El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) también conoció de los contratos irregulares a proveedores cercanos a la ahora exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.

La investigación inició hace más de seis meses y, pese a ello, no se interpusieron las denuncias correspondientes.

Fue el propio titular del OIC del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, quien reveló que las auditorías internas ya habían detectado graves inconsistencias patrimoniales, conflictos de interés y flujos financieros irregulares que coinciden con las líneas de investigación que mantiene abiertas la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Lo hizo el pasado 9 de septiembre durante la presentación del Informe Previo de Gestión y Resultados 2026, ante la Comisión de Transparencia del Palacio Legislativo de San Lázaro.

“Hemos detectado recepción de depósitos bancarios con quien el INE contrató servicios, es decir, personas que eran proveedoras; detectamos servidores públicos que no declararon su participación como accionistas de empresas”, declaró.

Recientemente, EL UNIVERSAL dio a conocer una investigación de la Auditoría Superior de la Federación en la que se revelan casos graves de conflictos de interés, toda vez que se detectó que 57 personas físicas obtuvieron contratos del INE al mismo tiempo que ejercían como funcionarios activos.

Durante la mencionada reunión, el contralor reconoció que habían detectado a servidores públicos que no declararon su participación como accionistas de empresas e, incluso, dio detalles de cuentas con depósitos superiores a los 5 millones de pesos.

“También hemos detectado omisiones de registro de ingresos hasta por 5.6 millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales”, expuso.

Detalló que sólo en el primer semestre de 2026 se sancionó a seis servidores públicos con multas que alcanzaron los 714 mil pesos e inhabilitación hasta por ocho años: “Las conductas que hemos sancionado en la lista de faltas graves han sido por presentación de documentación falsa, ya sea particulares o personas morales y abuso de funciones y nepotismo”.

Pese a ello, durante el encuentro que se prolongó por más de dos horas, el funcionario no recibió cuestionamientos por parte de diputadas y diputados.

El resto del evento, Carvente Contreras reportó “cuentas limpias”, austeridad y finanzas sanas ante las y los congresistas federales.

Destacó como “logros de eficiencia administrativa” la recuperación de apenas 138 mil 649 pesos por conceptos de pagos en exceso y un ahorro de 131 mil 144 pesos derivados de medidas de austeridad en viáticos de fin de año.

En la sesión, el contralor hizo una petición expresa a los diputados para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

Carvente sostuvo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene “ciego” al OIC al negarle el acceso a la información fiscal y bancaria de los altos funcionarios del INE, argumentando que dicha facultad está reservada exclusivamente para la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Dijo que dicha limitación representa “un obstáculo legal” para combatir la opacidad.

Al no contar con los convenios de cruce de datos que la ASF sí posee, la Contraloría del INE sostuvo que está “institucionalmente incapacitada” para detectar a tiempo delitos como triangulación de recursos financieros y conflictos de interés.

Aunque Víctor Hugo Carvente no llegó al INE como una propuesta directa de Guadalupe Taddei, en la práctica el contralor y la presidenta tejieron una alianza operativa. Su actuar ha sido criticado por expertos y observadores electorales, quienes afirman que el OIC utilizó su aparato fiscalizador para presionar a los consejeros del bloque opositor a la presidencia de Taddei.

El ejemplo más claro ocurrió cuando la Contraloría de Carvente desempolvó un expediente archivado desde diciembre de 2021.

A finales de 2025, en medio de los choques más intensos entre los consejeros independientes y la presidencia del instituto por el control de las direcciones ejecutivas, el OIC revivió una antigua queja morenista relacionada con la suspensión temporal de la consulta de revocación de mandato.

La querella señaló a las consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel, así como al consejero Jaime Rivera (el bloque más crítico a la gestión de Taddei), lo que fue denunciado por los propios consejeros como una “vergonzosa cacería de brujas”.

Este lunes, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que el Órgano Interno de Control llevaba una indagatoria por la entrega de contratos irregulares a proveedores cercanos a Guadalupe Taddei. Justificó que aún no haya denuncias interpuestas por parte del OIC, y dijo que se debe al cuidado al debido proceso.

“Yo sabía del Órgano Interno de Control y también sé que ha iniciado investigaciones, no ahora, sino desde hace seis meses, y que no han concluido por el debido proceso y que se da oportunidad a los señalados… sabía que están en proceso una serie de investigaciones por distintas irregularidades, conflicto de interés, pero aún no ha concluido, tienen un plazo para desahogar pruebas, alegatos y luego viene la resolución del OIC”, expresó.

En contraparte, el coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, adelantó que este martes presentarán un punto de acuerdo para citar a comparecer a Víctor Hugo Carvente, titular del OIC del INE.

“Tenemos que conocer qué está haciendo el OIC. ¿Cómo llegó el INE hasta este gravísimo exceso sin que fuera advertido de manera formal por el Órgano de Control? Y tenemos que conocer qué acciones se están tomando en este momento, porque si se permite la impunidad desde la complacencia de la Cámara de Diputados, el mensaje que se envía es que quienes están vinculados a Morena tienen barra libre para hacer lo que quieran con las instituciones”, concluyó.

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