Nacionales
“En riesgo, la libertad de expresión y de prensa”: Kenia López
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Para la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias representan un riesgo latente para la libertad de expresión y de prensa, al otorgar al gobierno la facultad de definir lo que es veraz y lo que no, así como supervisar a los medios de comunicación.
En entrevista como parte del debate sobre el derecho de las audiencias convocado por EL UNIVERSAL, la legisladora panista consideró que esta “sobrerregulación” contenida en el artículo 53 excede los límites legales y vulnera la autonomía institucional.
López Rabadán dijo, además, que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias en México, propuestos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), puede derivar en “autocensura”.
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¿Cuál es la opinión que tiene sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias en México, dados a conocer en la Presidencia?
—Bueno, es una alta responsabilidad, en términos del poder público, hacer unos lineamientos que garanticen la libertad de expresión y que garanticen la libertad de prensa. Y es justo por eso que preocupa —y lo he dicho públicamente— que haya un riesgo latente de que esos dos derechos puedan ser disminuidos o conculcados; porque cuando lees el documento, hay temas que te obligan a señalarlos.
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Por ejemplo, la definición de qué es “verdad” se vuelve muy compleja si quien va a definir qué es verdad es el gobierno, pues claramente se lastiman las distintas visiones (…) y se trastoca la libertad de los mexicanos.
Hay una seria preocupación de poder tener una certeza de libertad si es que el defensor de las audiencias —que, según dicen los lineamientos, habrán de ser de los propios medios de comunicación— tiene de manera superior al gobierno, porque entonces esa figura de defensor de las audiencias que, por supuesto, suena positiva, se vuelve negativa (…).
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La última palabra la tendrá la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que ya no es autónoma: es un ente gubernamental.
¿Considera entonces que tal y como están los lineamientos, esta figura de defensor de las audiencias está supeditada a la comisión que, a su vez, forma parte del gobierno?
—Sí, y ese entramado —o sea, ese organigrama— se vuelve muy peligroso, porque justo decíamos: ¿quién va a definir qué es veracidad? ¿Quién va a definir si, incluso, el propio sistema está hecho para que, si dices algo que no le guste a la autoridad final (ya gubernamental), haya una multa o una sanción?
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¿Y qué problemas puede generarle eso a la ciudadanía?
— El primero es que no haya libertad de prensa; o sea, que los periodistas no puedan investigar y publicar de manera objetiva, e incluso frontal al gobierno, por una preocupación fundada de una multa o de una sanción. Eso pondría al propio periodista, al medio, a la producción —a todo el círculo de comunicación— en un alto riesgo.
Usualmente, cuando se trata de callar a los medios no se hace de un solo tajo, de un solo golpe; es gradual, lo hemos visto en otros países. La primera etapa, por supuesto, es incluso la propia autocensura del periodista por un temor fundado, y ahora fundado en unos lineamientos gubernamentales. Yo por eso llamaba a la ciudadanía a participar en esta discusión de los lineamientos. Al día de hoy tenemos mil 553 comentarios y mil 468 participantes únicos. Debe haber una participación importante de los medios, de los periodistas y de los ciudadanos.
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La Presidenta y el gobierno dicen que no, pero ¿usted considera que la tentación de la censura está presente en la redacción de estos lineamientos?
—Sí, sí está presente, pero además no de manera metafórica; es una realidad plasmada en la redacción de los lineamientos, que es justo lo que a mí me parece que es necesario decir.
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El artículo 53 del Título Quinto, que es de la supervisión y las sanciones, dice: “La comisión supervisará que las personas…” ¡Fíjate! La responsabilidad de la comisión es supervisar; o sea, el gobierno va a supervisar a las personas defensoras [las personas defensoras serán definidas por el medio]. Dice: “La comisión supervisará que las personas defensoras, las concesionarias de televisión abierta y radio, las concesionarias de televisión y/o audio de paga, así como las programadoras, den cumplimiento a los derechos de las audiencias”.
Claramente va a haber una subordinación con esta redacción. El que va a definir si se cumple o no, es el gobierno. Que el cumplimiento por un concesionario, por un periodista o por un opinador se defina desde el poder, en un país democrático no podría suceder (…) Y entonces hay, claramente, una disminución, una merma y un daño al derecho que todos los mexicanos habríamos de tener a la información y, por supuesto, de los periodistas a la libertad de prensa.
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Expertos en el tema sostienen que parte de estos lineamientos se extralimitan y son inconstitucionales. Por ejemplo, puede haber multas si el medio no tiene un código de ética y no crea la figura de defensor de las audiencias, pero también puede haber multas por considerarse que el medio mintió o que sacó de contexto alguna información, y eso no viene en la Constitución. ¿Confía en que haya modificaciones ahora que termine esta consulta que se está llevando a cabo?
—Efectivamente, los lineamientos no pueden ir más allá de la ley, y están yendo más allá de la ley. Yo espero —porque la palabra “confío” ya me la estoy quitando un poco de la lengua— que haya sensatez, altura de miras y visión democrática para poder generar unos lineamientos que garanticen libertades y no que violen derechos.
La imposibilidad jurídica de intentar impugnar estos lineamientos, si es que se aprueban violando derechos, va a ser materialmente imposible; esa es la realidad y es lo que estamos viendo. Así es que yo espero que no tengamos como país un sistema de comunicación minado por el gobierno. Siempre hay una tentación brutal desde los gobiernos de querer más y tener más, pero en este tema específico sería lastimosísimo para la democracia, para los medios, para la información, para las libertades y para los ciudadanos. Yo espero que el gobierno entienda este reclamo, que no tiene un sesgo partidista; [tiene] una línea de libertades que deben ser priorizadas.
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¿Sería un retroceso o un golpe a la democracia la publicación de estos lineamientos?
—Lamentablemente, nuestro país es un lugar altamente peligroso para ejercer el periodismo. Si a ese peligro latente, que hoy tiene a siete periodistas asesinados en este año, se le suma la persecución desde los micrófonos del poder, se genera un caldo de cultivo muy dañino para los periodistas, para los medios y para la sociedad en general. Yo estoy convencida de que es necesario levantar la voz. Es necesario pugnar porque los ciudadanos puedan acceder a esta discusión, pero sobre todo a que la autoridad reflexione sobre el gran daño que se haría a este país, a la democracia y, evidentemente, a los medios, a la pluralidad y a las posiciones que siempre van a existir diferenciadas. Si un periodista decide dejar de escribir, dejar de investigar, dejar de publicar o dejar de transmitir, ese daño no solamente es para el periodista o para el medio: también es para los mexicanos.
¿Alguna conclusión?
—Estos lineamientos deben tener límites, y el primer límite es la ley: no pueden ir más allá de la ley. Deben tener límites éticos, y el primer límite es no buscar lastimar las distintas visiones que tenemos en este país. Estos lineamientos deben tener altura de miras, y eso significa priorizar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Lo otro, lo antagónico a esto, sería antidemocrático, dañino y un gran retroceso como país.
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Hasta el momento del percance, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua no tenía ningún registro oficial de llegadas y salidas de los agentes de la CIA que murieron en el accidente registrado el 19 de abril pasado.
De acuerdo con las diligencias que hicieron los integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) en campo y concentradas en la orden de aprehensión del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui, la FGE omitió informar al Ejército y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que los agentes estaban en territorio nacional, participarían en el operativo y realizaban labores de capacitación en manejo de drones a personal de seguridad estatal.
“Dentro de la SSPC no obra expresión documental referente a la autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad a favor de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, respecto a reuniones, intercambio de información llamadas telefónicas o comunicaciones con agentes extranjeros; y menos que esa institución de procuración de justicia haya rendido informe alguno al respecto, tal como se encuentra previsto en el artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional”, señala el informe brindado por la dependencia.
El expediente además detalla que la FGE aseguró no contar con bitácoras de registro de entrada y salida de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, dirigida en ese momento por Guillermo Zuany Portillo.
La FGE dijo no contar con bitácoras de entrada y salida a la fiscalía especializada.
“Respecto a las bitácoras de ingreso a las instalaciones que solicita se hace de su conocimiento que en esta fiscalía especializada no se lleva a cabo un registro de bitácoras de ingreso alguna, por lo que no se cuenta con información que documente dicho rubro”, señala el oficio FGR-19S/244/2026.
Aunque entregó los videos de tres cámaras de seguridad donde se ven las puertas de acceso al edificio, los videos de 24 horas de grabación continua se pierden en algún momento, debido a “un corte de energía eléctrica”.
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Sobre las cámaras de seguridad y videovigilancia del acceso a las instalaciones de la fiscalía especializada, correspondientes del 1 de febrero al 19 de abril de 2026, el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Fiscalía General del Estado entregó el oficio FGE-8C/331/2026 y un disco duro externo marca ADATA, con capacidad de 2 TB y número de serie 1P4721029995, el cual contiene los videos de las cámaras en cochera uno, cochera dos y entrada trasera.
“Correspondiente al periodo del 14 de marzo al 19 de marzo 2026 en modalidad continua de 24 horas, indicando que con motivo de un corte de energía eléctrica del periodo del 3 al 6 de marzo de 2026 no fue posible la generación de almacenamiento de dicho periodo”, señala el oficio vaciado en la diligencia.
Según las diligencias presentadas en la orden de aprehensión, de la cual EL UNIVERSAL tiene una copia, el Ejército sí participó en el operativo de la Sierra de Chihuahua donde se encontró el narcolaboratorio, pero no en su ejecución. La fiscalía de Chihuahua solicitó su ayuda como protección perimetral y nunca fueron informados de la presencia de agentes extranjeros.
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“El 13 de abril de 2026, el fiscal general de Chihuahua, a través de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, durante la reunión de coordinación estatal “Chihuahua, para la Construcción de la Paz, solicitó a la comandancia de la 42/a Zona Militar (Hidalgo del Parral, Chih.) que personal militar proporcionara seguridad periférica a elementos de esa dependencia a inmediaciones del ejido El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, por contar con información respecto a posibles laboratorios utilizados para la elaboración de drogas sintéticas en esa área.
“Por lo anterior, la finalidad y participación del personal militar fue únicamente para proporcionar seguridad externa en el ejido El Pinal del 16 al 18 de abril 2026, del municipio de Guachochi al municipio de Morelos, Chihuahua”, señala el informe entregado por el Ejército a la FGR.
En cuanto a la SSPC, además de negar que la fiscalía le haya informado de la presencia de los agentes de la CIA, en sus propios registros no se tiene ninguna información sobre su posible ingreso a territorio nacional ni el tipo de trabajos o asesorías que realizaban.
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“Se desconoce la calidad de las personas Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, ya que esta secretaría no suscribió acuerdo alguno con la Secretaría de Relaciones Exteriores para resolver respecto de la acreditación y circunscripción territorial de los señores enunciados, como lo establece el segundo párrafo del artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional.
“Por cuanto hace al numeral 2, esta institución de seguridad pública no cuenta con registro de alguna autorización para que las personas extranjeras Johnston III y Dudley Black pudieran internarse temporalmente en territorio nacional para fines de intercambio de información”, precisó la Secretaría de Seguridad.
En el parte entregado por el Instituto Nacional de Migración (INM) a la FGR, el instituto niega a su vez tener información y registros de la entrada de los cuatro agentes a territorio nacional.
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Del único que se tiene registro fue de Richard Leiter Johnston III, su ingreso al Aeropuerto Internacional de Chihuahua el 13 de abril de 2026 a las 11:18 horas. En cuanto a John Dudley Black no hubo registro. Ambos murieron en el accidente.
Respecto a ambos, en el oficio CNI/DG/AJ/256/26, de 30 de abril de 2026, signado por el encargado del área jurídica del Centro Nacional de Inteligencia, informó que no cuenta con datos de domicilio, datos de identificación (pasaporte) actividades, despliegue territorial, red de vínculos, números telefónicos ni con correos electrónicos.
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Viggiano es dueña de terreno en San Miguel de Allende; exclusivo fraccionamiento cuenta con viñedo y campo de golf
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La senadora y secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano Austria, adquirió también una propiedad en condiciones poco transparentes. Ahora se trata de un terreno en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, comprado a precio de remate.
Según su propia declaración patrimonial correspondiente a 2025 y de acuerdo con el certificado de gravámenes expedido por la Secretaría de Gobierno del estado de Guanajuato y suscrito por Magdalena García Méndez, registradora pública suplente, con fecha 22 de septiembre de 2026, del cual EL UNIVERSAL tiene copia, la política hidalguense realizó la compra en el exclusivo Club de Golf Zirándaro.
El documento revela que la legisladora priista es propietaria del lote 12, manzana 7, con una superficie registrada de 312.24 metros cuadrados, mismo que está declarado con un precio de adquisición de un millón 310 mil pesos, en julio de 2025, equivalente a 4 mil 163 pesos por metro cuadrado, cuando en realidad el precio real del metro cuadrado en ese lujoso lugar es de 6 mil pesos.
Sin embargo, el valor real de dicho terreno es de cuando menos un millón 900 mil pesos, de acuerdo con un estudio de mercado realizado sobre predios similares publicados en el mismo fraccionamiento, por lo que existe una discrepancia fiscal de alrededor de 600 mil pesos.
Además de un campo de golf ejecutivo y academia de golf, el exclusivo fraccionamiento con acceso controlado donde se ubica el terreno de Carolina Viggiano tiene lagos artificiales y áreas verdes.
La propiedad fue suscrita en el Registro Público estatal a nombre de Alma Carolina Viggiano Austria.
El sitio web oficial describe al complejo como “un desarrollo residencial único en San Miguel de Allende, con viñedos, áreas verdes y un campo de golf de nueve hoyos. Más que un terreno, es una inversión en estilo de vida”.
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Destaca que “a sólo 10 minutos de San Miguel de Allende, Zirándaro ofrece terrenos residenciales en un fraccionamiento ya habitado, con infraestructura de primer nivel, paisajismo diseñado para armonizar con el entorno y amenidades exclusivas.
“Aquí tu inversión se convierte en más que un terreno: es la oportunidad de formar parte de una comunidad en crecimiento con espacios naturales y un campo de golf dentro del desarrollo”.
En tanto, el gobierno municipal promueve a San Miguel de Allende como “una joya colonial en el corazón de México. Sus calles empedradas llenas de historia y cultura, así como su arquitectura, te transportan en el tiempo. San Miguel es reconocida por su arte, su cultura su gastronomía y su romance.
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“Es más que un destino turístico, es una experiencia que cautiva todos los sentidos y deja una huella imborrable en el corazón de quienes la visitan”.
San Miguel de Allende es considerada de alto costo en comparación con el resto de Guanajuato.
La adquisición de este terreno se suma a la realizada en diciembre de 2025, cuando la secretaria general del PRI compró un departamento en el complejo residencial Puerta Alameda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual ha negado rotundamente que fuera de su propiedad, pero que de acuerdo con documentos y registros oficiales también adquirió de manera sospechosa a un valor menor al precio de mercado.
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Cabe recordar que ya hay diversos señalamientos contra la senadora por haber adquirido dos terrenos en el exclusivo Club de Golf Pachuca a precios por debajo de su valor real, cuando además vendió a una empresa facturera un terreno en Zempoala, Hidalgo, por el cual obtuvo una utilidad de 800%, según cálculos conservadores.
EL UNIVERSAL publicó que la senadora vive desde hace años en en Lomas de Chapultepec, en una casa de 40 millones de pesos, además de que adquirió un departamento en Puerta Alameda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
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Por segunda ocasión, trabajadores sindicalizados del IMSS salieron a las calles para rechazar la contrapropuesta de incremento salarial de 8% anunciada por el director del instituto, Zoé Robledo Aburto, y, ante la falta de solución a sus demandas, anunciaron una megamarcha nacional a llevarse a cabo el próximo 30 de octubre con el fin de “parar a México”.
Alrededor de las 16:00 horas, los trabajadores partieron del Centro Médico Nacional Siglo XXI rumbo a Paseo de la Reforma, donde exigieron la destitución inmediata del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández, además de un aumento salarial de 10%, un plan de acción para atender el desabasto de medicamentos y la falta de personal médico, así como la realización de un congreso nacional extraordinario.
Entre consignas como “¡La base unida jamás será vencida!”, “¡Fuera Olivos!”, “¡No que no, sí que sí ya volvimos a salir!”, “¡Olivos, entiende, la base no se vende!”, “¡Después de trabajar venimos a luchar!”, los inconformes denunciaron un intento para desestabilizar el movimiento con la contrapropuesta de incremento salarial anunciada por Robledo Aburto y acusaron represión por parte de los directivos de las unidades médicas hacia el personal médico que ha salido a manifestarse.
Los trabajadores sindicalizados rechazaron la propuesta del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. FOTO: GARIEL PANO. EL UNIVERSAL
Aunque los trabajadores del sector salud negaron que vayan a llamar a una huelga nacional o a un paro de labores indefinido, aseguraron que van a intensificar sus protestas a lo largo del país con bloqueos viales para lograr ser escuchados. Además, aseveraron que ningún intento de desestabilizar el movimiento va a prosperar, porque hay unidad.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Jazmín Piñón, auxiliar de enfermería general en el IMSS, consideró que “como ya sabían de la marcha, la propuesta fue un anuncio para calmarla y desestabilizarla, porque finalmente hay intereses del instituto, el sindicato y el gobierno.
“Fue para desestabilizarnos y decir: ‘ya les dimos su aumento y con eso los vamos a calmar’, pero no nada más es el salario, es la falta de insumos, de personal médico y que el secretario que tenemos no nos respalda. Es para que estuviera con nosotros, lo cual es todo lo contrario, porque se ha escondido y no se ha visto el apoyo”, dijo.
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La propuesta de 8% de aumento salarial fue rechazada por los trabajadores del Seguro Social, que piden la renuncia de Zoé Robledo. FOTO: GARIEL PANO. EL UNIVERSAL
Relató que ella y otros compañeros que forman parte del movimiento han padecido represión por parte de jefes y supervisores de las unidades médicas, “porque nos presionan, porque dicen: ‘tú eres la que está saliendo a marchar, la que está convocando a los compañeros’. Ellos dicen que no, pero la realidad es otra y sí estamos viviendo represión por parte de las autoridades de las unidades.
“Nosotros a lo que vamos es a trabajar y el que va a trabajar no tiene miedo a nada. Tenemos derecho a manifestarnos, a decir nuestras inconformidades y si trabajamos no tenemos por qué tener miedo a que haya represalias por parte de las autoridades”, manifestó.
Piñón descartó una tregua inmediata y advirtió que seguirán las movilizaciones hasta que se cumplan a cabalidad sus exigencias, “pues aún no hay una fecha en la que digamos ‘ya hasta aquí llegamos’, todavía no sabemos, pero vamos a continuar hasta que hagan caso a las peticiones que estamos solicitando”.
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Antes de la conclusión de la protesta, la base trabajadora rechazó que algún partido político forme parte del movimiento, luego de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, y una comitiva de diputados albiazules acudieron a un mitin al plantón ubicado en las oficinas centrales del instituto.
Los trabajadores de la salud exigieron la salida del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Rafael Olivos Hernández. Foto: GARIEL PANO/EL UNIVERSAL
Como parte de los acuerdos, los trabajadores establecieron la realización de bloqueos intermitentes en intervalos de 10 minutos a las afueras del Hospital La Raza y el Centro Médico Siglo XXI a partir hoy a las 15:00 horas, así como la toma parcial de cada uno de los 37 edificios de las dirigencias sindicales.
Anunciaron una red nacional en defensa de los trabajadores y amenazaron con huelgas de hambre en caso de represión.
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