El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes cargos federales en El Paso, Texas, contra 13 personas, incluyendo dos mexicanos, por presuntamente transportar vehículos robados desde Estados Unidos hacia México, con destino a los cárteles mexicanos de la droga.

En un comunicado, la Oficina de la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas dijo que los 13 acusados están imputados por transporte interestatal de bienes robados. De ser declarados culpables, se enfrentan a una pena de hasta 10 años en una prisión federal.

Las acusaciones se derivan de una investigación denominada “Operación Southbound Takedown”, que comenzó en la primavera de 2026 cuando, señala el comunicado, agentes federales y fiscales estadounidenses detectaron una tendencia creciente de vehículos robados, tanto de propiedad privada como de alquiler, que presuntamente se transportaban a personas pertenecientes a diversas organizaciones criminales en México. Los fiscales alegan que, en muchos casos, los vehículos eran robados a propietarios particulares o a grandes empresas de alquiler de autos en todo el suroeste de Estados Unidos, conducidos hasta El Paso y entregados al otro lado de la frontera, en México. Esos vehículos se utilizaban presuntamente para facilitar las actividades cotidianas de los cárteles mexicanos, ahora designados como organizaciones terroristas.

SUV blanca dañada recuperado en México como parte de la Operación Southbound Takedown. Foto: Oficina de la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas

Hasta el momento, se han recuperado 29 vehículos de los robados, con un valor aproximado de un millón 137 mil dólares. El alcance de la investigación abarca todo el territorio de Estados Unidos y México.

El pasado 25 de marzo, la estadounidense Kimberly Aguilar fue acusada por este caso y se encuentra bajo custodia, al igual que el ciudadano estadounidense Marty Gerardo Jr., quien fue acusado formalmente el 22 de julio.

Los otros 11 acusados fueron detenidos entre el 22 de julio y el 19 de octubre. Los mexicanos acusados fueron identificados como Pablo Frías, quien cuenta con tarjeta de residente permanente legal en Estados Unidos, y Pilar Bernabeth Méndez Rivas, quien cuenta con tarjeta de cruce fronterizo.

Una pickup negra, blindada, recuperada como parte de la operación Southbound Takedown. Foto: Oficina de la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas

Los otros nueve acusados fueron identificados como David Monarrez; César David Díaz; Sinuhe Baltizar López; Christopher René Reyes; Ángel Antonio Flores; Aaron Fernando Luna-Evans; Amy Foote; James Dewey Garrett e Hilario Abraham Morales

“A cualquiera que esté pensando en transportar vehículos robados a México: no lo hagan”, dijo Justin R. Simmons, fiscal para el Distrito Oeste de Simmons. “Estas organizaciones que solicitan su ayuda se aprovechan de su deseo de ganar dinero rápido para expandir sus operaciones criminales, las cuales incluyen el tráfico de personas, la extorsión, el tráfico de drogas e incluso el asesinato. Ya están advertidos. Si brindan apoyo a estos cárteles —muchos de los cuales han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras— al transportar vehículos robados desde este país hacia México, los encontraremos y los procesaremos con todo el peso de la ley”, añadió.

“No se trata de delitos contra la propiedad aislados. Los vehículos robados relacionados con la Operación Southbound Takedown muestran un patrón alarmante y se utilizan para respaldar las operaciones cotidianas de peligrosas organizaciones criminales”, afirmó Ryan G. McRae, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI).}

“El alcance de esta investigación se extiende por todo Estados Unidos y México, y ha sido necesaria la alianza de socios federales, estatales, locales y del sector privado, bajo el paraguas del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, para desarticular una red de robo y transporte de vehículos. Este trabajo sigue en curso; no nos detendremos aquí. Juntos continuaremos protegiendo a los ciudadanos de otras ciudades de Estados Unidos, así como a nuestra comunidad fronteriza, de estas redes criminales tortuosas que amenazan nuestra seguridad y nuestros bienes”, explicó.

Coult W. Markovsky, agente especial interino a cargo de la Oficina Local del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en El Paso, advirtió: “¡A quienes ayudan a los cárteles, la justicia los encontrará!”.

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Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmaron que sí habrá megamarcha el próximo viernes 30 de octubre. A través de un video en redes sociales, anunciaron que la movilización será en todo el país.

En el caso de la Ciudad de México, iniciará a partir de las 15:00 horas desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI. “Los esperamos, seremos miles de trabajadores de todo el país”, dijeron.

Mientras que para el sábado 31 de octubre realizarán la primera asamblea constituyente a partir de las 8:00 horas. Los registros iniciarán a esa hora para comenzar la asamblea a las 10:00.

Al grito de “¡Unidad, unidad!” pidieron a trabajadores y jubilados estar pendientes de los acuerdos y unidos ante la movilización. Sin embargo, todavía no se da a conocer la ruta ni el destino de la marcha.

asamblea de los empleados del IMSS, continuará la recolección de 300 mil firmas para exigir la renuncia de Rafael Olivos, líder del sindicato del IMSS.

Se trata de un congreso extraordinario y ofrecerán una conferencia de prensa el martes para detallar las movilizaciones.

A pesar de la propuesta del nuevo incremento salarial, los trabajadores lo calificaron como “una bofetada”, por lo que insisten en cambiar al dirigente sindical.

Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), propuso un incremento salarial del 8 por ciento, dividido en 4 por ciento para el salario tabular y 4 por ciento para la ayuda en pago de renta a casa habitación.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

La opción fue rechazada por los trabajadores del IMSS y, por esa razón, las manifestaciones se extenderán en distintos estados para exigir el incremento salarial, así como mejoras en medicamentos, equipo y condiciones laborales.

La principal exigencia de los empleados es la salida de Rafael Olivos como dirigente sindical. Además, se mantienen firmes en la solicitud de un incremento salarial del 10 por ciento, lo que representa más del doble del 2.9 por ciento propuesto en un principio y del 4 por ciento al salario tabular propuesto.

“Este aumento que acaban de dar vuelve a ser un insulto a la base trabajadora, al sector salud”, reclamó Daniel Alejandro, enfermero general en Torreón, Coahuila.

Al ser cuestionada sobre la megamarcha de trabajadores del IMSS, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no solo se busca mejorar las condiciones de los trabajadores, también la atención en beneficio de los derechohabientes, con mayores hospitales, y se busca garantizar el abasto de medicamentos.

“El IMSS ha mejorado y se demuestra con las cifras el número de consultas, así como de hospitales construidos. También se fortalece la distribución de medicamentos e insumos médicos”, concluyó.

*Con información de Quadratín

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones de este domingo, afirmó que un juez le ha pedido este lunes entregar su pasaporte por sospechas de que pudiera huir del país.

Flávio dijo que recibió la orden judicial este lunes, a manos de agentes de la Policía Federal, cuando salió de la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien está en prisión domiciliaria cumpliendo una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado.

La decisión, según explicó el excandidato en un video difundido en redes sociales, partió del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien fue el instructor del juicio contra su padre.

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de cárcel por golpe de Estado a Lula da Silva (11/09/2025). Foto: AFP

Bolsonaro afronta un complicado panorama judicial tras su derrota en las elecciones presidenciales brasileñas, con investigaciones abiertas en su contra por blanqueo de capitales, entre otros delitos.

El primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro perderá, además, su escaño en la Cámara Alta en febrero próximo, cuando arrancará la nueva legislatura.

Abogado de profesión, Flávio abandonó su carrera parlamentaria para lanzarse a la Presidencia ungido por su padre, quien se encuentra inhabilitado, condenado y en prisión domiciliaria por tramar un golpe de Estado tras perder la reelección en 2022 frente a Lula.

Como el padre, el hijo también perdió en segunda vuelta ante el líder progresista (52 % – 48 %) y tampoco reconoció su derrota en las urnas.

Así, a partir de 2027, será la primera vez desde 2003 que Flávio no ejercerá un cargo público.

Flávio cuenta con más de veinte años de vida pública a sus espaldas como diputado regional de Río de Janeiro (2003-2019) y senador (2019-2027), periodo en el que se ha visto envuelto en diversos escándalos.

A sus 45 años, ha sido investigado o acusado por las autoridades en varios momentos, aunque ninguno de los casos ha llegado a juicio.

Actualmente, afronta dos investigaciones en su contra.

Flávio figura como investigado en la Corte Suprema en un caso sobre la presunta financiación ilegal de una película sobre su padre. La Policía halló indicios contra él por corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas.

Las sospechas giran en torno a los pagos millonarios de Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master y actualmente en prisión preventiva por un enorme fraude financiero, supuestamente destinados a producir ‘Dark Horse’, una película inspirada en la vida de Jair.

En diversos audios, Flávio pidió 134 millones de reales (26 millones de dólares) al banquero, a quien se refirió como un «hermano», para financiar el largometraje.

Oficinas centrales de Banco Master en Sao Paulo, Brasil. (03/09/26) Foto: O’Globo

Según las autoridades, Vorcaro pagó casi la mitad del montante. Sin embargo, la Policía cree que ese dinero fue a parar a cuentas de Estados Unidos ligadas a la familia Bolsonaro para su beneficio personal.

Flávio afirma que la negociación con Vorcaro transcurrió dentro de la legalidad.

Por otro lado, en vísperas de la segunda vuelta electoral, los diarios O Estado de S.Paulo y O Globo revelaron que Flávio es investigado en el Supremo en una segunda causa por supuesto lavado de dinero.

En el centro de ese caso está Willer Tomaz, abogado y amigo cercano de Flávio, señalado como el operador de un entramado societario con movimientos financieros sospechosos relacionados con el mundo de las apuestas deportivas.

Según la Policía, citada por la prensa, Flávio llegó a constar como usuario con amplios permisos de acceso a una cuenta compartida con Tomaz, quien también está en la mira de las autoridades por un escándalo de corrupción relacionado con descuentos indebidos en las pensiones de millones de jubilados.

La victoria electoral de Flávio hubiera supuesto un freno a las dos investigaciones, ya que los jefes de Estado brasileños no pueden ser responsabilizados, durante la vigencia de su mandato, por actos anteriores a su investidura.

Además, la mayoría del mundo jurídico piensa que, estando en la Presidencia, ni siquiera podrían seguir adelante esas investigaciones con vistas a presentar eventualmente una denuncia cuando dejara el cargo, como remarca a EFE Luisa Ferreira, doctora en Derecho y profesora de la Fundación Getúlio Vargas (FGV).

Por otro lado, la Fiscalía denunció formalmente al primogénito de Jair por «organización criminal, malversación, blanqueo de capitales y apropiación indebida» en 2020, cuando su padre ocupaba el poder.

La querella versaba sobre la supuesta contratación de amigos, familiares y vecinos como funcionarios «fantasma» durante su etapa como diputado en Río, con el objetivo de quedarse con parte del salario de estos.

La Fiscalía apuntó que ese dinero se blanqueó mediante gastos personales, una tienda de chocolates y operaciones inmobiliarias en efectivo, si bien la denuncia fue archivada tras la anulación de una serie de pruebas.

Sobre Flávio también pesa la sombra de sus nexos con grupos paramilitares de Río, formados por policías corruptos que controlan barrios enteros mediante la extorsión y la violencia.

Algunos de esos funcionarios «fantasma» del despacho de Flávio eran precisamente parientes de milicianos, como Adriano da Nóbrega, un peligroso sicario que murió abatido por la Policía en 2020.

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