Nacionales
SEP inicia discusión sobre ajuste al calendario escolar; Delgado insiste en no convertir las aulas en una «estancia forzada»
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Después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que se recortaría el ciclo escolar al 5 de junio por olas de calor en distintos estados y la celebración del Mundial de Futbol 2026, distintas autoridades educativas se pronunciaron en contra de este cambio por considerar que podría generar rezago educativo.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó durante la discusión que para la Nueva Escuela Mexicana lo importante es el aprendizaje en comunidad, más allá de cumplir con una cuota específica de horas.
“Debemos ser honestos: tras la entrega de calificaciones hay una inercia en las escuelas, en todo el sistema educativo, después del 15 de junio, se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa hasta mediados de julio”, dijo durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026.
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Acompañado de los secretarios de Educación de todos los estados, argumentó que tras esa fecha se mantienen las aulas abiertas sin un propósito pedagógico, sólo por cumplir un conteo, en donde se desvirtúa la dignidad docente y se convierte a la escuela en una estancia forzada.
“Ese tiempo muerto a veces es burocracia que roba espacio a la convivencia familia y a salud mental de la niñez”, agregó.
En ese sentido, señaló que la escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niños por conveniencia del mercado.
“Reconocemos esta deuda con cuidadoras y cuidadores. Para el magisterio el descanso es un derecho laboral y una necesidad pedagógica. La estabilidad laboral del docente es la base de la calidad educativa”, resaltó.
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Por ello, pidió que al discutir el calendario escolar se incorporen las visiones del sistema educativo, en donde los funcionarios estatales han tenido oportunidad de dialogar con padres de familia.
Delgado planteó que en la discusión “hacen falta voces en esta mesa”, particularmente las de madres, padres de familia y del magisterio, al señalar que las decisiones deben considerar realidades muy distintas según el territorio.
Recordó que el análisis del calendario responde a “realidades innegables”, como el impacto del azote climático en algunas regiones del país y los problemas de movilidad, saturación de servicios y falta de atención que podría generar la realización del Mundial de Futbol 2026.
La revisión del calendario escolar ha sido observada por distintos organismos especializados que han insistido en la necesidad de una transformación estructural del sistema educativo.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha señalado en diversos análisis la importancia de fortalecer la planeación educativa con base en evidencia, así como de considerar las diferencias regionales para mejorar la eficiencia del sistema y la toma de decisiones públicas.
Por su parte, Mexicanos Primero ha enfatizado que cualquier ajuste al calendario debe tener como prioridad garantizar el derecho efectivo a aprender, asegurando que el tiempo en las aulas se traduzca en aprendizajes reales para niñas, niños y adolescentes.
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La organización Educación con Rumbo ha advertido que decisiones sin una evaluación integral pueden profundizar el rezago educativo y generar impactos en la organización familiar, por lo que ha llamado a considerar con mayor rigor las consecuencias de modificaciones estructurales.
En tanto, la Coparmex ha planteado la necesidad de dar certidumbre al sistema educativo y evitar cambios que alteren la continuidad del ciclo escolar sin una planeación de largo plazo, subrayando la importancia de decisiones estables para la comunidad educativa y el entorno productivo.
El adelanto del cierre del ciclo escolar 2025-2026 anunciado por la SEP reactivó el debate sobre la necesidad de un Sistema Integral de Cuidados en México, particularmente ante el aumento de la carga que estas decisiones generan en los hogares.
En este contexto, el planteamiento desarrollado por Universidad Iberoamericana a través de IBERO Propone advierte que el país carece de una red nacional articulada de cuidados que permita redistribuir las tareas de atención a personas dependientes y evitar que recaigan de manera desproporcionada en las familias, especialmente en las mujeres.
De acuerdo con el análisis incluido en su propuesta, en México aproximadamente 6 de cada 10 personas que realizan trabajo de cuidados son mujeres, quienes además no reciben remuneración por estas labores. El documento detalla que ellas destinan en promedio 38.9 horas semanales a estas tareas, frente a 30.6 horas en el caso de los hombres, lo que refleja una brecha persistente en la distribución del trabajo doméstico y de atención.
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La ficha técnica del proyecto señala que estas labores tienen un impacto directo en las oportunidades educativas, laborales y económicas de las mujeres, ya que con frecuencia implican abandonar empleos, reducir jornadas o reorganizar completamente su vida cotidiana para atender a menores de edad, personas enfermas o adultos mayores.
En ese marco, la propuesta de la IBERO plantea la necesidad de construir un sistema público de cuidados que incluya escuelas con horario ampliado, estancias infantiles, servicios accesibles de atención y políticas laborales que permitan la conciliación entre trabajo y vida familiar.
El documento enfatiza que el objetivo central es reconocer el cuidado como una responsabilidad social y colectiva, no como una tarea privada asignada de manera predominante a las mujeres, y que el Estado debe asumir un papel de coordinación entre escuelas, gobiernos, empresas y comunidades para garantizar su cobertura.

em/apr
Nacionales
Diputados aprueban Cuenta Pública 2024; recuerdan irregularidades por 66.5 mdp en el INE
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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública 2024. Lo hizo en medio de críticas de la oposición por presuntos malos manejos del presupuesto y falta de transparencia.
Quedó aprobada por 321 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como sufragios 117 en contra del PRI, PAN y MC.
Durante el debate, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Arturo Yáñez Cuéllar, acusó que los recursos públicos dados para el año 2024 “fue amplio, pero mal ejercido”, y afirmó que “hay falta de transparencia en su ejercicio”.
“No hay aplicación de los recursos en materia de salud, educación y seguridad pública”, comentó.
Por su parte, el legislador del Partido Acción Nacional, Héctor Saúl Téllez Hernández, dijo que su bancada no puede aprobar la cuenta pública 2024 porque solo en ese año se registraron presuntos daños al erario por más de 67 mil millones de pesos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Recordó que en ese mismo año, fue cuando esta dependencia a cargo del auditor superior Aureliano Hernández Palacios Cardel detectó irregularidades por 66.5 millones de pesos al interior del Instituto Nacional Electoral (INE).
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“Y este es únicamente la punta del iceberg de los aproximadamente mil millones de pesos que están bajo observación en la corrupción que generó Guadalupe, Taddei al frente del Instituto Cacional Electoral y curiosamente la empresa que estaba observada, y lo que pedimos es que esta investigación llegue a fondo”, declaró.
En defensa del proyecto, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos, aseguró que la revisión de la Cuenta Pública 2024 “es un ejercicio republicano y significativo, el cual presenta el último año de ejercicio del anterior gobierno que fue el primero de la transformación actual”.
Agregó que en ese año se destinaron “montos históricos” a la atención de programas sociales “en beneficio del pueblo de México”.
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Después de su aprobación, la minuta fue turnada al ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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dft/bmc
Nacionales
FGR descarta investigación contra Andy López y Adán Augusto por huachicol fiscal; hay 17 procesados, dice
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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que “no cuenta con elementos suficientes” para iniciar una carpeta de investigación contra Andrés Manuel López Beltrán y el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, por el caso de huachicol fiscal. Lo anterior, luego de que el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso en el penal del Altiplano, declarara que dos testigos del caso por el que está procesado mencionan a “Andy, Adán, etc…”, en entrevista por escrito para Televisión Azteca.
Según el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, los testigos “Santo” y “JCSP” mencionan al hijo del expresidente López Obrador y Adán Augusto López en la carpeta de investigación sobre la trama del contrabando de combustible en las aduanas marítimas.
“Existen suficientes evidencias y menciones de los reales involucrados. (Andy, Adán Augusto, etc..) ojo con culpar a alguien sin argumentos. Sólo que viene en la CI (carpeta de investigación), no dice nada”, dijo el exmarino al periodista Manuel López San Martín.
Sin embargo, la FGR respondió que este tipo de señalamientos se les conoce en el ámbito jurídico como testigos de oídas, ya que “carecen de la solidez o fundamento legal suficiente para llevar a cabo una indagatoria”.
Pidió a Farías Lagunas que presente las pruebas de sus dichos. No obstante, la Fiscalía General de la República aseguró que continúa la integración de la indagatoria en la que se menciona a Rubén Alfonso Vargas Juárez y Luis Jorge “N”, a fin de esclarecer su posible participación en los hechos investigados.
“Debe quedar claro que las manifestaciones del imputado, así como los datos o elementos que considere pertinentes para sustentar su defensa, deberán hacerse valer ante la autoridad judicial competente, conforme lo señala el debido proceso, no de manera mediática”, indicó la dependencia.
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Recordó que por el caso de la red que permitió el ingreso del buque Challenge Procyon al puerto de Altamira, Tamaulipas, han sido detenidas y llevadas a proceso penal 17 personas, entre quienes se encuentran quienes habrían organizado y ejecutado la logística que derivó en la entrada del barco cargado con millones de litros de combustible no reportado en la aduana.

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aov/bmc
Destacados
PAN lleva caso Taddei a la FGR: Exige investigar contratos y presuntos conflictos de interés en el INE
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El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia contra quien resulte responsable por los supuestos conflictos de interés entre consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y un proveedor de materiales.
Jorge Romero, presidente nacional del PAN, aseguró que este escándalo no puede quedar en la impunidad, sin castigo y únicamente con la renuncia de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, principal señalada por sus presuntos vínculos con José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf.
“Si se comprueban actos de corrupción o de conflicto de interés, que se castigue a quien se tenga que castigar. No puede ser que con una destitución nos quieran hacer creer que ahí mueren las cosas; tenemos que limpiar por completo al Instituto Nacional Electoral”, dijo este martes 27 de octubre a las afueras de las oficinas de la FGR.
Supuestamente, en la denuncia presentada ante las autoridades buscan que se investiguen las revelaciones de diversos trabajos periodísticos que señalan vínculos directos entre Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, quien además aparecía asignado como chofer de la Presidencia del INE, pero habría renunciado a su puesto, según la expresidenta del instituto.
legitimidad del Instituto Nacional Electoral, incluso si se toma en cuenta la dimensión de la votación, con gubernaturas, alcaldías y cargos legislativos en juego.
“No hay manera de entrar a una nueva elección con la más mínima duda de la legitimidad de su autoridad electoral”, señaló.
Mientras tanto, Blanca Cruz fue designada como presidenta interina del INE, mientras la Cámara de Diputados desarrolla el proceso para elegir a la siguiente persona que asuma la Presidencia, lo que podría tomar entre tres y cuatro semanas.
A la par, se rumora la salida de otros altos directivos del INE, quienes también aparecieron en festejos con José Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei. Sin embargo, no está claro si todos operaron para beneficiar a algunas empresas.




