Nacionales
Auditoría detectó irregularidades por 37 mdp en Culiacán durante 2023; señala simulación de competencia durante gestión de alcalde acusado por EU
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 37 millones de pesos en el gasto del municipio de Culiacán, Sinaloa, en 2023. Los hallazgos tuvieron lugar durante la gestión de Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
La auditoría 2023-D-25006-19-1845-2024, que es la última disponible relacionada a los egresos del municipio provenientes de recursos federales, determinó una gestión ineficiente de los fondos, falta de documentación relacionada con la adquisición de bienes y servicios, así como una presunta simulación de competencias, por lo que la autoridad fiscalizadora emitió en su momento tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra servidores públicos y empresas involucradas.
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Tras la revisión del contrato CLN-LCP/02/2023, relacionado con la adquisición de camiones recolectores-compactadores de basura por 32 millones de pesos cada uno, la ASF detectó que la empresa ganadora y otra participante en la licitación compartían apoderado legal, comisario y socio accionista, por lo que el órgano auditor señaló una revisión deficiente de la documentación de las compañías.
EL UNIVERSAL revisó el contrato que indica la auditoría y las actas del procedimiento de licitación. Los documentos dan cuenta de la participación de tres empresas: Remolques y Plataformas de Toluca, S.A. de C.V, Equipos Recolectores, S.A. de C.V., y Grupo Carrocero EICSA, S.A. de C.V., las cuales concursaron por un contrato para la venta de 40 unidades recolectoras de basura al municipio de Culiacán, por un monto, de acuerdo al contrato final, de 131 millones 984 mil 800 pesos.
Tras una revisión a las actas del proceso y al Registro Público de Comercio se encontró una coincidencia en los apellidos de dos representantes legales de las empresas: Adán Flores Zavala, de Remolques y Plataformas de Toluca, empresa que obtuvo el contrato, y Jorge Antonio Flores Zavala, representante de Grupo Carrocero EICSA.
La auditoría sugirió que la relación entre las compañías “implicó riesgos u omisiones por parte de personas físicas que actuaron a su nombre y/o en representación de la persona moral para obtener ventajas o beneficios indebidos”, por ello, la ASF promovió dos responsabilidades administrativas sancionatorias para realizar las investigaciones pertinentes, esclarecer los hechos y calificar la responsabilidad administrativa de quienes “realizaron una deficiente revisión de la documentación presentada” y de las personas morales participantes en la licitación, que al estar vinculadas presentaron propuestas en el mismo procedimiento de adjudicación, para obtener un beneficio o ventaja indebida.
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De la revisión de los contratos se arrojaron otros resultados, la auditoría encontró que el municipio no entregó la documentación relacionada con los procesos de contratación y adjudicación, como oficios de suficiencia presupuestal, dictámenes de adjudicación, actas constitutivas de proveedores y garantías de los contratos con número CLN-LCP/04/2023, correspondiente a la adquisición de mezcla asfáltica por 111 millones de pesos, CLN-AD-MA-019- 2023, relacionado con la elaboración y producción de un mortero asfáltico por 1 millón 457 mil pesos y CLN-AD-MA-020-2023 vinculado a la elaboración y producción de carpeta asfáltica por 1 millón 399 mil pesos.
La ASF señaló que la documentación presentada por el municipio ante sus observaciones fue incompleta en los contratos y por ello promovió otra responsabilidad administrativa sancionadora contra los servidores públicos involucrados.
Por otro lado, el órgano auditor señaló que de los contratos con número CLN-LCP/02/20, CLN-AD-MA-006-2023 y CLN-AD-MA-014-2023, relacionados con la elaboración y producción de carpeta asfáltica no se presentaron las actas de entrega-recepción de los bienes y servicios adquiridos.
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Por todo ello, se determinó que no se pudo comprobar la entrega de los bienes adquiridos por un monto total de 37 millones 254 mil 300 pesos. Aunque en el transcurso de la auditoría el municipio de Culiacán proporcionó las actas de entrega recepción y el reporte fotográfico, el ente auditor halló reportes y bitácoras sin firmas autógrafas por parte de los servidores públicos responsables; además, no se demostró que las características y especificaciones contratadas correspondieran a las pruebas proporcionadas.
La ASF concluyó un probable daño a la Hacienda Pública por 37 millones 254 mil 303 pesos debido a inconsistencias en documentación, reportes sin firmas y falta de evidencia suficiente sobre la entrega de bienes y servicios contratados.
EL UNIVERSAL contactó al gobierno municipal de Culiacán para preguntarle sobre el seguimiento a las responsabilidades administrativas que promovió la ASF, sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota, no se ha recibido respuesta.
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jc
Nacionales
Senado borra de su portal 10 años de gastos por 10 mil 200 mdp; Artículo 19 exige sanciones
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El Senado de la República retiró de su página de internet 10 años de información sobre el manejo de recursos públicos, correspondientes al periodo 2014-2024, incluidos datos sobre el destino de 10 mil 200 millones de pesos, denunció Artículo 19, que acusó a la Cámara alta de incumplir sus obligaciones legales de transparencia.
La organización señaló en un comunicado que la información fue eliminada la semana pasada del portal de datos administrativos del Senado y sustituida por un aviso que remite a los ciudadanos a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), bajo el argumento de cumplir con el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Sin embargo, sostuvo que esa disposición únicamente obliga a las instituciones públicas a colocar en sus portales un enlace directo a la PNT y un buscador, sin autorizar la eliminación de los archivos administrativos que ya estaban disponibles para consulta.
La documentación retirada incluía información sobre el ejercicio presupuestal del Senado durante una década. Su eliminación, advirtió la organización, impide consultar directamente los antecedentes del gasto legislativo y dificulta conocer el destino de los recursos públicos.
Además, denunció que el Senado ya mantenía sin publicar información desglosada de los ejercicios fiscales 2025 y 2026, relacionada con contratos de licitaciones públicas, compras, inversiones, recursos entregados a los grupos parlamentarios, nóminas completas y gastos mensuales en salarios, materiales y servicios.
Señaló que estas omisiones impiden comparar el ejercicio presupuestal entre distintos años, conocer las modificaciones en la administración de los recursos e identificar posibles irregularidades.
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Explicó que los lineamientos de transparencia obligan a las instituciones a actualizar la información cada tres meses y conservar determinados registros, como los relacionados con salarios, prestaciones, subsidios y programas públicos, durante el ejercicio fiscal vigente y los dos anteriores, como mínimo.
También recordó que cuando un documento contiene información reservada o confidencial, las autoridades deben elaborar versiones públicas en lugar de retirarlo por completo.
Sostuvo que la antigüedad de los archivos no justifica su eliminación, pues la información histórica permite vigilar el manejo del presupuesto y exigir cuentas a las autoridades.
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Advirtió que este caso se suma a otras prácticas de opacidad documentadas recientemente, entre ellas la filtración de datos personales de solicitantes de información, la ausencia de algunas autoridades en la Plataforma Nacional de Transparencia y el aumento de respuestas incompletas a solicitudes ciudadanas.
También cuestionó las consecuencias de la reforma de transparencia de 2025, mediante la cual desapareció el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo autónomo encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información.
Según Artículo 19, el nuevo esquema coloca a las instituciones públicas en una situación de conflicto de interés, debido a que las autoridades garantes forman parte de las propias estructuras gubernamentales.
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En el caso del Senado, explicó, las denuncias ciudadanas por incumplimientos de transparencia deben ser atendidas por una autoridad garante perteneciente a la propia Cámara Alta.
Recordó que los estándares internacionales de derechos humanos recomiendan contar con órganos especializados y autónomos para garantizar el acceso a la información y supervisar a las autoridades.
Ante la eliminación de los registros administrativos, Artículo 19 exigió a Transparencia para el Pueblo aplicar las medidas de apremio y sanciones previstas en la legislación por incumplimiento de las obligaciones de transparencia.
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«No se puede eliminar información bajo el argumento de que es antigua, porque la temporalidad de los datos no es condicionante para su publicación y consulta», sostuvo.
Insistió en que el acceso a los archivos públicos resulta indispensable para fiscalizar el gasto gubernamental y prevenir la discrecionalidad en el manejo de los recursos.
«El derecho a la información pública no tiene fecha de caducidad», dijo.
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aov/bmc
Nacionales
Alito Moreno exige no dar carpetazo a investigaciones del clan Taddei; «lo que construyeron fue una estructura criminal»
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El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó Morena debe hacerse responsable del desastre en el Instituto Nacional Electoral (INE), luego que quedó al descubierto el entramado de corrupción encabezado por Guadalupe Taddei, quien se vio obligada a renunciar a la presidencia del Consejo General.
En declaraciones a los medios de comunicación, dijo que Taddei y Morena construyeron una estructura de corrupción y tráfico de influencias dentro del INE con el propósito de intervenir en los comicios de 2027, por lo que exigió investigar las irregularidades durante la gestión de la expresidenta.
“Yo lo he dicho y le he señalado y lo digo desde este Senado de la República, hay que llamar las cosas por su nombre, no son hechos aislados, no es que fue un funcionario de segundo nivel, no, era la presidenta del INE en ese entonces, era todo su equipo cercano.
“Eran el representante de Morena, eran los proveedores, entonces lo que construyeron fue una estructura criminal delictiva ante el hecho más grotesco que se ha dado de tráfico de influencias y de corrupción al interior del Instituto Nacional Electoral”, afirmó.
El dirigente priista sostuvo que la salida de Taddei no debe significar el cierre de las investigaciones sobre la asignación de contratos, las relaciones con proveedores y la presunta colocación de funcionarios vinculados con intereses políticos.
“No se le puede dar carpetazo, se tiene que seguir investigando”, advirtió al señalar que existen señalamientos e investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación que deben esclarecerse y determinar si hubo responsabilidades administrativas o penales.
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Afirmó que la presunta estructura de negocios no se limitaba a las oficinas centrales del INE, sino que tendría presencia en más de 20 entidades federativas, mediante contratos y nombramientos en áreas administrativas y de fiscalización.
El priista vinculó estas acusaciones con la organización de las elecciones de 2027 y señaló directamente a Morena de intentar controlar áreas estratégicas del organismo electoral.
También cuestionó la relación entre el representante morenista ante el INE y antiguos colaboradores cercanos de Taddei, al considerar que esos vínculos ameritan una investigación.
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Moreno Cárdenas anunció que la próxima semana volverá a viajar a Estados Unidos para denunciar estos hechos ante instancias internacionales para exponer la pérdida de autonomía del árbitro electoral.
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aov
Nacionales
Con video de IA, PAN acusa a Amílcar, a Andy y a otros morenistas de corrupción; «podrán cambiar de máscara, pero es el mismo rostro»
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A través de un video hecho con inteligencia artificial (IA), el Partido Acción Nacional (PAN) calificó a diferentes figuras de o cercanas a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como corruptas.
En el material, publicado en redes sociales con la descripción «Podrán cambiar de máscara pero Morena tiene un mismo rostro: Corrupción», aparecen diferentes morenistas acusados de corrupción, huachicol, narcotráfico, nexos con el crimen organizado, entre otras.
Quienes salen son:
- Adán Augusto López, senador morenista
- Alfonso Durazo, gobernador de Sonora
- Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas
- Ana Gabriel Guevera, exdirectora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)
- Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, exsecretario de organización de Movimiento de Regeneración Nacional
- Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México
- Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE)
- Jorge Amílcar Olán Aparicio
- José Ramón López Beltrán
- Marina del Pilar, gobernadora de Baja California
- Mario Delgado, secretario de educación pública
- Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa
Cabe decir que dicha publicación se da en el contexto de las acusaciones contra el exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral por corrupción y conflicto de interés, mediante los cuales favoreció al contratista José Alfredo Hernández Casillas.
Las mismas derivaron en el anuncio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la apertura de una investigación de oficio al INE, Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), funcionarios, compañías y contratistas relacionados al caso, la renuncia de Taddei y el nombramiento de Blanca Yassahara Cruz García como nueva presidenta consejera interina.
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dft/bmc
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