“El IMSS está a un paso de entrar a terapia intensiva”, advirtió Gustavo Hernández al describir las carencias que, aseguró, enfrenta el personal de salud, entre ellas la falta de materiales básicos para atender a pacientes en situaciones de emergencia.

En esta edición de Con los de Casa, David Aponte, director general editorial de EL UNIVERSAL y la columnista Mayte Azuela conversaron con Hernández y Julio Vásquez, exintegrantes del Comité de la Sección 34, así como con Éctor Jaime Ramírez, diputado del PAN y médico cirujano, sobre la crisis que enfrenta el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sus consecuencias para los derechohabientes.

Durante la conversación, los participantes señalaron que la falta de insumos médicos, el desabasto de medicamentos, las cargas excesivas de trabajo y los bajos salarios afectan tanto las condiciones laborales del personal como la calidad de la atención que reciben los pacientes.

Ante este panorama, Hernández señaló la necesidad de aumentar la plantilla laboral, mejorar los salarios y garantizar que los insumos y medicamentos lleguen de manera suficiente y oportuna a las unidades médicas.

Por su parte, Éctor Jaime Ramírez advirtió que estas deficiencias no solo afectan a los trabajadores del Instituto, sino que también tienen consecuencias directas para la población que depende de sus servicios médicos.

“Lo viven muy mal. La verdad es que no hay día que no tengamos cantidad de casos en los que las cosas no funcionan”, afirmó.

El diputado y médico cirujano explicó que la falta de insumos y medicamentos, sumada a las deficiencias en la infraestructura y las limitaciones operativas, puede obstaculizar la atención oportuna y comprometer la seguridad de quienes requieren servicios hospitalarios.

Por otra parte, Éctor Jaime Ramírez alertó sobre la situación financiera del IMSS y advirtió que los recursos disponibles podrían ser insuficientes para cubrir las necesidades de atención médica en los próximos años.

«De manera técnica están un poco más que quebrados y van a tener serios problemas en los próximos sus años», expresó.

Ramírez advirtió que esta diferencia entre los recursos necesarios y los disponibles podría agravar las dificultades del Instituto para responder a la demanda de servicios médicos.

También cuestionó los mecanismos de financiamiento y recuperación de cuotas del Seguro Social, al considerar que las aportaciones actuales podrían no ser suficientes para sostener la atención de los trabajadores y sus familias. Por ello, alertó sobre la necesidad de revisar la viabilidad financiera del organismo y garantizar recursos suficientes para atender a los derechohabientes.

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El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, refirió que se prohibirá el acceso al pleno de la Cámara de Diputados, de personal de seguridad armado de los legisladores.

“No he visto, pero me dicen que sí hay, yo no he visto porque hay tanta gente a veces en el pleno, que no he visto, pero me aseguraron hoy en la Junta de Coordinación Política que sí hay personal de seguridad que trae armas y eso es inadmisible. Adiós a las personas que traen armas, que las escoltas permanezcan fuera del recinto”, expresó.

Incluso, dijo que no se debería permitir que los escoltas armados de los diputados tengan acceso al Palacio Legislativo de San Lázaro.

“Es inadmisible que haya personal de seguridad, que acompañen a los diputados, con armas al interior del recinto y en el pleno, o en la propia Cámara”, comentó.

Monreal Ávila también manifestó que él no tiene guaruras, y sólo es acompañado por personal de su equipo de trabajo.

“Yo no tengo, tengo un chofer que el otro día me andaba atropellando… No tengo seguridad, no tengo guaruras”, relató.

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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la minuta conocida como «Ley Antimemes», la cual reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Quedó aprobada en lo particular por mayoría de 281 votos a favor por Morena, PT y PVEM, así como 87 sufragios en contra del PAN, PRI y MC.

En el debate no fue aprobada ninguna de las 177 reservas interpuestas por 88 diputadas y diputados federales.

Las y los congresistas de la oposición, pidieron reiteradamente que se modificara el artículo 403 bis, con la finalidad de establecer de manera expresa que las sanciones no aplicarán cuando el uso tuviera fines periodísticos, informativos, educativos, artísticos, humorísticos, de parodia, sátira, crítica u opinión. Todas fueron rechazadas.

Acompañados de memes y pancartas con la leyenda de “Censura de Morena”, imágenes con memes alusivos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a Movimiento de Regeneración Nacional, y carteles de lápidas con la leyenda “aquí murió la libertad de expresión”, se denunció intento de «censura«.

Esta minuta establece penas de hasta 5 años de cárcel por el uso de identidad gráfica institucional con la intención de inducir al error o al engaño para cometer un crimen.

Las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México defendieron esta iniciativa; explicaron que se imponen penas de 1 a 5 años de prisión y multas de 1,000 a 10,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) a quien use, reproduzca, imite o incorpore —a escala comercial— la identidad gráfica institucional, logotipos, emblemas, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno con el objetivo de inducir al error o engaño para cometer un delito.

Argumentaron que lo que realmente garantiza la reforma es combatir con mayor eficacia la piratería y la falsificación, «porque detrás de una marca, una canción, un libro, una película o una tecnología hay trabajo, conocimiento, esfuerzo y muchas veces años de dedicación que merecen ser protegidos”.

Después de su aprobación en lo general y en lo particular, la minuta fue turnada al poder ejecutivo para su publicación.

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