Francisco Valdés Ugalde, politólogo, sociólogo y articulista de EL UNIVERSAL, considera que ningún gobierno o Estado debe tomar en sus manos la definición de “verdad”, pues ello le quita su carácter democrático y lo acerca a la autocracia.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México, aborda la nueva propuesta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

Valdés Ugalde asegura que, para garantizar un régimen democrático, debe existir la libertad de expresión total y libertad de prensa total, y deben existir condiciones para que las audiencias formen por cuenta propia su opinión; claro, para salvaguardar derechos siempre deben existir las leyes.

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“Es como crear un ‘ministerio de la verdad’, lo que estamos viendo es más cercano a la creación de una herramienta de censura, que una herramienta para las audiencias”, dice sobre la dependencia que se encargaría de vigilar o monitorear el comportamiento de los medios con la propuesta de Morena.

¿Ve algo novedoso en lo que está proponiendo el gobierno de México?

—Sí. Están proponiendo generar una instancia vigilante y sancionadora, una agencia gubernamental.

Creo que, en ese sentido, no es precisamente una protección de las audiencias, sino que puede ir más allá, hacia la censura de los contenidos y de las opiniones de la información, agregó.

Cuando un gobierno decide tomar en sus manos la definición de la verdad está cometiendo un grave error, un error de carácter autoritario. Cuando un gobierno hace eso, deja su carácter democrático en una dimensión importante, porque un gobierno, al igual que un Estado, no puede definir la verdad, precisó Valdés Ugalde.

El poder político se configura en una democracia conforme a acuerdos de las diferentes opiniones y puntos de vista. Debe existir libertad plena de expresión, libertad de prensa y, desde luego, deben existir instancias para que las audiencias, las personas que escuchan la radio y ven la televisión, leen los periódicos se formen por cuenta propia su opinión.

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¿Es necesario garantizar la defensa de las audiencias?

—Me parece muy bien, por ejemplo, la existencia de códigos de ética y que esos códigos sean públicos. Me parece muy bien que exista defensoría de las audiencias, pero me parece que la defensoría de las audiencias debe ser autónoma del poder político.

Yo veo en los lineamientos definiciones muy vagas acerca de lo que es veraz, de lo que es una opinión objetiva, de lo que es una conducta adecuada por parte de los medios de comunicación para respetar el derecho de las audiencias.

Esa vaguedad es amplitud de los conceptos concentrados, además en el control por parte de una sola agencia que depende directamente del Poder Ejecutivo, me parece una herramienta peligrosísima de control que puede llegar a la represión y que de ninguna manera corresponde a los estándares de una democracia.

¿Hay antecedentes, en algún otro país, sobre una agencia parecida?

—En Venezuela y en Nicaragua han ocurrido cosas que han ido mucho más al extremo de lo que aquí se está proponiendo. Sin embargo, me temo que si esta propuesta se acepta estamos frente al riesgo de correr en la misma dirección.

Es como crear un “ministerio de la verdad” que va en contra de la libertad de expresión, que va incluso en contra de los principios mismos del Estado democrático, que debe estar regido por los principios de respeto a los derechos humanos y de respeto a todas las opiniones y a la pluralidad.

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¿Le hace falta a México una propuesta de lineamientos, pero sin las sanciones?

—Creo que sí se necesita mejorar el comportamiento ético de los medios, creo que es importante distinguir información, opinión y publicidad, pero eso está dentro de los estándares de profesionalismo, por una parte, y de división de poderes, en el sentido de que el gobierno no debe meterse en la regulación del pensamiento, de la opinión ni de la información.

Estos deben ser mecanismos en manos de la sociedad y es la sociedad misma la que tiene que generar sus propias herramientas. Esto no significa que no haya leyes, que no haya disposiciones. Sí, son perfectamente aceptables, pero lo que estamos viendo y lo que se está presentando es más cercano a la creación de una herramienta de censura que a la creación de una defensa de las audiencias.

Me parece que hay un discurso por parte del gobierno que se escuda detrás de las audiencias, como se ha escudado detrás del pueblo para decir que lo que hace representa al pueblo. Y, en este caso, que lo que está haciendo representa a las audiencias, pero eso es falso, aquí no hay una representación de las audiencias, sino una representación del interés político de un grupo en el poder.

¿Sabe de una política como esta en México?

—No, desde que entramos a un proceso democrático, después de 1997, no he visto intentos semejantes al que está ocurriendo ahora. Cuando se ha llamado a que los medios de comunicación cumplan bien sus funciones, generen códigos de ética o tomen acuerdos entre sí para el manejo de cierta información, siempre ha sido una cuestión que se discute entre los medios.

Otra cosa es si los medios están bien organizados en México, porque —como hemos visto y todos sabemos— los grandes conglomerados de la comunicación forman parte de otros conglomerados de empresas y, con frecuencia, sus intereses como empresas se confunden con su forma de administrar los medios de comunicación y eso es incorrecto.

Eso es algo que debería aprenderse en México, pero no mediante una operación de carácter represivo, sino mediante el acuerdo y el consenso para garantizar que los medios efectivamente puedan representar a la opinión pública.

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¿Qué consecuencias ve, a corto y mediano plazos, con la aplicación de estos lineamientos?

—Yo creo que una gran controversia que ya está instalada, una gran oposición por parte de periodistas, académicos, medios de comunicación y de prensa que van a insistir, incluso de medios internacionales como Artículo 19, que ya ha dado algunas opiniones a este respecto.

Seguramente esto llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las Naciones Unidas, y me parece que las consecuencias para México van a ser negativas. Por un lado, generando censura y autocensura de los medios.

Las consecuencias me parecen nefastas porque entonces vamos a tener un público menos informado, un público con información y opinión menos diversa y con menor capacidad de formarse un juicio propio.

Y a cambio de eso, el gobierno estaría pretendiendo hacer que la gente se forme el juicio del gobierno. Y esa no es la representación del pueblo en una democracia. Esa es la usurpación de la representación del pueblo.

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bmc