La organización Human Rights Watch (HRW) encontró graves irregularidades policiales en la operación realizada en favelas de Río de Janeiro el 28 de octubre de 2025 que se saldó con 122 muertos.

HRW publica hoy los resultados de una investigación de un año sobre la llamada “Operación Contención” cuyo objetivo era detener a miembros del crimen organizado. La pesquisa, a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, detectó que agentes de policía que participaron en el despliegue manipularon cámaras corporales, violaron decisiones del Tribunal Supremo Federal y sus propios protocolos.

Ninguna de las muertes quedó registrada en las miles de horas de grabaciones de cámaras corporales enviadas por la Policía Militar de Río de Janeiro a la Defensoría Pública del estado de Río de Janeiro, que HRW analizó.

“La policía no registró adecuadamente las muertes, no garantizó la preservación de los lugares de los hechos y no recopiló información esencial”, señaló en el comunicado sobre la investigación Sophia Jones, investigadora de fuentes abiertas del Laboratorio de Investigaciones Digitales de HRW. “Las familias de las víctimas, incluidas las de los policías, merecen respuestas y que se rindan cuentas mediante una investigación completa e independiente”, añadió.

Para la investigación, titulada “Una estrategia de muerte”, HRW entrevistó a 41 testigos, familiares y expertos y analizó 4 mil 400 horas de imágenes de cámaras corporales, 9 mil páginas del expediente de la investigación penal, 122 informes de autopsia, procesos judiciales y cientos de videos y fotografías.

Aunque el objetivo de “Contención” era ejecutar 100 órdenes de captura contra presuntos miembros del Comando Vermelho, HRW revisó registros policiales según los cuales la policía detuvo solo a 17 personas con órdenes de captura pendientes, y no está claro cuántas de estas órdenes se encontraban entre las 100 que justificaron la operación en la que, subraya la organización, la policía ni siquiera entró en la casa del principal líder del Comando Vermelho en la zona, contra quien pesaba una orden de captura.

Sobre las cámaras corporales, aunque por ley la policía está obligada a usarlas en sus operaciones, solo aproximadamente 23% de los 2 mil 500 policías civiles y militares que participaron en “Contención” las llevaban, de acuerdo con datos del propio gobierno de Río de Janeiro.

Entre los policías que sí las llevaron HRW detectó que algunos las dejaron encendidas tiempo antes y se les agotó la batería; también se cubrieron las lentes y se pusieron las cámaras en lugares donde no captaran las acciones de los agentes; otros dejaron las cámaras en los vehículos.

“La mayor parte de la manipulación ocurrió en las cámaras utilizadas por agentes de policía cuyas unidades participaban en operaciones de primera línea, como el Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar (BOPE), unidad desplegada en la zona boscosa donde se produjeron la mayoría de las muertes. Los investigadores de Human Rights Watch determinaron que las lentes estaban obstruidas en 36% de los momentos en que se escuchan uno o varios disparos, cuyo sonido grabaron las cámaras”, señala la investigación.

En los casos en que sí hay grabaciones, lo que HRW encontró también es grave. En un caso, las cámaras muestran a policías agrediendo y amenazando con matar a los detenidos, incluido un adolescente al que los policías obligaron a recostarse junto a un cadáver mientras lo fotografiaban. “En otra grabación, un policía les dice a sus compañeros que disparen a las piernas de los detenidos en caso de que huyan. En un tercer vídeo, un policía expresó su frustración porque las cámaras corporales les impedían matar a los sospechosos”.

HRW obtuvo videos grabados por testigos, donde se ve cómo los policías apilan cadáveres, algunos con los genitales al descubierto, dentro de un vehículo blindado de la policía, mientras hacen comentarios sádicos. “Mira qué delicia”, dice un policía en una de las grabaciones, según la organización. “A nosotros nos gusta esto”.

La investigación de HRW determinó que solo siete sospechosos fueron trasladados a un hospital y posteriormente detenidos, en comparación con las 117 personas muertas a manos de la policía. Ello, alega, “plantea serias dudas sobre si la policía priorizó el uso de la fuerza letal en lugar de la detención de los sospechosos”.

Esa posibilidad se afianzó al revisarse las autopsias. Según HRW, “más del 40% de las víctimas que no eran policías recibieron disparos en la cabeza, más del 60% recibieron cuatro o más disparos, y casi 75% recibió al menos un disparo en la espalda. A un hombre le dispararon y luego lo decapitaron”.

HRW cita datos del Grupo de Estudios sobre los Nuevos Ilegalismos (GENI), del Fórum Brasileiro de Segurança Pública y de Fogo Cruzado, según el cual, la Operación Contención ha sido la más letal registrada en un solo día en Brasil.

“Es crucial que el gobierno de [Luiz Inácio] Lula [da Silva] incentive políticas de seguridad pública que reduzcan la letalidad policial, como el uso adecuado de cámaras corporales, y que mejoren la investigación penal, como hacer que los servicios forenses estén separados de la policía”, dijo, en una declaración a este diario, César Muñoz, director de HRW en Brasil.

Muñoz afirmó haber regresado al Complexo da Penha, una de las favelas donde se realizó el operativo, seis meses después del mismo. Y esa visita le dejó en claro el “fracaso” de operativos militares como “Contención”.

“Nada había cambiado. El mismo grupo criminal poseía el control del territorio, dominaba la vida de los habitantes y cobraba tasas a los negocios que operaban en la zona”

Muñoz llamó al gobierno de Lula a liderar “una nueva estrategia de seguridad pública a nivel nacional que golpee al crimen organizado donde verdaderamente le duele, en los flujos financieros, el lavado de dinero y la infiltración en la economía legal. Asimismo, es fundamental atajar los vínculos entre el crimen organizado y la policía y los políticos, y promover reformas en las fuerzas policiales para que la población confíe en ellas y colabore con su misión. Eso es imposible cuando la policía mata con impunidad”.

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Buenos Aires.- El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su familia ingresaron el martes por la noche a Argentina tras huir de Brasil y abordaron un avión privado con destino a Ecuador, informó la madrugada de este miércoles el gobierno argentino.

Bolsonaro, que perdió las presidenciales contra Lula da Silva el domingo, cruzó la frontera terrestre con Argentina «con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal» a las 22:50 del martes, según un comunicado en X de la Dirección Nacional de Migraciones argentina.

Bolsonaro, su mujer y sus dos hijas abordaron a las 23:30 «un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador», según la misma fuente.

El destino final sería Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump le otorgaría asilo político, reportó el diario argentino La Nación. Consultado por el paradero de Bolsonaro, el presidente de Estados Unidos dijo desconocerlo en la noche del martes, aunque deslizó “realmente no sé dónde está, pero escuché que estaba en Argentina”.

También se declaró dispuesto a darles visa estadounidense, al señalar que son «buenas personas» e insistir en sus sospechas sobre los resultados de las elecciones brasileñas.

Jesús ‘Chuy’ González, operador del Cártel de Sinaloa y por quien Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares, fue abatido por elementos de la Marina tras un enfrentamiento en Guasave, Sinaloa, el lunes 26 de octubre.

El abatimiento del ‘Chuy’ ocurrió en la localidad de Siete Ejidos, tras un enfrentamiento que duró horas, de acuerdo con medios locales de Sinaloa como Ríodoce.

Jeús González Peñuelas estaba prófugo de la justicia y era uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA, que lo señalaba por delitos como liderar una organización independiente de producción y distribución de drogas desde al menos 2007.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, ‘Chuy’ González no solo mantenía relación con el Cártel de Sinaloa, sino que tenía vínculo con otros cárteles como Fausto Isidro Meza Flores, el ‘Chapo Isidro’, y Rafael Caro Quintero.

Jesús ‘Chuy’ González ocurrieron durante la tarde del lunes, cuando elementos de las fuerzas federales, presuntamente, iniciaron una persecución de civiles armados en las inmediaciones de Estación Bamoa. La movilización se extendió por caminos rurales hasta llegar a la zona de Estación Capomas y comunidades cercanas a Siete Ejidos.

En el despliegue participaron elementos de seguridad por tierra y aire, con apoyo de un helicóptero, mientras las corporaciones mantenían bajo resguardo distintos puntos de la región.

Como parte de las acciones, también trascendió el aseguramiento de cuatro vehículos: una camioneta RAM gris, una Ford Raptor gris y dos unidades Jeep negras.