Nacionales
CNDH exige investigar posibles actos de tortura cometidos por agentes de seguridad en Chiapas; pide imparcialidad en el caso
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) urgieron a las autoridades de Chiapas a realizar una investigación oficiosa, independiente y con debida diligencia ante presuntos actos de tortura difundidos recientemente en una grabación atribuida a agentes de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de esa entidad.
A través de un pronunciamiento, ambos organismos manifestaron su “profunda indignación” y condenaron cualquier acto que atente contra la integridad y dignidad de las personas privadas de la libertad.
La CNDH señaló que el Estado mexicano tiene obligaciones “irrenunciables” para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, por lo que recordó que las investigaciones deben ser inmediatas, exhaustivas e imparciales contra quienes participen, toleren o encubran este tipo de conductas.
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Agentes de la Fiscalía de Chiapas presuntamente torturando a detenido. Foto: Especial.
El organismo nacional indicó que la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó sobre la integración de un “grupo especial del Ministerio Público” para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de diversos servidores públicos, entre ellos un subdirector, tres agentes del Ministerio Público, un secretario y cinco policías.
No obstante, la CNDH puntualizó que en Chiapas ya opera una Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura, dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos, y recordó que desde 2022 el MNPT había recomendado fortalecer las capacidades institucionales mediante la creación de una fiscalía especializada en tortura.
El organismo sostuvo que cumplir con los estándares previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura permite fortalecer las investigaciones mediante equipos multidisciplinarios especializados y garantizar independencia e imparcialidad.
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Entre las exigencias planteadas por la CNDH destacan que los hechos sean investigados como posibles actos de tortura; que exista un plan claro de investigación con líneas de indagación definidas; que los peritajes médicos y psicológicos se apeguen al Protocolo de Estambul, y que se priorice la protección de las víctimas durante todo el proceso.
Asimismo, reiteró que la tortura “no puede justificarse en ningún escenario” y subrayó que las autoridades de seguridad y procuración de justicia deben garantizar salvaguardias fundamentales desde el primer momento de la detención, como el registro inmediato, acceso a defensa legal, certificaciones médicas independientes y comunicación con familiares.
La CNDH enfatizó que estas medidas tienen un efecto preventivo, pues reducen el riesgo de abusos y violaciones a derechos humanos contra personas bajo custodia del Estado.
Finalmente, la Comisión y el MNPT señalaron que mantendrán diálogo con las autoridades de Chiapas para fortalecer mecanismos de prevención e investigación especializada, con el propósito de erradicar prácticas que vulneren la integridad y dignidad de las personas.

nro/apr
Nacionales
Revocan medida contra cartonista Paco Navarrete; ya no deberá disculparse públicamente con diputada Itzul Barrera
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El cartonista Paco Navarrete informó que fue revocada la medida que lo obligaba a ofrecer una disculpa pública durante 15 días a la diputada de Morena, Itzul Barrera, por el cartón político “La diputada en su paraíso” publicado en “La Resortera”, en el periódico Mural.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Navarrete explicó que la resolución se produjo luego de que la parte demandante manifestó que ya no quería las disculpas públicas.
Sin embargo, señaló que el Tribunal de Jalisco consideró que la sentencia debía mantenerse, debido a que ya era firme, por lo que ambas partes presentaron argumentos ante una instancia regional.
De acuerdo con el cartonista, la Sala Regional revisó los planteamientos y retomó los argumentos presentados por su abogada, Mónica Calles, para revocar la medida de reparación. Con ello, ya no tendrá que cumplir con la disculpa pública que se le había ordenado.
El cartonista señaló que, aunque la parte demandante decidió desistir de las disculpas, el tribunal local mantuvo inicialmente la obligación. Añadió que, al enterarse de las actuaciones, solicitó información sobre el caso y, por recomendación de su abogada, también presentó argumentos para impugnar la medida.
«El tribunal local dijo que no, que la sentencia iba porque iba, porque ya era una sentencia en firme. Y entonces ella se quejó y demandó ‘digamos al tribunal'», explicó.
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Navarrete afirmó que el procedimiento se encuentra prácticamente resuelto en lo relativo a la disculpa pública, aunque todavía podrían quedar formalidades legales pendientes.
Al valorar la resolución, Navarrete consideró que la revocación representa un alivio personal, pues evita que tenga que cumplir una medida que consideró antigua.
“Se ha vuelto una medida punitiva, que además es como de la Edad Media, así tal cual los sanbenitos”, expresó.
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Navarrete sostuvo que el procedimiento no debería aplicarse a la sátira política en los medios de comunicación y afirmó que, desde su perspectiva, fue utilizado como un mecanismo para limitar la libertad de expresión.
También cuestionó que, durante las distintas etapas del proceso, no se tomaran en cuenta sus argumentos y que el caso se desarrollara en condiciones desiguales.
Explicó que enfrentó dificultades para acceder a asesoría especializada en materia electoral y señaló que los abogados del Congreso estatal participaron en la construcción de los argumentos del caso.
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“Se convierte en una lucha de un individuo contra todo un aparato”, afirmó.
El cartonista vinculó su caso con el debate sobre la llamada “Ley Antimemes” y advirtió que, a su juicio, las ambigüedades de este tipo de disposiciones pueden propiciar aplicaciones discrecionales.
Consideró que los procedimientos deben analizarse desde una perspectiva más amplia debido a que sus efectos pueden alcanzar a ciudadanos y comunicadores que no cuentan con recursos para contratar asesoría especializada.
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aov/bmc
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Nacionales
IMSS asegura estar en plazo para cumplir recomendación por muerte de paciente; CNDH pidió reparación a víctimas indirectas
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que todavía se encuentra dentro del plazo legal para cumplir la Recomendación 31/2026 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitida por irregularidades en la atención médica de un adulto mayor que falleció después de una intervención quirúrgica en el Hospital General de Zona número 194, en el Estado de México.
Mediante una tarjeta informativa difundida este miércoles, el organismo señaló que recibió la recomendación relacionada con hechos registrados en octubre de 2024 y manifestó su disposición de colaborar con la CNDH.
“El Instituto se encuentra dentro del plazo que establece la ley para dar cumplimiento a dicha recomendación”, puntualizó la Coordinación de Atención a Quejas y Casos Especiales del IMSS.
La CNDH documentó deficiencias en la atención del paciente, entre ellas la falta de estudios médicos actualizados y valoraciones especializadas antes de la cirugía. El organismo acreditó violaciones a los derechos a la protección de la salud, a la vida y al trato digno.
Ante estos hechos, solicitó al IMSS reparar integralmente el daño causado a las víctimas indirectas, proporcionar atención psicológica o tanatológica, investigar las posibles responsabilidades del personal médico y establecer medidas de capacitación para evitar casos similares.

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aov
Nacionales
PAN exige la destitución de funcionarios contratados por Taddei; entrega oficio a nueva presidenta del INE
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Diputadas y diputados federales y locales, acudieron a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para entregarle un oficio a la presidenta sustituta de dicho órgano, Blanca Cruz García, en el que le solicitan separar de sus funciones a las y los funcionarios contratados por Guadalupe Taddei.
“El día de hoy, el Grupo Parlamentario del PAN, en las personas del diputado Marcelo Torres, la diputada Margarita Zavala, la diputada Paulina Rubio, el diputado Homero Niño de Rivera y el diputado Miguel Guevara en representación de este grupo, acudieron a entregar una solicitud a la presidenta sustituta. Los súper poderes que Morena instaló en el INE, en una persona, no han hecho bien, no han servido para otra cosa que para generar corrupción y un poder utilizado para beneficiar intereses ya no tan ocultos, pero sí inconfesables, que el régimen sabía que iba a pasar porque se los advertimos. Por eso hicimos dos solicitudes concretas. Primero, sin tapujos, con claridad, de frente a la nación, separar de sus funciones a las y los funcionarios contratados por Guadalupe Taddei”, informó el coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, en conferencia de prensa.
La diputada federal del PAN, Paulina Rubio expuso que la exigencia ocurre tras “darse a conocer que los hermanos Raymundo Francisco y José Alfredo Hernández Casillas, del Clan Taddei, también metieron mano en la producción de Talleres Gráficos de México, de SEGOB, y ganaron al menos 278 millones 300 mil 277 pesos, exigimos abrir una auditoría en esa entidad que favoreció a las firmas Cajas Graf, S.A. de C.V., Formas Finas y Materiales S.A de C.V., y Corporativo Zeg S.A de C.V.”
De acuerdo a la panista, se les otorgó 32 contratos y son empresas que actualmente son investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera debido a una posible simulación de competencias en el Instituto Nacional Electoral.
“Los tentáculos de la corrupción de Guadalupe Taddei y Morena no solo alcanzaron al INE, sino también llegaron a los Organismos Públicos Locales Electorales, a Gobernación vía Talleres Gráficos de México, es tan burda la mano negra de las tranzas de la 4T”, declaró.
La diputada local América Rangel Lorenzana, manifestó que Taddei, además de haberse ido con “la satisfacción del deber cumplido”, se fue con una red de clientes que favoreció como presidenta del INE, desde alcaldes, diputados, senadores, regidores o gobernadores, donde también pueden estar metidos los negocios de José Alfredo Hernández Casillas.
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“La corrupción del INE no es más que la punta del iceberg de todo un esquema que Morena planteó para pagarle a quien le regaló la mayoría ficticia en la Cámara de Diputados, en congresos estatales y en el Senado”.
Finalmente, el diputado Marcelo Torres sostuvo que “se fue Taddei, sí, pero el olor a corrupción sigue ahí”, por lo que calificó de “urgente” la renovación del INE.
“Por eso es que hemos exigido lo que pues legalmente y naturalmente corresponde. Ya se fue ella, pero el problema sigue allí. Necesitamos claridad, necesitamos objetividad y por supuesto que se sancione, que se castigue, que se abran todas las carpetas de investigación a cada uno de las y los responsables, personas físicas, personas morales”, concluyó.
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