El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó a la consejera Blanca Cruz para que sea la presidenta interina del organismo mientras la Cámara de Diputados designa una nueva presidencia, para concluir el periodo de nueve años que correspondía a Guadalupe Taddei.

En reunión privada, los 10 consejeros del INE decidieron postular a Blanca Cruz como presidenta interina, votar su designación oficial en el Consejo General y enviar la notificación a San Lázaro.

Una de las primeras decisiones colegiadas fue cancelar todos los contratos del instituto hasta nuevo aviso, revisar los ya existentes y solicitar renuncias a funcionarios del organismo implicados en el escándalo de Taddei, la expresidenta del INE. Se comprometió a no utilizar los “superpoderes” a los que tiene derecho la presidencia.

“Aunque se pueda poner a alguien de manera unilateral es algo que en este momento no tenemos considerado, lo digo a título personal y se los reitero a mis colegas, no es una posibilidad que vayamos a utilizar, tenemos que consensuar cada movimiento para poder avanzar en esta solidez institucional”, dijo Blanca Cruz.

Las tres renuncias que los consejeros pidieron en colegio fueron las de Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática, y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios, quienes además participaban en las reuniones con el empresario ligado a Taddei, Alfredo Hernández Casillas.

Blanca Cruz tiene una amplia trayectoria en el oficio electoral, desde los 20 años trabajando en el Servicio Profesional de Carrera en el INE y hasta que llegó a ser consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

En la gestión de Cruz como presidenta del IEE Puebla, la empresa Comercializadora JVLY, vinculada al conglomerado de empresas de José Alfredo Hernández Casillas, recibió al menos un contrato por 129 millones 700 mil pesos.

El IEE contrató a la empresa ligada al clan Taddei en marzo de 2024 para el suministro de material electoral y de simulacro que se utilizó en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2024, en el que ganó el actual gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Blanca Cruz dijo que es sano que la Auditoría Superior de la Federación haya abierto investigaciones no sólo para el INE, sino para los organismos locales, y conviene que revisen “con total transparencia” todos los contratos otorgados.

“De mi parte no tengo nada que ocultar, [ese contrato] está gestionado desde la institucionalidad de los procedimientos en el OPL de Puebla y así han sido también las auditorías que nos han realizado. Con total apertura se puede revisar el trabajo que yo he realizado, no de ahora, sino de los 15 años que llevo en el Servicio Profesional Electoral”, dijo.

Además de las amenazas que denunció la consejera Rita Bell López y de la manera en que fue involucrada de forma tramposa, según dijo, por Taddei con el proveedor Alfredo Hernández Casillas, los demás consejeros negaron conocerlo.

Específicamente fueron cuestionados los consejeros más cercanos a Guadalupe Taddei: Norma Irene de la Cruz y Jorge Montaño, este último además llegó tarde al mensaje de los 10 consejeros. To dos lo negaron. “A mí ni me hablaba”, dijo el consejero Martín Faz sobre la expresidenta del INE.

Otra decisión que tomaron de manera colegiada los consejeros fue dar vista al Órgano Interno de Control (OIC) de todas las irregularidades y de los funcionarios ligados a la red de corrupción del clan Taddei, así como pedir una revisión de los trabajos cumplidos o no de los funcionarios implicados, incluido el contralor.

En su toma de protesta, tanto los consejeros electorales como los representantes de partidos políticos expresaron su respaldo a Blanca Cruz García, siempre y cuando se sostenga en su decisión de tomar todas las decisiones del organismo de manera colegiada.

El consejero Martín Faz le advirtió que parte de sus tareas será “empezar a reconstruir” aquello que se derrumbó con la pérdida de la colegialidad. “Que esta crisis nos recuerde que ninguna persona debe estar por encima de la institución”, dijo Faz.

A su vez, el consejero Uuc-kib Espadas dijo que el INE “no puede soportar más complicidades con intereses particulares” y advirtió que las investigaciones deben derivar en responsabilidades contra quienes resulten responsables.

Por su parte, el diputado del PAN Víctor Hugo Sondón admitió que el prestigio del INE se vio trastocado con el escándalo de los proveedores favoritos de Taddei. “Le pedimos a Morena que saque las manos del INE”, añadió Sondón.

El representante de Morena, Carlos Guillermo Díaz Robles, pidió que “esta coyuntura no se convierta en una cacería de brujas” en contra de más consejeros o funcionarios que no estén implicados en el escándalo de Taddei.

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El clan Taddei ramificó su presencia en, al menos, 13 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a donde llegaron funcionarios que, desde puestos clave, otorgaron contratos a las empresas del emporio de José Alfredo Hernández Casillas a través de concursos simulados.

EL UNIVERSAL publicó el lunes que el conglomerado de empresas de los hermanos Hernández Casillas recibió más de mil millones de pesos, desde 2014, de al menos 13 OPLE.

Parte del modus operandi era postularse como competidoras en diversas licitaciones para asegurar los fallos a su favor.

Además de estas simulaciones en 13 OPLE, en los institutos de Sonora, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Quintana Roo se pudo identificar que estaban activos funcionarios cercanos a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, o designados bajo su presidencia, cuando se otorgaron contratos.

Tan sólo en Sonora, el consejero presidente del Instituto Electoral local, Nery Ruiz Arvizu, ha sido compañero de relaciones institucionales de Guadalupe Taddei desde que ella presidía el organismo, en 2014. “Siempre ha sido mi jefa”, llegó a admitir el hoy consejero en alguna ocasión.

Aunque empresas como Comercializadora JVLY dejaron de ser contratadas en 2019 por el Instituto Electoral de Sonora, otras como Cajas Graf han sido adjudicadas en compras recientes.

Por ejemplo, el año pasado se les otorgó un contrato de 29 millones 996 mil pesos para la compra del material de la elección judicial.

El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, aseguró que la dependencia estatal no tiene ninguna denuncia relacionada con las presuntas irregularidades que han colocado bajo escrutinio las contrataciones realizadas por organismos electorales.

Otro caso especial de unión entre Taddei y titulares de OPLE es el de Oaxaca, donde se dieron contratos al Corporativo Zeg por 32 millones de pesos y otro por 36 millones de pesos durante la gestión de Iliana Araceli Hernández Gómez como secretaria Ejecutiva del organismo local.

Hernández Gómez es tan cercana a Taddei que la nombró directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, hasta ayer, cuando presentó su renuncia a petición expresa de los 10 consejeros que se quedan en el instituto.

Además de eso, Iliana Hernández aparece en los videos y fotografías de las fiestas organizadas por los empresarios investigados y de los cuales se presume conflicto de interés y corrupción en la adjudicación de contratos en el INE, y los cuales llevaron a la renuncia de Guadalupe Taddei.

Por ejemplo, en Quintana Roo, el último contrato que obtuvo una empresa del conglomerado de Hernández Casillas fue en 2022, cuando Mayra San Román Carrillo Medina era la consejera presidenta del Instituto Electoral en el estado.

El contrato IEQROO/LPN/07/- 2022, por un importe de 29 millones 802 mil pesos, es uno de los que está bajo investigación de la Auditoría Superior de la Federación y fue otorgado en la administración de la exconsejera presidenta del IE Quintana Roo Mayra San Román Carrillo Medina.

Las contrataciones volvieron en 2025, cuando Guadalupe Taddei ya controlaba totalmente las operaciones en el INE y Rubí Pacheco Pérez llevaba dos años de presidenta en el organismo local.

En noviembre de ese año se nombró desde el Instituto Nacional Electoral a la consejera Patricia del Rocío Cortés Pastrana, quien había sido secretaria particular de Mayra San Román.

Es el caso del contrato IEQROO/LPN/16/2025, por un monto de 34 millones 798 mil pesos, entregado a Litho Formas. En estricta teoría, Litho Formas ganó la licitación, pero tres de sus competidoras eran Cajas Graf, Gráficas Corona y Formas Finas y Materiales, empresas del conglomerado dominado por los hermanos Hernández Casillas.

El contrato fue otorgado durante la administración de la consejera presidenta del organismo local Rubí Pacheco Pérez, a quien han relacionado por ser cercana al consejero del INE Jorge Montaño, a su vez, cercano a Guadalupe Taddei.

Otro caso es el del Estado de México, donde pasó algo parecido: Francisco Javier López Corral, quien ha sido secretario Ejecutivo del Instituto Electoral por más de 13 años, ha autorizado varios contratos a empresas del clan Taddei.

En 2023, para la elección de gobernador, el IEEM otorgó un contrato de 57 millones 325 mil pesos a una propuesta impulsada de manera conjunta entre Gráficas Corona, Formas Inteligentes y Litho Formas, todas empresas de Hernández Casillas.

Ante los señalamientos que pesan contra el secretario Ejecutivo del IEEM, la consejera presidenta del organismo local, Amalia Pulido Gómez, explicó que “cada uno de los procedimientos de adquisición —y en especial los que corresponden al de material y documentación electoral— se realizan de manera transparente y apegados a la norma.

“Ese año no se pudo realizar una licitación pública nacional, como se hace de costumbre, sino que se tuvo que recurrir a una adjudicación directa, de manera obligatoria por los tiempos en que se definió la celebración de esos comicios, que fue sólo tres meses y medio antes de la jornada electoral”, dijo sobre la adjudicación directa a la propuesta de las tres empresas.

Esta misma forma de fingir competencia ocurrió en Veracruz, con el contrato 2/LPN/OPLEV-21- 114001002-002/2025, entregado por un monto de 113 millones 778 mil pesos a Litho Formas, en un concurso donde únicamente competía con Cajas Graf y Formas Finas y Materiales.

En el caso del OPLE de Veracruz, publicaciones de medios de comunicación locales señalan directamente a Luis Fernando Reyes Rocha, actual secretario Ejecutivo, de ser la mano detrás de ese contrato millonario.

El funcionario rechazó ayer tener relación con las empresas ligadas a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, y aseguró que, desde su toma de protesta, en enero de 2023 y a la fecha, el OPLE no mantiene ni ha tenido vínculo alguno ni relación contractual con las empresas ligadas a Alfredo Hernández Casillas, pero los contratos públicos comprueban lo contrario.

Los otros estados en donde se corroboraron compras con el mismo esquema de falsa competencia fueron Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo, Campeche, Aguascalientes, Querétaro y Zacatecas, de acuerdo con las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

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Jesús ‘Chuy’ González, operador del Cártel de Sinaloa y por quien Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares, fue abatido por elementos de la Marina tras un enfrentamiento en Guasave, Sinaloa, el lunes 26 de octubre.

El abatimiento del ‘Chuy’ ocurrió en la localidad de Siete Ejidos, tras un enfrentamiento que duró horas, de acuerdo con medios locales de Sinaloa como Ríodoce.

Jeús González Peñuelas estaba prófugo de la justicia y era uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA, que lo señalaba por delitos como liderar una organización independiente de producción y distribución de drogas desde al menos 2007.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, ‘Chuy’ González no solo mantenía relación con el Cártel de Sinaloa, sino que tenía vínculo con otros cárteles como Fausto Isidro Meza Flores, el ‘Chapo Isidro’, y Rafael Caro Quintero.

Jesús ‘Chuy’ González ocurrieron durante la tarde del lunes, cuando elementos de las fuerzas federales, presuntamente, iniciaron una persecución de civiles armados en las inmediaciones de Estación Bamoa. La movilización se extendió por caminos rurales hasta llegar a la zona de Estación Capomas y comunidades cercanas a Siete Ejidos.

En el despliegue participaron elementos de seguridad por tierra y aire, con apoyo de un helicóptero, mientras las corporaciones mantenían bajo resguardo distintos puntos de la región.

Como parte de las acciones, también trascendió el aseguramiento de cuatro vehículos: una camioneta RAM gris, una Ford Raptor gris y dos unidades Jeep negras.