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Acusan a 13 personas de llevar autos blindados robados de EU a cárteles mexicanos; hay dos mexicanos señalados
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El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes cargos federales en El Paso, Texas, contra 13 personas, incluyendo dos mexicanos, por presuntamente transportar vehículos robados desde Estados Unidos hacia México, con destino a los cárteles mexicanos de la droga.
En un comunicado, la Oficina de la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas dijo que los 13 acusados están imputados por transporte interestatal de bienes robados. De ser declarados culpables, se enfrentan a una pena de hasta 10 años en una prisión federal.
Las acusaciones se derivan de una investigación denominada “Operación Southbound Takedown”, que comenzó en la primavera de 2026 cuando, señala el comunicado, agentes federales y fiscales estadounidenses detectaron una tendencia creciente de vehículos robados, tanto de propiedad privada como de alquiler, que presuntamente se transportaban a personas pertenecientes a diversas organizaciones criminales en México. Los fiscales alegan que, en muchos casos, los vehículos eran robados a propietarios particulares o a grandes empresas de alquiler de autos en todo el suroeste de Estados Unidos, conducidos hasta El Paso y entregados al otro lado de la frontera, en México. Esos vehículos se utilizaban presuntamente para facilitar las actividades cotidianas de los cárteles mexicanos, ahora designados como organizaciones terroristas.
SUV blanca dañada recuperado en México como parte de la Operación Southbound Takedown. Foto: Oficina de la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas
Hasta el momento, se han recuperado 29 vehículos de los robados, con un valor aproximado de un millón 137 mil dólares. El alcance de la investigación abarca todo el territorio de Estados Unidos y México.
El pasado 25 de marzo, la estadounidense Kimberly Aguilar fue acusada por este caso y se encuentra bajo custodia, al igual que el ciudadano estadounidense Marty Gerardo Jr., quien fue acusado formalmente el 22 de julio.
Los otros 11 acusados fueron detenidos entre el 22 de julio y el 19 de octubre. Los mexicanos acusados fueron identificados como Pablo Frías, quien cuenta con tarjeta de residente permanente legal en Estados Unidos, y Pilar Bernabeth Méndez Rivas, quien cuenta con tarjeta de cruce fronterizo.
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Una pickup negra, blindada, recuperada como parte de la operación Southbound Takedown. Foto: Oficina de la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas
Los otros nueve acusados fueron identificados como David Monarrez; César David Díaz; Sinuhe Baltizar López; Christopher René Reyes; Ángel Antonio Flores; Aaron Fernando Luna-Evans; Amy Foote; James Dewey Garrett e Hilario Abraham Morales
“A cualquiera que esté pensando en transportar vehículos robados a México: no lo hagan”, dijo Justin R. Simmons, fiscal para el Distrito Oeste de Simmons. “Estas organizaciones que solicitan su ayuda se aprovechan de su deseo de ganar dinero rápido para expandir sus operaciones criminales, las cuales incluyen el tráfico de personas, la extorsión, el tráfico de drogas e incluso el asesinato. Ya están advertidos. Si brindan apoyo a estos cárteles —muchos de los cuales han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras— al transportar vehículos robados desde este país hacia México, los encontraremos y los procesaremos con todo el peso de la ley”, añadió.
“No se trata de delitos contra la propiedad aislados. Los vehículos robados relacionados con la Operación Southbound Takedown muestran un patrón alarmante y se utilizan para respaldar las operaciones cotidianas de peligrosas organizaciones criminales”, afirmó Ryan G. McRae, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI).}
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“El alcance de esta investigación se extiende por todo Estados Unidos y México, y ha sido necesaria la alianza de socios federales, estatales, locales y del sector privado, bajo el paraguas del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, para desarticular una red de robo y transporte de vehículos. Este trabajo sigue en curso; no nos detendremos aquí. Juntos continuaremos protegiendo a los ciudadanos de otras ciudades de Estados Unidos, así como a nuestra comunidad fronteriza, de estas redes criminales tortuosas que amenazan nuestra seguridad y nuestros bienes”, explicó.
Coult W. Markovsky, agente especial interino a cargo de la Oficina Local del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en El Paso, advirtió: “¡A quienes ayudan a los cárteles, la justicia los encontrará!”.
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Víctima del caso $LIBRA apela el sobreseimiento de la causa; exige «que se investigue en serio»
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Buenos Aires.- Un inversor argentino damnificado por el caso $LIBRA apeló el sobreseimiento de los 11 imputados, entre ellos, el presidente argentino, Javier Milei, y su hermana Karina Milei, dictado el viernes pasado por la Justicia del país suramericano.
«Presentamos una apelación al sobreseimiento escandaloso de los Milei y toda la compañía de estafadores», escribió en la red social X el dirigente y abogado Juan Grabois, representante de Juan Patricio Marchetto, uno de los damnificados por el desplome de la criptomoneda.
La causa se inició tras la publicación que Milei hizo el 14 de febrero de 2025 en su cuenta de la red social X, en la que difundió el proyecto «Viva la Libertad Project» y una dirección de criptoactivos para financiar emprendimientos privados argentinos.
El valor de $LIBRA subió con rapidez tras la publicación presidencial y se desplomó horas después, lo que provocó importantes pérdidas a inversores y dio lugar a denuncias judiciales en Argentina y en el extranjero.
En julio de este año, el magistrado apartó a cuatro particulares damnificados que habían sido aceptados como querellantes meses antes, entre ellos, Marchetto, y la decisión después fue ratificada.
En el escrito presentado ante la Justicia este martes, al que accedió EFE, los abogados de Marchetto indican que esa resolución no es firme, puesto que aún está pendiente resolver un recurso de queja.
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«Exigimos que las víctimas puedan volver a participar de la causa y garantizar que se investigue en serio», expresó Grabois en X.
Separación. Facebook creó la libra como una entidad legal separada a través de la Asociación de la Libra. Foto/DADO RUVIC. REUTERS
Los peritajes informáticos realizados en noviembre de 2025 por la Justicia y revelados en marzo pasado por la prensa recuperaron del teléfono de uno de los implicados el borrador de un contrato entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, impulsor de la moneda, por unos cinco millones de dólares.
También mostraron que Milei mantuvo, en paralelo al lanzamiento de $LIBRA, reiteradas conversaciones con Mauricio Novelli, empresario argentino que contactó al mandatario con Davis y uno de los principales implicados en el caso.
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Según el fiscal Eduardo Taiano, quien solicitó el sobreseimiento dictado luego por el juez, “podrá discutirse la conveniencia económica del proyecto, el éxito posterior de la iniciativa o incluso la razonabilidad especulativa de adquirir el token”, pero “nada de ello convierte los hechos en una estafa”.
El inversor Marchetto resaltó en su apelación que «al momento de dictarse el sobreseimiento existían medidas ya ordenadas y todavía en curso, peritajes pendientes de ampliación y personas directamente vinculadas con acontecimientos relevantes que ni siquiera habían sido escuchadas”.
Para descartar otros delitos atribuidos a Milei (abuso de autoridad, violación de sus deberes de funcionario, negociaciones incompatibles con su cargo), el fiscal se apoyó en informes entregados por la Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo.
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Los periodistas que investigaron e informaron durante todo este periodo el caso &LIBRA fueron el pasado viernes blanco de los ataques de Milei, quien los calificó de «corruptos» y «mercenarios», entre otras cosas.
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ss/mcc
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Comisión Electoral israelí rechaza petición del partido de Netanyahu de prorrogar la votación; señala alta participación ciudadana
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Jerusalén. La Comisión Electoral Central de Israel rechazó la petición del partido Likud, liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, de alargar el horario de votación más allá del cierre de las urnas previsto a las 22:00 hora local (14:00 horas en México)
«La elevada participación a nivel nacional, en todos los sectores de la sociedad, refleja un fuerte compromiso de la ciudadanía con el proceso democrático; por tanto, no se ha identificado la necesidad de extender el horario de votación», informó este organismo electoral en un comunicado.
El Likud, el partido del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió esta tarde prorrogar el horario de votación. A la solicitud se sumó Otzma Yehudit (Poder Judío), formación ultraderechista liderada por Itamar Ben Gvir, alegando la elevada afluencia de electores y las largas colas en los colegios electorales.
Ciudadanos israelís hacen fila para votar em la ciudad de Herzliya, cerca de Tel Aviv, Israel. Foto: EFE
La petición se produjo en una jornada electoral en la que la participación alcanzó 66.7% a las 18:00 hora local, la cifra más alta registrada en la historia del país, y 9 puntos superior a la de los comicios de 2022, según la Comisión Electoral Central.
El opositor Yashar!, liderado por Gadi Eisenkot, rechazó la iniciativa del Likud y sostuvo que no se había producido ningún incidente excepcional que justificara una ampliación del horario. En un comunicado, el partido afirmó que la petición buscaba «sentar las bases para cuestionar la integridad de las elecciones» y acusó a Netanyahu de «continuar difundiendo falsedades» durante la jornada electoral.
Los reñidos comicios de este martes son clave para el futuro político del primer ministro, cuyo bloque se enfrenta al opositor encabezado por Eisenkot.
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Si bien un total de 38 partidos concurren, se espera que solo 11 superen el umbral del 3.25% del electorado necesario para obtener representación parlamentaria, en unos comicios con dos bloques muy reñidos que, según las últimas encuestas, no tendrán mayoría para gobernar sin el apoyo de los partidos árabes.
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am/mcc
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Destituyen a jefe de la policía de Guatemala tras asesinato de exfiscal anticorrupción; lo señaló de vínculos con el crimen
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El gobierno de Guatemala destituyó al jefe de la policía y a otro alto funcionario cuestionados tras el asesinato de un exfiscal anticorrupción, anunció el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.
El país centroamericano se estremeció el pasado 17 de octubre con el crimen del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, atacado frente a su hijo en una cancha de fútbol de la capital.
Solórzano, de 43 años, denunciaba nexos entre políticos y pandilleros, y llegó a señalar incluso al saliente director de la policía, David Custodio. El oficial fue despedido junto a su número dos, Esvin Quiché.
El ministro indicó que los cambios en la cúpula policial son parte de una «evaluación» anunciada días después del asesinato del exfiscal.
«Esta decisión forma parte del proceso de evaluación y reestructuración institucional que hemos venido desarrollando con el propósito de fortalecer» a la policía, dijo Villeda en rueda de prensa junto al presidente Bernardo Arévalo.
El exfiscal denunciaba vínculos entre políticos y autoridades con la pandilla Barrio 18, la más poderosa del país, y acusó directamente al destituido director.
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«Es un tipo que está coludido con el crimen organizado, lo digo abiertamente», aseguró Solórzano en un pódcast en agosto pasado, al vincular al entonces jefe policial con la Barrio 18.
El exfiscal indicó entonces que Custodio «facilitó y promovió la fuga» de 20 líderes de esa pandilla de una cárcel de alta seguridad hace un año.
El director de la policía también fue blanco de críticas tras el crimen de Solórzano Foppa. «Yo no confío para nada en la cúpula que actualmente dirige la policía», afirmó el diputado David Illescas, exmiembro del gobernante partido Semilla.
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La policía fue cuestionada en particular por la detención y posterior liberación por «falta de mérito» de dos personas que habían sido involucradas en el caso.
Siete policías son procesados por detención ilegal por supuestamente haber sembrado un arma a los capturados.
El crimen del exfiscal conmocionó al país en medio de un recrudecimiento de la criminalidad y de las tensiones políticas de cara a las elecciones generales de 2027.
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