Las autoridades ucranianas ordenaron la evacuación obligatoria de las familias con hijos en las dos aglomeraciones importantes del Donbás que aún están bajo su control, Kramatorsk y Sloviansk.

Estas dos ciudades son los últimos bastiones del ejército ucraniano en la región oriental de Donetsk, que el Kremlin considera como parte de su territorio. Desde hace meses las tropas rusas se acercan a esta zona, se encuentran a entre 5 y 15 kilómetros de distancia, con el objetivo de conquistarla.

«Extenderemos la zona de evacuación obligatoria para las familias con hijos, que ahora abarca todas las localidades de las aglomeraciones de Kramatorsk y de Sloviansk», anunció en Telegram el gobernador regional, Vadim Filashkin, sin precisar cuántas personas están afectadas en estas localidades del este.

Anteriormente, las autoridades locales ya habían ordenado las evacuaciones obligatorias en varias partes de las aglomeraciones de Sloviansk y Kramatorsk.

Según Filashkin, «la situación de seguridad no para de deteriorarse», las fuerzas de seguridad rusas atacan las dos ciudades «cada día».

«Quedarse ahí con niños representa un riesgo injustificable«, añadió el gobernador.

El martes, cuatro personas murieron en un ataque ruso en Kramatorsk. Dos semanas antes, 30 personas murieron en un ataque a dos autobuses en la misma ciudad.

A mediados de octubre, Yulia Rijakova, responsable ucraniana local, indicó que alrededor de 350 niños viven en la zona de Kramatorsk y Sloviansk.

Rijakova añadió que más de 70 mil personas, entre ellas 3 mil niños, viven en las zonas controladas por Kiev en la región de Donetsk.

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París. «Queremos un regreso a la calma», afirmó el presidente francés Emmanuel Macron dos días antes de nuevas protestas y acusó a grupos de extrema izquierda de haber querido «hacer caer la República» durante los recientes disturbios, a falta de seis meses para las elecciones presidenciales.

Macron anunció que el sábado solo se permitirán las manifestaciones organizadas por sindicatos y se ofrecerán circuitos alternativos para proteger los «centros urbanos» y los «comercios y edificios».

«La recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días», afirmó el jefe del Estado después de un consejo de seguridad.

Las peticiones formuladas por «gente que no tiene ninguna legitimidad para ello» serán rechazadas, advirtió. «No es el momento, porque queremos un regreso a la calma».

El miércoles Macron dijo que «la mano no debe temblar en la cúspide del Estado» para castigar a los alborotadores.

Varias ciudades francesas fueron escenario de enfrentamientos y saqueos cuando jóvenes enmascarados tomaron las calles el 17 de octubre durante protestas contra el alto costo de la vida. Al menos 3 mil comercios fueron vandalizados en el país.

Las escenas de los saqueos y edificios públicos en llamas han dado la vuelta al mundo.

«Hemos tenido a la vez actos políticos e incluso sediciosos llevados a cabo por grupos organizados de ultraizquierda cuyo objetivo es hacer caer la República«, afirmó Macron al término de una reunión en el Elíseo con los servicios de inteligencia, acusados de no haber previsto la magnitud de la movilización del sábado.

En este contexto tenso, el primer ministro, Sébastien Lecornu, recibirá este jueves por la tarde a los partidos en presencia de los ministros del Interior, Laurent Nuñez, y Justicia, Gérald Darmanin, y de los responsables de los servicios de inteligencia y de las fuerzas del orden.

La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical), acusada por el gobierno de haber avivado la ira, prometió trasladar a Lecornu las reivindicaciones de los manifestantes.

Manifestaciones en Francia por el encarecimiento de la vida. Foto: AFP

Después de los actos violentos, las autoridades ordenaron tres noches de toque de queda en zonas de varias ciudades como París y Lyon, la tercera más grande del país.

La revuelta ha sacudido al gobierno a pocos meses de las elecciones presidenciales de abril y mayo, a las que Macron no puede presentarse y en las que parte como favorita la ultraderechista Marine Le Pen, según las encuestas.

Los organizadores de las manifestaciones, el movimiento de los Chalecos Amarillos y los sindicatos, prevén más protestas a nivel nacional el sábado, y una huelga general y manifestaciones el 5 de noviembre.

El gobierno desplegará el fin de semana vehículos blindados y unidades de élite de la policía y la gendarmería. También estará desplegada la misión Sentinelle, militares a cargo habitualmente de vigilar lugares concurridos y monumentos.

El nivel de movilización de las fuerzas de seguridad el sábado será «un 20% superior» al de la semana pasada, según el Ministerio del Interior.

Las autoridades de algunas ciudades como Lyon, Rouen y Toulon han prohibido las protestas el sábado, una decisión considerada liberticida por la oposición.

Una parte de la oposición también reprocha al Ejecutivo una represión brutal, mientras que la derecha ve, por el contrario, una falta de firmeza.

Después de los saqueos, los comerciantes temen el sábado.

«La preocupación es máxima», declaró a la AFP Pierre Bosche, presidente de la Confederación de Comerciantes de Francia.

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El Gobierno argentino del presidente Javier Milei declaró este jueves organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y a las colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La resolución conjunta de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, publicada este jueves en el Boletín Oficial, también incluye a otras dos organizaciones: la mexicana La Nueva Familia Michoacana y la ecuatoriana Los Tiguerones.

El Gobierno también dispuso la incorporación de las cinco organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con el objetivo de fortalecer la prevención y la detección temprana, así como facilitar el intercambio de información entre las autoridades argentinas y las de otros Estados.

Según la norma, basada en informes reservados de ambos ministerios, la naturaleza transnacional de estas organizaciones, su capacidad operativa, su expansión regional y la diversificación de sus actividades ilícitas generan riesgos para “la vida, los bienes y el patrimonio de los habitantes de la Nación”.

comunicado firmado por Milei en el que adelantó la medida.

En la comunicación oficial definió al Cártel de Sinaloa como una “organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas” y afirmó que varios países, entre ellos Estados Unidos, ya lo habían designado como organización terrorista.

Sobre La Nueva Familia Michoacana, el comunicado señaló que se especializa en “el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal”, mientras que describió a Los Tiguerones como un grupo dedicado al “narcotráfico y sicariato”, y como una de las organizaciones “más violentas de la región”.

Respecto de las FARC-EP y el ELN, la Presidencia las definió como “organizaciones guerrilleras insurgentes de extrema izquierda”.

La medida fue coordinada por la Cancillería, los ministerios de Seguridad Nacional y de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que en agosto ya había incorporado al registro a Los Chone Killers, otra organización criminal ecuatoriana.