Sin ningún cambio y en los mismos términos en que fueron aprobados por la Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios legislativos, Primera, del Senado, aprobaron en lo general y en lo particular, los dictámenes de las Minutas con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos (LFD), de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y por la que se expide la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el Ejercicio Fiscal 2027.

En reunión extraordinaria y luego del análisis discusión, ambas comisiones avalaron por mayoría aumentos a diversos servicios migratorios, financieros y de telecomunicaciones, así como limitar deducciones y pérdidas fiscales de las empresas, el combate al contrabando de combustibles automotrices y la condonación de multas y recargos para todos los deudores fiscales.

Además, autorizaron al gobierno federal ingresos por 10.6 billones de pesos, un endeudamiento interno de 1.7 billones de pesos y externo por 13 mil 500 millones de dólares así como un déficit fiscal de 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los dictámenes fueron avalados sin ningún cambio y en los mismos términos en que fueron aprobados por la Cámara de Diputados. Foto: Andrea Murcia Monsivais

Durante la discusión, el PAN en voz de Imelda Sanmiguel Sánchez, integrante de la Comisión de Hacienda, expuso las razones por las cuales no acompañaron el paquete de ingresos para el 2027.

Recriminó que no se tomaron en cuenta las propuestas puntuales de su partido para beneficiar al campesino, industria auto y pequeños y medianos empresarios. “El Senado no es una mera oficialía de partes”, expresó.

Señaló que la LIF trae más endeudamiento para pagar deuda, con lo cual el partido de Morena la duplicó al recordar que antes sumaba 10.5 billones de pesos, monto que creció hoy a más de 22 billones de pesos.

“La deuda debe convertirse en más infraestructura y bienestar y no para endeudar a las nuevas generaciones. Seguimos gastando en los berrinches de la 4T”, manifestó.

Aseguró que la Ley de Ingresos trae gasolinazos, contrario a lo que dicen, por lo cual los tachó de ser “una bola de mentirosos”.

PAN acusa endeudamiento. Foto: iStock

La morenista Olga Patricia Sosa, de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, refutó lo afirmado por los senadores de oposición.

Si bien respetó los puntos de vista de los legisladores que la antecedieron para posicionarse en contra, mostró su desacuerdo porque ellos fueron los que apodaron a los jóvenes como “Ninis”, mientras que el partido en el poder les da recursos para capacitarse con Jóvenes Construyendo el Futuro.

Enfatizó que, con los cambios propuestos, se busca mayor recaudación sin elevar las tasas de los impuestos para apoyar a quién menos tiene con la ampliación del Régimen Simplificado de Confianza (Resico), a favor del emprendedor porque tendrá más espacio para crecer.

“Se mantiene el rumbo de la 4T: Recaudar mejor por los que menos tienen”, afirmó.

Por el PAN, Mayuli Latifa Martínez, de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, expuso que el turismo es una actividad preponderante para México, y para Quintana Roo el 100%.

“No hay manera de sobrevivir, de ahí el aumento del pago de derechos con el cobro a turistas extranjeros, no lo necesitamos”, esgrimió.

Recordó que la naturaleza del pago de ese derecho, fue para la promoción turística en 1998: el 70% de lo recaudado se iba para la promoción turística y hoy 57% Sedena, 15% Instituto Nacional de Migración y el resto a la Tesorería de la Federación y cero para la promoción turística. “Por eso estamos en contra”, reiteró.

Por Morena, la senadora Araceli Saucedo, de la Comisión de Hacienda, defendió la minuta relacionada con la LIF, ya que los ingresos públicos no son solamente cifras sino la base fundamental para financiar infraestructura y programas sociales con recursos totales por más de 10 billones de pesos.

“No se trata de recaudar más sino fortalecer las finanzas públicas. Destaca el fortalecimiento de la recaudación, cerrar espacios al incumplimiento y modernizar las herramientas de recaudación”, puntualizó.

«Para eso necesitamos un SAT fuerte, para ampliar la capacidad del Estado mexicano», aseveró al mencionar que en la Ley de Ingresos se establece la obligación de la Secretaría de Hacienda de presentar el 31 de junio un estudio de ingreso-gasto análisis para conocer la contribución, beneficios e impacto de cada familia.

De esta manera, ponderó, la responsabilidad fiscal no termina cuando recauda el Estado sino ver el beneficio de la población.

Así, aseguró, que se van a destinar recursos a la salud, pensiones y para la adquisición de vacunas y para el fondo de pensiones para el bienestar.

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am/mcc

A unos días de que se de a conocer el resultado de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Guardia Nacional (GN) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información para el combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI).

La secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por medio de la GN proporcionará a la unidad antilavado de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), información contenida en sus bases de datos y registros que resulten útiles para el ejercicio de sus atribuciones.

En tanto la UIF, por su parte, podrá generar y compartir productos de inteligencia derivados de los reportes y avisos que recibe de los sujetos obligados, conforme a la legislación aplicable y a los mecanismos que acuerden ambas instituciones.

Así lo dio a conocer la SHCP en un comunicado en el que se destaca que dicho instrumento permitirá establecer mecanismos para el intercambio oportuno y eficaz de información y documentación que contribuya a identificar elementos constitutivos de ORPI y otras conductas relacionadas, así como fortalecer la identificación y el monitoreo del beneficiario final de bienes o recursos que pudieran tener un origen ilícito.

Se establece que para el intercambio se realizará bajo criterios de legalidad, seguridad, integridad y estricta confidencialidad.

Lo anterior porque hay obligaciones específicas para proteger los datos personales y la información reservada o confidencial, así como restricciones para su empleo fuera de los fines institucionales que dieron origen a su intercambio.

Incluye capacitación en materia de análisis operativo y estratégico, así como la integración de un grupo de trabajo encargado de coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones derivadas del convenio.

Con ello, Hacienda afirmó que se refrenda el compromiso de ambas dependencias para fortalecer la coordinación interinstitucional y las capacidades de inteligencia financiera para prevenir y detectar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en congruencia con los estándares y recomendaciones del GAFI.

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Las empresas de criptomonedas pueden seguir pagando a los clientes recompensas similares a intereses, manifestaron reguladores estadounidenses, pese a las advertencias de los bancos de que esos programas podrían drenar billones de dólares en depósitos del sistema bancario.

Las nuevas normas forman parte de la implementación de la Ley GENIUS, que se promulgó el año pasado y tenía como objetivo codificar las reglas y regulaciones en torno a los emisores de stablecoins.

Según las normas publicadas por la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC), los emisores de stablecoins como Circle seguirán teniendo prohibido pagar intereses a las personas que mantengan sus monedas. Pero las plataformas de intercambio que negocian y custodian esas stablecoins, como Coinbase, Robinhood y otras, pueden trasladar a los clientes cualquier ganancia de esas monedas en forma de recompensas similares a intereses.

Las stablecoins son un tipo de criptomoneda diseñado para mantener un valor estable, por lo general 1 dólar por moneda. Las stablecoins están respaldadas por depósitos bancarios y bonos del Tesoro de Estados Unidos, que generan intereses.

Los intereses obtenidos de los valores que respaldan a las stablecoins están en el centro de la disputa entre bancos y empresas de criptomonedas. La industria de las criptomonedas quiere ofrecer a los clientes un rendimiento por mantener stablecoins, convirtiendo los intereses que los emisores de stablecoins obtienen de los bonos y los dólares que respaldan esas monedas en un rendimiento para los clientes.

Con las nuevas normas de la OCC, las plataformas de intercambio podrán hacerlo “caso por caso”, indicaron los reguladores. La práctica no fue prohibida, como querían los bancos.

El presidente Donald Trump muestra la promulgación de la Ley GENIUS que regula las stablecoins, un tipo de criptomoneda, en la Sala Este de la Casa Blanca, el 18 de julio de 2025, en Washington. Foto: AP

Los grupos bancarios han presionado para imponer restricciones más estrictas a las recompensas de las stablecoins, en gran medida porque las empresas de criptomonedas pueden y a menudo ofrecen rendimientos más altos sobre los ahorros que las cuentas bancarias tradicionales. Por ejemplo, Coinbase ofrece a los clientes rendimientos de hasta 3,5% sobre saldos de USDC (una stablecoin vinculada al dólar), mientras que la cuenta de ahorro tradicional promedio ofrece un rendimiento de 0,38%, según las cifras más recientes de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.

Si las stablecoins y las plataformas de intercambio pueden superar a los bancos en rendimiento, los clientes bancarios tradicionales podrían trasladar sus ahorros fuera de los bancos y hacia las criptomonedas, un fenómeno conocido como fuga de depósitos. La industria bancaria ha señalado que esto reduciría la capacidad de los bancos para otorgar préstamos y, en el peor caso, provocaría que algunos bancos cerraran o quebraran. Cuando los legisladores redactaron la Ley CLARITY, una fuente de intenso debate fue cómo las stablecoins afectarían al sector bancario tradicional.

La Asociación Estadounidense de Banqueros, el grupo de presión paraguas del sector, afirmó en un comunicado que la decisión de la OCC amenazará “los fondos que los bancos usan para otorgar los préstamos que impulsan la economía de Estados Unidos”.

La norma “preservará el statu quo para las plataformas cripto pese a la clara intención del Congreso de proteger el crédito local”, sostuvo la ABA.

Los bancos y los grupos de defensa del consumidor, por lo general adversarios en la disputa sobre cómo regular el sistema financiero del país, han sido aliados en este tema en particular. Los grupos de consumidores están preocupados de que los consumidores vean estos sistemas de recompensas similares a intereses, como algo parecido a lo que ofrecen los bancos en una cuenta bancaria. Pero el mundo de las criptomonedas no tiene un equivalente al seguro de depósitos, como el que ofrece la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.

“(La OCC) ha implementado una norma que da carta blanca a los emisores de stablecoins para realizar actividades propias de los bancos sin ninguna de las protecciones que mantienen seguro a nuestro sistema bancario”, expresó en un comunicado Phillip Basil, director de crecimiento económico y estabilidad financiera en Better Markets

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ss/mcc