Bogotá.— En México la libertad de expresión se encuentra bajo acecho ante la persistente violencia contra periodistas, así como por procesos judiciales y medidas regulatorias. Además, durante este año también se registraron desapariciones, amenazas de muerte, agresiones físicas y presiones para retirar o limitar información, señala el reporte anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que será presentado durante su 82 Asamblea General, que se celebra en la capital de Colombia.

De acuerdo con el informe, todas estas circunstancias afectan las condiciones para que en México se ejerza la libertad de expresión.

En este contexto, la SIP da cuenta de algunos de los casos en los que periodistas han sido víctimas de asesinato, agresiones o amenazas.

“Entre los casos más graves se encuentran los de Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, asesinado en julio en Puebla; Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y columnista crítico de autoridades, cuyo homicidio ocurrió también en Oaxaca, y Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido asesinado en agosto en Puebla. En algunos de estos casos existían amenazas previas o publicaciones relacionadas con asuntos sensibles. La SIP, el CPJ y RSF reclamaron investigaciones exhaustivas y que no se descartara la actividad periodística como posible móvil. Se registraron otros tres asesinatos que, según informes de prensa disponibles al momento de este informe, no presentan indicios ni evidencias de vínculos con el trabajo periodístico de las víctimas”, señala.

Agrega: “La violencia no se limitó a los homicidios. También se documentaron amenazas contra periodistas y sus familiares en Sinaloa y Tlaxcala, campañas de señalamiento en redes sociales, agresiones durante coberturas y presiones para retirar materiales periodísticos. Destacó el caso de dos periodistas que, según la denuncia recopilada, fueron obligados por efectivos de la Secretaría de Marina a borrar imágenes y videos mientras documentaban un presunto derrame de petróleo en Tamaulipas.

“En Chiapas y Oaxaca, periodistas incorporados al mecanismo de protección señalaron que las medidas existentes no eliminaban los riesgos derivados de sus coberturas. En septiembre se sumaron amenazas contra el periodista poblano Jaime López y la agresión física contra la fotodocumentalista Abril Ángel durante una protesta en Ciudad de México”, apunta el informe.

“Frente a este escenario, se produjeron acciones institucionales para fortalecer la protección y la investigación de los delitos contra periodistas. La SIP y el Comité para la Protección de Periodistas sostuvieron reuniones con la Suprema Corte y la Fiscalía General de la República, y plantearon la necesidad de mejorar la capacitación judicial, la coordinación institucional y la respuesta frente a los crímenes contra periodistas. Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales continuaron señalando la impunidad como uno de los principales factores de riesgo. Reporteros sin Fronteras ubicó a México en el lugar 122 de 180 países en su Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2026 y en el 160 en el indicador de seguridad”, apunta el informe preparado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

La SIP expresó que otro foco de preocupación durante el periodo del reporte fue el uso de disposiciones legales y procedimientos judiciales con posibles efectos inhibitorios sobre la actividad periodística y destacó el caso de la llamada Ley Serrano, en San Luis Potosí, así como la alerta que se disparó con la presentación del gobierno federal de lineamientos sobre derechos de las audiencias y sus posibles efectos nocivos sobre la libertad de expresión.

“El caso más relevante fue en San Luis Potosí, donde una ley relacionada con el uso de inteligencia artificial derivó en procesos contra periodistas. Organizaciones de libertad de expresión cuestionaron conceptos considerados amplios y advirtieron sobre su posible utilización contra voces críticas. La CIDH manifestó preocupación por los procedimientos derivados de esta legislación. A ello se sumó la discusión sobre los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. Organizaciones periodísticas, académicos y otros actores expresaron preocupación por la posibilidad de que algunas disposiciones afectaran la libertad editorial o generaran autocensura, particularmente si autoridades administrativas pudieran intervenir en contenidos periodísticos. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se tratara de censura y defendió la regulación como una vía para garantizar los derechos de las audiencias. Los lineamientos fueron aprobados el 26 de agosto, aunque permanecieron cuestionamientos sobre la distinción entre información y opinión y sobre los mecanismos de supervisión”, señala el reporte.

El informe también da cuenta de que la relación entre el gobierno federal y algunos medios de comunicación estuvo marcada por “confrontaciones públicas y nuevas formas de seguimiento de la conversación digital”.

La SIP es una organización integrada por más de mil 300 medios impresos, televisoras, radios y medios digitales, asociaciones de prensa, empresas proveedoras de servicios e individuos, cuya misión es promover las libertades de expresión y de prensa.

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por probables daños al erario por más de 66.5 millones de pesos que le fueron observados desde el año pasado y no logró solventar, además de diversas irregularidades que incluyen pagos a personas fallecidas, contratos con empresas fantasma o de reciente creación y contratos otorgados a funcionarios públicos en activo.

La indagatoria revela casos graves de conflictos de interés, toda vez que se detectó que 57 personas físicas obtuvieron contratos del INE al mismo tiempo que ejercían como funcionarios públicos activos.

La ASF analiza si durante la presentación del informe, el 20 de febrero de 2027, hará o no públicos los nombres de dichos funcionarios, ya que pueden formar parte de una denuncia penal en caso de que las pruebas lleven a interponerla.

Si bien la nueva indagatoria de oficio se anunció este jueves, la autoridad electoral ya estaba en el ojo del máximo órgano fiscalizador desde el 5 de junio de 2026, cuando la Auditoría Superior comenzó con la revisión total de los recursos recibidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), una cifra que ronda los 30 mil millones de pesos.

Entre los hallazgos de la auditoría que se hará pública en febrero de 2027, y a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, destacan contratos con empresas fantasma o de reciente creación.

La ASF detectó que con el presupuesto de 2025, el INE otorgó más de 21 millones de pesos en contratos a 10 empresas que tenían menos de un año de haber sido constituidas.

De igual forma, se descubrió que 131 proveedores de Instituto Nacional Electoral omitieron publicar sus opiniones de cumplimiento ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, pese a ello, se les continuó dando contratos.

Otro de los hallazgos calificados como graves es la identificación de pagos post mortem, debido a que el instituto mantuvo en su nómina y realizó pagos económicos a 18 trabajadores que ya habían fallecido.

Además, se identificaron empresas que participan siempre en conjunto o en bloque y recibieron contratos en diversos Organismos Públicos Electorales (OPLE).

A la investigación se suman las observaciones por 66.5 millones de pesos realizadas al INE el año pasado, debido a que no fueron solventadas.

Destaca un contrato por 63 millones 241 mil 392.14 pesos que el INE otorgó a la empresa Comercializadora JVLY, S.A. de C.V. para otorgar el servicio de impresión, producción y distribución de materiales de simulacro para el Proceso Electoral 2023-2024. La autoridad electoral no logró acreditar la documentación que comprueba la prestación de este servicio por parte de la mencionada empresa.

Otras partidas pendientes de aclarar incluyen un millón 70 mil 928.52 pesos vinculados a la impresión de materiales didácticos para la elección de cargos del Poder Judicial y 2 millones 250 mil 680 pesos por la prestación del servicio integral para arrendar el parque vehicular.

La investigación de oficio no sólo va dirigida al INE, sino también a Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), funcionarios, compañías y proveedores relacionadas con dicho instituto.

Se da en medio de diversas publicaciones por parte de medios de comunicación, como EL UNIVERSAL, con respecto de presuntas irregularidades en contrataciones.

A través de un comunicado oficial, el máximo órgano de fiscalización del país confirmó que, “ante los hechos recientemente divulgados relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE), informa: Se ha dado inicio a una investigación de oficio respecto al uso indebido de recursos públicos”.

La Auditoría Superior de la Federación explicó que “ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”.

El órgano fiscalizador, a cargo de Aureliano Hernández Palacios Cardel, detalló que en virtud de lo anterior, “y derivado de las nuevas facultades otorgadas a la ASF en materia de investigación y, toda vez que ya se cuenta con elementos e indicios suficientes: Este órgano superior de fiscalización investigará lo señalado con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico”.

Entre las investigaciones que han sido publicadas, destaca la de El Gran Diario de México, en la que se dio a conocer que Lourdes Piña Soria del Valle, quien se presenta como asesora y “mano derecha” de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, es madre de una proveedora del INE.

Su hija, la presentadora de televisión Itzel Sandino Piña Soria, es la administradora única de la empresa Promotora de Noticias Exactas, S.A. de C.V., que, a partir de este año aparece como proveedora del máximo órgano electoral.

Piña Soria no aparece en la nómina del INE ni como trabajadora externa o por honorarios; sin embargo, “tiene derecho de picaporte en todas las instalaciones del instituto”, relataron a EL UNIVERSAL diversos trabajadores.

Acorde con la indagatoria, en este entramado hay un tercer personaje que se llama Gilberto Solís Mendívil, quien obtuvo —a finales de 2025, como persona física— un contrato de más de un millón de pesos con el INE para realizar una miniserie documental sobre la jornada de la elección judicial, pero también funge como “comisario” de la empresa Promotora de Noticias Exactas, según el acta constitutiva, cuya copia posee este diario.

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Desde que Guadalupe Taddei Zavala llegó a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en abril de 2023, su gestión ha estado marcada por controversias relacionadas con su designación, la concentración de facultades, los vínculos familiares con gobiernos de Morena y los señalamientos sobre contratos de materiales electorales y posibles conflictos de interés.

La polémica más reciente escaló ayer, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que cuenta con indicios para investigar posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.

Uno de los primeros cuestionamientos surgió con su propia llegada al cargo. El 31 de marzo de 2023, Taddei fue elegida mediante insaculación —o comúnmente conocido como tómbola— en la Cámara de Diputados, después de que las fuerzas políticas no alcanzaran un acuerdo para designar a los nuevos integrantes del Consejo General.

Aunque el procedimiento fue legal y permitió resolver el nombramiento, generó cuestionamientos por la falta de consenso entre los partidos, así como por los antecedentes de la funcionaria en Sonora, donde había encabezado el organismo electoral estatal.

Otra controversia surgió con la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en octubre de 2024. La modificación legal amplió las facultades de la presidencia del INE para nombrar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin someter esas designaciones a la aprobación del Consejo General.

Esta situación ya ha acarreado diversas consecuencias, por ejemplo, algunas consejerías impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral que algunos perfiles designados por Guadalupe Taddei no cumplían con la experiencia requerida para los cargos encomendados.

Los vínculos familiares de Taddei con funcionarios de Sonora y de la Cuarta Transformación han sido objeto de críticas. Investigaciones periodísticas han documentado que su hijo Luis Rogelio Piñeda Taddei ocupó cargos en el gobierno de Alfonso Durazo.

Otros de sus hijos también han trabajado en instituciones públicas. Su primo Jorge Taddei Bringas fue delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora y uno de los hijos de este, Pablo Daniel Taddei Arriola, fue nombrado director de Litio para México (LitioMX).

Los señalamientos más recientes se concentran en las contrataciones a modo en las que ha incurrido el INE con Taddei tomando las decisiones más importantes a nivel administrativo.

Por ejemplo, EL UNIVERSAL ha dado cuenta de la existencia de pagos a trabajadores que no se pudieron acreditar sus servicios por honorarios, irregularidades en la asignación de contratos que, por ejemplo, tuvieron que haberse asignado en 2021 y terminaron asignándose hasta que ella llegó al cargo.

La controversia coloca bajo escrutinio la gestión administrativa de Taddei en vísperas de las elecciones federales de 2027. La presidenta del INE ha defendido la legalidad de los procedimientos de contratación y anunció que solicitará una nueva revisión de las licitaciones cuestionadas.

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