El presidente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, propuso crear una comisión especial que investigue las elecciones presidenciales de 2018 y 2024, ante las sospechas que, aseguró, existen sobre posibles irregularidades en el conteo de votos, la utilización de algoritmos digitales para modificar resultados y la actuación de las autoridades electorales.

El dirigente priista sostuvo que si existe la intención de investigar el proceso electoral de 2006, como se ha planteado desde Morena, también deben revisarse los comicios de 2018 y 2024, particularmente este último, en el que pudieron haberse utilizado mecanismos tecnológicos para alterar la contabilización de los sufragios y favorecer al partido en el gobierno.

“Hay que tomar la palabra, que se haga una comisión para investigar el fraude electoral del 18 y del 24, eso sería bueno analizarlo”, planteó.

En declaraciones a medios de comunicación en el Senado, Moreno argumentó que las elecciones de 2018 y 2024 son procesos que, a diferencia de la de 2006, todavía podrían ser objeto de revisión, por lo que consideró que la discusión sobre la historia electoral del país debe incluir los comicios más recientes.

Cuestionó que se pretenda concentrar la atención en la elección presidencial de 2006, al señalar que fue una resolución revisada por los tribunales electorales y que, desde su perspectiva, los posibles delitos relacionados con ese proceso ya habrían prescrito.

Insistió en que deben esclarecerse las condiciones en que se desarrollaron las elecciones presidenciales en las que Morena fue declarado ganador, así como el funcionamiento de los sistemas informáticos utilizados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Afirmó que Morena obtuvo alrededor de 54 por ciento de los votos, mientras que la oposición alcanzó 46 por ciento; sin embargo, el partido en el poder terminó con aproximadamente 75 por ciento de los espacios en la Cámara de Diputados.

Para el dirigente priista esa diferencia amerita revisar cómo se distribuyeron los votos y cómo se procesaron los resultados electorales, además de investigar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas empleadas por el órgano electoral.

También cuestionó la manera en que se dieron a conocer los resultados de la elección presidencial de 2024 y puso en duda que se hubieran presentado públicamente todas las actas que debían respaldar las cifras anunciadas.

El líder priista señaló directamente a Guadalupe Taddei, quien encabezó el INE durante ese proceso electoral, y la acusó de haber favorecido a Morena mediante decisiones relacionadas con la presentación y contabilización de los resultados.

“Con algoritmos digitales, con una cínica y corrupta como Guadalupe Taddei al frente del INE, no tenemos ni la menor duda que a lo mejor hubo tranzas, cochupos y fraudes electorales”, declaró.

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Ante la propuesta de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, de que se cree una comisión que investigue el presunto fraude electoral en 2006, el presidente del Senado, el morenista Higinio Martínez, evitó respaldar este planteamiento y recordó que no se puede juzgar lo que ya ha sido juzgado.

En entrevista de medios, Martínez argumentó que debido a su responsabilidad institucional como presidente de la Cámara alta procura mantenerse al margen de los asuntos internos de Morena, pese a que es militante de ese partido.

“No he analizado ese tema que me dices y no tendría otra opinión respecto al mismo”, respondió.

Sin embargo, al preguntarle si legalmente es posible volver a juzgar delitos o hechos que ya fueron objeto de una resolución definitiva, el legislador mexiquense señaló que entiende que la ley impide someter nuevamente a una persona a juicio por un asunto que ya fue juzgado.

“Si es una cosa juzgada, yo entiendo que lo que dice la ley es que no puede ser juzgado por segunda ocasión. Eso es lo que dice la ley”, expresó en declaraciones a los reporteros al término de la sesión ordinaria del Senado.

Ariadna Montiel anunció que planteará a la Cámara de Diputados la creación de una “Comisión Especial por la Democracia y la Verdad” que investigue el supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2006.

“Este fraude le quitó en triunfo a Andrés Manuel López Obrador, luego de que el expresidente Vicente Fox Quesada reconociera públicamente que intervino para favorecer el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa. La democracia en México debe saldar esa cuenta. Es algo que no debemos olvidar”, sostuvo la presidente de Morena en su conferencia del pasado martes.

Por otra parte, Higinio Martínez informó que ordenó el descuento de la dieta a la senadora migrante Karina Ruiz en las seis sesiones anteriores a su solicitud de licencia, ya que no pudo justificar su ausencia.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado informó que las otras 12 faltas de la legisladora que reside en Estados Unidos sí fueron justificadas, aunque no reveló cuál fue su argumento.

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El exfiscal especializado en operaciones estratégicas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, Guillermo Arturo Zuany Portillo, actualmente prófugo, ordenó mediante un escolta de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), debido a que no se encontraba en lugar, no tomar fotos, ni difundir información del accidente del pasado 19 de abril, cuando dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) fallecieron, de acuerdo a la causa penal 408/ 2026 a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL.

En una entrevista recabada por un agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) el 8 de mayo de 2026, un Policía de Investigación de la AEI, narra que una escolta del director de la Agencia Estatal de Investigación se hizo cargo de la situación de momento después de dicho accidente.

«Nos dijo a todos que, de parte del jefe Zuany, ‘No tomen fotos ni difundan información, que no informen nada de lo que pasó’. Sé que se refería a Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien es fiscal de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas; sin embargo, este no estuvo presente durante el operativo”, refiere el entrevistado.

Recuerda que aproximadamente a la 01:00 horas del 19 de abril de 2026, su compañero se frenó de forma brusca y comentó que “ya valió”; descendieron con sus armas del vehículo y se acercaron a las unidades que estaban a la punta del convoy.

“En ese momento, me estaba asomando a la barranca, vi como uno de los vehículos del convoy estaba abajo, se estaba empezando a incendiar, también vi que cuatro compañeros ya estaban bajando hacia donde estaba la unidad, de estos compañeros: era escolta… Hermano de uno de los fallecidos.

“Otro escolta de apodo “El Tetera”, dos compañeros del área de reacción de Zona Centro, de apodo “El Guz” y una compañera desconozco su nombre o cómo le dicen, solo recuerdo que llevaba lentes”, externa.

En la orden de aprehensión, otro efectivo de la AEI expresa en la entrevista ministerial que se comunicó vía telefónica con otro elemento en el lugar de los hechos, quien le confirmó el accidente y el incendio del vehículo, decidiendo mantener el resguardo del campamento ante los riesgos nocturnos, sabiendo que ya había personal auxiliando.

Finalmente, al mediodía del 19 de abril de 2026, arribó el relevo de la Zona Sur (Parral), comenzando el repliegue rumbo al municipio de Guachochi, recibiendo la confirmación del deceso del director Oseguera, un escolta y dos personas más.

“Tras pernoctar y comunicarse con sus superiores, el fiscal de Operaciones Estratégicas, Roberto Zuany, para informar de su decisión de asegurar el perímetro, el 20 de abril de 2026, emprendieron el retorno a la ciudad de Chihuahua.

“El declarante precisa que… No participó en labores de auxilio al accidente, ni tuvo conocimiento directo de las diligencias posteriores en el aeropuerto de Guachochi, desconociendo asimismo si el operativo derivó de una carpeta de investigación o de la intervención ministerial”, indica el expediente.

Otro entrevistado refiere en el documento que luego de la localización del narcolaboratorio, el comandante Oseguera reunió a los encargados y posteriormente estos convocaron al personal para formar un círculo, informando de propia voz sobre el hallazgo de laboratorios de gran dimensión para la producción de cristal y metanfetamina, felicitando al personal por el resultado de la operación.

“Señalando que el hecho ameritaba una fotografía grupal, sacó su teléfono celular de la bolsa del pantalón. En ese momento, uno de los compañeros exclamó: “Ahí está el primo”, refiriéndose a una persona de tez blanca, complexión regular, de aproximadamente 1.65 metros de estatura, vestida con pantalón de mezclilla y sudadera oscura.

“El comandante Oseguera le entregó su celular a esta persona para tomar la fotografía a una distancia de cuatro o cinco metros, tras lo cual le devolvió el aparato y se retiró. Posteriormente, el jefe Oseguera indicó que se tenían que preparar porque se retirarían del lugar junto con el personal de Ciudad Juárez y los elementos designados, dirigiéndose a su vehículo”, asevera el entrevistado.

La orden de aprehensión subraya que Zuany Portillo y Jáuregui Moreno ejercieron actos sin sustento legal, que vulnera lo preceptuado en distintos artículos constitucionales al hacer uso ilegal de la fuerza pública alterando la paz interna de México.

Los exfuncionarios son señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de su probable intervención en el hecho que la ley tipifica como el delito de traición a la patria, previsto y sancionado en el artículo 123, fracción I del Código Penal Federal.

La causa penal indica que las renuncias sucesivas de los exservidores estatales expone ante la comunidad internacional un vacío de control territorial y un preocupante nivel de infiltración en las estructuras de seguridad locales.

“Lo anterior sugiere que los hechos antes descritos, impactan directamente en la relación diplomática por la participación de personal de instituciones de un país extranjero en las actividades operativas en territorio nacional”, hace mención el expediente.

Remarca que sin la autorización por parte del Gobierno Federal vulnera directamente la soberanía de la nación, altera el orden constitucional e impacta de manera negativa en la percepción de paz y certidumbre legal de la ciudadanía.

Guillermo Arturo Zuany Portillo y César Jáuregui Moreno, quien permanece en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1 «El Altiplano», están relacionados con el caso de la participación de los agentes estadounidenses en el operativo que derivó en el hallazgo de un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal en la Sierra de Chihuahua, municipio de Morelos, entre el 17 y el 19 de abril de 2026.

El 19 de abril, murieron dos integrantes de la CIA, también Pedro Ramón Oseguera Cervantes, director de la AEI, y uno de los oficiales encargados de la seguridad del director de la AEI, después de que el vehículo perdió el control al circular en un camino de terracería con poca visibilidad, lo que provocó que cayera a un barranco en la carretera Chihuahua – Ciudad Juárez.

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