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Guatemala recibe casi 2 mil 300 mexicanos deportados de EU en 2026; regresan a México en menos de 24 horas
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Estados Unidos ha deportado a Guatemala a casi 2 mil 300 mexicanos en 2026 y envió a decenas más a Honduras, un cambio con respecto al inicio del segundo mandato del presidente, Donald Trump, cuando estos traslados eran mínimos, informaron las autoridades.
Algunas organizaciones civiles consideran que este giro es una forma de aumentar la presión sobre México, cuyo gobierno reclamó a Washington la muerte de 17 ciudadanos en operativos o bajo custodia de las autoridades migratorias y lidia con constantes exigencias en materia de seguridad. Por su parte, Trump ha ampliado los acuerdos con países aliados latinoamericanos para hacer operaciones conjuntas contra grupos criminales.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó el miércoles por la noche que, en lo que va de año, llegaron al país 2 mil 284 mexicanos deportados desde Estados Unidos en “una escala de tránsito” para llevarlos después a México como parte de “un arreglo” con el gobierno de ese país, y sin que esas personas estén bajo ninguna figura de refugio o asilo.
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«Están llegando en aviones de retornados guatemaltecos y nosotros lo que hemos hecho es ingresarlos en calidad de tránsito para, en coordinación con las autoridades migratorias mexicanas, regresarlos, ingresarlos a territorio mexicano en menos de 24 horas después de que entraron al país», explicó en una conferencia de prensa.
Los gastos de estas operaciones están sufragados por el gobierno mexicano o, en algunos casos, por financiamiento estadounidense, agregó.
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El Instituto Nacional de Migración de México confirmó a The Associated Press en un breve mensaje que hay mexicanos deportados por el gobierno de Trump a Guatemala y a Honduras principalmente desde abril, que luego son trasladados desde allí en autobús hasta el sur de México.
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“La causa es que Estados Unidos quiere evitar que vuelvan a cruzar a su territorio”, agregó. El INM no aportó cifras ni más detalles.
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La cancillería mexicana no respondió a varias solicitudes de comentarios. Históricamente, México se ha mostrado dispuesto a recibir a sus ciudadanos deportados, aunque desde el primer mandato de Trump no ha habido claridad sobre los acuerdos migratorios con Washington.
Tampoco respondieron a pedidos de comentarios las autoridades en Honduras, pero, según documentos oficiales del país a los que tuvo acceso la AP, en dos vuelos el 13 y el 15 de agosto, un total de 82 mexicanos deportados desde Estados Unidos llegaron a la ciudad hondureña de San Pedro Sula. Estaba previsto que 35 más aterricen el jueves.
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Otros 165 mexicanos fueron deportados a Honduras entre mayo y mediados de julio, de acuerdo con la web Third Country Deportation Watch, gestionada por las ONG Human Rights First y Refugees Internacional, quienes rastrean vuelos de deportación estadounidenses a terceros países.
La web no aclara de dónde proceden sus números, pero ambas organizaciones están preocupadas porque los migrantes tienen diferentes perfiles y estos traslados pueden ponerlos en peligro.
“Parece que quieren presionar al gobierno mexicano, no quieren que los mexicanos crucen la frontera”, dijo Savitri Arvey, de Human Rights First. Parte de los deportados llegaron a Honduras en vuelos militares estadounidenses, agregó.
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Hasta ahora, los mexicanos deportados de Estados Unidos eran enviados de forma casi exclusiva a su país, tanto por vía aérea como terrestre. Apenas un puñado llegaba a otros países.
Arévalo dijo el miércoles que en 2025 recibieron apenas a 15 mexicanos. Hasta febrero de 2026, Honduras había reportado oficialmente la llegada de seis. Costa Rica ha recibido a once mexicanos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y, según las autoridades migratorias locales, permanecen en el país.
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Al inicio de su segundo mandato y con el control migratorio como una de sus prioridades, Trump llegó a acuerdos con México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá para que actuaran como países “puente” o como destino para migrantes de terceros países expulsados de territorio estadounidense. Estos acuerdos se ampliaron después a más lugares, incluidos algunos países africanos, el más reciente, Liberia.
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Abogados de inmigración consideran que el gobierno de Trump utiliza las deportaciones a terceros países como una laguna legal para obligar indirectamente a los solicitantes de asilo o inmigrantes indocumentados a regresar a sus países de origen.
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MADRID (AP) — Las autoridades españolas dijeron que al menos 10 personas fallecieron en un choque entre dos trenes en el centro del país.
Esther Padilla, portavoz del gobierno regional de Castilla-La Mancha, indicó que las autoridades podían confirmar 10 muertes, pero que “esa cifra seguramente aumentará”.
El operador del sistema ferroviario de España, ADIF, indicó que el incidente ocurrió la mañana del miércoles en la provincia de Toledo. El servicio ferroviario está suspendido entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

El lugar de una colisión entre dos trenes en Urda, España, el miércoles 28 de octubre de 2026. Foto: Juanma Jimenez/AP
Padilla dijo a la televisora pública TVE que el siniestro implicó a dos trenes de alta velocidad que circulaban en la misma dirección y que uno chocó contra la parte trasera del otro cuando estaba parado, sacando dos de sus vagones de la vía.
El alcalde de la cercana localidad de Urda, Manuel Galán, dijo en declaraciones a la radiotelevisión pública TVE que hubo pasajeros heridos y que las autoridades de Protección Civil pidieron a su ayuntamiento que preparara un pabellón deportivo para atender a los pasajeros.
El presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, escribió en X que se dirige al lugar del accidente.
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En enero, 45 personas murieron en el sur de España cuando un tren se salió de la vía y chocó contra otro que circulaba en sentido contrario. Este fue el siniestro ferroviario más letal en el país desde un choque en 2013 que mató a 80 personas. El accidente de enero socavó la confianza de la población en la extensa red ferroviaria de alta velocidad.

El Senado retornará a la Cámara de Diputados la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), luego de aprobar una reserva que exenta a la producción automotriz de la limitación de deducciones aplicable a empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos.
Durante la votación del martes 27 de octubre en el pleno, también fueron aprobadas la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos.
Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, presentó la reserva para modificar el artículo 78E. Argumentó que la equidad tributaria no obliga a tratar de la misma manera actividades económicamente distintas.
La propuesta busca establecer una modificación para otorgar claridad y certeza para mitigar impactos para el sector automotriz y de autopartes, brindando certidumbre a las inversiones automotrices.
Destacó que su operación es similar a otras industrias manufactureras que sí estaban incluidas.
Se agregó una excepción para actividades de expendio al público, distribución o comercialización de gasolinas y diésel y cuenten con el permiso correspondiente.
“Este es un sector altamente regulado, sujeto a permisos, controles volumétricos, obligaciones de información y supervisión permanente. Además, su estructura económica supone costos de adquisición elevados respecto con sus ingresos”.
Durante la sesión, el oficialismo también pasó sin cambios la Ley de Derechos, que trae aumentos en cuotas de determinados servicios que presta el Estado, y la actualización del uso, goce o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, como las cuotas de derechos de visitantes para actividades remuneradas, en los servicios de certificación zoosanitaria, fitosanitaria y de sanidad acuícola y en las correspondientes al uso de bandas de frecuencia de 600 y 700 MHz.
Claudia Anaya, senadora del PRI, criticó que Hacienda “quiera recaudar mediante la ley de derechos”, y suban también cuotas para “trámites médicos; vamos a encarecer la salud”.
Sobre la Ley de Ingresos, que también fue aprobada sin cambios en el pleno, la oposición coincidió en lo grave del nivel de endeudamiento propuesto de hasta 1.7 billones de pesos.
“Para 2027 el gobierno pretende gastar 1.57 billones de pesos solamente en intereses y costo de la deuda. Estamos hablando de una cantidad, fíjense bien, superior a todo lo que es el presupuesto destinado a salud, al tema educativo y más de cuatro veces destinado a seguridad y a lo que es justicia”, dijo el panista Antonio Martín del Campo.
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Blanca Cruz toma protesta como presidenta del INE; elecciones de 2027 seguirán sin interrupciones
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La nueva presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Blanca Cruz García, se comprometió este martes a facilitar las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el organismo que organiza las elecciones en el país, al asumir el cargo tras la renuncia de la saliente titular Guadalupe Taddei en medio de señalamientos de corrupción.
“Ninguna autoridad competente debe encontrar obstáculos en el Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus atribuciones”, aseveró Cruz García en su primer discurso tras asumir funciones.
La funcionaria afirmó que las áreas del organismo deberán entregar la documentación requerida y ofreció plena colaboración al órgano interno de control y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
También aseguró que los preparativos de las elecciones de 2027 continuarán “sin interrupciones”.
Por último, Cruz García informó que el nombramiento provisional será notificado a la Cámara de Diputados, a la que le corresponde definir quien ocupará la presidencia del INE por el resto del periodo de Taddei, previsto hasta abril de 2032.
Momentos antes, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó la designación de Cruz García con diez votos a favor, el total de las consejeros que integran el organismo.
Además, las consejerías informaron de la renuncia de tres responsables de áreas técnicas y administrativas del INE y acordaron revisar los cargos directivos, además de colaborar con las investigaciones.
Consejeros del INE piden investigar a Taddei
Durante la sesión, varios consejeros advirtieron de una “crisis” de credibilidad en el INE y pidieron esclarecer las presuntas irregularidades administrativas que rodearon la salida de Taddei.
Entre los funcionarios, el consejero Uuc-kib Espadas calificó la situación como una crisis “extremadamente grave y sin precedentes”.
La ratificación de la decisión de los consejeros del INE llega luego de que el lunes la Cámara de Diputados recibiera la renuncia de Taddei y con ello se puso en marcha el proceso legislativo para designar al próximo titular del organismo.
La renuncia de Taddei se produjo después de que el periódico mexicano Reforma publicara informaciones sobre presuntos conflictos de interés y una red de proveedores del INE que habrían simulado competencia en licitaciones y participado en operaciones de triangulación de recursos.
La ASF anunció el viernes pasado una investigación sobre posibles irregularidades en las contrataciones del organismo electoral, mientras Taddei defendió que los señalamientos deben esclarecerse mediante las vías institucionales.
México se encuentra en pleno proceso electoral 2026-2027, en el que se renovarán la Cámara de Diputados, diecisiete gubernaturas y otros cargos públicos.




