El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, advirtió que la reducción del financiamiento público a las universidades de Iberoamérica pone en riesgo su capacidad para desarrollar investigaciones independientes, formar nuevas generaciones y contribuir a la solución de los problemas sociales.

Durante el Foro Universitario Iberoamericano del Conocimiento, celebrado en Madrid con la participación de 20 rectoras y rectores de universidades públicas, sostuvo que la autonomía universitaria pierde fuerza cuando las instituciones carecen de recursos suficientes para cumplir sus funciones académicas y científicas.

“La educación superior pública no puede cumplir cabalmente con sus funciones si los recursos públicos destinados a sostenerla son insuficientes”, afirmó Lomelí Vanegas, quien llamó a los gobiernos de la región a garantizar un financiamiento suficiente y sostenido.

El rector consideró paradójico que los presupuestos universitarios disminuyan cuando, señaló, las instituciones públicas son cada vez más necesarias para enfrentar los desafíos sociales, económicos, científicos y tecnológicos.

“Hoy más que nunca somos necesarias las universidades públicas para generar respuestas a los acuciantes problemas que afectan no sólo a nuestros países, sino al mundo entero”, expresó.

Durante su participación en la mesa Universidad, ciencia y políticas públicas, insistió en que la autonomía debe defenderse todos los días, pues constituye una condición indispensable para preservar la libertad de pensamiento, cátedra e investigación frente a intereses políticos y de grupos de poder.

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El Senado retornará a la Cámara de Diputados la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), luego de aprobar una reserva que exenta a la producción automotriz de la limitación de deducciones aplicable a empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos.

Durante la votación del martes 27 de octubre en el pleno, también fueron aprobadas la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos.

Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, presentó la reserva para modificar el artículo 78E. Argumentó que la equidad tributaria no obliga a tratar de la misma manera actividades económicamente distintas.

La propuesta busca establecer una modificación para otorgar claridad y certeza para mitigar impactos para el sector automotriz y de autopartes, brindando certidumbre a las inversiones automotrices.

Destacó que su operación es similar a otras industrias manufactureras que sí estaban incluidas.

Se agregó una excepción para actividades de expendio al público, distribución o comercialización de gasolinas y diésel y cuenten con el permiso correspondiente.

“Este es un sector altamente regulado, sujeto a permisos, controles volumétricos, obligaciones de información y supervisión permanente. Además, su estructura económica supone costos de adquisición elevados respecto con sus ingresos”.

Durante la sesión, el oficialismo también pasó sin cambios la Ley de Derechos, que trae aumentos en cuotas de determinados servicios que presta el Estado, y la actualización del uso, goce o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, como las cuotas de derechos de visitantes para actividades remuneradas, en los servicios de certificación zoosanitaria, fitosanitaria y de sanidad acuícola y en las correspondientes al uso de bandas de frecuencia de 600 y 700 MHz.

Claudia Anaya, senadora del PRI, criticó que Hacienda “quiera recaudar mediante la ley de derechos”, y suban también cuotas para “trámites médicos; vamos a encarecer la salud”.

Sobre la Ley de Ingresos, que también fue aprobada sin cambios en el pleno, la oposición coincidió en lo grave del nivel de endeudamiento propuesto de hasta 1.7 billones de pesos.

“Para 2027 el gobierno pretende gastar 1.57 billones de pesos solamente en intereses y costo de la deuda. Estamos hablando de una cantidad, fíjense bien, superior a todo lo que es el presupuesto destinado a salud, al tema educativo y más de cuatro veces destinado a seguridad y a lo que es justicia”, dijo el panista Antonio Martín del Campo.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó a la consejera Blanca Cruz para que sea la presidenta interina del organismo mientras la Cámara de Diputados designa una nueva presidencia, para concluir el periodo de nueve años que correspondía a Guadalupe Taddei.

En reunión privada, los 10 consejeros del INE decidieron postular a Blanca Cruz como presidenta interina, votar su designación oficial en el Consejo General y enviar la notificación a San Lázaro.

Una de las primeras decisiones colegiadas fue cancelar todos los contratos del instituto hasta nuevo aviso, revisar los ya existentes y solicitar renuncias a funcionarios del organismo implicados en el escándalo de Taddei, la expresidenta del INE. Se comprometió a no utilizar los “superpoderes” a los que tiene derecho la presidencia.

“Aunque se pueda poner a alguien de manera unilateral es algo que en este momento no tenemos considerado, lo digo a título personal y se los reitero a mis colegas, no es una posibilidad que vayamos a utilizar, tenemos que consensuar cada movimiento para poder avanzar en esta solidez institucional”, dijo Blanca Cruz.

Las tres renuncias que los consejeros pidieron en colegio fueron las de Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática, y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios, quienes además participaban en las reuniones con el empresario ligado a Taddei, Alfredo Hernández Casillas.

Blanca Cruz tiene una amplia trayectoria en el oficio electoral, desde los 20 años trabajando en el Servicio Profesional de Carrera en el INE y hasta que llegó a ser consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

En la gestión de Cruz como presidenta del IEE Puebla, la empresa Comercializadora JVLY, vinculada al conglomerado de empresas de José Alfredo Hernández Casillas, recibió al menos un contrato por 129 millones 700 mil pesos.

El IEE contrató a la empresa ligada al clan Taddei en marzo de 2024 para el suministro de material electoral y de simulacro que se utilizó en el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2024, en el que ganó el actual gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Blanca Cruz dijo que es sano que la Auditoría Superior de la Federación haya abierto investigaciones no sólo para el INE, sino para los organismos locales, y conviene que revisen “con total transparencia” todos los contratos otorgados.

“De mi parte no tengo nada que ocultar, [ese contrato] está gestionado desde la institucionalidad de los procedimientos en el OPL de Puebla y así han sido también las auditorías que nos han realizado. Con total apertura se puede revisar el trabajo que yo he realizado, no de ahora, sino de los 15 años que llevo en el Servicio Profesional Electoral”, dijo.

Además de las amenazas que denunció la consejera Rita Bell López y de la manera en que fue involucrada de forma tramposa, según dijo, por Taddei con el proveedor Alfredo Hernández Casillas, los demás consejeros negaron conocerlo.

Específicamente fueron cuestionados los consejeros más cercanos a Guadalupe Taddei: Norma Irene de la Cruz y Jorge Montaño, este último además llegó tarde al mensaje de los 10 consejeros. To dos lo negaron. “A mí ni me hablaba”, dijo el consejero Martín Faz sobre la expresidenta del INE.

Otra decisión que tomaron de manera colegiada los consejeros fue dar vista al Órgano Interno de Control (OIC) de todas las irregularidades y de los funcionarios ligados a la red de corrupción del clan Taddei, así como pedir una revisión de los trabajos cumplidos o no de los funcionarios implicados, incluido el contralor.

En su toma de protesta, tanto los consejeros electorales como los representantes de partidos políticos expresaron su respaldo a Blanca Cruz García, siempre y cuando se sostenga en su decisión de tomar todas las decisiones del organismo de manera colegiada.

El consejero Martín Faz le advirtió que parte de sus tareas será “empezar a reconstruir” aquello que se derrumbó con la pérdida de la colegialidad. “Que esta crisis nos recuerde que ninguna persona debe estar por encima de la institución”, dijo Faz.

A su vez, el consejero Uuc-kib Espadas dijo que el INE “no puede soportar más complicidades con intereses particulares” y advirtió que las investigaciones deben derivar en responsabilidades contra quienes resulten responsables.

Por su parte, el diputado del PAN Víctor Hugo Sondón admitió que el prestigio del INE se vio trastocado con el escándalo de los proveedores favoritos de Taddei. “Le pedimos a Morena que saque las manos del INE”, añadió Sondón.

El representante de Morena, Carlos Guillermo Díaz Robles, pidió que “esta coyuntura no se convierta en una cacería de brujas” en contra de más consejeros o funcionarios que no estén implicados en el escándalo de Taddei.

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