El emisario de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunió en San Petersburgo con el presidente ruso, Vladimir Putin, a quien transmitió una serie de «ideas» para un posible acuerdo de paz con Ucrania. Sin embargo, un elogio del estadounidense desató polémica.

Al comienzo del encuentro, Witkoff dijo haber llegado con «ideas» para un «acuerdo de paz» en Ucrania, más de cuatro años y medio después del inicio del conflicto en 2022 con la ofensiva rusa a gran escala en el país vecino.

«Hemos traído documentos. Son ideas para una especie de acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Podrá leer todo eso con tranquilidad», dijo Witkoff a Putin, en unos comentarios transmitidos por la televisión estatal rusa.

El mandatario ruso, por su parte, agradeció a Trump y a Witkoff sus esfuerzos para poner fin a los combates. En la reunión también participaron el asesor presidencial Yuri Ushakov y el enviado ruso Kirill Dmitriev.

Witkoff dio las gracias a Putin tras el anuncio de la liberación de Stephen Hubbard, un profesor de inglés jubilado de 74 años que fue condenado en un juicio a puerta cerrada en octubre de 2024 a casi siete años de prisión por «actividades mercenarias» en beneficio de Ucrania. Él niega los cargos.

«Gracias a usted, [Hubbard] se va a casa con su familia. Usted habla tanto de que Trump es humanitario; usted también lo es, señor. Le rindo homenaje y lo felicito«.

Las reacciones no se hicieron esperar. «¿Qué carajo es esto, Steve?», reaccionó el senador republicano Thom Tillis en X. «Qué declaración tan vergonzosa y escandalosa. Deberías volver a Ucrania y preguntar a las familias de los niños que Putin ha secuestrado y asesinado si están de acuerdo», añadió.

El senador republicano John Cornyn, de Texas, también respondió a los dichos de Witkoff: «No. Putin es un asesino despiadado», escribió en X.

«Otra vergüenza», dijo el representante republicano Don Bacon, de Nebraska, quien ha criticado la forma en que la administración de Trump ha manejado las relaciones con Rusia y Ucrania.

En entrevista con CBS News, el exembajador de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor, quien se desempeñó durante las administraciones del republicano George W. Bush y el demócrata Barack Obama, calificó la liberación de Hubbard como algo «positivo», pero subrayó que, «para empezar, nunca debió haber estado allí [preso]».

«No debemos darle ningún mérito a los rusos por liberar a alguien que no debería haber estado en la cárcel», insistió Taylor. «Y llamar a Putin ‘humanitario’, eso es vergonzoso».

Sin embargo, cuando le preguntaron al vicepresidente estadounidense, JD Vance, qué pensaba del calificativo que usó Witkoff para describir a Putin, respondió: «Estoy de acuerdo con que Steve Witkoff le diga algo amable a una persona que acaba de liberar a un rehén estadounidense. Me importa mucho menos lo que Steve dijo que el hecho de que está trayendo a un rehén estadounidense a casa, con su familia. Todos deberíamos estar celebrando eso, no quejándonos por lo que Steve dijo».

Hubbard fue condenado a casi siete años de prisión tras un juicio a puerta cerrada.

Veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, enseñó inglés en el extranjero y se jubiló en 2012 en Chipre, donde uno de sus hijos es un sacerdote cristiano ortodoxo. Posteriormente se mudó a Ucrania para estar con una mujer a la que había conocido, dijeron sus abogados. Después de que la relación terminó, Hubbard se quedó en Ucrania y vivía allí en el momento de la invasión de Rusia en 2022.

Los fiscales rusos afirmaron que Hubbard había firmado un contrato con el ejército ucraniano después de la invasión en febrero de 2022, y que combatió hasta que fue capturado dos meses después. El gobierno de Estados Unidos bajo el gobierno de Joe Biden designó a Hubbard como detenido injustamente.

Las relaciones entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia atraviesan un momento fluido en el que la alianza Washington-Kiev se ve a prueba por nuevas tensiones al mismo tiempo que el gobierno de Trump ha impulsado políticas que ayudan a Putin.

Esas incluyen la decisión de Trump la semana pasada de eximir a Rusia de sanciones impuestas por un proyecto de ley que el Congreso aprobó abrumadoramente para apoyar a Ucrania. La norma, bautizada en honor del fallecido senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham, apuntaba al flujo de recursos financieros que alimenta la guerra de Moscú. Ese giro se produjo después del anuncio de Trump de un acuerdo para importar combustible diésel ruso en un esfuerzo con pocas probabilidades de frenar los altos precios de la gasolina antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos el próximo mes. Con información de AP

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mcc

Los Ángeles. Las autoridades en California investigan el caso de un hombre que fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa, quien se encontraba desaparecida y cuya supuesta detención por parte de agentes federales de inmigración había sido reportada inicialmente por el propio sospechoso.

Jasmine Gill, una inmigrante de la India que trabajaba como enfermera, fue vista por última vez en su residencia de Sacramento, capital de California, el pasado 30 de septiembre.

El Departamento del Alguacil de Sacramento recibió la denuncia de desaparición el 4 de octubre.

Las autoridades contactaron a Gurinder Gill, de 28 años, esposo de la mujer con la que se encontraba en un proceso de divorcio, para preguntar cuándo fue la última vez que había tenido contacto con ella.

El hombre aseguró que su esposa había sido arrestada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mientras ella salió a recoger el correo del buzón en su residencia.

Sin embargo, las autoridades de inmigración negaron tener bajo custodia a la mujer o haber hecho operaciones en el área.

La investigación se centró en el hallazgo de restos humanos calcinados en el condado de El Dorado el 1 de octubre. Los exámenes de ADN confirmaron que eran los restos de la mujer desaparecida.

El sospechoso fue detenido y se encuentra en la cárcel principal del condado de Sacramento bajo cargos de asesinato, sin derecho a fianza.

La familia ha pedido ayuda a la comunidad para repatriar los restos de la joven a India y ayudar con la crianza del hijo de la pareja de ocho años.

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ss/mcc

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que su Gobierno aportará recursos para mejorar el suministro de agua para la zona metropolitana de Guadalajara, donde habitan unas dos millones de personas, debido a una crisis por la calidad del servicio ha provocado protestas ciudadanas y denuncias de abusos policiales durante las manifestaciones.

“Es una buena noticia para los habitantes de Jalisco, de la Zona Metropolitana de Guadalajara (…). El Gobierno Federal va a aportar los recursos, todo”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum explicó que las obras requerirían una inversión estimada de entre 12.000 y 13.000 millones de pesos (642 y 696 millones de dólares), aunque precisó que todavía se revisará el financiamiento con las autoridades estatales.

La gobernante señaló que este jueves se celebrará una reunión con el Gobierno de Jalisco para definir cómo obtener los recursos y evitar que las obras impliquen un mayor endeudamiento.

habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara”, expresó.

Según Sheinbaum, el Gobierno estatal, encabezado por Pablo Lemus, ya invierte alrededor de 7.500 millones de pesos (unos 401 millones de dólares) en una planta potabilizadora.

El anuncio ocurre en medio de una crisis por la calidad y el suministro de agua en Guadalajara, la segunda mayor ciudad de México, donde vecinos han denunciado la llegada de agua turbia y con malos olores a sus viviendas, además de cortes y racionamientos del servicio.

La situación provocó dos movilizaciones ciudadanas, los pasados 11 y 18 de octubre, durante las cuales se registraron enfrentamientos, daños a edificios públicos y detenciones.

En la primera protesta fueron detenidas 39 personas, posteriormente liberadas, mientras que en la segunda las autoridades reportaron otras diez detenciones por presuntos actos vandálicos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga posibles abusos policiales y detenciones arbitrarias durante la primera manifestación, mientras que organizaciones ciudadanas han denunciado la presencia de personas infiltradas en las movilizaciones.

La crisis ha llevado a vecinos y colectivos a exigir agua potable de calidad, soluciones a los problemas de abastecimiento y garantías para ejercer su derecho a la protesta.