Nacionales
Corte atrae asunto relacionado al caso Ayotzinapa; analizará validez para crear una Comisión de la Verdad
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó atraer un recurso de revisión extraordinario, para analizar la validez de la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa.
Por unanimidad de ocho votos, el Máximo Tribunal del país admitió ejercer su facultad de atracción para definir si un juez tiene la facultad de ordenar la creación de una comisión de la verdad como mecanismo extraordinario de investigación, al momento de emitir una sentencia de amparo relacionada con un auto de formal prisión por desaparición forzada.
Se estableció que un ministro será el encargado de realizar un proyecto de sentencia, para evaluar si la orden del juez vulnera el principio de división de poderes, o el principio de relatividad de las sentencias.
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Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (07/07/2026). Foto: Especial
En su intervención la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, se declaró impedida para conocer y participar en la discusión, ni en la resolución en el caso Ayotzinapa, tras declarar un conflicto de interés.
Resaltó que la investigación penal se encuentra en la unidad de investigación y litigación para el caso Ayotzinapa, área perteneciente a la fiscalía especializada en materia de derechos humanos, de la cual fue titular cuando formaba parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer cuatro recursos relacionados con la sentencia judicial que en 2018 echó abajo la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y ordenó reponer la investigación del caso.
La determinación fue cuestionada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), que advirtió que la medida reabre la discusión sobre una resolución considerada fundamental para el esclarecimiento de los hechos.
La decisión fue tomada por el Pleno de la Corte al resolver una solicitud para atraer recursos promovidos contra la sentencia emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, uno de los fallos judiciales más relevantes dentro del caso Ayotzinapa.
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Aquella resolución, dada a conocer en junio de 2018, concluyó que la investigación que sustentó la denominada “verdad histórica” presentaba graves irregularidades y violaciones a derechos humanos, entre ellas actos de tortura. Además, determinó que no se agotaron diversas líneas de investigación y ordenó crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala.
La llamada “verdad histórica”, presentada por el gobierno federal en 2015, sostenía que los 43 estudiantes normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, esa versión fue posteriormente cuestionada por organismos nacionales e internacionales, así como por diversas resoluciones judiciales.
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De acuerdo con el Centro Pro, la sentencia de 2018 representó un punto de inflexión porque reconoció que la investigación oficial estuvo afectada por irregularidades graves y abrió la posibilidad de construir un mecanismo extraordinario para avanzar en el esclarecimiento de los hechos con participación de las autoridades y de las víctimas.
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Padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el Antimonumento de los 43 este 12 de junio. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
La organización recordó que los amparos de los que deriva esta resolución fueron promovidos originalmente por personas acusadas dentro del caso. Los padres y madres de los estudiantes desaparecidos no participaron en esos juicios, aunque posteriormente fueron reconocidos como víctimas indirectas y actualmente forman parte de los recursos que analizará la Suprema Corte.
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Según el Centro Pro, tras la emisión de la sentencia distintas autoridades del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto promovieron recursos extraordinarios argumentando que debieron haber sido llamadas al juicio. Aunque esos recursos fueron presentados desde 2018, permanecieron pendientes durante varios años y comenzaron a ser admitidos hasta octubre de 2025.
Posteriormente, en 2026, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó que la Suprema Corte atrajera los asuntos para analizar la viabilidad jurídica y material de cumplir la sentencia, particularmente en lo referente a la creación de la Comisión para la Investigación y la Verdad.
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El Centro Pro señaló en un comunicado que los argumentos planteados retoman, en esencia, objeciones que ya habían sido sostenidas tanto durante la administración de Peña Nieto como en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Lamentó que la atracción de los recursos fuera aprobada por unanimidad y sin una discusión pública sobre sus implicaciones. Antes de la votación, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de participar debido a su intervención previa en áreas relacionadas con la investigación del caso.
Para el Centro Pro, la decisión permite reabrir el debate sobre una sentencia que tuvo un papel central en el desmontaje judicial de la “verdad histórica” y en la construcción de nuevas rutas para la investigación de la desaparición de los estudiantes.
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Sara Irene Herrerías Guerra, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (07/07/2026). Foto: Especial
A poco más de dos meses de que se cumplan 12 años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el organismo sostuvo que el caso continúa sin ser plenamente esclarecido.
Entre los pendientes, señaló la falta de acceso a información de inteligencia militar considerada relevante para la investigación y la ausencia de avances en algunas extradiciones que las familias consideran prioritarias para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas.

nro/apr
Nacionales
Diputados aprueban Cuenta Pública 2024; recuerdan irregularidades por 66.5 mdp en el INE
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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública 2024. Lo hizo en medio de críticas de la oposición por presuntos malos manejos del presupuesto y falta de transparencia.
Quedó aprobada por 321 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como sufragios 117 en contra del PRI, PAN y MC.
Durante el debate, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Arturo Yáñez Cuéllar, acusó que los recursos públicos dados para el año 2024 “fue amplio, pero mal ejercido”, y afirmó que “hay falta de transparencia en su ejercicio”.
“No hay aplicación de los recursos en materia de salud, educación y seguridad pública”, comentó.
Por su parte, el legislador del Partido Acción Nacional, Héctor Saúl Téllez Hernández, dijo que su bancada no puede aprobar la cuenta pública 2024 porque solo en ese año se registraron presuntos daños al erario por más de 67 mil millones de pesos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Recordó que en ese mismo año, fue cuando esta dependencia a cargo del auditor superior Aureliano Hernández Palacios Cardel detectó irregularidades por 66.5 millones de pesos al interior del Instituto Nacional Electoral (INE).
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“Y este es únicamente la punta del iceberg de los aproximadamente mil millones de pesos que están bajo observación en la corrupción que generó Guadalupe, Taddei al frente del Instituto Cacional Electoral y curiosamente la empresa que estaba observada, y lo que pedimos es que esta investigación llegue a fondo”, declaró.
En defensa del proyecto, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos, aseguró que la revisión de la Cuenta Pública 2024 “es un ejercicio republicano y significativo, el cual presenta el último año de ejercicio del anterior gobierno que fue el primero de la transformación actual”.
Agregó que en ese año se destinaron “montos históricos” a la atención de programas sociales “en beneficio del pueblo de México”.
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Después de su aprobación, la minuta fue turnada al ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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dft/bmc
Nacionales
FGR descarta investigación contra Andy López y Adán Augusto por huachicol fiscal; hay 17 procesados, dice
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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que “no cuenta con elementos suficientes” para iniciar una carpeta de investigación contra Andrés Manuel López Beltrán y el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, por el caso de huachicol fiscal. Lo anterior, luego de que el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso en el penal del Altiplano, declarara que dos testigos del caso por el que está procesado mencionan a “Andy, Adán, etc…”, en entrevista por escrito para Televisión Azteca.
Según el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, los testigos “Santo” y “JCSP” mencionan al hijo del expresidente López Obrador y Adán Augusto López en la carpeta de investigación sobre la trama del contrabando de combustible en las aduanas marítimas.
“Existen suficientes evidencias y menciones de los reales involucrados. (Andy, Adán Augusto, etc..) ojo con culpar a alguien sin argumentos. Sólo que viene en la CI (carpeta de investigación), no dice nada”, dijo el exmarino al periodista Manuel López San Martín.
Sin embargo, la FGR respondió que este tipo de señalamientos se les conoce en el ámbito jurídico como testigos de oídas, ya que “carecen de la solidez o fundamento legal suficiente para llevar a cabo una indagatoria”.
Pidió a Farías Lagunas que presente las pruebas de sus dichos. No obstante, la Fiscalía General de la República aseguró que continúa la integración de la indagatoria en la que se menciona a Rubén Alfonso Vargas Juárez y Luis Jorge “N”, a fin de esclarecer su posible participación en los hechos investigados.
“Debe quedar claro que las manifestaciones del imputado, así como los datos o elementos que considere pertinentes para sustentar su defensa, deberán hacerse valer ante la autoridad judicial competente, conforme lo señala el debido proceso, no de manera mediática”, indicó la dependencia.
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Recordó que por el caso de la red que permitió el ingreso del buque Challenge Procyon al puerto de Altamira, Tamaulipas, han sido detenidas y llevadas a proceso penal 17 personas, entre quienes se encuentran quienes habrían organizado y ejecutado la logística que derivó en la entrada del barco cargado con millones de litros de combustible no reportado en la aduana.

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aov/bmc
Destacados
PAN lleva caso Taddei a la FGR: Exige investigar contratos y presuntos conflictos de interés en el INE
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El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia contra quien resulte responsable por los supuestos conflictos de interés entre consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y un proveedor de materiales.
Jorge Romero, presidente nacional del PAN, aseguró que este escándalo no puede quedar en la impunidad, sin castigo y únicamente con la renuncia de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, principal señalada por sus presuntos vínculos con José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf.
“Si se comprueban actos de corrupción o de conflicto de interés, que se castigue a quien se tenga que castigar. No puede ser que con una destitución nos quieran hacer creer que ahí mueren las cosas; tenemos que limpiar por completo al Instituto Nacional Electoral”, dijo este martes 27 de octubre a las afueras de las oficinas de la FGR.
Supuestamente, en la denuncia presentada ante las autoridades buscan que se investiguen las revelaciones de diversos trabajos periodísticos que señalan vínculos directos entre Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, quien además aparecía asignado como chofer de la Presidencia del INE, pero habría renunciado a su puesto, según la expresidenta del instituto.
legitimidad del Instituto Nacional Electoral, incluso si se toma en cuenta la dimensión de la votación, con gubernaturas, alcaldías y cargos legislativos en juego.
“No hay manera de entrar a una nueva elección con la más mínima duda de la legitimidad de su autoridad electoral”, señaló.
Mientras tanto, Blanca Cruz fue designada como presidenta interina del INE, mientras la Cámara de Diputados desarrolla el proceso para elegir a la siguiente persona que asuma la Presidencia, lo que podría tomar entre tres y cuatro semanas.
A la par, se rumora la salida de otros altos directivos del INE, quienes también aparecieron en festejos con José Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei. Sin embargo, no está claro si todos operaron para beneficiar a algunas empresas.




