La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los lineamientos sobre los derechos de las audiencias tengan como propósito censurar contenidos en radio y televisión, y sostuvo que el objetivo de su gobierno es garantizar ese derecho sin afectar la libertad de expresión, por lo que defendió la consulta pública abierta para revisar y, en su caso, modificar el proyecto.

En su conferencia matutina, la mandataria respondió a las críticas de la oposición, que ha señalado que la regulación podría convertirse en un mecanismo de censura. Sheinbaum aseguró que esa interpretación es incorrecta y reiteró que “nunca” ha sido la intención de su administración limitar los contenidos que difunden los medios de comunicación.

“Pues porque no es nuestro objetivo. Nunca. Y por eso está (a) consulta los lineamientos”, afirmó la titular del Ejecutivo, al explicar que precisamente el proceso de consulta permitirá aclarar aspectos que han generado inquietud, como las condiciones bajo las cuales podrían imponerse sanciones y otros elementos del proyecto regulatorio.

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Los lineamientos de derechos de las audiencias se aplican a concesionarios de radio y TV. Ilustración: Canva.

La Presidenta enfatizó que los lineamientos no contienen disposiciones relacionadas con los contenidos editoriales o informativos que transmiten los concesionarios, por lo que, dijo, esa es la principal prueba de que no existe un intento de censura.

“Los lineamientos no dicen nada, absolutamente nada de los contenidos. Es la mejor forma de decir, no hay censura”, sostuvo.

Sheinbaum explicó que un acto de censura implicaría que el gobierno ordenara retirar información o prohibiera la difusión de determinados contenidos por no coincidir con su postura, situación que, afirmó, no está contemplada en la propuesta sometida a consulta pública.

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En cambio, indicó que el documento se concentra en fortalecer los mecanismos para garantizar los derechos de las audiencias, mediante disposiciones relacionadas con la figura del defensor de las audiencias, los códigos de ética de los concesionarios, las áreas de atención de quejas y otros procedimientos que, reconoció, aún pueden perfeccionarse durante el periodo de consulta.

La discusión sobre los derechos de las audiencias en México no debe reducirse nuevamente al debate entre censura y libertad de expresión, sino avanzar hacia un modelo que garantice una protección efectiva de la ciudadanía frente a un ecosistema mediático transformado por las nuevas tecnologías, advirtió Sandra Marcela Fernández Alaniz, especialista en medios públicos y análisis político.

A propósito de la consulta sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, abierta del 27 de julio al 21 de agosto de 2026 por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), señaló que el reto es construir reglas que protejan a televidentes y radioescuchas sin otorgar al Estado facultades ambiguas que puedan utilizarse para intervenir en contenidos o líneas editoriales.

Fernández Alaniz recordó que los derechos de las audiencias no surgieron con una administración específica, sino que son resultado de décadas de demandas impulsadas desde la academia y la sociedad civil para garantizar pluralidad, acceso a información y límites frente a posibles abusos del poder mediático.

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Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera de este 28 de julio del 2026. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Explicó en un comunicado que la Reforma de Telecomunicaciones de 2013-2014 reconoció constitucionalmente a las audiencias como sujetos de derecho e incorporó obligaciones como diferenciar publicidad de información, establecer códigos de ética y crear defensorías de las audiencias.

Sin embargo, sostuvo que el debate regulatorio permanece concentrado en tres conflictos: la diferencia entre información y opinión, la separación entre publicidad y contenidos, y las facultades sancionadoras de las autoridades.

La especialista reconoció que existe una preocupación legítima entre periodistas y concesionarios sobre cualquier norma que pueda abrir espacios para la censura, pero advirtió que centrar toda la discusión en ese riesgo puede desplazar a quienes deben estar en el centro de la regulación: las audiencias.

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“La amenaza de la censura paraliza la norma, y la paralización de la norma perpetúa la indefensión de los públicos históricamente más vulnerables”, planteó.

Consideró necesario actualizar el concepto de derechos de las audiencias, pues parte de la regulación actual responde a las características de los medios tradicionales, mientras que las formas de producción y consumo audiovisual han cambiado con la expansión de las plataformas digitales.

Uno de los principales pendientes, señaló, es la protección de niñas y niños frente a contenidos diseñados para captar su atención mediante ritmos acelerados, colores intensos y otros recursos utilizados por plataformas digitales.

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Preocupa consulta de derechos de las audiencias (30/07/2026). Foto: Pixabay

La regulación, afirmó, debería incorporar elementos relacionados con el neurodesarrollo, la concentración y la regulación emocional de las infancias, y no limitarse a disposiciones técnicas heredadas de la radio y la televisión tradicionales.

También llamó a fortalecer la protección de personas con discapacidad y de comunidades indígenas y rurales que enfrentan barreras de conectividad, idioma o alfabetización para ejercer sus derechos o presentar quejas ante los medios.

Otro reto, dijo, es atender la desigualdad entre grandes grupos comerciales y medios públicos, comunitarios, indígenas, sociales y afromexicanos, pues aplicar las mismas obligaciones y sanciones a todos podría afectar a proyectos con recursos limitados y reducir la pluralidad mediática.

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La especialista identificó tres focos rojos en el actual proceso de consulta. El primero es la forma en que fueron presentados los lineamientos, ya que cuestionó que el anuncio se realizara desde la conferencia de la Presidencia de la República y no fuera encabezado por las autoridades de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

El segundo punto es la incertidumbre sobre la participación de especialistas y defensorías de audiencias en la elaboración de la propuesta, mientras que el tercero es la limitada presencia de jóvenes comunicadores, investigadores universitarios, tecnólogos y abogados de nuevas generaciones.

Para Fernández Alaniz, la consulta representa una oportunidad para construir un nuevo modelo de gobernanza de los medios, siempre que se eliminen ambigüedades que permitan decisiones discrecionales de las autoridades.

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Entre sus propuestas plantea la creación de un Consejo Ciudadano y Colegiado, plural e independiente, que intervenga cuando las quejas de las audiencias no sean atendidas, en lugar de dejar todas las decisiones en manos del organismo regulador.

Asimismo, propone explorar sanciones informativas o reputacionales frente a incumplimientos reiterados, además de impulsar una Política Nacional de Alfabetización Mediática que permita a las audiencias contrastar información, identificar contenidos y tomar decisiones críticas sobre su consumo.

Sostuvo que proteger los derechos de las audiencias no implica restringir la libertad de expresión, sino garantizar que las personas tengan acceso a información diversa, veraz y respetuosa.

El desafío, concluyó, será evitar tanto una regulación estatal excesiva como una autorregulación insuficiente de los medios, para colocar a las audiencias como sujetos activos de derechos dentro de la comunicación pública.

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