Nacionales
Truenan contra “examen punitivo” del Poder Judicial; gremio se suma en 20 estados
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Al grito de “¡evaluación a los del acordeón!”, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) volvieron a salir a las calles del país. Ahora para protestar contra el nuevo esquema de evaluación de la carrera judicial aprobado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ).
Desde la madrugada del viernes, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del PJF y del Sindicato Renovación realizaron un paro de labores en el centro, norte y sur del país para manifestar su rechazo a los nueva evaluación, porque consideran que pone en riesgo su estabilidad laboral, compromete sus puestos de trabajo y carece de criterios objetivos.
En la Ciudad de México, el personal de distintos juzgados y tribunales bloqueó por varias horas los edificios del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, avenida Revolución, Periférico Sur (Las Flores) y Ajusco. Lo mismo ocurrió en diversos estados del país.
En el edificio de San Lázaro, sede de juzgados y tribunales en materia civil y laboral, los trabajadores extendieron su protesta al cerrar la avenida Zaragoza, interrumpiendo el tránsito vehicular hacia el oriente y sur de la capital por unas horas.
Personal de juzgados y tribunales bloquearon sedes del Poder Judicial en la CDMX, como el edificio de San Lázaro. Foto: GABRIEL PANO. EL UNIVERSAL
Con pancartas que decían “No a los exámenes punitivos”, “Ninguna ley, acuerdo general o bono puede estar por encima de nuestro derecho a la estabilidad laboral”, “¡Evaluación a los del acordeón!”, “El Poder Judicial no va a caer”, los manifestantes fueron cerrando poco a poco la vialidad hasta bloquearla por completo, como medida de presión al Órgano de Administración Judicial, que respondió que la primera evaluación al personal judicial será únicamente para efectos de diagnóstico y no tendrá consecuencia laboral.
Sin embargo, la base trabajadora desconfía de los propósitos del nuevo esquema de evaluación, al señalar que la mitad de los jueces y magistrados fueron separados de sus cargos tras la reforma judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
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En entrevista, Patricia Aguayo Bernal, vocera de trabajadores del edificio de San Lázaro, afirmó que el paro de labores fue en protesta por el acuerdo del Órgano de Administración Judicial, mediante el cual pretende implementar un sistema de evaluaciones que vulnera sus derechos, sobre todo, dijo, el de inamovilidad en el puesto y el de estabilidad laboral.
“Lo único que va a hacer que regresemos a nuestras oficinas va a ser que el Órgano de Administración Judicial deje sin efectos ese acuerdo y que no se nos aplique. Que nos evalúen sí, pero que hagan otro acuerdo, pero no para castigarnos ni para corrernos, para mejorar a esta institución, para que demos un mejor servicio, no para que nos corran”, advirtió.
Trabajadores en avenida Revolución comentaron que defienden su estabilidad laboral, sus derechos y condiciones dignas. Foto: OSMAR ALVARADO. EL UNIVERSAL
Dijo que “la evaluación que se está pretendiendo llevar a cabo (…) va a ser exclusivamente para secretarios, tanto de tribunales como de juzgados de Distrito, para actuarios, también de órganos jurisdiccionales de esa misma categoría y también para oficiales judiciales”.
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Trabajadores del Poder Judicial Federal consultados por EL UNIVERSAL consideraron que los exámenes de evaluación pueden convertirse en despidos.
“El problema no es presentar el examen, el problema es quién lo aplica y con qué criterios, porque puede convertirse en un mecanismo para despedirnos”, dijeron.
Indicaron que están defendiendo la estabilidad laboral, sus derechos y las condiciones que les permiten desempeñar su trabajo con profesionalismo, independencia y dignidad.
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La jornada de protestas quedaron marcadas luego de que el titular del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, fuera encarado por integrantes del Sindicato Renovación en Durango, donde realizó una gira de trabajo.
Trabajadores que buscaban diálogo sobre las evaluaciones ingresaron al edificio de la Escuela Nacional de Formación Judicial en la sede de Durango, al enterarse de la presencia de Vargas Solano.
Acto seguido, el presidente del Órgano de Administración Judicial les propuso el diálogo, pero los trabajadores afiliados al Sindicato Renovación rompieron el acuerdo original de 10 personas por sindicato y dieron portazo, agrediendo a Vargas Solano, de acuerdo con autoridades de la dependencia.
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Indicaron que Vargas Solano se reunió con 30 trabajadores para atender sus peticiones respecto al nuevo esquema de evaluación judicial.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) protestaron en más de 20 estados del país, en rechazo al nuevo esquema de evaluación del personal de carrera judicial, pues señalaron que afecta sus derechos y estabilidad laboral.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, con sede en Oaxaca, se sumaron a las protestas. Foto: EDWIN HERNÁNDEZ. EL UNIVERSAL
En Torreón, Coahuila, pararon labores a las 13:00 horas y se reunieron a las afueras del edificio sede, donde obstruyeron un carril del bulevar Independencia. La protesta se replicó en otras oficinas del Poder Judicial en la ciudad.
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En Monterrey, Nuevo León, desde temprano los trabajadores se movilizaron con cierres parciales y totales sobre la avenida Constitución, además de afectaciones a automovilistas que transitaban por la zona.
Como parte de las acciones, los accesos al edificio del Poder Judicial permanecieron cerrados, impidiendo el ingreso de trabajadores y usuarios.
En La Paz, Baja California Sur, al menos 300 trabajadores se sumaron al paro nacional de labores en rechazo a nuevos lineamientos de evaluación que —aseguran— ponen en riesgo su estabilidad laboral y podrían provocar la pérdida de sus plazas de base.
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Los trabajadores colocaron candados en las puertas principales de la sede del Poder Judicial en La Paz.
En Juárez, Chihuahua, fueron cerca de 600 empleados del PJF quienes suspendieron labores para participar en la protesta pacífica que, de acuerdo con lo que dijeron, busca defender sus derechos laborales. En Chihuahua capital fueron cerca de 800 empleados los que se unieron a esta acción, en donde señalaron que no rechazan ser evaluados, sino las formas en las que se busca aplicar dicho examen.
En Hidalgo, el paro de labores se decretó por tiempo indefinido. Los inconformes realizaron una marcha sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, una de las principales vialidades de Pachuca, lo que provocó afectaciones a la circulación.
En Tabasco, la protesta congregó a mil 200 trabajadores del Décimo Circuito. “Si es necesario colapsar y cerrar calles o avenidas lo vamos a hacer. Vamos a salir a defender nuestros derechos, a cerrar calles, a cerrar avenidas, a cerrar instituciones, a cerrar todo el Poder Judicial de la Federación”, afirmó José Felipe Ochoa Landero, representante sindical.
La protesta se replicó en Jalisco, Sonora, Guanajuato, Aguascalientes, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Puebla, Yucatán, Baja California, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas.
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Nacionales
Senado analiza protocolo consular ante riesgos de mexicanos en el extranjero; aplica en casos violatorios a sus derechos
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El Senado analiza una reforma para crear un Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia, mediante una reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con el propósito de dotar al Estado de una estrategia de respuesta ante situaciones que requieran brindar asistencia urgente a connacionales en el extranjero.
La iniciativa, impulsada por el PAN y que se analiza en comisiones, expone que México es un referente en materia de protección y asistencia consular, cuya finalidad es auxiliar a los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero y evitar que queden en situación de indefensión ante posibles violaciones a sus derechos.
No obstante, se reconoce que los funcionarios de consulados y embajadas mexicanas enfrentan dificultades para cumplir adecuadamente con esta labor, entre ellas, la alta demanda de atención en situaciones de extrema gravedad, particularmente durante conflictos bélicos, que requieren medidas y acciones especiales.
Se argumenta que este mecanismo se activaría ante detenciones arbitrarias, desapariciones, secuestros o imposición de la pena de muerte; violaciones graves al debido proceso o al derecho internacional de los derechos humanos, así como amenazas a la integridad física, la libertad y otros derechos fundamentales.
También contemplaría riesgos derivados de conflictos armados, crisis severas de estabilidad política y jurídica, y emergencias ocasionadas por desastres naturales.
Expusieron que la protección consular busca asistir a los mexicanos arrestados, detenidos o en prisión y, en su caso, organizar su defensa ante los tribunales del Estado receptor e informar sobre una amplia gama de asuntos para evitarles daños y perjuicios indebidos.
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Sin embargo, señalaron que la respuesta ante el conflicto armado en Medio Oriente “dejó la impresión de que las acciones para la protección de los mexicanos en la región no fueron lo expeditas e integrales que debieron haber sido”.
Explicaron que, si bien no se han reportado daños a connacionales, a diferencia de México, otros países enviaron aviones de rescate para facilitar la salida de sus ciudadanos de la zona de conflicto.
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La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, defendió el viernes a la Universidad de Tepantlato, en la cual obtuvo el título de doctora en Derecho Constitucional, al destacar que ‘no es Oxford, ni Harvard, sino mexicana’.
“Estoy bien contenta, fíjense que acabo de recibir, acabo de recoger mi título de doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato. Se los presumo”, dijo en un video.
A través de sus redes sociales, la ministra defendió la institución al señalar que el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, también cursó una maestría y un doctorado en esa universidad.
Esta no es la primera vez que Lenia Batres habla de la Universidad Tepantlato, pues sí la ha mencionado como parte de su formación académica en ocasiones anteriores.
Lenia Batres consiguió un doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato.
Se trata de una institución con una relación significativa con el Poder Judicial de la Ciudad de México, a la que el magistrado presidente Rafael Guerra asistió en repetidas ocasiones para la entrega de reconocimientos de doctorado, entre otros eventos organizados por esa universidad.
La universidad tiene dos planteles en la Ciudad de México. Uno está en la avenida Baja California 157, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc; el segundo se ubica en Tepic 43, también en la colonia Roma Sur.
Es una escuela privada que ofrece facilidades para nuevos estudiantes, entre ellas becas de hasta 80 por ciento en colegiaturas, exención del pago de inscripción, colegiaturas congeladas y la posibilidad de apartar un lugar con mil pesos.
La Universidad Tepantlato mantiene una matrícula reducida en comparación con otras instituciones. En 2022 reportó 375 estudiantes inscritos, según el portal Data México.
Además, tiene planteles en Zacatecas; sin embargo, los registros de matrícula desde 2019 se concentran en la Ciudad de México (76), Estado de México (51) y Guerrero (1).
En 2022, un total de 44 personas cursaron un doctorado en esa institución, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
Ese mismo año, las disciplinas con mayor número de egresados hombres fueron Maestría en Juicios Orales (11), Doctorado en Derecho Constitucional (7), Doctorado en Derecho Familiar (6), Maestría en Ciencias Penales (6) y Licenciatura en Derecho (5).
¿Qué grados de estudio tiene Lenia Batres?
Su formación profesional comenzó en 2008, cuando obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad Humanista, institución donde también cursó una maestría en Derecho Penal, grado que obtuvo en 2017.
Posteriormente, en 2020, consiguió una maestría en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Un año después concluyó la maestría en Gestión Pública para la Buena Administración en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.
Ese mismo año, 2021, obtuvo un doctorado en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Más recientemente, en 2024, obtuvo un doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad de Tepantlato.
Nacionales
PRI va en contra de convocatoria para elegir nueva presidencia del INE; Moreira pide auditoría al sistema de seguridad
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El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, afirmó que su bancada irá en contra de la convocatoria para designar a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que el organismo requiere una revisión integral, porque de lo contrario no habrá certeza en el árbitro electoral para las elecciones del 2027.
“Nosotros vamos en contra de esa convocatoria, porque lo que requiere este país es un gran acuerdo nacional para darle certeza”, y la sustitución de la presidencia del organismo no resolvería los problemas que enfrenta, dijo en entrevista.
Manifestó su preocupación por “las grabaciones que se han difundido. Observamos cómo se habla del padrón electoral, de las credenciales de elector, y eso está en el centro de la confianza al INE”.
INE. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Ante esta situación, planteó realizar auditorías al padrón y a los sistemas de seguridad del instituto, así como a los procedimientos de designación de funcionarios electorales y esclarecer las posibles irregularidades.
“No solamente es una auditoría a ver quién tiene credenciales y quién no las tiene, sino se vulneraron los sistemas de seguridad. ¿Quién tiene la información de todos nosotros, los datos biométricos? ¿Alguien más tiene material para hacer credenciales de elector?”, cuestionó.
Dijo que es necesario convocar a un diálogo nacional en el que participen partidos políticos, especialistas, académicos y representantes de la sociedad para establecer condiciones idóneas para el próximo proceso electoral.
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“Se debe de llamar a cuentas a todos los que aparecieron en esos vídeos rápidamente porque se pueden fugar del país, pero además porque pueden esconder información o pueden destruir información”, manifestó.
Respecto a las elecciones de 2027, sostuvo que las condiciones actuales del organismo electoral generan incertidumbre sobre la credibilidad de los resultados. “Pues no hay garantías, es precisamente el problema”.
Agregó que «nosotros estamos invitando a todo el mundo a que vaya a votar, para que abrumadoramente demostremos quién va a ganar. Estamos invitando a todo el mundo a que se anote para ser representante de casilla, a que se pare fuera de las casillas a vigilar la elección.
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