Patricia Talavera, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), afirma que ocultar las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos abre “una puerta enorme a la corrupción”, un riesgo mayúsculo en un gobierno que ha eliminado instituciones de origen autónomo que garantizaban esos procesos, como el Inai.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Patricia Talavera, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA y, por lo tanto, presidenta del mismo, considera que la eliminación dejó desarmados a los ciudadanos frente a la exigencia de rendición de cuentas con los gobiernos.

“Tenemos a Transparencia para el Pueblo, pero tiene las mismas atribuciones que el Ejecutivo federal, ¿no? ¿En dónde quedan todas esas atribuciones que le daban la autonomía al Inai, que podía justamente tener injerencia en todas estas entidades que no son del Ejecutivo federal?”.

“A mí me parece que es un poco lo mismo de antes: sigue quedando en el poder político la decisión de transparentar o no, de perseguir o no, los actos de corrupción. Este decreto del 4 de agosto trae lo que ya estaba antes, lo que ya viene en la ley, pero sin una institución que lo garantice”, dice.

Sobre la tasa tan baja de resoluciones a quejas y solicitudes de información debidamente sustentadas que han tenido los sujetos obligados a transparentar información en el último sexenio, Patricia Talavera lamenta que lo que antes era una excepción ahora es la regla.

“Digamos que nos deja más oscuras las partes que estaban ya oscuras, o sea, deja a los ciudadanos con más indefensión. Creo que por ello era importante tener al Inai, justamente por sus atribuciones y porque con ellas podíamos, los ciudadanos, solicitar a cualquier institución información, pero hoy estas excepciones se están utilizando como regla y no como una excepción. Estamos viendo el abuso de la excepción”.

Patricia Talavera destaca que los abusos de esas excepciones y las omisiones que los servidores públicos hacen de las leyes que regulan la apertura de información pueden llevar a que se vinculen con procesos penales, además de los administrativos que se sigan de oficio.

“Recordemos que el actuar del servidor público y, especialmente de quienes forman parte de los Comités de Transparencia de las instituciones, pues tienen responsabilidades para actuar y por la omisión de sus actuaciones inclusive pueden ser vinculados de forma penal, de acuerdo con el artículo 7 del Código Penal Federal.

“El artículo dice que cualquier persona puede ser vinculada penalmente por actuar o por no actuar cuando debe de hacerlo.

“Entonces, es importante que si hay abusos, también pudiera ser vinculante este criterio”, señala.

Talavera también considera que hay ciertos vicios en que el personal del Órgano Interno de Control de cada institución reciba el pago por sus servicios de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que forma parte del gobierno federal. No dejan de ser parte de los servidores públicos.

“¿Cómo se va a observar al mismo jefe de uno? ¿Cómo se va a observar al propio titular de unidad, al subsecretario, al titular de cualquier institución si de ahí mismo dependen las decisiones sobre el salario de esos auditores o contralores?.

“Entonces, digamos que de forma jerárquica siguen dependiendo del Ejecutivo federal, lo mismo que la instancia a la que tienen que auditar o a la que tienen que observar o a la que tienen que recomendar o de la que tienen que atender alguna queja.

“Es una línea muy delgada en este actuar de integridad”, comenta Talavera.

Patricia Talavera admite que la complejidad con la que fue creado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) muchas veces ha jugado en contra de la transparencia, en un país donde “la prevención no vende” y tampoco se dan resultados concretos a los casos de corrupción.

“La complejidad que tiene este modelo, en donde un ciudadano —que puede ser el punto más débil del Sistema Nacional Anticorrupción— sin poder y sin autoridad en el Estado preside el mismo sistema, nos ha jugado un poco en contra.

“Nosotros, como ciudadanía, podemos actuar sólo en la parte preventiva, pero ¿cómo vendes la capacitación, la prevención? ¿Cómo dices ‘logré que se mitigaran cinco sobornos, cinco cohechos, o sea, logré que no se llevaran a cabo?’.

“¿En dónde está la foto? No hay foto… porque no se llevaron a cabo y eso no vende”, ejemplifica.

“Sí, la prevención no vende, pero la prevención cambia. Por eso el modelo mexicano apostó por la prevención, porque es la que cambia la mentalidad de las personas, es la que da el ejemplo, cuando alguien te ve hacer lo correcto”, concluye.

En el SNA los ciudadanos presiden siempre el Comité Coordinador, aquel que articula los esfuerzos de todas las dependencias federales para combatir y prevenir la corrupción. A los miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC) los nombra el Senado.

Desde el nombramiento de Rafael Martínez Puón, la Cámara Alta ha faltado en nombrar a los cinco integrantes del CPC que faltan para que los trabajos del Comité Coordinador y, por lo tanto del Sistema Nacional Anticorrupción, continúen como deben.

A pregunta expresa, Patricia Talavera aclara que su nombramiento ante el Senado fue válido y muestra a EL UNIVERSAL el documento original que avala su cargo, el mismo contiene la firma de la mayoría de los integrantes de la comisión que la nombró como integrante del CPC.

Su presidencia terminará en febrero de 2027 y el Senado de la República no ha nombrado a nadie más.

Algunos legisladores han señalado que el Comité de Participación Ciudadana se plagó de corrupción ante las diferencias que se presentaron entre algunos de sus integrantes y, ante una eventual reforma al Sistema Nacional Anticorrupción, han retrasado los demás nombramientos.

Actualmente, el Comité Coordinador del SNA no ha sesionado en todo lo que va del año. Patricia Talavera, en su carácter como presidenta del mismo, ha citado en tres ocasiones, pero las reuniones han sido canceladas por otros integrantes.

“Las veces que los he convocado —los he convocado tres veces—, dos de ellas las canceló el secretario ejecutivo, cuyo nombramiento concluyó ya. Yo convoco a una sesión y él dice: ‘se cancela’. Y la tercera nos canceló una autoridad. Desde enero, el comité no ha podido sesionar”.

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