El Senado retornará a la Cámara de Diputados la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), luego de aprobar una reserva que exenta a la producción automotriz de la limitación de deducciones aplicable a empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos.

Durante la votación del martes 27 de octubre en el pleno, también fueron aprobadas la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos.

Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, presentó la reserva para modificar el artículo 78E. Argumentó que la equidad tributaria no obliga a tratar de la misma manera actividades económicamente distintas.

La propuesta busca establecer una modificación para otorgar claridad y certeza para mitigar impactos para el sector automotriz y de autopartes, brindando certidumbre a las inversiones automotrices.

Destacó que su operación es similar a otras industrias manufactureras que sí estaban incluidas.

Se agregó una excepción para actividades de expendio al público, distribución o comercialización de gasolinas y diésel y cuenten con el permiso correspondiente.

“Este es un sector altamente regulado, sujeto a permisos, controles volumétricos, obligaciones de información y supervisión permanente. Además, su estructura económica supone costos de adquisición elevados respecto con sus ingresos”.

Durante la sesión, el oficialismo también pasó sin cambios la Ley de Derechos, que trae aumentos en cuotas de determinados servicios que presta el Estado, y la actualización del uso, goce o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, como las cuotas de derechos de visitantes para actividades remuneradas, en los servicios de certificación zoosanitaria, fitosanitaria y de sanidad acuícola y en las correspondientes al uso de bandas de frecuencia de 600 y 700 MHz.

Claudia Anaya, senadora del PRI, criticó que Hacienda “quiera recaudar mediante la ley de derechos”, y suban también cuotas para “trámites médicos; vamos a encarecer la salud”.

Sobre la Ley de Ingresos, que también fue aprobada sin cambios en el pleno, la oposición coincidió en lo grave del nivel de endeudamiento propuesto de hasta 1.7 billones de pesos.

“Para 2027 el gobierno pretende gastar 1.57 billones de pesos solamente en intereses y costo de la deuda. Estamos hablando de una cantidad, fíjense bien, superior a todo lo que es el presupuesto destinado a salud, al tema educativo y más de cuatro veces destinado a seguridad y a lo que es justicia”, dijo el panista Antonio Martín del Campo.

La nueva presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Blanca Cruz García, se comprometió este martes a facilitar las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el organismo que organiza las elecciones en el país, al asumir el cargo tras la renuncia de la saliente titular Guadalupe Taddei en medio de señalamientos de corrupción.

“Ninguna autoridad competente debe encontrar obstáculos en el Instituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus atribuciones”, aseveró Cruz García en su primer discurso tras asumir funciones.

La funcionaria afirmó que las áreas del organismo deberán entregar la documentación requerida y ofreció plena colaboración al órgano interno de control y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

También aseguró que los preparativos de las elecciones de 2027 continuarán “sin interrupciones”.

Por último, Cruz García informó que el nombramiento provisional será notificado a la Cámara de Diputados, a la que le corresponde definir quien ocupará la presidencia del INE por el resto del periodo de Taddei, previsto hasta abril de 2032.

Momentos antes, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó la designación de Cruz García con diez votos a favor, el total de las consejeros que integran el organismo.

Además, las consejerías informaron de la renuncia de tres responsables de áreas técnicas y administrativas del INE y acordaron revisar los cargos directivos, además de colaborar con las investigaciones.

Consejeros del INE piden investigar a Taddei

Durante la sesión, varios consejeros advirtieron de una “crisis” de credibilidad en el INE y pidieron esclarecer las presuntas irregularidades administrativas que rodearon la salida de Taddei.

Entre los funcionarios, el consejero Uuc-kib Espadas calificó la situación como una crisis “extremadamente grave y sin precedentes”.

La ratificación de la decisión de los consejeros del INE llega luego de que el lunes la Cámara de Diputados recibiera la renuncia de Taddei y con ello se puso en marcha el proceso legislativo para designar al próximo titular del organismo.

La renuncia de Taddei se produjo después de que el periódico mexicano Reforma publicara informaciones sobre presuntos conflictos de interés y una red de proveedores del INE que habrían simulado competencia en licitaciones y participado en operaciones de triangulación de recursos.

La ASF anunció el viernes pasado una investigación sobre posibles irregularidades en las contrataciones del organismo electoral, mientras Taddei defendió que los señalamientos deben esclarecerse mediante las vías institucionales.

México se encuentra en pleno proceso electoral 2026-2027, en el que se renovarán la Cámara de Diputados, diecisiete gubernaturas y otros cargos públicos.

La organización Human Rights Watch (HRW) encontró graves irregularidades policiales en la operación realizada en favelas de Río de Janeiro el 28 de octubre de 2025 que se saldó con 122 muertos.

HRW publica hoy los resultados de una investigación de un año sobre la llamada “Operación Contención” cuyo objetivo era detener a miembros del crimen organizado. La pesquisa, a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, detectó que agentes de policía que participaron en el despliegue manipularon cámaras corporales, violaron decisiones del Tribunal Supremo Federal y sus propios protocolos.

Ninguna de las muertes quedó registrada en las miles de horas de grabaciones de cámaras corporales enviadas por la Policía Militar de Río de Janeiro a la Defensoría Pública del estado de Río de Janeiro, que HRW analizó.

“La policía no registró adecuadamente las muertes, no garantizó la preservación de los lugares de los hechos y no recopiló información esencial”, señaló en el comunicado sobre la investigación Sophia Jones, investigadora de fuentes abiertas del Laboratorio de Investigaciones Digitales de HRW. “Las familias de las víctimas, incluidas las de los policías, merecen respuestas y que se rindan cuentas mediante una investigación completa e independiente”, añadió.

Para la investigación, titulada “Una estrategia de muerte”, HRW entrevistó a 41 testigos, familiares y expertos y analizó 4 mil 400 horas de imágenes de cámaras corporales, 9 mil páginas del expediente de la investigación penal, 122 informes de autopsia, procesos judiciales y cientos de videos y fotografías.

Aunque el objetivo de “Contención” era ejecutar 100 órdenes de captura contra presuntos miembros del Comando Vermelho, HRW revisó registros policiales según los cuales la policía detuvo solo a 17 personas con órdenes de captura pendientes, y no está claro cuántas de estas órdenes se encontraban entre las 100 que justificaron la operación en la que, subraya la organización, la policía ni siquiera entró en la casa del principal líder del Comando Vermelho en la zona, contra quien pesaba una orden de captura.

Sobre las cámaras corporales, aunque por ley la policía está obligada a usarlas en sus operaciones, solo aproximadamente 23% de los 2 mil 500 policías civiles y militares que participaron en “Contención” las llevaban, de acuerdo con datos del propio gobierno de Río de Janeiro.

Entre los policías que sí las llevaron HRW detectó que algunos las dejaron encendidas tiempo antes y se les agotó la batería; también se cubrieron las lentes y se pusieron las cámaras en lugares donde no captaran las acciones de los agentes; otros dejaron las cámaras en los vehículos.

“La mayor parte de la manipulación ocurrió en las cámaras utilizadas por agentes de policía cuyas unidades participaban en operaciones de primera línea, como el Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar (BOPE), unidad desplegada en la zona boscosa donde se produjeron la mayoría de las muertes. Los investigadores de Human Rights Watch determinaron que las lentes estaban obstruidas en 36% de los momentos en que se escuchan uno o varios disparos, cuyo sonido grabaron las cámaras”, señala la investigación.

En los casos en que sí hay grabaciones, lo que HRW encontró también es grave. En un caso, las cámaras muestran a policías agrediendo y amenazando con matar a los detenidos, incluido un adolescente al que los policías obligaron a recostarse junto a un cadáver mientras lo fotografiaban. “En otra grabación, un policía les dice a sus compañeros que disparen a las piernas de los detenidos en caso de que huyan. En un tercer vídeo, un policía expresó su frustración porque las cámaras corporales les impedían matar a los sospechosos”.

HRW obtuvo videos grabados por testigos, donde se ve cómo los policías apilan cadáveres, algunos con los genitales al descubierto, dentro de un vehículo blindado de la policía, mientras hacen comentarios sádicos. “Mira qué delicia”, dice un policía en una de las grabaciones, según la organización. “A nosotros nos gusta esto”.

La investigación de HRW determinó que solo siete sospechosos fueron trasladados a un hospital y posteriormente detenidos, en comparación con las 117 personas muertas a manos de la policía. Ello, alega, “plantea serias dudas sobre si la policía priorizó el uso de la fuerza letal en lugar de la detención de los sospechosos”.

Esa posibilidad se afianzó al revisarse las autopsias. Según HRW, “más del 40% de las víctimas que no eran policías recibieron disparos en la cabeza, más del 60% recibieron cuatro o más disparos, y casi 75% recibió al menos un disparo en la espalda. A un hombre le dispararon y luego lo decapitaron”.

HRW cita datos del Grupo de Estudios sobre los Nuevos Ilegalismos (GENI), del Fórum Brasileiro de Segurança Pública y de Fogo Cruzado, según el cual, la Operación Contención ha sido la más letal registrada en un solo día en Brasil.

“Es crucial que el gobierno de [Luiz Inácio] Lula [da Silva] incentive políticas de seguridad pública que reduzcan la letalidad policial, como el uso adecuado de cámaras corporales, y que mejoren la investigación penal, como hacer que los servicios forenses estén separados de la policía”, dijo, en una declaración a este diario, César Muñoz, director de HRW en Brasil.

Muñoz afirmó haber regresado al Complexo da Penha, una de las favelas donde se realizó el operativo, seis meses después del mismo. Y esa visita le dejó en claro el “fracaso” de operativos militares como “Contención”.

“Nada había cambiado. El mismo grupo criminal poseía el control del territorio, dominaba la vida de los habitantes y cobraba tasas a los negocios que operaban en la zona”

Muñoz llamó al gobierno de Lula a liderar “una nueva estrategia de seguridad pública a nivel nacional que golpee al crimen organizado donde verdaderamente le duele, en los flujos financieros, el lavado de dinero y la infiltración en la economía legal. Asimismo, es fundamental atajar los vínculos entre el crimen organizado y la policía y los políticos, y promover reformas en las fuerzas policiales para que la población confíe en ellas y colabore con su misión. Eso es imposible cuando la policía mata con impunidad”.

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