de Taddei y el nombramiento de Blanca Yassahara Cruz García como nueva presidenta consejera interina.

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