El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que su partido no protegerá a nadie que haya cometido irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que pidió aclarar los señalamientos que involucran a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y a proveedores del organismo.

“Morena no va a cubrir a nadie, no va a meter las manos por nadie que haya cometido irregularidades”, declaró el legislador, quien señaló que la información que ha salido a la luz es delicada y debe investigarse.

En conferencia con medios, Monreal advirtió que es necesario esclarecer los hechos sin poner en riesgo la legitimidad del INE y pidió no responsabilizar a ninguna persona sin pruebas.

“Eso le corresponde al órgano interno de control o a la Auditoría Superior de la Federación o incluso a la UIF, porque se ha filtrado también que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ha bloqueado cuentas relacionadas con empresarios proveedores del INE. Todo esto se tiene que aclarar.”, señaló.

transparencia del INE y anunció este sábado cambios en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa, tras la investigación iniciada de oficio por la ASF.

“El INE colaborará con la ASF en todo lo que requiera, igual que con su Órgano Interno de Control, al que ya se remitieron los antecedentes”, se lee en un comunicado publicado este 24 de octubre.

¿Pueden Diputados pedir la renuncia de Guadalupe Taddei?

Sobre la posibilidad de que Taddei deje el cargo en medio de la polémica, Monreal explicó que la Cámara de Diputados no tiene facultades para exigir su renuncia una vez que fue designada.

Recordó que los diputados son responsables de nombrar a los consejeros electorales y a la presidenta del INE, pero aclaró que esto no les permite solicitar después su salida.

“Nosotros no tenemos capacidad jurídica para pedirle renuncia”, señaló.

El legislador agregó que la permanencia de Taddei debe evaluarse con base en las pruebas que existan y en los resultados de las investigaciones.

Un juez federal vinculó a proceso a Jesús Abraham García Perales “El Talibán”, presunto integrante de la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa, por los crímenes de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Además, el juzgador le ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que quedó preso en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No.8, localizado en Guasave, Sinaloa.

Además, fijó a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de cuatro meses de investigación complementaria, durante la continuación de la audiencia inicial.

Arma larga de fuego, cartuchos y cargadores asegurados a Jesús Abraham García Peralez «El Talibán», supuesto miembro de la facción «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa. Foto: X @FGRMexico

Dicha dependencia, a cargo de la fiscal general Ernestina Godoy, informó que en la diligencia el Ministerio Público Federal expuso los datos de prueba necesario con el propósito de que el juzgador determinara la vinculación a proceso de “El Talibán”, identificado como supuesto miembro de «Los Chapitos».

Esta detención se llevó a cabo luego de que agentes federales realizaran labores de inspección, seguridad y vigilancia en la colonia López Mateos, situada en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades, los elementos observaron descender de un vehículo a una persona armada. Por este hecho, aseguraron a Jesús Abraham García Perales “El Talibán”, junto con un arma de fuego tipo fusil, 180 cartuchos, seis cargadores y un vehículo.

A la persona mencionada en el comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, indicó la Fiscalía General de la República.

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dft/Bmc

El diputado federal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que, ante las acusaciones de corrupción, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, debe asumir su responsabilidad jurídica y política.

A través de un comunicado, el legislador morenista agregó que este cargo puede cubrirse a partir de la ley. «La renuncia es un acto personal. Pero la responsabilidad institucional es ir a fondo en las investigaciones. La Constitución (Política de los Estados Unidos Mexicanos) y la ley establecen el procedimiento», comentó.

A pesar de que durante una reunión en línea con las y los demás consejeros electorales, la consejera presidenta anunció que permanecerá en dicho cargo, Ramírez Cuéllar considera que, en caso de que presente su renuncia, es urgente nombrar a otra persona con el proceso electoral 2026-2027 en marcha.

«Faltan 225 días para la elección y la institución responsable no puede quedar al garete, sin una cabeza que la conduzca con probidad», dijo.

Aseguró que después de los señalamientos dados a conocer por diferentes medios de comunicación, una renuncia de su parte «será, en todo caso, un acto insuficiente. En caso de responsabilidad debe caer todo el peso de la ley».

De acuerdo con los artículos 109, fracción I, y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Consejería General del Instituto Nacional Electoral se encuentra entre los cargos que pueden ser sujetos de juicio político.

La denuncia correspondiente debe presentarse ante la Cámara de Diputados y es la Subcomisión de Examen Previo la encargada de analizar si la persona denunciada está sujeta a dicho procedimiento y si existen elementos suficientes con el objetivo de darle trámite.

De forma específica, el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos contempla como causas para ese procedimiento las infracciones a la Carta Magna o a las leyes federales que ocasionen perjuicios graves o alteren el funcionamiento normal de las instituciones; las omisiones graves en esos términos, y las violaciones sistemáticas o graves a las normas acerca de planes, programas, presupuestos y manejo de recursos públicos federales.

Corresponde al Congreso de la Unión valorar la existencia y gravedad de los actos u omisiones y, si la resolución es condenatoria, la ley prevé la destitución y la posible inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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