El órgano de representación del profesorado de la Universidad de Cornell decidió este miércoles seguir adelante con un voto de censura simbólico contra la dirección del centro por su gestión de la denuncia de agresión sexual de una antigua estudiante.

La acción se produce tras la crisis desatada en Cornell por la demanda de una antigua estudiante que acusó a siete estudiantes de violarla durante horas en una casa de una fraternidad del campus en 2024, y aseguró que la universidad no investigó adecuadamente lo ocurrido.

El órgano que representa a los profesores votó hoy a favor de avanzar con el voto de censura, que durará una semana a partir de mañana y, si prospera, se puede traducir en una reprobación contra la gestión del presidente de Cornell, Michael I. Kotlikoff, indicó The New York Times.

La moción no tiene poder de destitución y, en esencial, busca cuestionar el liderazgo de Cornell.

La resolución que votarán los profesores fue propuesta a principios de octubre por miembros del órgano y busca responsabilizar a la «administración central» de Cornell de «la persistente crisis de agresiones» en la institución, aunque no especifica políticas ni nombres, detalla el diario.

Algunos de los profesores dijeron haber sido contactados por antiguos alumnos que se declararon víctimas de agresión sexual en el campus en el pasado, tema que fue objeto de debate hoy en la sesión del pleno del órgano, en el que algunos profesores pidieron aplazar la votación.

La denunciante del caso sometido a escrutinio, que usa un seudónimo, dijo en una carta al claustro a mitad este mes que la primera respuesta de Kotlikoff fue «dudar sobre la veracidad» de su relato y preguntarle por qué «esperó tanto» para acudir a las autoridades.

El caso ha generado críticas tanto por la respuesta de la universidad como por la investigación inicial. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, criticó la actuación de la policía del campus de Cornell por no trasladar a los fiscales las declaraciones de la joven.

Hochul nombró el pasado 1 de octubre a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para dirigir una investigación criminal sobre el caso.

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Un trabajador del centro de control de Adif en Atocha pidió al maquinista del AVE 20280 «reanudar la marcha, al amparo del BSL; Bloqueo de Señalización Lateral con marcha normal», minutos antes de embestir este miércoles al Iryo 6087 en Urda (Toledo), según los audios a los que ha tenido acceso EFE.

En esas grabaciones, el trabajador del centro de control le pide al maquinista del AVE, a las 8.36 horas, que desconecte y vuelva a conectar el sistema de seguridad LZB que minutos antes había caído. Tras ello, solicita al maquinista que retome la circulación «con marcha normal», todo ello mientras el maquinista repetía las órdenes que recibía para confirmar que ha tomado la información.

En otra grabación, de la que no se distingue la hora a la que se produce, la maquinista del Iryo 6076 transmite al operario del centro de control de Adif que, tras la caída del sistema LZB, no le «está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB» y que «por eso» se encontraba «todavía detenida en la señal de entrada» de Urda, en Toledo.

El trabajador del centro de control le responde: «Cuando pueda, vale, y si tiene problemas, nos llama», para, después de colgar, explicar a otros compañeros que ese tren 6076 «está teniendo problemas con el equipo», mientras debaten sobre la situación: «En Urda tenemos el problema», explica uno de ellos.

En otro audio, la maquinista llama a Atocha porque ha tenido «una pérdida de transmisión circulando en (el sistema) BSL» y detalla que está «detenida en la central de entrada de Urda», a lo que el trabajador del centro de control le pregunta: «¿detenida, verdad?». «Eso es», responde.

Posteriormente, cierran la señal y le comunican que no le autorizan el reglaje, además de pedirle a la maquinista que «desconecte y vuelva a conectar el sistema LZB», para, posteriormente, reanudar la «marcha al amparo del BSL, con marcha normal».

La colisión entre los trenes AVE de Renfe e Iryo ha provocado un accidente en Urda que, por el momento, deja al menos 68 muertos y numerosos heridos.

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La violencia contra la comunidad LGBTQ en Centroamérica sigue en aumento azuzada por los «discursos de odio» desde el poder, denunciaron este miércoles oenegés durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Panamá.

Solo durante los dos últimos años se han registrado unos 400 asesinatos de personas transgénero en la región, dijo a la AFP Natasha Jiménez, de la ONG costarricense Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos, tras la sesión.

Miles, además, enfrentan altos niveles de violencia, discriminación y desplazamientos forzados por su identidad de género, indicaron representantes de las organizaciones.

«El auge de los discursos de odio desde los espacios de poder incrementa la desprotección y la impunidad de las agresiones contra nuestra comunidad», señaló Xiomara Rodríguez, de la asociación Terra Nuova Centroamérica, de El Salvador.

Jiménez indicó a su vez que la «violencia generalizada» y los «discursos de odio» de presidentes, ministros y alcaldes «dan prácticamente un permiso» para que una parte de la sociedad «siga violentando a una población que piensa que es desechable», añadió.

Durante la audiencia, los activistas aseguraron que no hay cifras exactas sobre los crímenes de odio contra la comunidad LGBTQ, debido a que solo en Costa Rica está tipificado ese delito.

«La violencia se está intensificando en la región», declaró a la AFP Carlos Valdés, de la asociación guatemalteca Lambda, que contabiliza 30 muertes violentas de personas LGBTQ en 2025 en Guatemala.

Además, la mayoría de víctimas no denuncian por desconfianza en las autoridades judiciales, añadieron.

«Muchos de estos casos lamentablemente quedan en la impunidad», señaló la representante de la Oficina Regional de Naciones Unidas, Monserrat Solano.

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