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Comisión Interamericana condena asesinatos de siete periodistas en México; urge al gobierno tomar medidas

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Comisión Interamericana condena asesinatos de siete periodistas en México; urge al gobierno tomar medidas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a México esclarecer los asesinatos de los periodistas Josué Martínez Contreras y Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurridos en la misma semana, y de cinco más ocurridos en 2026.

Urgió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum adoptar medidas urgentes y efectivas con el fin de proteger a quienes ejercen el periodismo y prevenir nuevos ataques contra la prensa.

“Resulta especialmente preocupante que las víctimas hubieran denunciado previamente amenazas, sin que se tenga conocimiento de investigaciones al respecto y evidenciándose, por el contrario, deficiencias en la adopción de medidas adecuadas y efectivas para prevenir su consumación”, declaró la CIDH.

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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión indicó que, de acuerdo con el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de dicha Comisión, “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Hizo hincapié en que la violencia contra periodistas es la forma más extrema de censura y tiene un triple efecto: vulnera el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; genera un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares; y viola los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.

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Debido a lo cual hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas a hacer investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales acerca de los hechos ocurridos, incorporando la labor periodística de las víctimas como una posible línea de investigación, así como a identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables. Además, le instó a adoptar medidas de protección inmediatas y adecuadas en favor de sus familiares.

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De igual forma, ante la grave situación de violencia registrada contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación en lo que va del presente año, esta Relatoría reiteró su llamado a llevar a cabo, con carácter urgente, una evaluación integral de la efectividad de los mecanismos de protección existentes, para garantizar respuestas oportunas y prevenir futuros hechos de violencia contra la prensa en riesgo.

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“La Relatoría Especial reitera su grave preocupación por el patrón persistente de violencia contra la prensa en la región. En México, con los casos de Josué Martínez Contreras y Francisco Alejandro Leyva Aguilar, la cifra de periodistas asesinados durante 2026 asciende a siete”, condenó.

El pasado 16 de julio de 2026 fue asesinado el periodista Josué Martínez Contreras en San Martín Texmelucan, Puebla. Según reportes públicos, dos personas a bordo de una motocicleta le habrían disparado y después huido del lugar. Era director del medio digital de comunicación “Noticias San Martín Texmelucan”, dedicado a la cobertura de asuntos locales. En los meses previos habría denunciado públicamente amenazas e intimidaciones relacionadas con sus publicaciones.

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“El Estado informó a esta Oficina sobre la articulación y colaboración entre la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, para la atención de familiares y el seguimiento de las investigaciones”, indicó.

El 22 de julio de 2026 fue asesinado el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, luego de ser atacado con arma de fuego en San Pablo Etla, Oaxaca. De acuerdo con la información pública, se desempeñó como funcionario, siendo director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), autor de una columna política y de forma reciente como administrador de una página en Facebook dedicada al análisis político.

“Asimismo, un año antes habría denunciado ante las autoridades amenazas de muerte, las cuales atribuyó a una campaña de desprestigio presuntamente impulsada desde el gobierno estatal, sin que se le otorgaran medidas de protección”, lamentó la CIDH a través de un comunicado.

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El Estado informó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión ha ejercido su facultad de atracción y que la familia se encuentra recibiendo atención por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), así como de la Comisión Ejecutiva para la Atención a Víctimas del Gobierno de México: “A su vez, la Oficina toma nota de la condena expresada por el gobernador de Oaxaca”.

A los casos mencionados por la CIDH también se suman el de Carlos Castro, asesinado el 9 de enero en Poza Rica, Veracruz; el de Juan David Gámez, asesinado el 18 de marzo en Nuevo León; el de Roxana Rivera, asesinada en Veracruz; el de Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica; Alex Serna, asesinado en Zihuatanejo, Guerrero el 4 de julio.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también lamentó que en Colombia, el 18 de julio de 2026, fue hallado sin vida el periodista y locutor comunitario Jader Luis Durango. Él integraba el colectivo de comunicación Casup y era reconocido en el corregimiento de Batata por su trabajo en medios comunitarios de comunicación, por la formación de jóvenes en locución y comunicación y por el impulso de iniciativas comunitarias.

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Señaló que el caso constituye el tercer periodista asesinado en Colombia durante 2026, los primeros fueron Mateo Pérez Rueda y Cristian Herrera. La Relatoría Especial advirtió que México y Colombia registran altos índices de violencia letal contra la prensa. Explicó que su situación evidencia la necesidad urgente de que ambos Estados, de acuerdo con sus contextos específicos, refuercen la implementación de todas las medidas estructurales a su alcance en materia de prevención, protección e investigación de estos crímenes.

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dft/bmc

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Arturo Ávila denuncia que las diputadas temen acudir al senado por violencia del priista Carlos Mancilla

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Arturo Ávila denuncia que las diputadas temen acudir al senado por violencia del priista Carlos Mancilla

Algunas diputadas temen acudir al pleno de San Lázaro porque sienten que pueden ser agredidas por Carlos Mancilla, diputado del PRI que lanzó agua sucia sobre el emblema de Movimiento Ciudadano.

Así lo confirmó Arturo Ávila, diputado de Morena, quien señaló ante medios de comunicación este miércoles 21 de octubre que sus compañeras temen ser violentadas por las acciones recurrentes de violencia de Carlos Mancilla.

“Esta es una acción recurrente, que a este personaje le da cierta cobertura mediática pero nada más, porque nadie conoce a Carlos Mancilla por otra cosa que no sea ejercer violencia, y no existe justificación para la violencia”, declaró Ávila.

El diputado expresó que está de acuerdo en que se le realicen exámenes psicométricos, ya que “no puede ser que tengamos una persona que tenga tanto odio”.

Mancilla encabeza un hecho violento, ya que el 27 de agosto del año pasado estuvo en la pelea entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder del PRI.

Además, protagonizó peleas a empujones e insultos contra Arturo Ávila y el fallecido Zenyazen Escobar.

También ha aparecido en tribuna caracterizado en favor de movimientos apoyados por conservadores en México, en noviembre del año pasado con playeras referentes a la marcha de la Generación Z y en septiembre pasado con una gorra que decía ‘Make México Safe Again’, en referencia a la frase ‘Make America Great Again’ de Donald Trump.

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¿Todavía conviene pagar la Modalidad 40 del IMSS? Cómo cambia el beneficio para trabajadores de Ley 73 y 97

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¿Todavía conviene pagar la Modalidad 40 del IMSS? Cómo cambia el beneficio para trabajadores de Ley 73 y 97

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrá nuevas reglas para quienes quieran incorporarse a este esquema o volver a contratarlo después de terminar su periodo vigente. Entre los cambios están un límite al salario de cotización, la eliminación de las nuevas altas retroactivas y la obligación de hacer las inscripciones por medios digitales.

Las medidas se establecieron en el acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este miércoles 21 de octubre, referente al análisis del efecto de la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del Seguro Social y de las respectivas medidas temporales.

Ante estos cambios, una de las dudas es si todavía conviene pagar la Modalidad 40. La respuesta depende de factores como el salario con el que cada persona puede cotizar, sus semanas acumuladas, el costo de las cuotas y el régimen pensionario al que pertenece.

¿Qué cambia en la Modalidad 40 del IMSS?

El acuerdo del Consejo Técnico del IMSS establece nuevas condiciones para la Modalidad 40, el esquema que permite a los trabajadores continuar cotizando por su cuenta después de causar baja del régimen obligatorio. Estos son los principales cambios:

Unidad de Medida y Actualización (UMA). El salario no podrá ser inferior al mínimo general vigente para el resto del país.

  • Sin nuevas altas retroactivas: la incorporación comenzará a partir de la fecha en que se presente la solicitud ante el IMSS.
  • Inscripciones digitales: los nuevos trámites deberán realizarse por medios digitales.
  • Condiciones para quienes ya están inscritos: conservarán sus condiciones actuales hasta que termine el periodo contratado. Además, se reconocerán las semanas cotizadas y los salarios efectivamente pagados para calcular sus futuros derechos pensionarios.
  • El IMSS deberá analizar el impacto financiero de la Modalidad 40 en un plazo máximo de seis meses. Después, se elaborará una propuesta de modificación normativa para someterla a consideración del Consejo Técnico. Las medidas establecidas en el acuerdo son temporales.

    ¿Todavía conviene pagar la Modalidad 40 si cotizas bajo la Ley 73?

    Para quienes pertenecen al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, la Modalidad 40 puede ser una opción para seguir cotizando después de dejar un empleo formal y, bajo ciertas condiciones, mejorar el monto de la pensión.

    En este régimen, el cálculo considera factores como las semanas cotizadas, la edad al momento del retiro y el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, equivalentes aproximadamente a cinco años.

    Por eso, el salario registrado durante ese periodo puede influir en la pensión. Sin embargo, con las nuevas reglas, quienes planeaban elevar su salario de cotización deberán revisar si todavía pueden hacerlo en los términos que tenían previstos.

    ¿Conviene la Modalidad 40 para quienes cotizan bajo la Ley 97?

    Para los trabajadores de la Ley del Seguro Social de 1997, la pensión depende principalmente de los recursos acumulados en la cuenta individual administrada por una Afore y de las condiciones previstas en la legislación.

    La Modalidad 40 permite continuar cotizando para los seguros de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, así como para el de Invalidez y Vida. Sin embargo, no incluye por sí misma servicios médicos.

    Quienes pertenecen a este régimen deben revisar cuánto pagarían y cómo contribuirían esas aportaciones a su ahorro para el retiro.

    ¿Qué pasa si ya pagas la Modalidad 40?

    Si ya estás inscrito, el acuerdo establece que conservarás las condiciones actuales hasta que termine el periodo contratado. También señala que se reconocerán las semanas y los salarios efectivamente pagados para calcular tus futuros derechos pensionarios.

    Sin embargo, mantener las condiciones actuales durante el periodo contratado no garantiza que puedas renovar la Modalidad 40 bajo las mismas reglas. Si tu aseguramiento termina y quieres incorporarte de nuevo, deberás sujetarte a las condiciones aplicables al momento de presentar la solicitud.

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    Estuvieron en Afganistán y murieron en un operativo antinarco en México: Esto sabemos de los agentes de la CIA

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    Estuvieron en Afganistán y murieron en un operativo antinarco en México: Esto sabemos de los agentes de la CIA

    John Dudley Black y Richard Leiter Johnston III, los dos agentes de la CIA que murieron el 19 de abril de 2026 en un accidente automovilístico en la Sierra Tarahumara, tenían antecedentes en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y participaron en misiones en Afganistán.

    Su presencia en un operativo contra laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en Chihuahua se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), que sostiene que ninguno contaba con autorización para estar en México.

    El caso derivó en acusaciones contra el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, y Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas de la entidad, por presuntamente permitir la participación de agentes extranjeros sin cumplir los procedimientos establecidos en la legislación mexicana.

    ¿Quién era Richard Leiter Johnston?

    De acuerdo con el obituario de Murphy Funeral Homes, Richard Leiter Johnston III tenía 36 años y se graduó de la Universidad de Virginia en 2013, donde estudió Historia y chino mandarín. Posteriormente ingresó al Ejército de Estados Unidos y alcanzó el grado de capitán.

    Primera División de Marines.

    De acuerdo con testimonios de personas que lo conocieron, era un militar disciplinado que evitaba los reflectores. Su trayectoria se reconstruyó a partir de registros escolares, testimonios y materiales militares publicados antes de su muerte, debido a la escasa información pública disponible sobre su carrera.

    ¿Qué hacían en Chihuahua agentes de la CIA?

    Black y Leiter Johnston murieron junto con Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, y Manuel Genaro Méndez Montes, escolta del funcionario, cuando el vehículo en el que viajaban cayó por un barranco y se incendió.

    El accidente ocurrió el 19 de abril, cuando un convoy regresaba de un despliegue contra instalaciones presuntamente utilizadas para producir metanfetamina en las comunidades de El Pinal y Polanco, en el municipio de Morelos. Según las versiones difundidas sobre el operativo, los agentes estadounidenses habían impartido capacitación relacionada con el uso de drones de vigilancia antes de incorporarse al convoy.

    Las autoridades estatales presentaron inicialmente a los dos estadounidenses como instructores de la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, la investigación federal expuesta durante la audiencia contra los exfuncionarios de Chihuahua señala que ambos participaron armados en el despliegue y que se encontraban en la entidad desde, al menos, octubre de 2025.

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