El Senado analiza una reforma para crear un Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia, mediante una reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con el propósito de dotar al Estado de una estrategia de respuesta ante situaciones que requieran brindar asistencia urgente a connacionales en el extranjero.

La iniciativa, impulsada por el PAN y que se analiza en comisiones, expone que México es un referente en materia de protección y asistencia consular, cuya finalidad es auxiliar a los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero y evitar que queden en situación de indefensión ante posibles violaciones a sus derechos.

No obstante, se reconoce que los funcionarios de consulados y embajadas mexicanas enfrentan dificultades para cumplir adecuadamente con esta labor, entre ellas, la alta demanda de atención en situaciones de extrema gravedad, particularmente durante conflictos bélicos, que requieren medidas y acciones especiales.

Se argumenta que este mecanismo se activaría ante detenciones arbitrarias, desapariciones, secuestros o imposición de la pena de muerte; violaciones graves al debido proceso o al derecho internacional de los derechos humanos, así como amenazas a la integridad física, la libertad y otros derechos fundamentales.

También contemplaría riesgos derivados de conflictos armados, crisis severas de estabilidad política y jurídica, y emergencias ocasionadas por desastres naturales.

Expusieron que la protección consular busca asistir a los mexicanos arrestados, detenidos o en prisión y, en su caso, organizar su defensa ante los tribunales del Estado receptor e informar sobre una amplia gama de asuntos para evitarles daños y perjuicios indebidos.

Sin embargo, señalaron que la respuesta ante el conflicto armado en Medio Oriente “dejó la impresión de que las acciones para la protección de los mexicanos en la región no fueron lo expeditas e integrales que debieron haber sido”.

Explicaron que, si bien no se han reportado daños a connacionales, a diferencia de México, otros países enviaron aviones de rescate para facilitar la salida de sus ciudadanos de la zona de conflicto.

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La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, defendió el viernes a la Universidad de Tepantlato, en la cual obtuvo el título de doctora en Derecho Constitucional, al destacar que ‘no es Oxford, ni Harvard, sino mexicana’.

“Estoy bien contenta, fíjense que acabo de recibir, acabo de recoger mi título de doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato. Se los presumo”, dijo en un video.

A través de sus redes sociales, la ministra defendió la institución al señalar que el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, también cursó una maestría y un doctorado en esa universidad.

Esta no es la primera vez que Lenia Batres habla de la Universidad Tepantlato, pues sí la ha mencionado como parte de su formación académica en ocasiones anteriores.

Lenia Batres consiguió un doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato.

Se trata de una institución con una relación significativa con el Poder Judicial de la Ciudad de México, a la que el magistrado presidente Rafael Guerra asistió en repetidas ocasiones para la entrega de reconocimientos de doctorado, entre otros eventos organizados por esa universidad.

La universidad tiene dos planteles en la Ciudad de México. Uno está en la avenida Baja California 157, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc; el segundo se ubica en Tepic 43, también en la colonia Roma Sur.

Es una escuela privada que ofrece facilidades para nuevos estudiantes, entre ellas becas de hasta 80 por ciento en colegiaturas, exención del pago de inscripción, colegiaturas congeladas y la posibilidad de apartar un lugar con mil pesos.

La Universidad Tepantlato mantiene una matrícula reducida en comparación con otras instituciones. En 2022 reportó 375 estudiantes inscritos, según el portal Data México.

Además, tiene planteles en Zacatecas; sin embargo, los registros de matrícula desde 2019 se concentran en la Ciudad de México (76), Estado de México (51) y Guerrero (1).

En 2022, un total de 44 personas cursaron un doctorado en esa institución, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Ese mismo año, las disciplinas con mayor número de egresados hombres fueron Maestría en Juicios Orales (11), Doctorado en Derecho Constitucional (7), Doctorado en Derecho Familiar (6), Maestría en Ciencias Penales (6) y Licenciatura en Derecho (5).

¿Qué grados de estudio tiene Lenia Batres?

Su formación profesional comenzó en 2008, cuando obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad Humanista, institución donde también cursó una maestría en Derecho Penal, grado que obtuvo en 2017.

Posteriormente, en 2020, consiguió una maestría en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Un año después concluyó la maestría en Gestión Pública para la Buena Administración en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.

Ese mismo año, 2021, obtuvo un doctorado en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Más recientemente, en 2024, obtuvo un doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad de Tepantlato.

El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, afirmó que su bancada irá en contra de la convocatoria para designar a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que el organismo requiere una revisión integral, porque de lo contrario no habrá certeza en el árbitro electoral para las elecciones del 2027.

“Nosotros vamos en contra de esa convocatoria, porque lo que requiere este país es un gran acuerdo nacional para darle certeza”, y la sustitución de la presidencia del organismo no resolvería los problemas que enfrenta, dijo en entrevista.

Manifestó su preocupación por “las grabaciones que se han difundido. Observamos cómo se habla del padrón electoral, de las credenciales de elector, y eso está en el centro de la confianza al INE”.

INE. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Ante esta situación, planteó realizar auditorías al padrón y a los sistemas de seguridad del instituto, así como a los procedimientos de designación de funcionarios electorales y esclarecer las posibles irregularidades.

“No solamente es una auditoría a ver quién tiene credenciales y quién no las tiene, sino se vulneraron los sistemas de seguridad. ¿Quién tiene la información de todos nosotros, los datos biométricos? ¿Alguien más tiene material para hacer credenciales de elector?”, cuestionó.

Dijo que es necesario convocar a un diálogo nacional en el que participen partidos políticos, especialistas, académicos y representantes de la sociedad para establecer condiciones idóneas para el próximo proceso electoral.

“Se debe de llamar a cuentas a todos los que aparecieron en esos vídeos rápidamente porque se pueden fugar del país, pero además porque pueden esconder información o pueden destruir información”, manifestó.

Respecto a las elecciones de 2027, sostuvo que las condiciones actuales del organismo electoral generan incertidumbre sobre la credibilidad de los resultados. “Pues no hay garantías, es precisamente el problema”.

Agregó que «nosotros estamos invitando a todo el mundo a que vaya a votar, para que abrumadoramente demostremos quién va a ganar. Estamos invitando a todo el mundo a que se anote para ser representante de casilla, a que se pare fuera de las casillas a vigilar la elección.

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