El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspenderá las clases este viernes 30 de octubre debido a la realización de la Jornada de Balance Académico presencial.

A través de un aviso dirigido a su comunidad estudiantil, la dirección del plantel informó que las actividades escolares quedarán suspendidas durante esa fecha para permitir el desarrollo de la jornada académica.

“Se informa a la comunidad estudiantil que con motivo de la realización de la Jornada de Balance Académico presencial, se suspenden las clases el día viernes 30 de octubre”, señala el comunicado fechado el 23 de octubre.

Las autoridades universitarias pidieron a los estudiantes mantenerse atentos a los medios oficiales del CCH Sur para conocer cualquier información relacionada con las actividades del plantel.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) definió los topes máximos de gastos de precampaña y campaña para la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa correspondientes al Proceso Electoral Federal 2026-2027, con lo que quedaron definidos los límites económicos que deberán observar partidos políticos, coaliciones, precandidaturas,candidaturas y candidaturas independientes durante la contienda electoral del próximo año.

En este contexto, se definió en 440 mil 652 pesos el tope máximo de gastos de precampaña por precandidatura a una diputación federal y en 2 millones 491 mil 466 pesos el tope máximo de gastos de campaña por candidatura, montos calculados conforme a los mecanismos previstos en la legislación electoral y que serán aplicables para las 500 diputaciones federales que se renovarán en el proceso electoral 2026-2027.

El presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Consejero Arturo Chávez López, subrayó que el objetivo es claro: “frenar el gasto excesivo, ser transparentes en el ejercicio de los recursos y propiciar que las campañas sean espacios reales de debate donde lo que cuente sean las ideas y las propuestas para la ciudadanía”.

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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revisar el caso de un adulto mayor, quien buscaba la protección de la justicia con la finalidad de evitar que lo desalojaran del departamento que renta en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Una mayoría de seis ministros aprobó la propuesta del ministro Arístides Guerrero García, que rechazó analizar la sentencia de un Tribunal Colegiado, el cual negó el amparo al quejoso contra su desalojo de la vivienda que habita desde 2007.

Esto al considerar que los agravios expuestos en el recurso de revisión son inoperantes, porque parten de premisas inexactas y no combate la totalidad de las consideraciones con las que el Tribunal Colegiado sustentó su fallo.

Por lo que, el pleno encabezado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz dejó firme la sentencia del Tribunal Colegiado, que ordena el desalojo de un adulto mayor de 83 años de edad que no pudo pagar el arrendamiento de su departamento.

El ministro Irving Espinoza Betanzo y las ministras María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Mossa plantearon que el pleno del Máxima Tribunal de Justicia de México revisara el asunto, pues consideraron que sí tenía un tema de fondo.

En su oportunidad, Espinoza Betanzo afirmó que el motivo del amparo directo en revisión tiene su origen en un contrato de arrendamiento, donde el adulto mayor, como arrendatario, se le requiere la terminación de su contrato.

“En primera instancia, el juzgado declaró rescindido el contrato y ordenó desocupar y entregar el inmueble en el plazo de cinco días. Posteriormente promueve la apelación, la cual confirma la determinación, promueve posteriormente el amparo y bueno este amparo le niega la protección constitucional al adulto mayor”, explicó.

Indicó que existe una cuestión constitucional, que es juzgar con perspectiva de envejecimiento.

A juicio de Ríos González, «el asunto revista interés excepcional en materia de derechos humanos, al exigir la definición del alcance del deber de juzgar con perspectiva de envejecimiento frente a la desocupación judicial de la vivienda de una persona adulta mayor, una persona, un adulto mayor de 83 años. La perspectiva de envejecimiento no debe limitarse al reconocimiento formal de su vulnerabilidad, sino traducirse en medidas efectivas que atiendan sus circunstancias particulares y eviten que la ejecución del desalojo comprometa sus derechos fundamentales, uno de ellos, el derecho a la vivienda”.

En tanto, Esquivel Mossa consideró que los agravios permiten examinar una cuestión constitucional de interés excepcional, consistente en el alcance de las obligaciones judiciales para proteger a una persona adulta mayor frente al riesgo de desamparo derivado de la ejecución de una sentencia de desalojo.

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