Las bancadas del PRI y PAN en el Senado de la República presentaron por separado iniciativas que buscan eliminar los “súper poderes” a quien asuma la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para frenar actos de corrupción, contratos a modo a empresarios y la contratación de funcionarios que no cumplen con los requisitos.

En medio de la crisis en dicha institución por el escándalo y renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, a quien se le acusa de presuntos actos de corrupción, conflicto de interés, desvío de recursos públicos y abuso de poder, Morena intentó deslindarse del nombramiento de la hoy exfuncionaria a pesar de los videos transmitidos en la sesión donde el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, respaldó su nombramiento.

La bancada del Partido Acción Nacional presentó la iniciativa de Ley anti Taddei, donde propuso eliminar la facultad de la Presidencia del Consejo General del INE con el objetivo de designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, de forma que nada más proponga los nombramientos y la decisión corresponda a este Consejo General.

Además, ordena revisar en un plazo de 30 días naturales los nombramientos hechos bajo la facultad de designación directa vigente desde octubre de 2024, en otras palabras, bajo la administración de la exconsejera presidenta, sin que ello implique remociones automáticas; cualquier separación deberá sujetarse a las causas y procedimientos legales aplicables.

Por su parte, la bancada del Partido Revolucionario Institucional presentó la iniciativa que busca restablecer el carácter colegiado del órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral y revertir la concentración de atribuciones introducida en 2024 en favor de la Presidencia del Consejo General para designar directamente a las personas titulares de las direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas del Instituto.

La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales propone establecer que cuando se produzca una vacante definitiva en una dirección ejecutiva o unidad técnica cuya titularidad deba ser designada por el Consejo General, la Presidencia del Consejo General deberá presentar una propuesta para ocuparla dentro de los 20 días hábiles siguientes.

Asimismo, el currículum, la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos legales y una exposición de las razones de idoneidad de la persona propuesta deberán hacerse públicos, cuando menos, cinco días hábiles antes de que el Consejo General discuta y vote la designación. El Consejo General deberá resolver la propuesta dentro de los diez días hábiles siguientes a su publicación. La designación requerirá cuando menos ocho votos.

También, en caso de que la propuesta no obtenga la votación requerida, la Presidencia del Consejo General deberá presentar una candidatura diferente dentro de los 10 días hábiles siguientes.

Cuando dos propuestas consecutivas para la misma vacante no obtengan cuando menos ocho votos, tres o más consejeras o consejeros electorales podrán presentar una o más candidaturas alternativas. Todas las candidaturas deberán cumplir los requisitos de publicidad e idoneidad previstos en el numeral anterior y, en cualquier caso, la designación definitiva requerirá cuando menos ocho votos.

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El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, y el comandante de la Guardia Nacional (GN), Guillermo Briseño Lobera, acudieron a Sinaloa a una visita de supervisión.

A través de X, García Harfuch detalló que fue orden de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el fin de evaluar los operativos de seguridad, revisar los resultados y fortalcer acciones contra el crimen organizado.

Durante dicha acción, se reunieron con la gobernadora interina, Graciela Domínguez, «para evaluar los avances de la estrategia de seguridad y reforzar la coordinación entre autoridades estatales y federales».

Explicó que una de las principales finalidades fue revisar el plan de fortalecimiento de la policía estatal sinaloense y la municipal de Culiacán para identificar necesidades como capacitación, equipamiento, infraestructura, tecnología, inteligencia e investigación.

El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, el comandante de la Guardia Nacional (GN), Guillermo Briseño Loera, y le secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Marcela Figueroa, durante una visita a Sinaloa. Foto: X @OHarfuch

Además, los funcionarios supervisaron el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i) y el terreno destinado a la construcción del nuevo centro penitenciario.

García Harfuch adelantó que durante una próxima visita revisarán el plan de fortalecimiento de la policía municipal de Mazatlán, con la intención de «consolidar instituciones policiales más profesionales y con mayores capacidades operativas con el Gabinete de Seguridad«.

Agregó que la secretaria ejecutiva del Sisema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Marcela Figueroa, dará seguimiento y supervisará los avances de los planes de fortalecimiento institucional.

«Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad mantendrá una supervisión permanente de las acciones en Sinaloa, con evaluaciones diarias de los avances, seguimiento a los operativos y los ajustes necesarios para fortalecer la estrategia», concluyó.

La mandataria estatal interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, dio a conocer que el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Loera, y la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, visitaron dicha entidad.

En su cuenta de X afirmó que la construcción de la paz en Sinaloa «es una prioridad que compartimos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Seguiremos trabajando con compromiso, responsabilidad y coordinación absoluta para avanzar en la recuperación de la tranquilidad para las familias sinaloenses y la construcción de la paz en nuestro estado».

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En fast track y sin debate, el pleno del Senado aprobó la autorización solicitada por la presidenta Claudia Sheinbaum para que se permita el ingreso a territorio nacional de 28 elementos armados, pertenecientes al Equipo 4 de los Navy SEAL’s.

Durante la sesión ordinaria y previa aprobación en comisiones, se aprobó por 83 votos a favor y cinco en contra el ingreso de los marines armados para que participen en la actividad de entrenamiento Evento SOF 19 que se llevará a cabo del 29 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027.

Lo anterior en las instalaciones del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México en Donato Guerra, Estado de México y en el Sector Naval de Puerto Cortés, Isla Margarita, Baja California Sur.

En menos de 24 horas que recibió la solicitud presidencial se autorizó el permiso con el argumentó que el evento tiene como objetivo mejorar las capacidades de las Fuerzas Especiales de México, fortalecer la compatibilidad operativa, promover programas integrales que incrementen las habilidades y capacidades operacionales.

“Enfocándose en el combate cercano en interiores, procedimientos de reacción a contacto, medicina táctica, patrullaje urbano, brecheo/exploración y detección de explosivos, técnicas de francotirador, enganche y abordaje de embarcaciones, y operaciones de interdicción marítima”, destaca el oficio que fue turnado a comisiones para su análisis.

El Equipo 4 de los Navy SEAL’s participará con 28 elementos, mismos que impartirán adiestramiento a 87 elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales y de la Unidad de Inteligencia Naval, e ingresarán a territorio nacional a bordo de una aeronave tipo «Hércules C-130» de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América con equipo táctico, municiones y armamento orgánico, aterrizando en la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur.

El personal de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México recibirá y trasladará al Equipo 4 de los Navy SEAL a las instalaciones del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México en Donato Guerra, Estado de México, y al Sector Naval de Puerto Cortés en Isla Margarita, Baja California Sur.

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