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Tres de cada diez aspirantes de la 4T a gubernaturas deja vacíos sobre su patrimonio; 111 funcionarios buscan candidaturas

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Tres de cada diez aspirantes de la 4T a gubernaturas deja vacíos sobre su patrimonio; 111 funcionarios buscan candidaturas

Uno de cada tres funcionarios o exfuncionarios que buscan una candidatura de la 4T para las elecciones de 2027 carecen de un patrimonio verificable. A finales de junio, Morena realizó el registro presencial de aspirantes para encabezar las “coordinaciones estatales de defensa de la transformación y la soberanía nacional”, figura que en los hechos representa la candidatura de la coalición oficialista para las elecciones de gubernaturas en 17 estados el próximo año.

EL UNIVERSAL analizó la trayectoria y las declaraciones patrimoniales de 111 aspirantes con antecedentes en el servicio público cuya identidad pudo verificarse. De ellos, 38 no tienen un registro patrimonial verificable, ya sea porque no se encuentran disponibles sus declaraciones patrimoniales, porque en ellas reportaron no tener bienes a su nombre o porque optaron por no hacer pública esa información.

En total, Morena informó que 277 personas se inscribieron al proceso, tanto de manera presencial como en línea. Sin embargo, el partido no difundió la lista completa de aspirantes, por lo que únicamente fue posible identificar y revisar la información relativa a 120 participantes, la mayoría funcionarios en activo o ex funcionarios.

Actualmente, la Comisión Nacional de Elecciones del Partido revisa las inscripciones y aplica filtros para descartar perfiles ligados a nepotismo, antecedentes de corrupción, violencia política en contra de mujeres, deudores alimentarios, entre otros. Una vez hecha la revisión, sólo quedarán un máximo de 6 aspirantes por estado que aparecerán en las encuestas cuyo resultado definirá a las coordinadoras y coordinadores de defensa de la transformación.

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De entre 111 aspirantes con trayectoria en el servicio público, 73 tienen disponible su declaración patrimonial para consulta pública, 24 no registraron ningún bien inmueble o mueble en su declaración, en 10 casos no se localizó ninguna declaración patrimonial disponible y cuatro no aceptaron hacer pública su información patrimonial.

En algunos de los casos existen antecedentes de presuntas irregularidades vinculadas al patrimonio de quienes hoy buscan una gubernatura. Tal es el caso de la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Jiménez, de quien este diario no halló declaraciones patrimoniales accesibles de manera pública.

En septiembre de 2024 el diario Reforma reveló que Caballero posee una casa ubicada en Playas de Tijuana con un valor de 16 millones de pesos. En julio de 2025, la exalcaldesa compareció ante la Sindicatura Municipal por supuestas omisiones en su declaración patrimonial vinculadas a información de su esposo. En entrevista con medios locales, rechazó haber acudido a comparecer a causa de omisiones relacionadas a su vivienda.

Tres meses después, en octubre, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que Monserrat Caballero estaba siendo investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La exalcaldesa ha negado estar ligada a grupos criminales e incluso aseguró que su nombre figura en carpetas de la FGR como “víctima”, según reportó Semanario ZETA en julio de este año.

Otro caso es el de Abelina López Rodríguez, alcaldesa con licencia de Acapulco, quien en 2025 fue señalada por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero debido al manejo irregular de 898 millones de pesos durante su gestión. El órgano auditor señaló entonces la falta de transparencia y comprobantes del uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).

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Ante la falta de respuestas de parte de la alcaldesa a la petición de comprobantes del ejercicio del dinero federal, se interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía estatal y el ayuntamiento de Acapulco promovió una controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara si el órgano fiscalizador estatal podía fiscalizar los recursos del FAISMUN. El pasado 26 de junio la SCJN anuló la auditoría.

Durante su gestión como alcaldesa, López Rodríguez no ha aceptado hacer pública la información de sus declaraciones patrimoniales y de intereses. Aunque sí la presentó cuando fue diputada federal hasta 2021.

Otro caso es el de José María Tapia Franco, quien fue candidato de la coalición Morena-PT-PVEM a la alcaldía de Querétaro en 2024, senador del PRI entre 2015 y 2018 y extitular del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

En su última declaración patrimonial de conclusión disponible, correspondiente al año 2016, el funcionario señaló no estar de acuerdo en hacer públicos sus datos patrimoniales ni posibles conflictos de interés.

Tapia Franco ha sido objeto de investigaciones periodísticas y oficiales vinculadas a su patrimonio y su gestión en el Fonden. En 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional adjudicó un contrato a su empresa Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres, S.A. de C.V. por 52.6 millones de euros para la adquisición de ventiladores mecánicos durante la pandemia de COVID-19.

En 2024, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportó que el exfuncionario adquirió un departamento de más de 6.5 millones de dólares en una zona exclusiva de Miami. El medio identificó un despunte en sus ingresos posterior al periodo en que recibió el contrato por parte de las fuerzas armadas.

EL UNIVERSAL consultó a la excomisionada del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Julieta del Río Venegas, quien afirmó que todos los servidores públicos, desde regidores hasta gobernadores, están obligados a hacer públicas las versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales. “La Ley General de Transparencia aplica para todos”, sostuvo.

Explicó que la única información que debe testarse son los datos personales cuya difusión afecte la vida privada de los servidores públicos, como domicilios, números de cuenta bancarios y otros datos sensibles. Agregó que las legislaciones locales no pueden establecer excepciones que impidan hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses.

De entre los 120 perfiles analizados, este diario identificó al menos 17 aspirantes a las candidaturas que han enfrentado investigaciones, denuncias o señalamientos de corrupción, enriquecimiento ilícito y campañas adelantadas.

Tal es el caso de Gerardo Octavio Vargas Landeros, expresidente municipal de Ahome, Sinaloa, de 2024 a 2025, quien dejó el cargo luego de señalamientos por acusaciones de corrupción.

En abril de 2025 la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado luego de acreditar que el ayuntamiento de Ahome, encabezado por Vargas Landeros, celebró un contrato de arrendamiento para rentar 126 patrullas por un monto de 171 millones de pesos sin licitación y bajo el argumento de haberse tratado de una operación de emergencia.

En una entrevista con el medio Línea Directa, del pasado 13 de julio, el aspirante a la candidatura de Sinaloa aseguró que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito le otorgó un amparo contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por una de las tres carpetas abiertas en su contra ante la Fiscalía General del Estado.

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De acuerdo con contratos revisados por EL UNIVERSAL, la empresa K-PARTNERS S. A. P. I. DE C. V., que comparte dirección fiscal con Grinleasing S.A.P.I. de C.V., empresa que arrendó patrullas al gobierno de Ahome, ha mantenido contratos con el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y la Secretaría de Economía federal entre 2024 y 2026 por un monto de 3 millones 804 mil 528 pesos.

Las senadoras y aspirantes a una candidatura, Verónica Díaz Robles y Andrea Chávez Treviño, también han protagonizado controversias. En 2022, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportó que una empresa gasolinera en la que es socia Catalina Monreal, hija del senador Ricardo Monreal, recibió contratos por más de 3.2 millones de pesos de la Delegación en Zacatecas de la Secretaría del Bienestar, cuya titular era Díaz Robles.

Por su parte, Andrea Chávez Treviño ha sido señalada de realizar actos anticipados de campaña, por brigadas de la salud en donde hubo uso de unidades médicas con la imagen de la legisladora, además del uso y reparto de artículos promocionales para, según los señalamientos de legisladores de la oposición y críticos, promover su imagen a la candidatura fuera de los tiempos legales.

Ante ello, el pasado 24 de enero, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, confirmó medidas cautelares en contra de la senadora con licencia Andrea Chávez interpuestas por el Instituto Estatal Electoral (IEE) por, oficialmente, actos anticipados de campaña. Las medidas incluyeron el retiro de su nombre, imagen y cargo de ambulancias, unidades médicas y un consultorio en Guadalupe y Calvo, así como la suspensión de propaganda con su imagen.

Otro caso similar es el del diputado local de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien fue denunciado por el presidente de la Asociación de Agrónomos Democráticos de Guerrero en 2020 ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade) debido a presunta corrupción y utilización del programa social Sembrando Vida para promoverse como candidato a gobernador.

Cinco funcionarios públicos que aspiran a una candidatura registraron ingresos extra a su sueldo superiores a un millón de pesos durante un año, ya sea por participación en empresas, asesorías, rentas o inversiones financieras.

En el caso de Carlos Alberto Puentes Salas, diputado federal de Zacatecas por segundo periodo consecutivo (2018-2026), en las declaraciones patrimoniales encontradas y consultadas el legislador declaró percibir, además de una remuneración neta por su cargo de 1 millón 89 mil 343 pesos para el ejercicio fiscal de 2023, un ingreso extra por arrendamiento de 1 millón 747 mil 722 pesos anuales.

Puente Salas también declaró ser propietario de dos propiedades, una casa adquirida en 2013 y un departamento con fecha de adquisición de noviembre de 2020, con un valor reportado de 11 millones de pesos que, de acuerdo con su declaración, fueron pagados en una sola exhibición.

Jesús Alejandro Ruíz Uribe, exdirector general en la Delegación de Programas para el Desarrollo de Baja California, reportó en su declaración patrimonial de 2025 ingresos extra a su remuneración como servidor público, por 2 millones 940 mil pesos por actividad industrial, comercial o empresarial.

Dichos ingresos, de acuerdo con el documento, provienen del Centro Baja Californiano De Educacion Superior, el Centro De Educacion Superior Del Mart De Cortez y el Centro De Estudios Superiores De Baja California.

Además, manifestó ser propietario de cuatro inmuebles: tres casas, una de 350 mil pesos comprada en 2004 y dos adquiridas por donación en 2007 y 2018. También es dueño de un terreno adquirido en 2007 por 2 millones 997 mil 685 pesos. Participa en ocho empresas, aunque declaró percibir ingresos sólo por tres de ellas.

EL UNIVERSAL continuará revisando los perfiles de aspirantes a candidaturas de la 4T y otros partidos para incluirlos en un interactivo web disponible en el portal del Gran Diario de México.

Metodología: Se revisaron las últimas declaraciones patrimoniales de conclusión o inicio de los aspirantes con trayectoria en el servicio público. La información se consultó en fuentes abiertas como la Plataforma Nacional de Transparencia, Declaranet, Plataforma Digital Nacional, repositorios digitales de gobiernos locales e investigación con búsqueda avanzada en el buscador de Google.

Se consideraron vacíos patrimoniales cuando no había declaraciones accesibles, el funcionario no aceptó hacer públicos sus datos o no registró bienes a su nombre tras una trayectoria de más de tres años en el servicio público.

Investigación: Julieta Cruz, Emanuel Pardo, Joyce Castillo y Paola Ramírez

Edición: Fernando González

Diseño web: Miguel Ángel Garnica

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INE registra 15 renuncias de cercanos a Taddei

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INE registra 15 renuncias de cercanos a Taddei

El Instituto Nacional Electoral (INE) ya registra 15 bajas de personal de confianza cercano a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y se esperan más en los próximos días. Las renuncias se dieron todas en el primer día de Blanca Cruz García como presidenta interina del organismo.

En un encuentro con medios, Cruz García dijo que los 10 consejeros en activo evaluarán la pertinencia de que Roberto Félix, el secretario Ejecutivo cercano a Taddei, también deje el instituto. Por el momento, se mantendrá en el cargo.

“Esa revisión es necesaria, se tiene que hacer de todos los perfiles, insisto, de los que forman parte de la Junta General Ejecutiva y de aquellos que, aunque no forman la parte de la Junta, sí forman parte de titularidades en unidades técnicas, incluso, en coordinaciones, o sea que tienen un nivel directivo. Todos los perfiles deben ser revisados, todas las posiciones deben ser revisadas, es un acuerdo que tenemos las y los 10 consejeros”, dijo Cruz.

De estas 15 renuncias, tres fueron las de Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática, y Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios, quienes además participaban en las reuniones con el empresario ligado a Taddei, Alfredo Hernández Casillas.

Otras 12 se presentaron la noche del martes y ella fue notificada apenas terminando la sesión del Consejo General donde rindió protesta como consejera presidenta.

La consejera presidenta también dijo que, en la mesa de consejeros, están delineando las posibilidades que tienen de dar vista a alguna instancia como el Órgano Interno de Control u otra responsable de revisar las irregularidades que lleguen a encontrar en la gestión de Taddei.

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Detalló que ellos, como consejeros, no pueden iniciar una investigación contra la gestión de Taddei, pero si encuentran algo relevante pueden dar vista a alguna instancia que sí se encargue de ello.

“Lo que estamos analizando (…) es un delineado de acciones que tenemos que hacer. No sólo ese delineado de cómo atendemos la revisión de los expedientes, cómo atendemos la colaboración con el OIC, con la Auditoría Superior de la Federación, sino también analizar si tenemos que dar algunas vistas de manera preventiva.

“Nosotros no somos autoridad fiscalizadora. Lo que sí podemos realizar, de manera preventiva, es avisar: ‘Yo te pongo de conocimiento que tenemos tal cual situación y que se deslinden responsabilidades’, que se está analizando. Puede ser ante el Órgano Interno de Control o ante la Auditoría Superior de la Federación”, dijo.

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Este miércoles, el Consejo General del INE tomó protesta a Blanca Cruz García como consejera presidenta del organismo, en un periodo provisional para continuar con los trabajos del Proceso Electoral Federal 2026-2027, ante la renuncia de Taddei.

En su primer mensaje, Cruz García ofreció abrir el organismo a las investigaciones pendientes por el escándalo de los contratos a modo a proveedores cercanos a la extitular del organismo electoral.

“Ninguna autoridad competente debe encontrar obstáculos en el Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus atribuciones, desde esta presidencia provisional instruimos a todas las áreas competentes a proporcionar documentación, información y a colaborar para que se hagan las investigaciones”, dijo.

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Además, garantizó que durante su presidencia interina el Órgano Interno de Control “contará con plena autonomía” para cumplir con sus facultades y coordinarse libremente con la Auditoría Superior de la Federación.

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Informe y gira por 32 estados marcan agenda de la Presidenta

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Informe y gira por 32 estados marcan agenda de la Presidenta

El Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum y la gira por los 32 estados marcaron septiembre. Presentado en Palacio Nacional y entregado al Congreso, el informe puso en primer plano seguridad, economía y programas sociales. Los recorridos y el cierre en el Zócalo, el 27 de septiembre, mantuvieron esos asuntos en la agenda.

La estrategia convirtió un acto institucional en una agenda de varias semanas. En sus visitas, la Presidenta retomó los compromisos del informe y los vinculó con asuntos locales. La continuidad dio coherencia al mensaje y elevó la exigencia de demostrar avances verificables.

La seguridad fue uno de los temas centrales. Sheinbaum informó una reducción de 53% en el promedio diario de homicidios dolosos desde septiembre de 2024. También se presentaron estrategias de pacificación en Zacatecas y Chiapas, así como una disminución de 73% en homicidios en Guanajuato. Los balances de detenciones y decomisos completaron el mensaje. El reto es sostener estos indicadores y que la mejora se refleje en la vida cotidiana: la seguridad en cada comunidad y la respuesta a las víctimas también cuentan.

El Grito, el desfile cívico-militar, la conmemoración de los Niños Héroes y los aniversarios de los sismos combinaron memoria, identidad y presencia presidencial. Estos actos ofrecieron una narrativa común y reforzaron la relación entre el gobierno y la ciudadanía.

La agenda también incluyó asuntos de largo plazo. El gobierno informó sobre los avances de los trenes de pasajeros y presentó el Paquete Económico de 2027 sin nuevos impuestos ni aumentos a las gasolinas. La visita de Estado del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, concluyó con la firma de 17 acuerdos. Las iniciativas plantean una exigencia común: explicar sus costos, plazos y beneficios, y rendir cuentas sobre su cumplimiento.

El frente más delicado fue la relación con Estados Unidos. En la Asamblea General de la ONU, Donald Trump criticó a México por los cárteles y reconoció a Sheinbaum. La Presidenta respondió y decidió no asistir a la reunión en Nueva York. Días antes, había acusado a Washington de intentar dividir a su gabinete de seguridad después de declaraciones de la DEA sobre Omar García Harfuch. A esto se sumó el reporte de The New York Times sobre una posible investigación en Estados Unidos a Andrés Manuel López Beltrán, asunto sobre el que Sheinbaum dijo no tener conocimiento.

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Estos episodios se produjeron mientras la negociación comercial seguía abierta y sin un acuerdo final. La relación bilateral exige manejar la presión pública, la cooperación en seguridad y la defensa de los intereses económicos de México. El desafío es sostener la posición mexicana en la negociación y evitar que las diferencias con Washington desplacen otros asuntos prioritarios.

Otros temas exigieron atención: la caída de México en la prueba PISA y la respuesta de la Presidenta; la petición del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna de documentos de la Marina para su defensa y el ataque contra Elvis Guerra, diseñador del vestido de Sheinbaum, después de denunciar amenazas. En salud, trabajadores protestaron por falta de insumos en Tabasco y Veracruz, mientras el gobierno reconoció problemas tras la muerte de recién nacidos en el IMSS Durango. Estos casos muestran que la agenda también la determinan las fallas, las demandas y las crisis que requieren respuestas concretas.

Sheinbaum buscó ordenar la conversación alrededor del Informe, la seguridad y las conmemoraciones nacionales.

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El siguiente paso es convertir esa agenda en resultados y atender los problemas que no se resuelven con anuncios. Cuando pase el impulso de las fechas cívicas, la negociación con Estados Unidos, la seguridad y el cumplimiento de los compromisos serán la medida más exigente del gobierno.

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Firmas de clan Taddei fingían competencia

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Firmas de clan Taddei fingían competencia

Empresas consentidas por el clan de la exconsejera presidenta del INE acusadas de recibir presuntos contratos irregulares compartían la misma dirección fiscal y cambiaban con frecuencia de domicilios y de representantes legales.

En una revisión hecha por EL UNIVERSAL a diversos contratos millonarios obtenidos por estas empresas, se detectó que estaban coludidas para simular que competían en licitaciones de contratos millonarios por parte del INE y de diversos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan a un conglomerado de empresas que recibieron contratos por más de mil millones de pesos por parte del INE y de OPLE.

Las indagatorias documentan que la relación de este grupo corporativo —liderado por el empresario José Alfredo Hernández Casillas y su hermano Raymundo Francisco Hernández Casillas— con la exconsejera presidenta del INE se remonta a 2014, cuando Taddei era titular del instituto electoral de Sonora (2014-2021).

Se trata de Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Seriplast de México, Diseño, Reconstrucción y Comunicación; Formas Finas Fernando Fernández, Comercializadora Grupo Selati y Comercializadora JVLY.

En 2024 el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco hizo una visita de inspección a las empresas.

En 2024 el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco hizo una visita de inspección a las empresas.

En una visita hecha por EL UNIVERSAL a las direcciones de Cajas Graf y Corporativo Zeg, ubicadas en la colonia Xalostoc, Estado de México, se halló que sólo dos cuadras las separan una de la otra.

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Cajas Graf se encuentra en Luis G. Sada 71, Viveros Xalostoc, Ecatepec, Estado de México, mientras que Corporativo Zeg se encuentra dos calles antes, en Escape 76.

Un trabajador de Cajas Graf confirmó que esa empresa hacía trabajos de Corporativo Zeg y viceversa.

“Está aquí adelante, a dos cuadras. Ahí están las oficinas de la otra empresa a la que le hacemos trabajo y ellos a nosotros”, dijo.

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Al visitar Corporativo Zeg nadie abrió las puertas, pero se pudo observar trabajadores laborando.

Frente a sus instalaciones se halló un recibo telefónico que confirmaba que esta empresa tenía registrada esa dirección.

La compañía Cajas Graf se encuentra ubicada en la calle de Luis G. Sada 71,
colonia Viveros Xalostoc, en Ecatepec, Estado de México. Foto: Fernanda Rojas

La compañía Cajas Graf se encuentra ubicada en la calle de Luis G. Sada 71,
colonia Viveros Xalostoc, en Ecatepec, Estado de México. Foto: Fernanda Rojas

Pero eso no es todo: en al menos cinco años Cajas Graf ha registrado cuatro direcciones fiscales diferentes. Por ejemplo, en 2021 esta empresa indicó como domicilio fiscal la dirección de Manuel José Othón 278, Tránsito Clavijero, Cuauhtémoc, en la CDMX, y Calle Petén 555, colonia Letrán Valle, alcaldía Benito Juárez.

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Ese año la empresa señalaba que su apoderada legal era Daniela Riquelme Gutiérrez.

En 2022, Cajas Graf indicó en contratos firmados ante organismos electorales estatales que su dirección fiscal estaba ubicada en la calle Fuente de la Luna 131, Fuentes del Pedregal, en Tlalpan. En ese año la empresa tenía como su apoderado legal a Raymundo Francisco Hernández.

En 2024, la empresa también registró Luis G. Sada 71, Viveros Xalostoc, Ecatepec, Estado de México como su dirección.

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El año pasado, Cajas Graf reportó en diversos contratos como domicilio fiscal la calle Cerro de las Campanas 3, Pirules, Tlalnepantla, Estado de México, y como operadores legales aparecían Fabiola Araceli Rocha Pérez y David Roa Estrada.

Mientras, Corporativo Zeg ha reportado como domicilio fiscal la calle Campeche 315, colonia Hipódromo Condesa, en Cuauhtémoc, pero en otras licitaciones de este año aparece con la dirección de Escape 76, colonia Xalostoc, Ecatepec.

En esta revisión hecha a los contratos destaca la visita que hizo en febrero de 2024 el personal del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC Jalisco) a las instalaciones de Cajas Graf, Corporativos Zeg y Formas Finas Fernando Fernández (tres de las empresas de esta red que operaban los hermanos Hernández Casillas), que simulaban competir para obtener un contrato de más de 102 millones de pesos.

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En la licitación LPN-E-04-2024 se detalla que el 26 y 27 de febrero de 2024 funcionarios del Instituto Electoral de Jalisco acudieron a las sedes de estas empresas para revisar sus instalaciones.

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“El 26 y 27 de febrero de 2024, personal que labora en la Dirección de Organización Electoral de este instituto nos presentamos en las instalaciones que ocupan las empresas de material electoral Cajas Graf, S.A. de C.V., Corporativo Zeg y Formas Finas Fernando Fernández S.A. de C.V.”.

Finalmente, se indica, en el fallo de la licitación Cajas Graf recibió el contrato por un total de 102 millones 160 mil 915.80 pesos.

Esta casa editorial también encontró que Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., otra de las empresas señaladas, reportó de 2018 a 2024 al menos cuatro domicilios fiscales distintos e igual número de representantes legales.

En 2018, esta empresa indicó que tenía su domicilio fiscal en Avenida Insurgentes Sur 2388, colonia San Ángel Inn, en el sur de la Ciudad de México.

Tres años después, en 2021, Formas Finas y Materiales aseguró tener su domicilio en Avenida Santa Fe 170, en la alcaldía Álvaro Obregón, pero ese mismo año cambió de nuevo su dirección a Año de Juaréz 223, colonia Granjas San Antonio, en Iztapalapa.

Para el año 2022, la dirección fiscal nuevamente cambió a Bosques de Radiata 22, piso 7, en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México.

Esta última dirección de Formas Finas y Materiales es la misma que reportó como suya la empresa Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., otra de las señaladas de presuntas prácticas ilegales.

Por ejemplo, esta fue la dirección que esta empresa reportó en el contrato INE/011/2024 por el cual recibió 63.2 millones de pesos por el servicio de impresión, producción y distribución de materiales de simulacro para la capacitación electoral en el Proceso Electoral 2023-2024.

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