Nacionales
Fiscalías estatales reportaron 651 fosas clandestinas en México en 2025, revela ONG; «FGR registró sólo 32»: Artículo 19
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Las fiscalías estatales reportaron el hallazgo de 651 fosas clandestinas en 16 entidades de México durante 2025, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) nada más registró 32 en seis estados, reveló la Plataforma Ciudadana de Fosas, integrada por Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
La actualización de sus registros también documentó la recuperación de 833 cuerpos y 226 restos humanos, de acuerdo con información proporcionada por las fiscalías estatales, aunque advirtió que persisten vacíos sobre la identificación de las víctimas, las investigaciones y los avances para garantizar justicia a los familiares.
Según los datos de las fiscalías locales, Sonora encabezó los hallazgos de fosas clandestinas, con 204, seguido de Chihuahua, con 85; Baja California Sur y Jalisco, con 71 cada uno.
En contraste, dicha dependencia a cargo de la fiscal Ernestina Godoy reportó 15 fosas clandestinas en Tamaulipas, seis en Jalisco, cinco en Guerrero, tres en Coahuila, dos en Michoacán y una en Hidalgo.
Esta Plataforma examinó datos publicados por medios de comunicación, los cuales permitieron identificar 433 fosas clandestinas en 2025, de las que 265, equivalentes al 61.2%, se concentraron en siete entidades.
Sonora encabezó nuevamente los registros, con 68 fosas; Chihuahua, con 60; Baja California Sur, con 44; Jalisco y Sinaloa, con 25 cada uno; Baja California, con 23, y Guanajuato, con 20.
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La asociación civil Artículo 19 indicó que las diferencias entre los registros de las fiscalías y los reportes periodísticos ponen de manifiesto la ausencia de información pública homologada, la cual permita establecer la magnitud de los hallazgos y conocer los resultados de las investigaciones.
Advirtió que tampoco existen datos suficientes y actualizados con el fin de determinar qué ocurre con los cuerpos y restos humanos recuperados, cuántas personas han sido identificadas y qué avances se han conseguido para esclarecer los hechos.
«El Estado no solo tiene la obligación de localizar las fosas, sino de esclarecer los hechos, identificar a las víctimas y garantizar justicia a sus familias», señaló.
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Con referencia a los cuerpos recuperados, las fiscalías estatales contabilizaron 833 en 15 entidades. Jalisco concentró 257; Sonora, 239; Chihuahua, 119, y Baja California Sur, 96. Estos cuatro estados acumularon 711 cuerpos, equivalentes al 85.4% del total reportado.
De los 833 cuerpos, 487 correspondieron a hombres, equivalentes al 58.5%, y 59 a mujeres, el 7.1%. En los otros 287 casos, que representan el 34.5%, las autoridades no proporcionaron información acerca del sexo de las personas.
En cuanto a los 226 restos humanos registrados en diez entidades, Michoacán concentró 99; San Luis Potosí, 37; Sonora, 30, y Guerrero, 28. En conjunto, esos estados acumularon 194 restos, equivalentes al 85.8% del total.
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La Plataforma Ciudadana de Fosas precisó que en 194 de los 226 restos humanos recuperados no se contaba con datos acerca del sexo. Aclaró, además, que esas cifras no equivalen al número de víctimas, debido a que varios restos pueden pertenecer a una misma persona.
Durante la presentación de los resultados participaron Cecilia Delgado, del colectivo Buscadoras por la Paz de Sonora, quien compartió la experiencia de las familias dedicadas a localizar a personas desaparecidas en esa entidad.
También intervino Jorge Ruiz, del Violence and Transitional Justice Lab de la Universidad de Notre Dame, quien abordó la situación sociopolítica de Jalisco a partir del caso de Teuchitlán.
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Penny Ramírez, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, presentó los hallazgos documentados mediante fuentes abiertas, mientras que Pamela Benítez, de Data Cívica, explicó los principales resultados de la actualización correspondiente a 2025.
Jessica Alcázar, de Artículo 19 para México y Centroamérica, moderó el encuentro y destacó la necesidad de fortalecer los ejercicios ciudadanos de documentación y el acceso a información pública sobre las fosas clandestinas.
La organización no gubernamental aclaró que los registros disponibles no necesariamente comprenden la totalidad de fosas clandestinas existentes en el país, por lo que las cifras deben interpretarse considerando las limitaciones de cada fuente.
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Ante estas deficiencias, Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Iberoamericana exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno garantizar registros públicos, completos, actualizados y comparables sobre las fosas, los cuerpos recuperados, las investigaciones y los procedimientos de identificación.
«Las familias tienen derecho a la verdad y a respuestas; el Estado tiene la obligación de garantizarlas», destacaron.
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dft/bmc
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Universidades supervisarán consulta para desaparecer Usicamm; está prevista para el 30 de octubre
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La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) acordaron que especialistas de seis universidades, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), supervisarán la plataforma tecnológica de la consulta nacional al magisterio, prevista para el próximo viernes 30 de octubre, con la cual se busca construir un nuevo sistema para la carrera docente en sustitución de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).
El convenio de colaboración, firmado durante la Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), abarca la participación de observadores universitarios durante las jornadas de consulta, así como la intervención de especialistas en seguridad informática con la finalidad de verificar el funcionamiento de la plataforma digital.
El secretario general ejecutivo de dicha Asociación, Luis González Placencia, explicó que las instituciones de educación superior participarán en dos vertientes: a través de observadores encargados de verificar el desarrollo de la consulta y con expertos responsables de supervisar los aspectos tecnológicos del ejercicio.
Firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación (Anuies). Foto: X @ANUIES
Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, reportó que se integró un grupo técnico de siete especialistas procedentes de seis instituciones: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad Veracruzana (UV), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Los especialistas revisarán la plataforma tecnológica para contribuir a la transparencia y seguridad del proceso de participación docente.
Esta intervención universitaria se realizará en el marco del acuerdo entre la SEP y la Anuies para acompañar el proceso de construcción del nuevo sistema de las maestras y los maestros.
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En la firma del convenio también participaron la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.
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Diputados aprueban Cuenta Pública 2024; recuerdan irregularidades por 66.5 mdp en el INE
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dft/bmc
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Diputados aprueban Cuenta Pública 2024; recuerdan irregularidades por 66.5 mdp en el INE
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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública 2024. Lo hizo en medio de críticas de la oposición por presuntos malos manejos del presupuesto y falta de transparencia.
Quedó aprobada por 321 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como sufragios 117 en contra del PRI, PAN y MC.
Durante el debate, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Arturo Yáñez Cuéllar, acusó que los recursos públicos dados para el año 2024 “fue amplio, pero mal ejercido”, y afirmó que “hay falta de transparencia en su ejercicio”.
“No hay aplicación de los recursos en materia de salud, educación y seguridad pública”, comentó.
Por su parte, el legislador del Partido Acción Nacional, Héctor Saúl Téllez Hernández, dijo que su bancada no puede aprobar la cuenta pública 2024 porque solo en ese año se registraron presuntos daños al erario por más de 67 mil millones de pesos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Recordó que en ese mismo año, fue cuando esta dependencia a cargo del auditor superior Aureliano Hernández Palacios Cardel detectó irregularidades por 66.5 millones de pesos al interior del Instituto Nacional Electoral (INE).
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“Y este es únicamente la punta del iceberg de los aproximadamente mil millones de pesos que están bajo observación en la corrupción que generó Guadalupe, Taddei al frente del Instituto Cacional Electoral y curiosamente la empresa que estaba observada, y lo que pedimos es que esta investigación llegue a fondo”, declaró.
En defensa del proyecto, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos, aseguró que la revisión de la Cuenta Pública 2024 “es un ejercicio republicano y significativo, el cual presenta el último año de ejercicio del anterior gobierno que fue el primero de la transformación actual”.
Agregó que en ese año se destinaron “montos históricos” a la atención de programas sociales “en beneficio del pueblo de México”.
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Después de su aprobación, la minuta fue turnada al ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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dft/bmc
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FGR descarta investigación contra Andy López y Adán Augusto por huachicol fiscal; hay 17 procesados, dice
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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que “no cuenta con elementos suficientes” para iniciar una carpeta de investigación contra Andrés Manuel López Beltrán y el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, por el caso de huachicol fiscal. Lo anterior, luego de que el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso en el penal del Altiplano, declarara que dos testigos del caso por el que está procesado mencionan a “Andy, Adán, etc…”, en entrevista por escrito para Televisión Azteca.
Según el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, los testigos “Santo” y “JCSP” mencionan al hijo del expresidente López Obrador y Adán Augusto López en la carpeta de investigación sobre la trama del contrabando de combustible en las aduanas marítimas.
“Existen suficientes evidencias y menciones de los reales involucrados. (Andy, Adán Augusto, etc..) ojo con culpar a alguien sin argumentos. Sólo que viene en la CI (carpeta de investigación), no dice nada”, dijo el exmarino al periodista Manuel López San Martín.
Sin embargo, la FGR respondió que este tipo de señalamientos se les conoce en el ámbito jurídico como testigos de oídas, ya que “carecen de la solidez o fundamento legal suficiente para llevar a cabo una indagatoria”.
Pidió a Farías Lagunas que presente las pruebas de sus dichos. No obstante, la Fiscalía General de la República aseguró que continúa la integración de la indagatoria en la que se menciona a Rubén Alfonso Vargas Juárez y Luis Jorge “N”, a fin de esclarecer su posible participación en los hechos investigados.
“Debe quedar claro que las manifestaciones del imputado, así como los datos o elementos que considere pertinentes para sustentar su defensa, deberán hacerse valer ante la autoridad judicial competente, conforme lo señala el debido proceso, no de manera mediática”, indicó la dependencia.
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Recordó que por el caso de la red que permitió el ingreso del buque Challenge Procyon al puerto de Altamira, Tamaulipas, han sido detenidas y llevadas a proceso penal 17 personas, entre quienes se encuentran quienes habrían organizado y ejecutado la logística que derivó en la entrada del barco cargado con millones de litros de combustible no reportado en la aduana.
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