Kiev/Moscú. Rusia y Ucrania completaron en la ciudad de Oleshki una misión humanitaria conjunta sin precedentes en esta guerra que tuvo lugar en medio del alto el fuego de mayor alcance que se haya declarado desde el estallido del conflicto en febrero de 2022 con la invasión rusa.

Según informaron los defensores del pueblo de Rusia y Ucrania, Yana Lantrátova y Dmitró Lubinets, la operación concluyó por la tarde con el desalojo, en unos 25 autobuses, los residentes de la ciudad -situada en la región de Jersón del sur de Ucrania y ocupada por Rusia- que habían pedido ser trasladados a zonas más seguras bajo control ruso o ucraniano.

Según dijo antes de la evacuación la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, que hizo de mediadora en las negociaciones en que se selló la tregua y ha seguido de cerca todo el proceso, el dispositivo preveía sacar de Oleshki a más de 750 personas.

Durante la misión, que estuvo precedida por el desminado de las rutas de entrada y salida a Oleshki, Lantrátova y Lubinets departieron juntos con la gente de la ciudad y atendieron uno al lado del otro a los medios de comunicación, algo que no había ocurrido desde el comienzo de la guerra.

Antes de que se completara la evacuación, y también bajo la supervisión de Lantrátova y Lubinets y sus respectivas delegaciones, se hizo llegar ayuda humanitaria a la ciudad para quienes han optado por quedarse.

Según explicó el jefe del grupo parlamentario del partido del presidente Volodimir Zelensky, David Arajamia, que es también uno de los negociadores habituales de Kiev con los rusos, la delegación ucraniana abandonó Oleshki junto con aquellos residentes evacuados que han elegido radicarse en territorio bajo control del gobierno de Kiev.

El grupo se desplazó primero a la ciudad de Anapa, en la región del sur de Rusia de Krasnodar y a unos 550 kilómetros de Oleshki. Desde Anapa tenían previsto volar a Bielorrusia y viajar en autobús a Ucrania desde allí para evitar cruzar el frente de guerra.

Según dijo por la mañana en una sesión de control en el Parlamento el primer ministro ucraniano, Serguí Koretski, estaba previsto que 527 desalojados fueran trasladados a territorio bajo control de Ucrania. Koretski rectificó poco después al afirmar que la información era “incorrecta” y no existían en ese momento “cifras exactas” al respecto.

Al igual que la ucraniana, la delegación rusa liderada por Lantrátova salió de Oleshki por la tarde en dirección a la ciudad de Amiansk, en la península de Crimea que Rusia le arrebató a Ucrania en 2014, para después viajar a Moscú desde allí.

Ambos defensores del pueblo destacaron que el alto el fuego que ha hecho posible la misión humanitaria se consiguió gracias a la mediación de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y ha sido respetado escrupulosamente por los dos bandos en las más de 80 horas que habían pasado desde que entrara en vigor el martes.

Pese a que no hay información sobre la presencia estos días de representantes oficiales estadounidenses en Oleshki o sus alrededores, Lantrátova y Lubinets también han subrayado en todo momento el papel de Melania Trump a la hora de coordinar las operaciones en Oleshki.

Compartiendo mensajes que habían publicado los dos defensores del pueblo, la esposa del presidente de Estados Unidos también ha informado de las distintas fases de la misión en su cuenta de X.

La defensora del pueblo rusa propuso una vez terminada la operación en Oleshki hacer de las misiones humanitarias coordinadas por Melania Trump “una práctica habitual”.

Este cese de las hostilidades en Oleshki y otras zonas de la región de Jersón está previsto que se extienda hasta justo antes de la medianoche del domingo al lunes.

Por el momento no se ha hablado de planes para extenderla más allá del plazo previsto, y algunos canales militares de Telegram han advertido de que las hostilidades podrían reanudarse con más intensidad tras la pausa.

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Rusia y Ucrania comienzan alto al fuego en Oleshky para misión humanitaria; tregua fue negociada por Melania Trump

mcc

Denver.- Una viuda mexicana y sus 10 hijos recibieron un veredicto judicial favorable por más de 11 millones de dólares contra una compañía de seguros estadounidense que se negó a pagar una póliza de vida de 350 mil dólares tras la muerte del padre de familia por Covid-19 en 2020.

El veredicto, emitido el pasado 16 de octubre y divulgado esta semana, favoreció a Vaneza Ramos, residente de Omaha, en el estado de Nebraska, quien durante seis años enfrentó dificultades económicas mientras mantenía los negocios familiares y criaba a sus hijos.

Su esposo, José Gaytán, originario de Coahuila, en México, falleció el 31 de mayo de 2020, apenas 20 días después del nacimiento del menor de sus hijos.

Gaytán había contratado una póliza de seguro de vida por 350 mil dólares con Farmers Insurance, pero la compañía rechazó el pago argumentando que el asegurado había omitido información sobre antecedentes cardíacos al solicitar la cobertura.

Ramos presentó una demanda en 2022 y, tras varios años de procedimientos judiciales, obtuvo en marzo de 2026 un veredicto favorable por el valor de la póliza.

Posteriormente, un segundo jurado determinó que la aseguradora había actuado de mala fe y concedió una indemnización adicional de 11.3 millones de dólares.

La familia había abierto en 2008 una nevería llamada «La Michoacana«, en el sur de Omaha, y posteriormente estableció un segundo negocio.

Después de la muerte de Gaytán, Ramos tuvo que administrar los establecimientos y afrontar deudas, dificultades para pagar sus obligaciones y la pérdida de un vehículo familiar.

Según informó el jueves la prensa local, uno de los hijos mayores postergó sus proyectos personales para ayudar a mantener los negocios.

El abogado de la familia, Ross Pesek, destacó que el resultado judicial demuestra que las personas pueden obtener justicia frente a grandes compañías.

Pese al veredicto, Ramos todavía no había recibido la indemnización cuando se publicó la información, y quedaba pendiente conocer si Farmers Insurance apelará la decisión judicial.

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mcc

La relación entre Argentina y Brasil es demasiado importante para quedar sometida a la enemistad entre sus presidentes. Sin embargo, Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva se acercan peligrosamente a ese escenario. La salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, a través del territorio argentino y pese a las restricciones dictadas por la Justicia brasileña, incorpora un elemento especialmente delicado: la disputa ideológica amenaza con comprometer la confianza entre instituciones de dos países cuya cooperación constituye un interés permanente.

Los hechos comprobados son suficientemente graves. Las autoridades migratorias argentinas confirmaron que Bolsonaro ingresó con su familia por el puente internacional Tancredo Neves la noche del 27 de octubre. Desde Puerto Iguazú abordó un avión privado que, tras una escala en Guayaquil, continuó hacia Miami. La Justicia brasileña había dispuesto restricciones a su salida y la entrega de sus pasaportes. El alcance de la eventual asistencia de funcionarios argentinos, en cambio, debe esclarecerse: las denuncias y las informaciones periodísticas requieren investigación y no equivalen a una responsabilidad penal demostrada.

Esta distinción es indispensable. Una prohibición judicial de abandonar Brasil no determina automáticamente las obligaciones de las autoridades argentinas ante el ingreso de una persona. Importan las comunicaciones oficiales, las alertas vigentes y los mecanismos de cooperación aplicables. Pero la responsabilidad política del Gobierno argentino no se agota en comprobar si el documento presentado era válido. También debe explicar qué sabía, qué instrucciones impartió y si sus funcionarios facilitaron una operación destinada a eludir una decisión judicial del país vecino.

Una política exterior responsable debería tener interés en despejar esas dudas. Celebrar el episodio como una victoria de la libertad antes de esclarecerlo convierte una cuestión institucional en una demostración de lealtad partidaria. Además, aceptar sin examen la condición de perseguido político que invoca un aliado debilita la credibilidad de cualquier defensa del Estado de derecho. Las actuaciones judiciales admiten críticas, recursos y escrutinio internacional. La afinidad ideológica no sustituye esos procedimientos.

La conducta posterior de Bolsonaro agrava el problema. Desde Estados Unidos se presentó como el “verdadero presidente electo” de Brasil y después reemplazó esa expresión por “líder”. La rectificación modificó el vocabulario, pero dejó intacta la pretensión de disputar desde el exterior una legitimidad que corresponde resolver mediante las instituciones brasileñas. Una denuncia electoral exige pruebas verificables y cauces legales; una proclamación personal carece de capacidad para alterar el mandato de las urnas.

Captura de la publicación de cuenta en X, donde Flávio Bolsonaro se declara «verdadero presidente electo de Brasil». Foto: Imagen X Vía @FlavioBolsonaro

Para Milei, acompañar esa deriva supondría elevar considerablemente el costo de su apuesta. Apoyar a un candidato extranjero ya genera riesgos diplomáticos. Mantener ese alineamiento cuando el candidato derrotado cuestiona la legitimidad del vencedor compromete la relación futura con el Estado que este gobierna. Argentina necesita interlocución con Brasil con independencia de quién ocupe el Palacio del Planalto. Ese principio debería ordenar las preferencias personales del presidente.

La dimensión económica permite medir la imprudencia. Según la propia Cancillería argentina, Brasil recibió el 12.7% de las exportaciones del país entre enero y septiembre de 2026 y aportó el 21.4% de sus importaciones. Fue el principal destino nacional de las ventas externas argentinas. Detrás de esas proporciones hay empresas, empleos, inversiones y decisiones productivas que requieren previsibilidad. Deteriorar la confianza bilateral introduce incertidumbre sobre una relación cuyo valor excede ampliamente cualquier beneficio partidario inmediato.

De ello no se desprende que una crisis diplomática vaya a provocar automáticamente represalias comerciales. Afirmarlo sería especulativo. El riesgo más inmediato es menos espectacular, aunque relevante: una menor disposición a cooperar, dificultades para resolver diferencias y pérdida de capacidad para impulsar acuerdos. Cuando el diálogo presidencial se convierte en una sucesión de agravios, cada problema sectorial encuentra menos recursos políticos para su solución.

También resulta discutible la racionalidad del alineamiento con Washington. Trump autorizó la entrada de Bolsonaro, pero evitó comprometerse con su autoproclamación y declaró que no se involucraría, mientras seguía sembrando dudas sobre los comicios. Esa ambigüedad revela una asimetría: Estados Unidos conserva margen para ajustar su posición; Argentina corre el riesgo de asumir costos frente a Brasil por una causa que su principal aliado podría administrar con bastante más flexibilidad.

Existe, además, una consecuencia posible dentro de la derecha brasileña. Tarcísio de Freitas ha defendido el respeto al resultado electoral y una oposición que actúe dentro de las instituciones democráticas. Su posición muestra que el espacio conservador dispone de alternativas a la impugnación permanente. Es prematuro dar por concluido el liderazgo de los Bolsonaro, pero su ausencia física podría abrir oportunidades para dirigentes con poder territorial, capacidad de negociación y aspiraciones presidenciales en 2030.

Para Lula, esa reorganización podría facilitar interlocutores más previsibles, aunque no necesariamente más complacientes. Una oposición institucional puede fiscalizar con firmeza, bloquear iniciativas y construir una alternativa electoral. Precisamente por eso resulta esencial distinguir entre competencia democrática y desconocimiento de las reglas: aceptar una derrota preserva el derecho a disputar la próxima victoria.

La salida de esta crisis exige responsabilidades de ambos lados. El Gobierno argentino debe ofrecer una explicación verificable de lo ocurrido y preservar los canales de cooperación. Lula, por su parte, tendría razones para evitar que el conflicto con Milei se traslade al conjunto de la relación bilateral. La prudencia brasileña, sin embargo, no puede convertirse en el supuesto sobre el que Buenos Aires justifique nuevas provocaciones.

Milei fue elegido para defender los intereses argentinos. Su afinidad con Trump y con la familia Bolsonaro forma parte de sus preferencias políticas; la relación con Brasil forma parte de sus responsabilidades de gobierno. Confundir ambas cosas puede producir una satisfacción ideológica inmediata. Sus costos, en cambio, recaen sobre un país que necesita socios, mercados y una diplomacia capaz de pensar más allá de sus simpatías.

*Director y editor de Radar LATAM 360 @zovatto55

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am/mcc