Las empresas socias directas de Ingemar, Dragados y Puertos y Servicios Portuarios, propiedad de Ricardo Thompson Ramírez y Ricardo Thompson Navarro, este último detenido junto con Ernesto Ruffo, también están en la mira y son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Ambas también fueron beneficiarias de 13 contratos federales por más de 49 millones de pesos en el periodo 2019 a 2024, principalmente con Exportadora de Sal, para labores de mantenimiento.

Servicios Portuarios, S.A. de C.V., recibió 10 contratos por un total de 48 millones 872 mil 4 pesos, mientras que Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V., recibió tres contratos por un total de 554 mil 100 pesos.

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Documentos oficiales del Registro Público de Comercio demuestran que ambas empresas nacieron con objetos sociales distintos al negocio de los hidrocarburos, pero a partir de 2018 ampliaron su sociedad para entrar a esa industria, y obtuvieron contratos de diversa índole, a pesar de que en 2021 una de ellas fue suspendida de manera parcial.

Los empresarios investigados son Ricardo Thompson Ramírez, socio de Ingemar y padre de Ricardo Thompson Navarro, y los empresarios Raúl César Romero Arzamendi, David Luis Romero González y José Carlos Thompson Guiza.

Según una investigación realizada por EL UNIVERSAL, Servicios Portuarios, S.A. de C.V., recibió en el mencionado periodo 10 contratos por un total de 48 millones 872 mil 4 pesos, mientras que Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V., recibió tres contratos por un total de 554 mil 100 pesos.

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Documentos oficiales del Registro Público de Comercio demuestran que ambas empresas nacieron con objetos sociales distintos al negocio de los hidrocarburos, pero desde 2018 ampliaron su sociedad para entrar a esa industria, obteniendo contratos de diversa índole, a pesar de que en 2021 una de ellas fue suspendida de manera parcial.

La empresa más longeva es Servicios Portuarios, S.A. de C.V., con RFC SPO931206D34, inscrita en los registros públicos desde 1993. Desde su creación se dio de alta como una empresa de “investigación y avance tecnológico”, dedicada al “desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios que aporten una ventaja competitiva a la empresa mediante el desarrollo o adquisición de conocimientos”.

El primer dueño fue Ricardo Thompson Ramírez y con el paso de los años se integraron como socios Raúl César Romero Arzamendi, David Luis Romero González y José Carlos Thompson Guiza.

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Así se mantuvo por más de 20 años, pero el 15 de noviembre de 2018 la compañía modificó su objeto social para integrarse de lleno al mercado de los hidrocarburos.

“Los accionistas por unanimidad aprueban que se amplíe el objeto de la sociedad (…) El objeto de la sociedad será: la prestación de servicios de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; la sociedad podrá comprar, vender, arrendar y subarrendar todo tipo de equipo de transporte, ya sea ferroviario, marítimo o automotor; la compra y venta de todo tipo de inmuebles asociados con operaciones y servicios portuarios, otorgar servicios como agente aduanal consignatario de buques, prestación de servicios de remolque, maniobras con remolcadores, transportación de mercancías a granel en contenedores de fluidos y gases, prestación de todo tipo de servicios portuarios, gestionar y operar la concesión de todo tipo de servicios portuarios incluidas maniobras de carga y descarga, rutas de transporte y almacenamiento de mercancías, incluidas minerales, productos manufacturados y combustibles; transportación de productos por vía marítima, terrestre y ferroviaria”, así como “la comercialización de productos petrolíferos, energéticos o derivado de los mismos, y la comercialización de gasolinas y diesel suministrados por Pemex Refinación, así como lubricantes de la marca Pemex”, entre otras.

Sus contratos relacionados con el comercio de combustibles son con la industria privada; sin embargo, esta empresa vinculada a Ingemar, investigada por contrabando de huachicol, sí recibió pagos del gobierno federal por servicios de “otra índole”.

Dragados y Puertos nació como una empresa dedicada a “construir puertos marinas, terminales escolleras…”. Foto: TOMADAS DE SUS PÁGINAS DE INTERNET

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Su principal cliente es la estatal Exportadora de Sal, S.A. de C.V.

En 2019, Servicios Portuarios, S.A. de C.V., recibió una adjudicación directa por 3 millones 515 mil 387 pesos para dar servicio de mantenimiento en dique seco a un remolcador tipo ballena.

En 2020, Exportadora de Sal dio dos contratos más a Servicios Portuarios, el primero para el servicio de mantenimiento en dique seco al remolcador Halcón y una barcaza de sal 14 por 4 millones 451 mil pesos, y el segundo para el mantenimiento en dique seco del remolcador Albatros, por un monto de 4 millones 380 mil pesos. Ambos fueron mediante licitación pública.

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En septiembre de 2021, Servicios Portuarios fue suspendida parcialmente del Padrón de Importadores por violar la causal XL de las Reglas Generales de Comercio Exterior. La suspensión se aplica a quienes no tienen permisos vigentes de la Ley de Hidrocarburos o realicen operaciones con entidades que no estén autorizadas. Pese a ello, Servicios Portuarios siguió recibiendo contratos del gobierno federal.

En 2021, Exportadora de Sal otorgó a esa empresa una adjudicación directa por 10 millones de pesos para otorgar el servicio de mantenimiento al remolcador Cóndor, así como el mantenimiento al remolcador Ballena II.

“De no llevar a cabo los mantenimientos mencionados, las embarcaciones de la entidad se encontrarían imposibilitadas para navegar, lo que traería como consecuencia que ESSA pueda incurrir en el incumplimiento al programa de acarreo de sal industrial a Puerto Morro Redondo en Isla de Cedros, Baja California, que se tiene contemplado para este ejercicio 2021, y con ello se incumpliría con las metas institucionales fijadas”, argumentó la empresa estatal para otorgar la adjudicación.

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En 2022, Exportadora de Sal dio un contrato más a Servicios Portuarios para dar mantenimiento al remolcador Águila por 7 millones 260 mil pesos; en 2023 dio dos contratos más por 9 millones 32 mil pesos y por 354 mil pesos, respectivamente, para mantenimiento y la venta de cable de acero galvanizado, mientras que en 2024 Exportadora de Sal dio tres contratos más de 10 millones de pesos para la adquisición de GPS y servicios de programación y mantenimiento, todos por adjudicación directa.

En lo que respecta a Dragados y Puertos, la otra empresa socia de Ingemar, los documentos oficiales señalan que se dio de alta el 13 de enero de 2009. Los dueños son Ricardo Thompson Ramírez y Ricardo Thompson Navarro.

Nació como una empresa dedicada a “construir puertos, marinas, terminales, escolleras, realizar dragados, pilotear y realizar obra civil marítima y portuaria de cualquier clase”, pero, al igual que Servicios Portuarios, modificó su objeto social.

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En febrero de 2022 amplió sus atribuciones para agregar la “comercialización de productos petrolíferos, energéticos o derivados de los mismos; construir y operar estaciones de servicio de cualquier tipo para almacenamiento, mezcla, suministro, compra y venta, importación y exportación de productos petrolíferos, energéticos y/o sus derivados y cualquier otro producto autorizado por las leyes nacionales que legislan sobre la materia”, así como “la comercialización de gasolinas y diesel suministrados por Pemex Refinación, así como los lubricantes de la marca Pemex”.

Aunque en los documentos públicos tampoco se identifican contratos relacionados con hidrocarburos, el gobierno federal sí dio tres adjudicaciones directas a esta empresa socia de Ingemar, investigada por contrabando de huachicol.

La primera adjudicación directa se le entregó en 2019, por la Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V. (Asipona), dependiente de la Secretaría de Marina.

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Le pagaron 270 mil pesos por el servicio de “levantamiento batimétrico y barrido lateral de control de avances en áreas de la ampliación de rompeolas del Puerto de Ensenada, Baja California”.

La segunda fue en 2020, otorgada también por la Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada para la adecuación de un proyecto ejecutivo para la construcción de la represa de gaviones en la desembocadura del arroyo Ensenada, por la cual se pagó un monto de 190 mil 100 pesos.

Mientras tanto, en 2021 la Asipona Ensenada le dio una adjudicación directa por 125 mil pesos para el servicio de batimetría final del dragado de mantenimiento en dársena y áreas interiores.

En el registro comercial se establece que desde el 7 de febrero de 2025 Dragados y Puertos aceptó la renuncia de Ricardo Thompson Ramírez como gerente general de la sociedad y que se designó en dicho puesto a Ricardo Thompson Navarro, quien ahora está detenido acusado de huachicol fiscal.

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