El gobierno de Guatemala destituyó al jefe de la policía y a otro alto funcionario cuestionados tras el asesinato de un exfiscal anticorrupción, anunció el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

El país centroamericano se estremeció el pasado 17 de octubre con el crimen del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, atacado frente a su hijo en una cancha de fútbol de la capital.

Solórzano, de 43 años, denunciaba nexos entre políticos y pandilleros, y llegó a señalar incluso al saliente director de la policía, David Custodio. El oficial fue despedido junto a su número dos, Esvin Quiché.

El ministro indicó que los cambios en la cúpula policial son parte de una «evaluación» anunciada días después del asesinato del exfiscal.

«Esta decisión forma parte del proceso de evaluación y reestructuración institucional que hemos venido desarrollando con el propósito de fortalecer» a la policía, dijo Villeda en rueda de prensa junto al presidente Bernardo Arévalo.

El exfiscal denunciaba vínculos entre políticos y autoridades con la pandilla Barrio 18, la más poderosa del país, y acusó directamente al destituido director.

«Es un tipo que está coludido con el crimen organizado, lo digo abiertamente», aseguró Solórzano en un pódcast en agosto pasado, al vincular al entonces jefe policial con la Barrio 18.

El exfiscal indicó entonces que Custodio «facilitó y promovió la fuga» de 20 líderes de esa pandilla de una cárcel de alta seguridad hace un año.

El director de la policía también fue blanco de críticas tras el crimen de Solórzano Foppa. «Yo no confío para nada en la cúpula que actualmente dirige la policía», afirmó el diputado David Illescas, exmiembro del gobernante partido Semilla.

La policía fue cuestionada en particular por la detención y posterior liberación por «falta de mérito» de dos personas que habían sido involucradas en el caso.

Siete policías son procesados por detención ilegal por supuestamente haber sembrado un arma a los capturados.

El crimen del exfiscal conmocionó al país en medio de un recrudecimiento de la criminalidad y de las tensiones políticas de cara a las elecciones generales de 2027.

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que emprenderá acciones legales contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por presuntas irregularidades electorales, daño moral, calumnias y violencia política de género, luego de las declaraciones que realizó la mandataria estatal durante una serie de entrevistas en medios nacionales.

En conferencia de prensa, Montiel informó que Morena acompañará la denuncia electoral presentada por Cruz Pérez Cuéllar, a quien identificó como coordinador del movimiento en Chihuahua, al considerar que la gobernadora ha intervenido indebidamente en la contienda política al promover públicamente a un aspirante de su partido.

“Vamos a apoyar a nuestro coordinador, al compañero Cruz Pérez Cuéllar, la denuncia electoral que presentó, porque, como ustedes han visto, la gobernadora está instalada en jefa de campaña”, afirmó.

¿Por qué Morena denunciará a Maru Campos?

La dirigente morenista sostuvo que Campos Galván ha realizado declaraciones en las que anticipa el triunfo del PAN y manifiesta su intención de impedir que Morena llegue al gobierno estatal, lo que, a su juicio, podría constituir una violación a la legislación electoral.

señalamientos que Campos Galván realizó en su contra durante entrevistas con medios de comunicación.

“Por otro lado, presentaremos una denuncia por daño moral y por calumnias, por violencia política de género y una serie de elementos adicionales”, expresó.

Explicó que los procedimientos serán atendidos por representantes jurídicos y que evitará continuar la confrontación pública mientras las autoridades competentes resuelven las denuncias.

“Hasta que la autoridad responsable emita su resolutivo, sus sentencias, hablaremos nuevamente del tema”, indicó.

Montiel señala crisis política al interior del PAN

La presidenta de Morena atribuyó la reciente gira de medios de Campos Galván a una crisis política interna del PAN en Chihuahua, relacionada con la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno y las diferencias sobre las candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

Según Montiel, sectores del panismo consideran que la actuación de la gobernadora contra su exfiscal tuvo motivaciones políticas para impedir su participación como aspirante a la alcaldía de Chihuahua.

Como parte de sus argumentos, citó una carta difundida por Jáuregui, en la que el exfuncionario cuestionó el uso de las instituciones de procuración de justicia con fines electorales.

“Usar fiscalías y titulares para sacar de la contienda a un aspirante es un abuso, venga de donde venga”, leyó Montiel durante la conferencia.

La dirigente sostuvo que Campos Galván tenía conocimiento desde meses atrás de la presunta participación de agentes extranjeros en un operativo realizado en territorio mexicano, pero que no presentó oportunamente una denuncia.

También recordó que, durante una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora habría señalado a Jáuregui como responsable de autorizar la intervención de agentes extranjeros y lo habría relacionado con presuntos actos de corrupción.

Montiel cuestionó que la mandataria estatal hiciera pública esa conversación y posteriormente utilizara las entrevistas para formular acusaciones contra Morena.

“A todas luces lo que ha querido hacer es venir a lavarse la cara de la crisis del PAN, señalando a Morena, a la presidenta, a nosotros, de acciones que nunca han ocurrido ni ocurrirán”, sostuvo.

En otro momento de la conferencia, Montiel rechazó los señalamientos publicados por el periodista Héctor de Mauleón en una columna de El Universal, en la que se hizo referencia a una supuesta reunión entre la dirigente morenista y una persona vinculada con actividades delictivas.

Para responder a esas versiones, presentó una carta aclaratoria del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, cuyo contenido, según leyó, establece que no existe información oficial que confirme la existencia o autenticidad del supuesto reporte de inteligencia federal mencionado por el columnista, ni elementos oficiales que acrediten los acuerdos señalados.

“Es falso que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad hayan confirmado la información difundida en dicha columna”, citó del documento.

Montiel rechazó categóricamente cualquier relación con personas dedicadas a actividades ilícitas y exigió una disculpa pública tanto al periodista como al periódico.

“Le pido y le exijo al periódico El Universal y al columnista Héctor de Mauleón que ofrezcan las disculpas necesarias”, manifestó.

La dirigente reiteró que los señalamientos en su contra carecen de sustento y sostuvo que no permitirá que se utilicen acusaciones que considera falsas como parte de una confrontación política.

Finalmente, afirmó que Morena continuará con sus actividades de organización territorial en Chihuahua y que las diferencias con la gobernadora deberán resolverse por las vías institucionales.

“Lo que no podemos permitir es que la estrategia de la derecha se funde en la mentira”, concluyó.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó que será esta última semana de octubre cuando viaje a Sinaloa para conocer el terreno dónde se construirá una nueva prisión, luego de confirmar que se hará un nuevo penal en días pasados.

En una publicación en la red social X, Harfuch explicó que la agenda de visitas al estado del norte del país se da luego de que lo instruyera la presidenta Claudia Sheinbaum.

Agregó que a Sinaloa también viajarán Ricardo Trevilla Trejo, al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina.

“El secretario de la Defensa Nacional asistirá hoy; las Secretarías de Seguridad y Marina realizarán sus respectivas visitas en diferentes días de la semana”, aseguró Harfuch.

Sinaloa son:

• Supervisar los despliegues de seguridad.
• Conocer de primera mano las necesidades de la policía estatal y la policía municipal de Culiacán y Mazatlán.
• Revisar el funcionamiento del C4.

“Las visitas forman parte de una estrategia única, con objetivos compartidos y coordinación constante entre las instituciones federales y las autoridades estatales y municipales”, finalizó Harfuch.

¿Qué se sabe de la nueva prisión que se construirá en Sinaloa?

Luego de que se registrara una balacera en el penal de El Castillo, en Mazatlán, donde falleció un bebé de dos años y nueve personas, el funcionario informó que se construirá una nueva cárcel en el estado, como solución a la sobrepoblación en las cárceles.

“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa”, escribió García Harfuch.

El funcionario público aseguró que será un penal moderno y seguro. La ubicación exacta no se reveló hasta el momento, pero Omar García agradeció a Graciela Domínguez, gobernadora interina, por “aportar los terrenos necesarios”.

Un diagnóstico de 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos calificó a El Castillo con 5.25 sobre 10 y detectó insuficiencia de custodios, actividades ilícitas y carencias en la prevención de incidentes violentos.