Cada tres meses en Veracruz, un periodista fue asesinado entre 2010 y 2016. A pesar de que el exgobernador Javier Duarte fue detenido en 2017 y condenado en 2018 por asociación delictuosa y lavado de dinero, hasta ahora no ha sido investigado por su omisión o colusión en los ataques contra la prensa que resultaron en el asesinato de 18 periodistas, denunció la organización Propuesta Cívica. Además, señaló que esta cifra no es sólo una estadística: es un patrón de violencia que se emprendió contra quienes informaban.

Durante la presentación del informe “Prohibido Investigar: la impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz”, Sara Lidia Mendiola declaró que la violencia contra la prensa no fue aislada, sino consecuencia de la omisión y de la ineficacia del Estado y también de su colusión y sus vínculos con el crimen organizado.

“Este informe plantea que la impunidad es sostenida y reproducida desde el aparato del Estado, de tal manera y tal suerte que se ha vuelto una forma de administración pública. Y cómo estas fallas en las investigaciones de periodistas asesinados y asesinadas no fueron excepcionales, sino estructurales”, indicó la directora ejecutiva del Centro de Investigación y Capacitación de Propuesta Cívica.

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Aunque dicho informe se centra en los casos de periodistas asesinados en Veracruz, retrata un modelo general que puede dar una respuesta a la realidad y el contexto de la violencia hacia la prensa en México, donde persisten los asesinatos y en este año se han registrado siete.

“En un contexto de macrocriminalidad y captura del Estado, la ausencia de investigaciones reales operó como un mecanismo más de corrupción e impunidad”, destaca el informe que analiza los asesinatos del periodista Miguel Ángel López Velasco conocido como “Milo Vela”, su esposa Agustina Solana Melo y su hijo –también periodista– Misael López Solana; así como los crímenes cometidos contra las y los periodistas Yolanda Ordaz de la Cruz, Gabriel Huge Córdoba, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez Rodríguez y Ana Irasema Becerra, entre 2011 y 2012 en Veracruz.

Omar Gómez Trejo, consultor de investigación, puntualizó que el objetivo no es determinar quién asesinó a estos periodistas, sino reflejar el sistema, “ponerlo en crudo” y desde ahí conocer por qué no se investigó, cuáles fueron los motivos, cuáles fueron las imposibilidades e implicaciones de las propias autoridades.

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“Este informe documenta que las tres investigaciones en parte contienen 14 fallas idénticas. Es la repetición exacta del mismo conjunto de omisiones en tres expedientes que se van construyendo en distintos momentos por distintas autoridades, con o sin presiones con partidos distintos”, explicó.

El extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, mencionó que las autoridades tampoco usaron las herramientas de forma adecuada, por ejemplo, argumentaron que había cámaras deshabilitadas, nunca se analizaron videos ni llamadas telefónicas y tampoco hubo perspectiva de género.

“Muestra una responsabilidad estructural del Estado, por no prevenir, no proteger ni investigar y sostiene la premisa de que este aparato permitió el asesinato de periodistas y sigue permitiendo el asesinato de periodistas. Mientras no haya una respuesta de justicia, de responsabilidad, de líneas claras de investigación en los casos, son acciones que se van a seguir repitiendo porque no hay un castigo, porque no hay una sanción, porque no hay una persecución a los responsables”, dijo.

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Para obtener los resultados de la investigación se tuvo en cuenta la información pública disponible sobre la macrocriminalidad en Veracruz y los ataques a periodistas, en especial de 2004 a 2016 durante las gestiones de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa como gobernadores.

Asimismo, se recabó información actualizada y documentada sobre cuáles fueron las acciones de las fiscalías, tanto locales como la propia Fiscalía General de la República. Los tres hechos delictivos abarcan un total de ocho víctimas asesinadas, señala el informe desarrollado por Stephany Vanessa Carrillo y Diana Alejandra Susano.

Propuesta Civica indicó que las administraciones de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) y Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), ambos adscritos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), “demostraron ser expertas en propiciar crisis de seguridad, gobernabilidad y respeto a los derechos humanos”.

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Explicó que en doce años, se consolidaron estructuras criminales que operaban en estrecha colusión con funcionarios públicos, dando lugar a un fenómeno de macrocriminalidad caracterizado por la violencia sistemática, corrupción, impunidad institucional y el control territorial por actores delictivos como Los Zetas y, más tarde, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un enlace virtual desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Omar Gómez Trejo afirmó que no investigar los delitos contra la prensa produce distintos efectos como que los perpetradores quedan libres y disponibles para seguir cometiendo crímenes; las víctimas indirectas quedan desprotegidas y los pactos de silencio se refuerzan.

Entre los 14 patrones estructurales que se identificaron en la investigación se encuentran que no había un plan con hipótesis claras ni teorías sólidas; los casos no se abordaron de forma integral ni desde un enfoque de macrocriminalidad; no se tomó en cuenta la labor periodística; no se abrieron líneas de investigación referentes a la violencia y torturas con las que se ejercieron las muertes.

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Además, hubo falta de acción en los casos donde se registró la desaparición previa de los comunicadores; no se resguardaron ni analizaron correctamente las escenas de los crímenes ni las evidencias, tampoco se siguieron protocolos de resguardo y las escenas fueron manipuladas. Mientras que la intervención de las víctimas y familiares fue casi nula y no se les brindó protección.

“Los hechos analizados muestran la ineficacia del Estado y su responsabilidad estructural en mantener la violencia e impunidad. Las omisiones, negligencias y desviaciones documentadas no pueden justificarse porque son la narrativa constante de un aparato institucional que falló en prevenir, proteger e investigar. Y puede sostenerse la premisa de que incluso permitió el asesinato de periodistas en Veracruz sin consecuencias”, afirma la ONG.

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Yazmín López, hija del periodista Miguel Ángel López Velasco, asesinado el 20 de junio 2011, exigió investigaciones serias, profundas y exhaustivas, que no descarten la labor periodística como causa principal y que alcancen tanto a los autores materiales como a los intelectuales.

“No aceptamos simulaciones ni carpetas de investigación archivadas en el olvido. Exigimos también garantías reales de protección y acompañamiento para las familias. La deuda de justicia no es solo una cifra o una estadística, es la vida destruida de nuestras familias y el atentado contra el derecho de toda la sociedad de estar informada.

“Mantener viva su memoria ha sido el acto de resistencia más profundo para nosotros. Ha sido un caminar doloroso, pero también profundamente amoroso y colectivo. Significa negarnos rotundamente al olvido, mantener sus nombres, sus rostros y sus voces presentes en cada marcha, en cada foro, en cada palabra escrita y en cada abrazo que nos damos como familias. Para nosotros recordar no es solo evocar la tragedia, sino honrar su pasión, su compromiso con la verdad y su vocación de informar”, dijo esta mañana.

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Alejandra Ordaz, hija de la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz, asesinada el 26 de julio de 2011, manifestó que el dolor de cada familiar es diferente y se vive desde distintas circunstancias. Lamentó que su familia vivió dos épocas muy complicadas, pues los mecanismos de protección y protocolos eran inexistentes y se politizaban crímenes como estos.

“No se sabía qué dolía más, si el infierno que para algunas familias pudo ser el lo que supuestamente fue ponernos a salvo o la pérdida de lo que estábamos viviendo. (…) No nos tocaron lo que hoy en día tenemos, el poder y la fuerza de las redes sociales, lo vivimos desde un área donde se nos discriminó. No hubo la oportunidad de réplica, de hablar. A parte yo era muy chica, tenía 14 años”, contó.

Por su parte, la doctora Maia Campbell, representa adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), calificó la cifra de 18 periodistas asesinados durante el gobierno de Javier Duarte como “alarmante” y expresó que actualmente en Veracruz, la problemática es de “profunda preocupación”.

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“Desde 2016, la ONU-DH ha documentado en Veracruz 15 asesinatos de periodistas en posible relación con su labor informativa, de los cuales tres son mujeres. Y en tan solo lo que va de 2026, la Oficina documentó tres periodistas asesinados en Veracruz: Carlos Castro, Roxana Guzmán y Luis Ángel López evidencian los altos riesgos que siguen enfrentando quienes ejercen el periodismo en la entidad y la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales”, mencionó.

Lamentó que en la mayoría de los casos, se reportaron amenazas, hostigamientos u otros incidentes de seguridad antes del ataque letal, lo que indica que existen todavía desafíos importantes para identificar esas alertas de riesgos de manera temprana y actuar antes de que ocurra el asesinato.

En materia de prevención, dijo, es necesario abordar las causas estructurales de la violencia y evitar la criminalización y la difamación del trabajo periodístico. Y puntualizó que las instituciones deberían fortalecer su capacidad para identificar riesgos antes de que se materialicen, lo que requiere mejores análisis de contexto, intercambio de información entre autoridades. y mecanismos que permitan responder con rapidez cuando existan amenazas.

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Israel Hernández, coordinador del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, respondió que los mecanismos cuentan con desafíos y limitaciones, desde el presupuesto, la desconfianza que tienen los comunicadores hacia esta instancia, la falta de voluntad política y la falta de coordinación entre secretarías.

“Algo que siempre se menciona, se nos responsabiliza mucho a los mecanismos: ‘es que el mecanismo falló’. Sí, el mecanismo es un aparato articulador, los mecanismos, en sí, no tenemos policías, nosotros no investigamos. Nosotros no tenemos condiciones de generar alguna sanción a los medios de comunicación que no cumplen con sus responsabilidades y obligaciones en el ámbito laboral”, señaló.

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