El gobierno de Estados Unidos acusó este jueves al mexicano Luis Manuel Hernández Victoria, alias «El Ingeniero», de dar apoyo material a una organización terrorista, por diseñar y construir para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) un sofisticado túnel subterráneo transfronterizo para el tráfico de drogas.

La acusación formal fue anunciada por la fiscalía del Distrito Sur de California. En ella, Hernández es acusado de los delitos de prestar apoyo material a una organización terrorista extranjera – así clasificó la administración Donald Trump al CJNG-; conspiración para construir o financiar un túnel transfronterizo; conspiración para utilizar un túnel transfronterizo con el fin de importar sustancias controladas y conspiración para importar sustancias controladas.

«Hernández ha sido el constructor de su propia caída» , afirmó el fiscal federal Adam Gordon en el comunicado donde se anuncian los cargos.

«La acusación de hoy subraya el compromiso inquebrantable de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de nuestros socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que amenazan nuestra seguridad nacional», declaró Kevin Murphy, agente especial al mando de HSI en San Diego. «Utilizando todos los recursos a nuestra disposición a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, HSI seguirá llevando ante la justicia a los líderes de los cárteles y a los artífices de túneles transfronterizos de contrabando como Hernández» .

Hernández fue detenido en el estado de Jalisco el 15 de octubre de 2026. Las autoridades mexicanas incautaron armas y estupefacientes en el momento de la detención de Hernández. De ser declarado culpable, puede ser sentenciado a cadena perpetua, además de que podría tener que pagar una multa de 21 millones de dólares.

En el momento en que se descubrió el túnel, las fuerzas del orden federales incautaron más de una tonelada de cocaína, cuyo valor se estimó en más de 45 millones de dólares estadounidenses. Foto: Tomada de @SDCAnews

De acuerdo con la acusación, Hernández participó en la construcción del túnel hallado en el interior de un comercio situado en el número 2498 de Roll Drive, local E, en San Diego, el 29 de mayo de 2026, en beneficio del CJNG

En el momento en que se descubrió el túnel, las fuerzas del orden federales incautaron más de una tonelada de cocaína, cuyo valor se estimó en más de 45 millones de dólares estadounidenses. Hernández es la séptima persona imputada en relación con el túnel. La investigación sigue en curso.

Se estimó que el pasadizo subterráneo, que se extendía desde Tijuana (México) hasta la supuesta tienda minorista situada cerca del puesto fronterizo de Otay Mesa, conocida como «Buy 4 Less» , tenía unos 589 metros de largo y poco más de un metro de altura. Contaba con paredes reforzadas, sistemas de raíles y ventilación y electricidad.

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Washington. El gobierno de Estados Unidos expulsó a un diplomático cubano tras un enfrentamiento con un funcionario estadounidense en la sede de Naciones Unidas, un día después de una acalorada discusión entre el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, y el embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz, según publica este jueves el diario New York Times.

De acuerdo con el diario, el Departamento de Estado comunicó a la misión cubana ante la ONU que su primer secretario, Richard Tur de la Concepción, «no era bienvenido» en el país, después de que intentara apartar de un manotazo el teléfono de un funcionario estadounidense que lo grababa en el salón principal de la organización.

El incidente ocurrió el pasado martes, durante una sesión de la Asamblea General en la que Waltz se pronunció contra una resolución que pedía el fin del embargo económico estadounidense sobre Cuba.

Desde la tribuna, el embajador acusó al gobierno cubano de represión, corrupción y enriquecimiento ilícito, lo que provocó las protestas de los miembros de la delegación de la isla, que se acercaron al estrado, según el rotativo.

Tras el altercado, Waltz acusó al diplomático cubano de intentar intimidar al personal de Naciones Unidas y aseguró que regresaría a La Habana. Por su parte, el embajador de Cuba ante la ONU presentó una protesta formal ante la oficina del secretario general, al considerar que el funcionario estadounidense había acosado a Tur de la Concepción.

La expulsión se produce en un contexto de renovada tensión entre Washington y La Habana, mientras la Administración de Donald Trump aumenta la presión sobre el gobierno cubano.

La resolución contra el embargo obtuvo este año 130 votos a favor, frente a los 165 del año pasado, su menor respaldo en dos décadas, según datos de la oficina de prensa de Naciones Unidas.

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Chicago. Tres inmigrantes que permanecen encarcelados en una instalación de Indiana conocida como “Speedway Slammer” aseguran que los detenidos pasan semanas en aislamiento, se les niega tratamiento médico esencial y deben soportar maltratos e insultos raciales de parte de los funcionarios que operan el lugar, de acuerdo con una demanda presentada el jueves.

Añadieron que las condiciones al interior del Miami Detention Center, ubicado en Bunker Hill, son inhumanas, y que la negligencia de los funcionarios ha creado una “peligrosa crisis de salud”, de acuerdo con una copia de la denuncia obtenida por The Associated Press.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó la demanda ante un tribunal federal del Distrito Norte de Indiana.

Manifestantes contra ICE el 14 de julio pasado en San Francisco, California. Foto: Benjamin Fanjoy/ AFP

La AP ha informado previamente de casos de negligencia médica, condiciones peligrosas y abusos a los derechos humanos en centros de detención migratoria de todo el país. Al menos 37 personas han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en lo que va del año fiscal, la cifra más alta en la historia de la agencia, indicó el Migration Policy Institute.

Dos personas han muerto en la instalación de Indiana en lo que va del año: Tuan Van Bui, un vietnamita de 55 años, y Lorth Sim, un camboyano de 59 años. El hijo de Sim interpuso una demanda contra el ICE en agosto pasado, argumentando que la agencia ocultó información sobre el fallecimiento de su padre.

El Miami Detention Center, ubicado a unos 100 kilómetros (60 millas) al norte de Indianápolis, era una prisión de máxima seguridad hasta que el gobierno federal convirtió la instalación en un centro de detención de inmigración el año pasado. Como prisión, tenía un historial de condiciones inhumanas, violencia y muertes de reclusos.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones contenidas en la demanda.

Un hombre espera frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE, por sus siglas en inglés) en Miramar, Florida, el 22 de septiembre de 2026. Foto: Chandan Khann/AP

Ninguno de los tres detenidos incluidos en la demanda ha sido declarado culpable alguna vez por un delito en Estados Unidos, afirma la denuncia. Aunque el gobierno del presidente Donald Trump ha dicho que su ofensiva migratoria gira en torno a inmigrantes con antecedentes penales, datos recientes muestran que la mayoría de los arrestados no tiene un historial delictivo.

Los demandantes afirman que a los detenidos se les niega el acceso a la atención médica por problemas de salud graves, dejando a algunos de ellos en situación de crisis.

Cynthia Acevedo, una guatemalteca arrestada por el ICE en julio pasado, sufrió varias convulsiones una semana después de que agentes del centro la cambiaron a un medicamento menos eficaz para tratar su epilepsia, además de que no se le administraban sus medicinas de forma regular, según sus abogados. También alega que fue agredida sexualmente poco después de llegar a la instalación, y que los funcionarios esperaron días para tomar su declaración y nunca le proporcionaron un kit para pruebas de violación, una prueba diagnóstica de VIH o medicamentos.

Según la denuncia, un hombre que apenas podía caminar debido a las heridas en las piernas tampoco recibió atención a pesar de que pidió ayuda en varias ocasiones.

Funcionarios de la instalación aplican “formas abusivas de castigo” a los detenidos y usan “fuerza excesiva que roza la tortura”, escribieron los abogados en la denuncia. Personal estatal profiere insultos racistas contra los detenidos, diciéndoles que regresen a su país y refiriéndose a ellos como una “plaga”.

Carlos Marchena, inmigrante costarricense, falleció en el Winn Correctional Center, Luisiana. Su familia denunció negligencia médica, alegando que no le suministraban inyecciones de insulina para controlar su diabetes tipo 1. (29/10/2026). Foto: AP

Sergei Vasenin, un ucraniano que ha estado detenido durante más de un año en la instalación, fue colocado en confinamiento solitario por alrededor de nueve semanas, según la denuncia. “Pasó hasta 23 o 24 horas al día en una celda diminuta y gélida”, escribieron sus abogados. Vasenin hablaba en voz alta consigo mismo “para mantener la cordura” y contempló el suicidio en varias ocasiones, añadieron.

Un hombre trató recientemente de quitarse la vida después de que otros detenidos le “rogaron” a los agentes durante varios días para que le brindaran ayuda, indicó la demanda. En lugar de eso, los agentes lo encerraron en una celda y no retiraron un cable que luego utilizó para ahorcarse.

Los inmigrantes son retenidos en celdas “más pequeñas que un espacio promedio de estacionamiento”, con una pequeña rendija que sirve como ventana, según una descripción y una imagen incluidas en la demanda. Las celdas de aislamiento son tan frías que algunas personas meten papel higiénico en las rejillas de ventilación para tratar de evitar que entre el aire helado. La denuncia afirma que a los detenidos se les permite salir a ducharse “cada pocos días”.

Kemoye Muslar, el tercer demandante, afirmó que su celda se inundó con aguas negras durante tres días, tiempo que pasó tratando de no “resbalar y caer en desechos humanos”, escribieron sus abogados. Añadieron que el personal usa mascarillas para evitar el olor a sangre y heces en el suelo y en los inodoros atascados.

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