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Lavado, estafas y crimen organizado: los casos más sonados con criptomonedas en América Latina
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Las criptomonedas ganan popularidad en América Latina, aunque todavía no se utilizan de forma masiva. En su proceso de expansión, se han registrado escándalos vinculados con el uso de estos activos digitales.
En la mayoría de los países de la región, las autoridades han investigado el uso de estos activos digitales en casos de lavado de dinero, fraude, presunta corrupción y financiamiento del crimen organizado. A continuación, un extracto de los principales casos:
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Uno de los casos más icónicos ocurrió en Argentina con la criptomoneda $LIBRA, cuando el presidente Javier Milei promocionó el token en sus redes sociales y lo presentó como una herramienta para financiar a pequeñas empresas argentinas.
Luego del respaldo del presidente, se produjo una compra masiva que disparó rápidamente su precio. Sin embargo, poco tiempo después, el valor de este se desplomó drásticamente, dado que se trataba de una memecoin cuya cotización depende, sobre todo, de la especulación.
Tras las especulaciones sobre una posible vulneración de la cuenta de Milei, el presidente borró la publicación y afirmó que, después de investigar el proyecto, decidió retirarle su apoyo.
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Algunas personas que invirtieron en el criptoactivo perdieron todo su dinero y otras llegaron a ganar millones de dólares. El caso es investigado como una posible criptoestafa con movimientos financieros sospechosos y eventuales implicaciones políticas.
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En México existen antecedentes del uso de criptoactivos por parte de organizaciones criminales para el lavado de dinero y la adquisición de insumos ilícitos.
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Las autoridades mexicanas han identificado que grupos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utilizan activos virtuales para mover ganancias y financiar operaciones de narcotráfico, especialmente relacionadas con el fentanilo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha bloqueado cuentas bancarias y activos de personas y empresas vinculadas a redes de lavado que operan con criptoactivos.
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En Chile, investigaciones señalan que estructuras vinculadas al denominado “brazo financiero” del Tren de Aragua estarían utilizando criptomonedas para ocultar el origen de dinero procedente delcrimen organizado.
En junio de 2025, la Fiscalía solicitó el “congelamiento, cierre e incautación” de las billeteras digitales vinculadas con ese caso. La policía detectó el uso de Binance para convertir estos activos en dinero fiduciario.
Según explicaron investigadores al diario El Mercurio, en 2025, testaferros del grupo realizaban desde sus cuentas “transferencias internas de criptomonedas” que después cambiaban por dinero “fiduciario”, como el “CLP”.
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En Colombia, la falta de una regulación específica ha facilitado el uso de criptoactivos en esquemas investigados por las autoridades judiciales.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Fiscalía General han documentado casos en los que las criptomonedas sirvieron como canal para el lavado de activos provenientes del narcotráfico, la corrupción administrativa y la minería ilegal de oro.
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Las investigaciones también permitieron desarticular redes transnacionales dedicadas al contrabando y a la captación masiva e ilegal de dinero mediante plataformas de inversión falsas que prometían rendimientos fijos mensuales en activos virtuales.
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En Costa Rica, las criptomonedas, especialmente el bitcóin, se han convertido en los últimos años en elmedio de pago exigido por delincuentes en casos de secuestro. Entre los episodios más conocidos figuran los del empresario George Angulo y el de William Sean Creighton.
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El fiscal general, Carlo Díaz, también denunció que se pagó a troles en redes sociales con seis bitcoines para desprestigiarlo y para impulsar una campaña contra la Sala IV tras la declaración de inconstitucionalidad de la “ley jaguar”.
También existen investigaciones que vinculan el uso de criptomonedas con operaciones de lavado de dinero por parte de organizaciones delictivas.
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El uso de criptoactivos en actividades ilícitas en Brasil involucra operaciones de gran escala documentadas en investigaciones de la Policía Federal (PF) y del Ministerio Público.
Una de ellas es la Operación Niflheim, en la que se investigó a grupos que operaban “bancos paralelos” para lavar dinero procedente del narcotráfico y el contrabando, movilizando cerca de 55.000 millones de reales.
Según los informes, el esquema convertía dinero en efectivo en criptoactivos para realizar remesas internacionales. Posteriormente, las autoridades bloquearon 9.000 millones de reales.
Por otra parte, los expedientes de la Operación Kryptos (2021–2025) investigaron un esquema piramidal liderado por Glaidson Acácio dos Santos, el cual reveló movimientos por 3.800 millones de reales incluso después del arresto de su líder. La respuesta estatal incluyó la venta anticipada de activos incautados por la Justicia Federal para mitigar los riesgos derivados de la volatilidad.
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El año pasado, la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público de República Dominicana presentó una acusación formal contra un ciudadano y su empresa por promover supuestas inversiones falsas en criptomonedas entre 2022 y 2023, con las que captó alrededor de $416.189.
Durante ese mismo año, el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país como medidas de coerción a una pareja acusada de estafar a 113 personas por más de $2 millones.
En 2022, una mujer estafó por más de $832.000 a decenas de personas con la promesa de multiplicar sus aportes en el mercado de criptomonedas, utilizando documentos falsos para respaldar un negocio ficticio.
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En Venezuela, uno de los casos más sonados es el Petro, una criptomoneda estatal lanzada en 2018 y respaldada por las reservas petroleras y recursos minerales del país, con un valor inicial de $60.
Esta iniciativa ha sido señalada como un instrumento centralizado y controlado por el gobierno, además de estar vinculada con prácticas opacas y posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos. El Estado mantuvo el control total del sistema a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos.
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PAN lleva caso Taddei a la FGR: Exige investigar contratos y presuntos conflictos de interés en el INE
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El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia contra quien resulte responsable por los supuestos conflictos de interés entre consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y un proveedor de materiales.
Jorge Romero, presidente nacional del PAN, aseguró que este escándalo no puede quedar en la impunidad, sin castigo y únicamente con la renuncia de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, principal señalada por sus presuntos vínculos con José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf.
“Si se comprueban actos de corrupción o de conflicto de interés, que se castigue a quien se tenga que castigar. No puede ser que con una destitución nos quieran hacer creer que ahí mueren las cosas; tenemos que limpiar por completo al Instituto Nacional Electoral”, dijo este martes 27 de octubre a las afueras de las oficinas de la FGR.
Supuestamente, en la denuncia presentada ante las autoridades buscan que se investiguen las revelaciones de diversos trabajos periodísticos que señalan vínculos directos entre Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, quien además aparecía asignado como chofer de la Presidencia del INE, pero habría renunciado a su puesto, según la expresidenta del instituto.
legitimidad del Instituto Nacional Electoral, incluso si se toma en cuenta la dimensión de la votación, con gubernaturas, alcaldías y cargos legislativos en juego.
“No hay manera de entrar a una nueva elección con la más mínima duda de la legitimidad de su autoridad electoral”, señaló.
Mientras tanto, Blanca Cruz fue designada como presidenta interina del INE, mientras la Cámara de Diputados desarrolla el proceso para elegir a la siguiente persona que asuma la Presidencia, lo que podría tomar entre tres y cuatro semanas.
A la par, se rumora la salida de otros altos directivos del INE, quienes también aparecieron en festejos con José Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei. Sin embargo, no está claro si todos operaron para beneficiar a algunas empresas.
Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), anunció que los contratos del Instituto permanecen ‘en pausa’ mientras se realiza la revisión del estatus de cada uno.
“La aceptación de contratos está detenida y se revisarán cuáles están en curso, para firma o iniciados”, dijo la consejera en conferencia de prensa este martes 27 de octubre.
Se trata de la primera decisión de la consejera presidenta interina para frenar la entrega de contratos actuales y revisar los que están en activo, así como los perfiles de los trabajadores impuestos por Guadalupe Taddei.
“La revisión será en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación. No se trata de anticipar responsabilidades ni emitir juicios, sino de garantizar que cualquier posible irregularidad sea investigada con rigor”, agregó.
contrataciones de material electoral porque están en vías de aprobarse los modelos de material y documentación electoral”, agregó.
Así se blindará el INE ante irregularidades en los contratos rumbo a elecciones 2027
La consejera Carla Humphrey adelantó la forma en la que el INE se blindará a través de la instalación de controles relacionados con los contratos con proveedores.
“Debe haber un antes y un después porque nunca habíamos enfrentado una crisis tan grave que llevara a la renuncia de la presidenta del organismo por presuntos actos de corrupción”, agregó.
Humphrey apostó para que haya trazabilidad en la información y contratos relacionados con las adquisiciones.
“Debería haber más licitaciones y menos adjudicaciones directas, por supuesto, es necesario hacer investigaciones”, es la apuesta de Carla Humphrey sobre los contratos del INE y la eliminación de temas relacionados con corrupción.
Blanca Cruz ‘tranquiliza’ a los mexicanos pese a crisis en el INE
Ante la crisis del INE rumbo al proceso electoral 2027, la consejera presidenta, Blanca Cruz, garantizó que habrá una transición transparente y con legalidad.
“Las próximas elecciones se realizarán con transparencia en estricto apego a la legalidad; el INE está de pie, trabajando y plenamente preparado para cumplir con su responsabilidad constitucional”, agregó la presidenta interina.
Cruz agregó que el Instituto no fue concebido para depender de una sola voluntad, de responsabilidad individual, ni debe estar por encima de la institución.
“La autonomía del INE no significa ausencia de controles, exige responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas”, puntualizó.
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Inicia ‘purga’ de funcionarios en el INE: ‘Hubo 3 renuncias concretas y no se descartan más’
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La recién nombrada presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García, informó este martes que al menos tres funcionarios presentaron su renuncia y anunció que comenzará una etapa de renovación de cargos de decisión dentro del organismo.
En conferencia de prensa, Cruz García señaló que el colegiado acordó revisar el desempeño de quienes ocupan puestos de toma de decisiones, con el objetivo de evaluar el funcionamiento institucional.
Este anuncio se da tras la renuncia de la presidenta consejera. Guadalupe Taddei Zavala, luego de ser señalada de presunto conflicto de interés.
¿Qué funcionarios renunciaron en el INE?
Las renuncias corresponden al titular de la UTSI, a la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; y a la persona que ocupaba el puesto de Recursos Materiales en la Dirección Ejecutiva de Administración.
contribuir con investigaciones sobre posibles conductas indebidas de funcionarios señalados, incluidos quienes aún permanezcan en el organismo.
INE y ASF: Revisión de posibles irregularidades
La revisión, indicó Cruz García, deberá realizarse en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dentro de las competencias legales de cada instancia. Aclaró que el objetivo no es anticipar responsabilidades ni emitir juicios, sino garantizar que las posibles irregularidades se investiguen con rigor, independencia y respeto al debido proceso.
“Se trata de garantizar que cualquier posible irregularidad sea investigada con rigor, independencia y respeto al debido proceso. La autonomía del INE no significa ausencia de controles; exige, sí, responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas”, dijo.
Además, planteó recuperar la colegialidad como eje de la conducción institucional, de modo que las decisiones se tomen desde un Consejo General plural y no dependan de una sola persona.
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